En medio del estupor por el caso de un presunto abusador de niños en un jardín en Medellín, este martes el presidente Iván Duque sancionó la reglamentación de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes. Si bien la iniciativa fue aprobada por el Congreso hace más de un año –lo que implicó modificar la Constitución–, hacía falta su reglamentación, es decir, el cómo se va a aplicar la norma, ley que sacó avante el Parlamento en junio pasado y que hoy ratificó el jefe de Estado.
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La iniciativa implica que, a partir de hoy, quien incurra en conductas delictivas contra un niño o adolescente que sea víctima de homicidio en modalidad dolosa o acceso carnal –que implique violencia o sea puesto en incapacidad de resistir– podrá recibir la pena de cadena perpetua. La medida será excepcional y podrá ser revisada en un plazo mínimo de 25 años, cuando podría modificarse la pena si se evidencia resocialización.
Durante el evento, que contó, entre otras, con la presencia del fiscal general, Francisco Barbosa, varios congresistas y Yohana Jiménez –hija de la fallecida Gilma Jiménez–, el primer mandatario destacó que, con esta reglamentación, Colombia “quizás está dando el paso más importante en la protección de los derechos de los niños”.
“Este es un logro de todos, de la familia colombiana. Es la oportunidad para que de una vez por todas digamos basta ya. La semana pasada mencioné frente al incidente ocurrido en la ciudad de Medellín que quienes abusaron de estos niños son bestias malnacidas que tienen que recibir todo el peso de la ley”, aseguró el jefe de Estado.
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Según Duque, que defendió la iniciativa y aseguró que se encuentra ajustada a la Constitución Política, se trata de un “momento histórico” y un “hito” para el país, de cara a que haya cero tolerancia contra cualquier abuso, violación o asesinato de un niño, niña o adolescente.
“Gilma Jiménez decía que es el comienzo del fin. Tenía razón. No es que por sancionar esta ley se acabaron estas prácticas. Tristemente no, pero hoy quedan advertidos los que pretendan incurrir en estos delitos, con la imprescriptibilidad y esta drástica sanción les llegará todo el peso de la ley”, explicó.
En desarrollo del evento hubo preocupación cuando, en medio de la intervención del presidente Iván Duque, la maestra de ceremonias de la Casa de Nariño sufrió un desmayo. El primer mandatario, el fiscal, el defensor del Pueblo y demás invitados se llevaron un gran susto. “Esperamos que este incidente de salud sea resuelto rápidamente. Nuestra solidaridad y apoyo”, dijo Duque.
Al margen del incidente, que por fortuna no pasó a mayores, el jefe de Estado destacó el trabajo realizado con la excongresista Gilma Jiménez, quien intentó promover la cadena perpetua contra los violadores y recogió firmas en ese propósito: “Fue una mujer perseverante que entendía que la defensa de los derechos de los niños era una causa inclaudicable. Siempre procuró en sus debates y en todas sus responsabilidades públicas ponerla como nuestra propia carta política la ubica: los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás”.
El jefe de Estado salió en defensa de la iniciativa ante las críticas de sus contradictores, que han advertido desde el año pasado que la aprobación del acto legislativo deja feliz a un sector de la población que pide cárcel para todo, pero a la luz de la evidencia criminológica sirve muy poco para combatir la violencia sexual en contra de los menores.
En ese sentido, Duque sostuvo que el mejor referendo para esta causa “fueron los más de 10 millones de votos que nos acompañaron en la elección presidencial” y, ante los cuestionamientos legales, señaló que la forma como está estructurada la norma se ajusta a la Constitución: “Es una causa garantista para verificar que tengamos el debido proceso la doble conformidad opera de manera automática una vez hay una sanción de primera instancia”.
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Agregó que, después de 25 años de la condena, se puede hacer también una revisión que busque un análisis claro sobre la resocialización. “Es una norma que tiene principios de constitucionalidad y una muestra es la estruendosa votación que tuvo en el Congreso, esa capacidad que tiene el parlamento como constituyente delegado de representar a la sociedad de nuestro país”.
El primer mandatario declaró además que la reglamentación de la cadena perpetua es la conclusión de una serie de pasos previos que se han dado en la defensa de los niños, comenzando por la imprescriptibilidad de los delitos contra menores: “80 % de las víctimas del abuso en su niñez lo denuncia 10 o 15 años después. Por eso debe ser imprescriptible”. A ello se suma la abolición del castigo físico contra menores: “Muchas veces ese castigo físico termina convirtiéndose en el preámbulo de abusos a los derechos de los niños”, así como el hacer público el registro de quienes han violado los compromisos de alimentos con sus hijos: “Se trata de poner en el escarnio público al que no quiere cumplir la responsabilidad con sus hijos”.
El jefe de Estado insistió en que nadie está por encima de los derechos de los niños y manifestó que, así como se han investigado y judicializado casos de crímenes organizados, también se han visto penas ejemplarizantes por delitos como la pederastia por parte de miembros de la Iglesia. Al destacar que, con la reglamentación, Colombia se pone a tono con países como Argentina, Chile o México que tienen figuras similares, Duque evocó el caso de la pequeña Yuliana Samboní (abusada y asesinada en Bogotá a manos de Rafael Uribe Noguera), señalando que se trató de una situación estremecedora y dolorosa que no debe volverse a presentar jamás.
“Hoy, pensando en tantas Yulianas Sambonís, en tantos adolescentes que han sido abusados en sus entornos escolares o familiares, esta herramienta va a ser definitiva para denunciar, judicializar y sancionar. El Congreso hoy le demuestra a Colombia una vez más su compromiso con estas causas y ver esa maravillosa representación multipartidista, unida por principios, muestra de lo que somos capaces cuando nos unimos”, precisó.
La primera dama, María Juliana Ruiz, también acompañó el acto público y expresó el compromiso que queda, tras sancionada la ley: “Seguiremos trabajando en la prevención de estos actos deplorables y con el que reiteramos nuestro compromiso indeclinable en favor de nuestros menores de edad”.
Duque concluyó que la iniciativa estará acompañada de una gran campaña de prevención y pedagogía, buscando facilitar la denuncia. En ese sentido, anunció que se fortalecerá la Policía de Infancia y Adolescencia a nivel territorial para que, de la mano del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se identifiquen casos más allá de las denuncias.