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Con la llegada del 2024, el país dará paso a la investidura de los nuevos alcaldes y gobernadores que regirán hasta 2027 y se posesionarán el 1.° de enero. La expectativa está sobre las relaciones con el Gobierno, liderado por el presidente Gustavo Petro, pues tendrán de por medio marcadas diferencias ideológicas. Buena parte de los gobiernos de ciudades y departamentos grandes quedaron en manos de propuestas de derecha y centro derecha, por lo que se prevén desafíos en los procesos de negociación para la gestión de recursos para proyectos regionales y, en paralelo, respecto al enfoque de seguridad.
La situación de orden público es una de las preocupaciones centrales. Según Indepaz, en 2023 se presentaron 94 masacres y, de acuerdo con Medicina Legal, se registraron 12.682 homicidios, con corte a noviembre. Varios difieren de la política de seguridad de la administración de Petro, enmarcada en la paz total y en programas como el de “Jóvenes en paz”. Al tiempo, el jefe de Estado busca un diálogo a la medida con los mandatarios para construir su propuesta de acuerdo nacional, que no termina de tomar forma.
Por otro lado, un aspecto clave será la gestión de los recursos, considerando señalamientos e investigaciones recientes sobre las alcaldías de Medellín y Cali, que estuvieron bajo el liderazgo de Daniel Quintero, quien renunció en octubre, y de Jorge Iván Ospina, suspendido hace poco por la Procuraduría en medio de una investigación por presuntas irregularidades en la Feria de Cali virtual de 2020.
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Medellín y Antioquia
Muy pronto en su mandato, Daniel Quintero se enfrentó al sector empresarial. Además, fue cuestionado por el presunto mal manejo de los recursos públicos y posibles casos de corrupción, además de señalamientos por supuestos sobrecostos en el programa “Buen comienzo”, para atender a la primera infancia. Martha Alexandra Agudelo, exsecretaria de Educación, enfrenta cargos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación por $830 millones en la implementación de esa política.
Al tiempo, el pasado 10 de noviembre, la Fiscalía informó que imputará a siete exfuncionarios y seis particulares que hicieron parte de la administración de Quintero por presuntas irregularidades en contratos en instituciones, programas y secretarías, como Metroparques, Secretaría de la Infraestructura, Buen Comienzo y Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Suman aproximadamente $67.586 millones.
Ahora, tras el empalme, el alcalde electo, Federico Gutiérrez, ha dicho que se enfrentaría a un déficit de $2,8 billones: “La pregunta sigue siendo en dónde está la plata”. De otro lado, la relación conflictiva con el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y las negociaciones con la multinacional Millicom afectaron el tejido empresarial, en el marco de la crisis Tigo-Une y de la continuidad del proyecto Hidroituango.
En términos de seguridad, Medellín se enfrentó a más de 43.000 delitos, entre hurtos, lesiones, violencia intrafamiliar y otros, denunciados entre enero y agosto de 2023. Además, 35 extranjeros fueron asesinados, según la Personería. Gutiérrez propone crear grupos especializados de inteligencia y la “exigencia y dignificación” de la Policía. “Debe ser creado un grupo especializado para la lucha contra el lavado de activos (...) la creación de grupos élites para combatir cada uno de los delitos, mediante inteligencia y la operación de diferentes grupos de fuerzas estatales”, señaló.
Por su parte, el nuevo gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, enfrenta desafíos en infraestructura vial, especialmente con la posible falta de recursos nacionales para las vías 4G que, según dijo, “pueden ser superiores a los $3 billones”. El Espectador consultó a Rendón quien agregó que quiere ir al Congreso para modificar la ley de concesiones actual, con el fin de que esos contratos vigentes puedan modificarse temporalmente y adicionarse hasta en un 50% de su tiempo inicialmente concebido”.
También hay varios retos en el ámbito de la minería, con la no renovación de la delegatura minera por parte del Gobierno, y, en seguridad, especialmente en zonas como Urabá y el Bajo Cauca, en donde operan actores armados y especialmente el Clan del Golfo.
