“Falta gestionar recursos y que haya más conciencia sobre la desaparición”: UBPD

La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) está buscando la vía para perfeccionar los procedimientos para localizar aproximadamente 104.000 personas desaparecidas en eventos relacionados con el conflicto armado en Colombia. Luz Janeth Forero, directora de la entidad de carácter extrajudicial, conversó con este diario acerca de los obstáculos que enfrenta la búsqueda e identificación, y solicitó un mayor respaldo por parte de otras instituciones del Estado.

La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) está buscando la vía para perfeccionar los procedimientos para localizar aproximadamente 104.000 personas desaparecidas en eventos relacionados con el conflicto armado en Colombia. Luz Janeth Forero, directora de la entidad de carácter extrajudicial, conversó con este diario acerca de los obstáculos que enfrenta la búsqueda e identificación, y solicitó un mayor respaldo por parte de otras instituciones del Estado.

¿Cuál ha sido el caso que más la ha marcado, el más complejo, desde que asumió este cargo?

Es una pregunta en extremo difícil, porque cada caso marca y es distinto. Hay casos que tienen complejidades técnicas muy fuertes. Inclusive, hay otros de dificultades políticas; por ejemplo, los que también están siendo investigados desde escenarios internacionales. Pero yo siempre termino devolviéndome a las cosas más recientes, porque van pasando tantas historias. Hubo uno que tuvimos, en el cual en la misma audiencia de la JEP tomamos la muestra biológica, se identificó súper rápido y luego se hizo la entrega. En otro caso reciente que tuvimos en Apartadó, la persona pudo haber sido identificada muy rápido y no, lo terminamos años después. Pero los casos de las personas que terminan muriendo sin haber encontrado a su ser desaparecido son los más difíciles.

¿Qué otras situaciones le han resultado complicadas?

Los casos en los que a pesar de que buscamos y buscamos la genética no encontramos coincidencias; también son difíciles porque tenemos todo lo que nos dice que es él o que es ella, pero no tenemos ese último paso. Pero, indiscutiblemente, las personas encontradas con vida son un estímulo, una inyección de fuerza, de esperanza y energía. Es impresionante. Se revuelven muchos sentimientos, porque, finalmente, esto no es tanto lo técnico, que es importante, sino lo humano que está detrás de la búsqueda y no solo de las víctimas, sino de todos los profesionales y servidores que trabajamos por ellas.

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Hay zonas como el canal del Dique que son complejas para ingresar, pero que tienen medidas cautelares de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). ¿Cuáles es la dificultad en ese tipo de regiones?

Las medidas cautelares tienen un propósito fundamental, que es proteger sitios que pueden estar en amenaza para que se perpetúe la desaparición, si lo podemos llamar de alguna manera. Por eso, muchas de las medidas cautelares están orientadas a cementerios en el Eje Cafetero, en el Magdalena Medio, en el interior antioqueño y en la zona norte del país. También sirven para impulsar y dinamizar la acción del Estado porque en el marco de una medida cautelar, la JEP le da órdenes a muchas instancias institucionales para que actúen. Incluyéndonos.

¿Con qué tipo de medidas cautelares se han tenido problemas?

Quizá la más compleja es la de La Escombrera, que ha sido intervenida históricamente y en donde buscamos a desaparecidos producto de la violencia en la Comuna 13 de Medellín. En muchos sitios la medida cautelar implica ir a un cementerio, abrir una bóveda y sacar un cuerpo. En La Escombrera hay que remover toneladas de materiales para llegar al suelo natural donde esperamos encontrar a algunos desaparecidos inhumados ahí. Y esa medida cautelar es compleja por el lugar geográfico; está en el corazón de Medellín. Sin embargo, la dimensión de lo que hay que remover habla de la complejidad. Además, los casos de La Escombrera son de muchos años atrás. Otra complejidad enorme para nosotros, por ejemplo, es el estero San Antonio en Buenaventura; esto es buscar en cuerpos de agua. Hay voces que dicen que los ríos de Colombia son grandes cementerios en movimiento.

¿Se ha logrado avanzar en algo en ese tipo de espacios que describe?

