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El senador Gustavo Petro, uno de los líderes de la oposición, señaló esta semana que, luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el pasado 13 de abril, se removió el tejido lesionado en su esófago y por el que fue diagnosticado con cáncer en Cuba. Por esa razón, ya no tendría “células cancerosas” en su cuerpo. Tras su anunció fue blanco de las críticas de sus opositores, quienes llegaron a afirmar que el diagnóstico de la enfermedad había sido “puro cuento”.
En entrevista con El Espectador, Petro habla de su estado de salud. Señala que hoy “no tiene cáncer”, pero que tampoco se puede dar por seguro. Señala que hay una persecución desde sectores de la extrema derecha en conjunto con la “prensa tradicional” y asegura que no tenía que pedir ninguna autorización al Congreso de la República para salir del país con destino a Cuba —ya que estaba en medio del receso legislativo —, hacia donde se dirigió que en Colombia uno de los dos exámenes que se realizó coincidiera con el primer diagnóstico.
Tras la cirugía que le hicieron, ¿queda descartada la presencia de cáncer en su cuerpo?
En el examen y la historia clínica del Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas (Cimeq), de La Habana, se detectó un cáncer temprano. Un carcinona epidermoide: eso significa cáncer. Está en un estado muy temprano, muy precoz en el hiato, como le dicen a la juntura del esófago con el estómago. De tres tejidos que tiene la pared esofágica, dos fueron alcanzados (mucosa y submucosa, pero no el tejido muscular). Esto permitía correr el riesgo y extirpar la lesión. Eso fue lo que sucedió. La lesión ha sido extirpada, se retiró el tejido dañado. Después se hizo una biopsia con resultado negativo, y se considera que hoy no hay cáncer, pero no se puede asegurar nada por dos razones: puede volver y se hará visible en posteriores exámenes que me haré dentro de tres meses. La segunda es que células atípicas pudieron haber migrado a través del tejido linfático, lo que sería más grave. Por ahora no tengo la situación que tenía en la primera auscultación que me hicieron.
Es decir, ¿se puede concluir que usted fue diagnosticado con un posible cáncer y que le removieron esas células cancerígenas?
Ni siquiera se puede poner la palabra posible. El diagnóstico principal es carcinoma epidermoide. Es decir, cáncer.
¿Cuándo salió nuevamente del país para ir a Cuba?
Regreso de Cuba después del primer examen. Estuve en Colombia hasta el 18 de marzo.
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Ahí es donde lo atacan. ¿Pidió autorización al Congreso de la República para salir del país?
Un congresista en receso del Congreso no tiene que pedirle permiso a nadie, ni ningún ciudadano colombiano que no tenga órdenes de captura o problemas judiciales. El simple hecho de estarme atacando por eso señala que quienes lo hacen creen que soy un delincuente. Esa es la persecución que se me ha hecho desde sectores de extrema derecha, que son muy escuchados por la prensa tradicional. Se montó una construcción en redes diciendo que me había ido porque me iban a coger preso.
¿Y no tenía obligación siquiera de informar al Congreso?
En receso no. Imagínese usted, si eso fuera verdad, lo que pasara con todos los viajes de vacaciones de los congresistas en el Senado. Todos los registros.
¿Por qué cree que han utilizado su cáncer como blanco de ataques? Desde muchos sectores, como el uribismo, se ha sugerido que se inventó ese diagnóstico para victimizarse o hasta evitar ir de manera presencial al Congreso, luego que Lidio García, presidente del Senado, citara para una sesión presencial…
Nadie está yendo de manera presencial al Congreso yo no podría tampoco haber previsto que iba a haber sesiones ni presenciales ni virtuales. Solo tenía la noticia que no se habían instalado en el día que tenían que instalarse. Toda la discusión sobre la actuación del proceso es posterior, incluso a mi intervención quirúrgica. Lo que hay es un trasfondo político que tiene que ver con la prensa de Colombia y grupos de extrema derecha. Vengo de presentar en mis redes sociales una serie de hechos, incluso desde el año pasado, como las fotografías de la primera comunión de mi hija. Se publicaron diciendo que se trataba de una especie de ágape, a los que no me gusta asistir, y transmitieron fotos de la actividad religiosa de una menor, que está prohibido por la ley. Nadie se preguntó quién las tomó. Y en el mismo medio de extrema derecha se publicaron fotos del frente de mi casa, que para poderlo hacer tuvieron que ser personas vecinas o haber pasado por encima de la seguridad. Después, este año, dijeron que había salido a una finca, pero yo no tengo finca, o que me había ido a mi apartamento en París. Es una calumnia, porque no tengo propiedades diferentes a mi casa cerca de Bogotá. Además, las fronteras estaban cerradas.