Cali y Valle
Jorge Iván Ospina salió de la Alcaldía de Cali con varias deudas. La Procuraduría lo suspendió a cinco días de finalizar su gestión por presuntas irregularidades en la Feria de Cali virtual en 2020 y se enfrenta a más de 10 investigaciones, incluyendo posibles sobrecostos en Emcali. Por otro lado, la Procuraduría sancionó e inhabilitó por diez años a Luz Marina Cuéllar, jefe de comunicaciones de la Alcaldía, por presuntas irregularidades en la celebración de contratos directos en medio de la pandemia. Por lo que la transparencia y la buena administración de los recursos también será clave en el próximo mandato.
Al tiempo, el sistema de transporte Masivo Integrado de Occidente (MIO) enfrenta una deuda millonaria con los operadores, además de tener pérdidas diarias. En mayo de 2023, la deuda de la Alcaldía de Cali y Metrocali con los operadores del sistema (Git Masivo, ETM y Blanco y Negro) ascendía a los $70.000 millones seguía incrementando. Por otra parte, Cali tendría una deuda histórica de $1,2 billones, según el alcalde electo Alejandro Éder, quien busca reestructurarla y fortalecer el recaudo con apoyo internacional y de la nación.
En términos de recursos, Éder ya tuvo un primer triunfo pues el Concejo aprobó que el nuevo alcalde pueda modificar el presupuesto del año 2024, que dejó su antecesor, es decir, hasta un 20% de los $5.3 billones aprobados; de manera que, podrá mediante acto administrativo incluir transferencias de la nación y hacer ajustes presupuestales.
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Por otra parte, se registraron 954 homicidios en 2023 y, según el 90,1 % de los encuestados por Invamer en octubre, la seguridad es una de las preocupaciones centrales. “Esto implica un incremento del 3,1% respecto al mismo periodo de 2022, es decir, 29 homicidios adicionales”, indicó el más reciente boletín de Cali Cómo Vamos. El nuevo alcalde designó a Jairo García como secretario de Seguridad y propone cinco vías para mejorar la seguridad: la construcción de paz y reconciliación, la tecnología y apoyo a la Fuerza Pública, el fortalecimiento de la justicia, la lucha contra el hurto y la recuperación del espacio público.
En el Valle, la gobernadora electa Dilian Francisca Toro también enfrenta retos en materia de seguridad, especialmente en Jamundí, Tuluá, en el norte del Valle y Buenaventura. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Valle del Cauca fue el segundo departamento en el que se cometieron más masacres, después de Antioquia. Toro Planteó la militarización de zonas e incentivar el servicio militar. “La región necesita más fuerza pública (...) desde la Gobernación destinaré un millón de pesos mensuales para que los jóvenes vallecaucanos, sin antecedentes, cumplan con su servicio militar en el Ejército o como auxiliares de Policía en Cali”, señaló y se mostró en contra del programa “Jóvenes en paz” del gobierno Petro.
Entre los proyectos pendientes está el Tren de Cercanías, para conectar a Cali con municipios vecinos, como Jamundí, Yumbo y Palmira. Aunque ya tiene la aprobación técnica ante el Ministerio de Transporte, requiere respaldo financiero para iniciar la licitación del primer tramo a mediados del 2024 y adjudicar en enero de 2025. Por otro lado, hay que decir que la JEP ordenó el arresto de su antecesora, Clara Luz Roldán, pues habría incumplido funciones de proteger zonas donde se perpetró desaparición forzada.
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Barranquilla y Atlántico
Durante la alcaldía de Jaime Pumarejo en Barranquilla, los índices de pobreza monetaria disminuyeron del 39,4% en 2021 al 35,7% en 2022, según el DANE. Pero persisten 713.586 personas en situación de pobreza. Por otro lado, la capital del Atlántico también se une al mapa nacional y la inseguridad se ha convertido en la principal preocupación, según el 72,5% de los consultados por Invamer.
Solo en el fin de semana de Navidad se reportaron 11 homicidios en la ciudad y en su Área Metropolitana, en donde operan bandas criminales como Los Pepes, Los Costeños y Los Rastrojos-Costeños. El alcalde electo, Alejandro Char, propone un grupo élite para combatir el crimen y la creación de la Secretaría Distrital de Seguridad, a la que se elevará la actual Oficina para la Seguridad.
