Duque objetó proyecto que normalizaba tiempos de respuesta a derechos de petición

El presidente Iván Duque objetó la ley que normalizaba tiempos de respuesta para los derechos de petición.

Foto: Presidencia

Según la ley, los derechos de petición deben ser respondidos en un periodo de máximo 15 días. Si en estos se pide documentación, el tiempo baja a 10 días, pero, si la consulta es a autoridades “en relación con las materias a su cargo”, el tiempo se amplía hasta a 30 días. Sin embargo, esta no es la realidad actual, pues un decreto legislativo del presidente Iván Duque los amplió al doble mientras la pandemia.

No obstante, desde la oposición, específicamente la representante Juanita Goebertus, se lideró un proyecto para revertir la determinación presidencial, bajo el argumento de que la acción del Ejecutivo se había normalizado, por lo que se necesitaba volver a los tiempos especificados por la ley. La iniciativa fue aprobada por Cámara y Senado, pero al llegar al despacho de Iván Duque para su firma y promulgación, este la objetó.

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El primer mandatario decidió no firmar y devolver al Congreso el proyecto que tumbaba la ampliación en la respuesta a los derechos de petición y en la suspensión de términos de actuaciones administrativas o jurisdiccionales en las sedes administrativas. La razón de esta decisión, según el presidente, es que “las circunstancias de salud pública y emergencia sanitaria que dieron expedición a las reglas previas (la ampliación de términos) aún no han sido superadas”.

Además, señaló que a pesar de que se tienen un gran avance en el programa de vacunación, la situación de la pandemia en el país es aún incierta, pues se le está haciendo frente a la variable delta y ya se han encontrado casos de omicrón. Sobre esta última variante, el Ejecutivo señaló que hay preocupación por “su mayor contagiosidad, ya que incluso si su severidad fuera menor, el impacto en números absolutos será importante sobre todo entre no vacunados o vacunados con esquema incompleto”.

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El presidente no solo se escudó en que aún la pandemia no ha sido superada, sino que justificó la ampliación de plazos en que es una garantía de que los ciudadanos tendrán “respuestas a fondo”, ya que por la situación de emergencia sanitaria se “aumentó considerablemente la utilización y tráfico de los canales virtuales de las autoridades, y para la atención de las peticiones de los ciudadanos desde los hogares de los servidores públicos y contratistas encargados de responderla, era necesario asumir un tiempo adicional” .

De acuerdo con las razones del primer mandatario, aún hay funcionarios públicos que se mantienen trabajando en casa y sin acceso directo a la documentación en físico, por lo que se necesita darle más tiempo de respuesta. Aunque el presidente reconoció que un mayor plazo afecta la “celeridad del ejercicio del derecho fundamental de petición”, este la defendió bajo el argumento de que es transitoria y que “no hace nugatorio el goce efectivo del derecho” debido a que sí o sí habrá respuesta.

A pesar de esta argumentación, la representante Juanita Goebertus aseguró que no iban a aceptar las razones dadas y que dará la pelea ante la plenaria para que el proyecto vuelva a ser aprobado tal cual quedó. “Los derrotamos con la ley de la JEP y mujeres en prisión. Los vamos a derrotar en esta también”, afirmó la representante tras dar a conocer la determinación presidencial.