Hay mucha información e investigación de las organizaciones en los territorios, incluidos equipos de nosotros, que hablan de prácticas y dinámicas de desaparición en este tipo de espacios. Pero son territorios de confusión, porque está entre la selva y el mar. Eso genera preguntas como ¿qué pudo haber pasado allí?, ¿cómo se comportan las mareas?, ¿los cuerpos fueron arrastrados? Esa es una búsqueda muy compleja. Por ejemplo, pasa en el Canal del Dique. Pero no es lo único, pues se nos vienen las búsquedas transfronterizas, con la búsqueda en países hermanos. Y en Cimitarra, Santander, tenemos una medida cautelar, al igual que en el cementerio central de Cúcuta, que yo siempre digo que es de los lugares que eriza la piel; es lo más cercano a lo dantesco que uno pueda ver.

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¿Por qué, Directora, “eriza la piel”?

Ese cementerio viene siendo intervenido hace un tiempo, ya hemos estado ahí seis veces en fases de intervención. Es decir, hemos inspeccionado y analizado desde lo forense alrededor de 3.800 cuerpos. De ellos, pudimos extractar 211 cuerpos que claramente sabemos son víctimas del conflicto y que pueden coincidir con un desaparecido. Entonces, eso es complejo.

Usted ha hablado de posibles malas prácticas administrativas en algunos de esos cementerios, incluido el de Cúcuta, ¿a qué se refiere?

Una persona no identificada o una persona identificada y no reclamada, se debe guardar; se deben cuidar los cuerpos para que si algún día se logra identificar o si algún día aparece el familiar pueda ser entregado. Esos cuerpos quedan bajo la custodia del Estado. Es lo técnico. Y el cementerio tiene que ser el depositario de esa obligatoriedad de custodia del Estado. Pero a veces el tiempo pasa y necesitamos esos lugares para inhumar a otras personas. Entonces, se mueven los cuerpos. Algunos son cuidadosos en las administraciones locales, lo hacen dentro de los términos de dignidad y respeto. Otros no, y los van acumulando en lugares que después no recuerdan y se pierde toda la trazabilidad; son muy malas prácticas. En otros casos, los cementerios simplemente se desploman, se arruinan.

¿Se necesita alguna directriz del Gobierno Nacional para frenar esas malas prácticas?

En ese caso, el Ministerio del Interior, que es el responsable de esta política en específico, viene trabajando para que cada día las entidades territoriales estén más alineadas con las instrucciones de preservación de cuerpos.

¿Es necesaria una intervención judicial sobre las personas que ejecutaron esas malas prácticas?

Para empezar, por eso se hicieron muchas medidas cautelares. Es decir, para ordenar que no toquen más el cementerio. En el caso de Cúcuta, sobre esas malas prácticas se están haciendo las investigaciones.

Aunque hay 1.251 cuerpos recuperados, solo 256 han sido exhumados y entregados a sus familiares, ¿a qué se debe?

La identificación es compleja, en primer lugar, porque nos estamos enfrentando a cuerpos de personas que murieron hace muchos años, y obviamente se ha dado el proceso natural de degradación. Cuando una persona muere y no ha pasado este proceso, se puede identificar por muchos medios. De hecho, a medida que la ciencia avanza es más fácil. Pero con los cuerpos degradados no, pues están en grado esquelético; además, están en climas tan complejos, con la humedad y acidez del suelo, por lo que el material genético se degrada mucha más. Entonces, hay varias dificultades para recuperar evidencia genética y poderlo cotejar con los de las familias que los están buscando. En algunos casos se puede hacer carta dental, pero son procesos complejos, largos y costosos. El promedio de costo de una muestra ósea es de US$1.500. Entonces, eso nos pone en un escenario difícil y necesitamos prácticas nuevas y que incluyan innovación.

¿Cómo qué procedimientos están implementado?

La idea es pensar cómo traemos nuevas tecnologías y metodologías que ayuden a la identificación. Por ejemplo, con la reconstrucción facial, que no se practica mucho en Colombia. Podríamos hacer eso con un cuerpo osificado, para que al menos se aproxime a la imagen que pudo haber tenido la persona en vida. También estamos incursionando con los isótopos estables, que son metodologías que ofrecen una trazabilidad de la vida por las costumbres: por ejemplo, si vives en la costa atlántica, aquí comes ñame o pescado y tu cuerpo genera unos isótopos distintos de alguien que vivió en el interior. Todo eso son prácticas muy innovadoras que obviamente se están investigando todavía y faltarán años para que eso se pueda incluir a la búsqueda, pero ya se está empezando.

En todos esos procesos los familiares de las víctimas piden mayor nivel de intervención, ¿cómo pueden aportar?