Hablando de la crisis del coronavirus, ¿cómo ve la decisión del presidente Duque de extender la cuarentena, pero abriendo los sectores de manufacturas y la construcción?
Las manufacturas y la construcción son fundamentales, fuera de la economía informal, en la economía de ciudad. Sacarlas significa acabar con la cuarentena en las grandes ciudades el país. ¿Por qué lo hace? Porque la única manera de construir riqueza es produciendo, y la cuarentena lo que hace es frenar la ganancia. La mayoría de los países han decidido los confinamientos sabiendo que se frena la producción. El ejemplo dubitativo es Europa, en donde no dejaron cerrarla, sobre todo la manufacturera, y las estadísticas de muertes se les dispararon. y solo se disminuyeron cuando se impidió la salida de obreros a las industrias. Y en Estados Unidos y Brasil, que se han burlado de los confinamientos, las estadísticas son espeluznantes. Duque cedió a la presión de banqueros y de grandes empresas, y con eso puede condenar a una parte de la población al contagio y a la muerte, empezando por la fuerza laboral que sale a las calles. Es una medida desastrosa.
Pero Claudia López ha puesto condiciones para la apertura del sector de construcción. Noto que usted está un poco más del lado de ella, en el sentido de tener barreras que garanticen la salud…
Los trinos que vi de ella fueron favoreciendo la salida de los obreros de la construcción. Y entra a atacar a Duque cuando extiende eso a manufacturas. Es un problema de números: si solamente son obreros de la construcción, son 400.000; si además es con el sector de manufacturas, es un millón en Bogotá. Sean 400.000 o un millón adicionales a los que ya salen a las calles, ambas decisiones van en contravía de la lucha contra la epidemia. No me ponga a tomar partido, creo que ambos están equivocados, lo que pasa es que el presidente Duque profundiza aún más la flexibilización de la cuarentena. Le pongo un ejemplo: se ha hablado del 35 % como tope para frenar Transmilenio. Ese porcentaje, en hora pico, equivale a dos personas y media por metro cuadrado en un bus. En tiempos normales, son siete personas por metro cuadrado. Desde la perspectiva del virus, dos y media personas por metro cuadrado en un bus no es ninguna garantía de disminución de los riesgos. Transmilenio debió haber parado hace mucho.
Usted dice que la ayuda social debe ser un derecho universal. Hemos visto que en todo el país ha habido problemas para entregar mercados y subsidios, con fallas en la estructura estatal. ¿Cómo implementar la ayuda social como derecho si ni siquiera se ha podido con las ayudas focalizadas?
El confinamiento tiene que ver con ganar un tiempo para aumentar la capacidad hospitalaria, que se mide en respiradores artificiales. Ese es el quid de la cuestión para evitar un colapso hospitalario. El confinamiento no mata el virus, sino que da tiempo. Después de casi dos meses no se ha aumentado la capacidad hospitalaria. Hemos perdido el tiempo desde diciembre, aunque la población ha hecho el gran esfuerzo del confinamiento. ¿Por qué no se aumentó? Porque quedamos en manos de las EPS y los gobiernos; ni distrital ni nacional quisieron construir una política de preparación por fuera de las EPS. Eso hizo que Bogotá no hubiese comprado ni un solo respirador hasta la fecha e hizo que el Gobierno nacional, solo hasta el 26 de marzo, contratara a unas empresas colombianas para que buscaran unos respiradores en todo el mundo con fechas de entrega, en su mayoría, en julio y agosto.
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Es decir, se debería extender la cuarentena...
Tendríamos que prolongarla a la espera de más respiradores. Para esperar tanto confinados se necesita una política social específica y fuerte, que se viene construyendo con la focalización en los sectores más pobres. Pero es una focalización bancarizada: el pobre muy pobre que tenga cuenta bancaria logra tener una ayuda pequeña. Algunas ciudades tenían programas de entregas de mercados, pero muy focalizados. Hoy todos están confinados, y empiezan a sufrir la falta de ayuda social los pobres no bancarizados y los sectores que llaman de clase media, el estrato tres, que ya es vulnerable y está en la pobreza porque no tiene ingresos. Solo aguantan los que tenían alguna posibilidad de ahorro, que es una minoría. Por eso nuestra propuesta está sustentada en derechos universales.
¿En qué consiste esa propuesta exactamente?
