Director de la ESAP de Petro fue citado a control político por irregularidades
El debate se dio en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Varios sindicatos y representantes estudiantiles hablan de posible corrupción en el manejo de $38 mil millones.
Jorge Iván Bula, director de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), fue citado a debate de control político este martes en la Cámara de Representantes. Bula, que fue designado directamente por el presidente Gustavo Petro en ese cargo desde septiembre de 2022, está en la mira por una serie de denuncias que ya había revelado El Espectador por posibles irregularidades en contratos, que ascienden a los $38 mil millones.
La comunidad estudiantil, sindicatos e incluso congresistas han denunciado presuntas nóminas paralelas, tercerización y posibles prácticas clientelares en la institución encargada de la formación de servidores públicos, justo cuando iniciaron este 14 noviembre las capacitaciones de los alcaldes y gobernadores electos para 2024-2027.
El debate de control político fue citado por la representante Alexandra Vásquez, del Pacto Histórico, quien dijo que, a pesar de ser partido de Gobierno, “tenemos que ser implacables con los nuestros porque son la representación del presidente de la República, que fue quien los puso allí (...) A mí sí me da vergüenza que nos prestemos a tapar a los nuestros y juzgar a los demás”, afirmó.
Lea la denuncia completa aquí: Enredos en contratos por $38 mil millones salpican al director de la ESAP de Petro
En el debate en el Congreso, al que fueron invitados representantes estudiantiles y sindicatos, denunciaron prácticas de corrupción, politiquería y negligencia por parte de Bula. Andrés Jiménez, uno de los participantes, afirmó: “La ESAP en lugar de estar acompañando las reformas estructurales que este gobierno está liderando, está perdida en los pasillos intercambiándose contratos con politiqueros territoriales. Haciendo intercambios para poder incidir en las elecciones territoriales, el claro ejemplo, lo documentaron varios medios en Bogotá (…)”.
Fueron cuatro sindicatos los que hicieron las solicitudes formales ante los entes de control, así como el acompañamiento para adelantar acciones de vigilancia por posibles casos de corrupción y “despilfarro de recursos públicos”, que habrían empezado a evidenciar a partir de la baja cobertura y ejecución de la institución faltando menos de dos meses para que termine el año. Todo eso, pese a que la institución tiene un presupuesto de $361 mil millones, y a que el director anterior, Pedro Medellín, dejó una restructuración institucional en marcha. Este caso lo documentó este diario el 15 de noviembre pasado.
Le puede interesar: “No es cierto que estemos malgastando recursos”: director de la ESAP, Jorge Bula
Bula es economista de la Universidad Externado y en esas aulas se conoció con Petro, en donde entablaron un colegaje que le permitió hacer parte del proyecto político que llegó a la Casa de Nariño. Su arribo a la dirección generó altas expectativas de cara a la legitimidad de la institución, que había sido foco de inconsistencias en otras administraciones. Pero, por el contrario, funcionarios alegaron menos transparencia ante posibles deficiencias en servicios, contratos cuestionables y supuestos malos tratos a empleados.
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👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.
Jorge Iván Bula, director de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), fue citado a debate de control político este martes en la Cámara de Representantes. Bula, que fue designado directamente por el presidente Gustavo Petro en ese cargo desde septiembre de 2022, está en la mira por una serie de denuncias que ya había revelado El Espectador por posibles irregularidades en contratos, que ascienden a los $38 mil millones.
La comunidad estudiantil, sindicatos e incluso congresistas han denunciado presuntas nóminas paralelas, tercerización y posibles prácticas clientelares en la institución encargada de la formación de servidores públicos, justo cuando iniciaron este 14 noviembre las capacitaciones de los alcaldes y gobernadores electos para 2024-2027.
El debate de control político fue citado por la representante Alexandra Vásquez, del Pacto Histórico, quien dijo que, a pesar de ser partido de Gobierno, “tenemos que ser implacables con los nuestros porque son la representación del presidente de la República, que fue quien los puso allí (...) A mí sí me da vergüenza que nos prestemos a tapar a los nuestros y juzgar a los demás”, afirmó.
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En el debate en el Congreso, al que fueron invitados representantes estudiantiles y sindicatos, denunciaron prácticas de corrupción, politiquería y negligencia por parte de Bula. Andrés Jiménez, uno de los participantes, afirmó: “La ESAP en lugar de estar acompañando las reformas estructurales que este gobierno está liderando, está perdida en los pasillos intercambiándose contratos con politiqueros territoriales. Haciendo intercambios para poder incidir en las elecciones territoriales, el claro ejemplo, lo documentaron varios medios en Bogotá (…)”.
Fueron cuatro sindicatos los que hicieron las solicitudes formales ante los entes de control, así como el acompañamiento para adelantar acciones de vigilancia por posibles casos de corrupción y “despilfarro de recursos públicos”, que habrían empezado a evidenciar a partir de la baja cobertura y ejecución de la institución faltando menos de dos meses para que termine el año. Todo eso, pese a que la institución tiene un presupuesto de $361 mil millones, y a que el director anterior, Pedro Medellín, dejó una restructuración institucional en marcha. Este caso lo documentó este diario el 15 de noviembre pasado.
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Bula es economista de la Universidad Externado y en esas aulas se conoció con Petro, en donde entablaron un colegaje que le permitió hacer parte del proyecto político que llegó a la Casa de Nariño. Su arribo a la dirección generó altas expectativas de cara a la legitimidad de la institución, que había sido foco de inconsistencias en otras administraciones. Pero, por el contrario, funcionarios alegaron menos transparencia ante posibles deficiencias en servicios, contratos cuestionables y supuestos malos tratos a empleados.
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