Son muy importantes las prácticas y los conocimientos ancestrales de las comunidades que han buscado por tantos años los cuerpos de sus familiares y tiene que haber una interlocución entre todos esos saberes. Un saber técnico-científico, pero un saber popular si se quiere, comunitario, ancestral, que empieza a dialogar y que puede también contribuir a agilizar los procesos de búsqueda. Estamos buscando las formas.

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¿Y cuál es el papel de los victimarios, por ejemplo, tras el regreso de Salvatore Mancuso a Colombia?

Las víctimas son las que han documentado sus casos históricamente, pero a eso le falta una parte. Quiero que quede claro que nosotros no hablamos ni de victimarios ni de perpetradores, pues manejamos un lenguaje humanitario y extrajudicial, por lo que para nosotros son aportantes de información, es decir, personas que entregan información que puede contribuir a la búsqueda, algunos como participantes directos en la ocurrencia de los hechos, otros porque tenían información al interior de los grupos beligerantes. Los aportantes de información son claves en el proceso de búsqueda. Precisamente, ya estamos en un segundo momento y yendo a centros de reclusión de este país y tenemos un gran número de aportantes de información, unos transferidos inclusive desde la JEP que son personas que están acreditadas y son comparecientes.

¿Y Mancuso?, pues su llegada abrió las expectativas de las víctimas tras ofrecer su colaboración en la búsqueda de personas desaparecidas por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)

En ese caso específico, con Salvatore Mancuso, él está trabajando con nosotros construyendo rutas específicas de búsqueda y más con su papel también de gestor de paz. Con él tenemos rutas específicas para la búsqueda, también cuando tengamos la posibilidad, valga la aclaración, de empezar nuestra búsqueda transfronteriza en Venezuela. Pero, como él, tenemos muchos ejemplos de personas que están contribuyendo.

¿Los exFarc siguen siendo aportantes de información?

Por todo el país tenemos contribución específica de personas que pertenecieron a las FARC, algunos de la corporación Reencuentros, que es la organización que se creó inicialmente para buscar a los desaparecidos de las FARC. Pero lo maravilloso de este proceso de búsqueda es que se vuelva de todos y todas; ellos también, con su información, están aportando para buscar a otras personas que sin ser haber sido miembros de las FARC, también desaparecieron en el marco del conflicto armado.

Directora, ¿qué hace falta para que la UPBD tenga más capacidad?

Es claro señalar que la búsqueda es compleja y que los recursos siempre van a ser insuficientes. Tanto los recursos financieros, como los humanos y tecnológicos. La unidad de búsqueda es una entidad pequeña, pues son alrededor de 522 personas en el país para buscar a más de 104.000 desaparecidos. Y son $183.781 millones destinados, lo que es insuficiente para el tamaño del mandato.

Y el tiempo también es limitado...

El tiempo, en efecto, a pesar de que somos el mecanismo de sistema integral para la paz con mayor vigencia, sabemos que 20 años son insuficientes. Falta gestionar muchos más recursos y que se entienda la importancia de la búsqueda. Es decir, que haya más conciencia sobre lo que significó la desaparición, pero sobre todo sobre la responsabilidad que tenemos como Estado y como sociedad de encontrar a los desaparecidos. Se necesita más involucramiento interinstitucional, porque la búsqueda no es sólo una obligación de la Unidad, sino de toda la institucionalidad del Estado. Por ejemplo, está el Sistema Nacional de Búsqueda, la Fiscalía, Medicina Legal, la JEP, el Ministerio de Salud; hay muchos que pueden contribuir y que todavía no lo han hecho con la potencia que necesitamos.

¿Cuál es el aporte qué esperan?

Por ejemplo, a pesar de que estamos trabajando con el Ministerio de Salud, es necesario recoger muchas pruebas de sangre para los perfiles genéticos en este país. Pregunto, ¿quién más que el sector salud sería el llamado, por ejemplo, de que toda su infraestructura esté puesta al servicio de la búsqueda? Para citar otro ejemplo, la Iglesia es fundamental, pues ellos pueden ayudar a hacer la pedagogía. También recordemos que ellos son los administradores de muchos cementerios de este país y nos pueden decir qué ha pasado con la información de esos cementerios, dónde están los libros de registro. Es decir, hay mucha institucionalidad, más allá de la Fiscalía, que puede ayudar.

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