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El Gobierno de Gustavo Petro está a poco de quedar habilitado para abrir negociaciones con organizaciones armadas al margen de la ley. Tras la aprobación en el Congreso del proyecto que da prórroga y que modifica la Ley 418 o Ley de Orden Público, solo hace falta que el bloque del articulado conciliado sea votado para ir a sanción presidencial.
Si bien ha habido varios debates alrededor de los mecanismos y facultades que tendría el presidente en el marco de la “paz total”; uno de los asuntos que mayor controversia ha causado -obviando la necesidad de buscar la paz en Colombia- responde a con cuáles grupos se podrían pactar acuerdos y con cuáles no; a los que se les aplicaría el “sometimiento a la justicia”.
Los acuerdos serían para grupos armados organizados con estatus político, mientras que el sometimiento sería para organizaciones criminales. “Son políticas la búsqueda de una transformación e insurrección contra el Estado, mientras que en el segundo caso, los grupos tienen un componente casi que exclusivo de captura de rentas ilegales”, señaló el senador Iván Cepeda (Pacto Histórico) en entrevista para El Espectador.
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Aunque pareciera que esa distinción es clara, lo cierto es que existe la pregunta sobre qué papel jugarían quienes se rearmaron luego de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, entre ellos la hoy llamada Segunda Marquetalia, grupo disidente que lidera Iván Márquez.
Pese a que fueron presentadas dos proposiciones, una en el Senado y otra en la Cámara, que buscaban impedir que el Gobierno pudiera dialogar con esos grupos, la puerta para negociar con los disidentes quedó abierta, lo que no solo ha generado opiniones contrarias sino diversos cuestionamientos.
El senador y exjefe negociador con las Farc Humberto de la Calle, quien presentó una de esas propuestas, ya había criticado la decisión: “Ellos tuvieron su oportunidad, el camino que les queda es el del sometimiento, ¿qué se puede negociar con el señor Márquez que no haya sido negociado en La Habana”, dijo. Por el contrario, desde la bancada gobiernista defienden la necesidad de entablar esos diálogos.
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“Hay que hacer una política de paz que no excluya a nadie. Un altísimo número de integrantes o jefes de grupos armados han estado antes en procesos de paz y han vuelto a entrar en armas. Si se creará un criterio excluyente, no se podrían hacer negociaciones prácticamente con nadie”, es el argumento de Cepeda.
Para expertos esos posibles diálogos con reincidentes y, específicamente, con el grupo liderado por Iván Márquez, representan un gran reto para el Gobierno, pues, políticamente, tendrán que convencer sobre la legitimidad de ello, pero también, en caso de que se hagan realidad, deberán aterrizarlos: hay que resolver cuál será la propuesta para los reincidentes y cómo conversar con ellos sin pasar por encima de los acuerdos del gobierno Santos y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
“Por el rearme, la JEP expulsó a Márquez de la justicia transicional y perdió todos los beneficios del Acuerdo de Paz, pues una de las condiciones era no reincidir. Más allá de cuál fue la causa, incumplieron las garantías de no repetición”, argumenta Hugo Escobar, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Javeriana, quien agrega que el Gobierno deberá buscar cuál será el camino de los reincidentes en la justicia: si por sometimiento u otra vez por la justicia transicional.
Al respecto, el senador Cepeda dice que es muy pronto para revisar las medidas que tomará el Gobierno, pero asegura que las conversaciones con los reincidentes no pueden alterar el acuerdo ya firmado. “No tiene que ver con renegociar, eso plantea unas condiciones porque había un proceso de justicia restaurativa del que ya no hacen parte. Eso hay que avocarlo y construir una solución. En todo caso, no puede implicar impunidad”, dice Cepeda.
¿Iván Márquez y la Segunda Marquetalia podrían volver a la JEP?
Para Escobar, en el caso de que se lleguen a dar esos diálogos, sería ideal que la JEP pudiera resolver su situación, pues es la “justicia prevalente y preferente para conocer de los delitos cometidos por causa o en relación con el conflicto armado, pero el señor Márquez fue expulsado de manera inamovible y no podría volver a entrar”, recalca.
Sin embargo, según lo han sugerido algunos funcionarios, la carta que se jugaría el gobierno Petro se basaría en la supuesta situación de “entrampamiento” para apelar. Eso ya lo adelantó la vicepresidenta Francia Márquez quien aseguró que Iván Márquez, como Jesús Santrich, fueron entrampados pues el proceso en su contra, que desembocó en el rearme, resultó de la presunta inducción de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). Esa estrategia es conocida como “el agente provocador” y no es permitida en Colombia.
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“Habrá que resolver la situación de esas personas: tiene que haber un mecanismo que pretenda esclarecer si hubo esa circunstancia que se ha dado a conocer como entrampamiento”, dice el senador del Pacto Histórico. Así las cosas, será necesario que sean resueltas las condiciones de negociación con Márquez, pues al tener las puertas cerradas en la JEP, hasta el momento no podría volver a ser beneficiario de ella.
Igualmente, de acuerdo con el profesor Escobar, si el Gobierno quiere aplicar este mecanismo para otros grupos de índole política deberá ampliar su capacidad, pues fue creada exclusivamente para las Farc y para la fuerza pública. Tal vez, incluso, tendrían que “hacer una modificación de orden constitucional en el régimen de condicionalidad de la JEP o en las condiciones y consecuencias derivadas del incumpliendo de los comparecientes, para que Iván Márquez pueda volver a entrar”.
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Esa idea preocupa a varios sectores, ya que sería pasar sobre los Acuerdos de La Habana e implicaría hacer una reforma constitucional, sin embargo, el senador Cepeda afirma que “el Gobierno no ha pensado en ningún caso en alterar la JEP, ese no es un escenario que se haya contemplado; entre otras cosas porque hacerlo sería violentar los acuerdos que ya están en curso y eso tendría unos impactos y unas consecuencias”, señala.
De modo que, mientras las opiniones están divididas respecto a si renegociar o no con reincidentes, lo cierto es que el Gobierno podría cargar esos diálogos de legitimidad bajo la hipótesis del entrampamiento. No obstante, deberán garantizar que no va a haber impunidad y que hay voluntad de conversar, tal como lo dice Cepeda, y que como lo sugiere De la Calle, “Iván Márquez no vuelva a incumplir”.
No se puede olvidar que también está la vía del “sometimiento a la justicia”, que si bien no será el escenario más favorecedor para los reincidentes, quienes argumentan que les incumplieron los acuerdos, sí permitiría desarticular grupos sin la necesidad de entablar conversaciones de paz. Los mecanismos de sometimiento serán presentados próximamente en un proyecto de ley por el Gobierno.
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“El sometimiento permitiría una desarticulación de las estructuras criminales y rebaja de penas a cambio de hacer parte de la entrega de armas y la paz, pero, no en el marco de una justicia transicional; es decir, no hay beneficios de libertad ni de justicia restaurativa por hablar la verdad”, señala el profesor Escobar.
Agrega Cepeda que “ese proyecto tiene por objeto resolver algunas cuestiones que no quedan en detalle en la ley sobre ‘paz total’, concretamente sobre el tratamiento social que deberá darse a las poblaciones en donde han tenido control los grupos armados y, por supuesto, las condiciones judiciales”.