Ahora, a pesar del desarrollo urbanístico, la ciudad enfrenta un alto endeudamiento. Según un estudio de la Fundación para el Desarrollo del Caribe (Fundesarrollo), “los gastos en 2022 ascendieron a $4,9 billones. El 82 % correspondió a inversión y un 6 % al servicio de la deuda; $311.000 millones fueron pagados en intereses y aportes a capital”. De acuerdo con el centro de pensamiento, la financiación de la deuda en Barranquilla pesa dos veces más que la de Bogotá.
Por ejemplo, la deuda con Air-E, la empresa de energía eléctrica, alcanza los $8.000 millones, que afectó a cuatro colegios públicos a los que les cortaron la luz el 28 de diciembre, aunque se reconectó luego de que Char prometiera cancelar la deuda.
Los servicios públicos, especialmente el agua y la electricidad, preocupan en el Atlántico, y diversos sectores exigen una disminución en las tarifas de la energía, así lo comunicó un grupo de ciudadanos en la última Asamblea de Usuarios de Servicios Públicos. El gobernador electo, Eduardo Verano, ha dicho que la Gobernación debe tener participación en la empresa Triple A - Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, sobre la que EPM compró acciones. También ha abogado porque los ciudadanos no paguen las pérdidas de la empresa y ha propuesto promover energía solar.
Bucaramanga y Santander
El saliente Juan Carlos Cárdenas, que se convirtió en el alcalde de Bucaramanga con mayor desaprobación desde 2010, fue criticado por baja ejecución y falta de planificación. Se habla de varias obras sin terminar, tanto en la ciudad como en el Área Metropolitana. Según la encuesta Bucaramanga Cómo Vamos, el 81 % de los consultados cree que la ciudad va por mal camino y que es menos competitiva, respecto a otras ciudades grandes en el país. Jaime Beltrán, alcalde electo, ha dicho que busca convertir a la capital de Santander en un centro de turismo y negocios, para “fomentar la inversión extranjera y generar empleos”.
Aunque la ciudad ocupa el quinto lugar en el Índice de Competitividad nacional, le fue mal en infraestructura, ambiente y entorno empresarial. En 2017, la ciudad había perdido la categoría especial, pasando a la primera, debido a que incumplió el recaudo de sus ingresos de libre destinación y la restricción en sus límites de gastos; no obstante durante la administración saliente, de Cárdenas, recuperó la categoría y con el presupuesto destinado para este año podrá mantenerse.
Por otra parte, en seguridad, el 77,3 % de los consultados por Invamer percibe este tema como prioritario. En el primer semestre de 2023 Bucaramanga se habría enfrentado al periodo con más hurtos en los últimos ocho años. Precisamente, esa fue la bandera de Beltrán en campaña, quien prometió que sería el “Bukele bumangues” y que con él, “los delincuentes deberán tener miedo y no los ciudadanos”. Además, ha dicho que un factor de la inseguridad es la llegada de población migrante. Aunque ha sido tildado de xenófobo, ya tuvo su primer encuentro con Migración Colombia para “consolidar estrategias que permitan que Bucaramanga sea prioritaria en control migratorio”.
La movilidad también preocupa en Bucaramanga. El 43 % de los encuestados por Bucaramanga Cómo Vamos está inconforme. Además, Beltrán tendrá que enfrentarse a la disolución y liquidación de Metrolínea, el Sistema Integrado de Transporte Masivo, y garantizar alternativas de transporte mientras se liquida la empresa. Por otra parte, según su comité de empalme, encontraron presuntas irregularidades en la contratación en Metrolínea.
En Santander, el gobernador electo, Juvenal Díaz, hereda obras inconclusas y desafíos en infraestructura vial. La Cámara de Comercio reveló en 2023 que hay por lo menos 13 megaobras sin terminar. Para la vía Bucaramanga-Pamplona era prácticamente nulo el avance, la obra lleva varios años en el 11%. Por otro lado, “la variante de San Gil que genera muchas inquietudes y preocupaciones, tenemos el caso de Curos-Málaga que es dramático, una obra que tiene prácticamente 100 años”, dijo Juan Carlos Rincón, presidente de la entidad.
Díaz dijo que gestionará y controlará “los recursos para la construcción de las vías”, incluyendo la Vía Yuma en doble calzada, para finalizar el Proyecto Transversal del Cararé y finalizar el 20% de la concesión Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó.
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