Son tres puntos. El derecho a no pagar deudas, a no pagar servicios públicos y a no pagar arriendos. Hay sectores que incluso proponen la renta básica, pero el problema con eso es que es en dinero y, por tanto, necesita de bancos y no se cubriría en el corto plazo a la población pobre no bancarizada. Ahí es donde hace agua la política social del Gobierno. Si usted junta una política social focalizada en grupos muy minoritarios de la población, a través de giros bancarios, y una política hospitalaria cimentada en las EPS, lo que obtiene es una fórmula que se llama neoliberalismo. Es decir, la creencia de que el mercado va a resolver el problema, pero la pandemia no se puede enfrentar con políticas de mercado. Aquí sobran las EPS, las ARL y los bancos. Como la política de derechos universales de la que hablo significa una redistribución de la riqueza transitoria, de los bancos hacia la población, se debilita el confinamiento sin tener fortalecimiento hospitalario y estamos construyendo las condiciones que llevaron al colapso a España e Italia.
Terminó la vigencia de la emergencia social y económica y la facultad del presidente de expedir decretos con fuerza de ley, ¿qué se puede hacer ahora?
Primero, no entiendo cómo puede haber confinamiento si no hay decreto de emergencia, porque un confinamiento restringe una serie de libertades. Para eso se creó la figura de la emergencia social y de conmoción interior, y el confinamiento se hace sobre la base de una emergencia social y ambiental. Hay una cuarentena sin emergencia económica decretada, y eso es parte de la debilidad del Gobierno para afrontar esto. La Alcaldía de Bogotá, que goza de un estatuto orgánico de orden constitucional y que en mi gobierno la Procuraduría quiso pasarse por la faja, podría decretar un confinamiento basado en esas atribuciones que otorga ese estatuto. De hecho, mi propuesta es que sea más estricto desde el lunes, en donde no salen ni la manufactura, ni la construcción, ni Transmilenio.
¿Se podría hacer algo vía Congreso?
El problema del Congreso no es de forma, en mi opinión. Ya la Corte Constitucional dirá si estas sesiones virtuales son legales o no. El poder está en la voluntad política. Por ejemplo, si todos los sectores políticos, incluido el uribismo, hablan en sus discursos de la tropelía del sistema financiero colombiano en medio de la pandemia, y su disfuncionalidad, y el responsable político de eso es el ministro de Hacienda y el presidente, ¿por qué no se le hace una moción de censura a Carrasquilla? El hecho político de una moción de censura contra el ministro de Hacienda por haberle regalado dinero público a los bancos, aprovechando decretos de emergencia para beneficiar a la banca privada, debería votarse. Y sería una acción contundente del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo para hacer variar la política social del Gobierno. Como la ciudadanía no tiene una buena imagen del sistema financiero, el discurso político se utiliza para llenar la gradería de aplausos, pero no tiene efectos concretos.
La senadora Angélica Lozano dijo que era imposible tenerlo satisfecho a usted...
No quiero entrar en una discusión con la familia de la alcaldesa. Para mí el problema son las políticas y no puedo entender todavía cómo el 15 de febrero, cuando todo el mundo era testigo del crecimiento de la pandemia, el Gobierno de Bogotá estaba firmando los contratos de privatización de la red pública hospitalaria del sur y de demolición del hospital San Juan de Dios. No se ha permitido discutir eso y ni siquiera se les ha permitido a los concejales ir al zócalo del edificio central del San Juan de Dios para determinar si lo destruyeron, porque nosotros lo habíamos adecuado con instalaciones nuevas para unidades de cuidados intensivos y cirugía. Queremos constatar si destruyeron esas instalaciones.
Sergio Fajardo también le recriminó su posición de oposición al Gobierno de Claudia López…
La Secretaría de Salud de Bogotá es una cuota de Fajardo. Políticamente, además de la alcaldesa, el responsable de la destrucción del San Juan de Dios y de la red pública hospitalaria es Fajardo. Por supuesto, es una política que venía de Peñalosa, que escoge a los contratistas, el que idea el proyecto de hospitales por concesión privada, modelos que se han implementado en muchas partes del mundo, como España, y fracasaron. La experiencia mundial indica que esas políticas son absurdas.
Los congresistas Roy Barreras y Alejandro Chacón le pidieron a la oposición más réplica al presidente Duque.
Hay un número limitado de réplicas en el año y eso hace que haya que escoger un momento adecuado. Yo venía acompañando a Duque en el esfuerzo del confinamiento, pero ahora que toma la decisión de destruirlo por beneficios económicos, por una minoría muy poderosa en Colombia, ya amerita la réplica y que el país pueda conocer otras posiciones y otra visión de cómo encarar la pandemia. Un ciudadano encerrado, en condición de vulnerabilidad, lo que espera es que el gobernante lo salve, ya no está pensando si el presidente es uribista, amarillo o verde.