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El afán de Iván Duque por desmarcarse de su antecesor y por complacer a su jefe político y su partido, el Centro Democrático, ha producido una política exterior, en el mejor de los casos, sin norte ni resultados y, en el peor, contraproducente para las necesidades actuales del país. Si bien el Gobierno ha usufructuado los logros cosechados por Santos, en especial en lo concerniente a la paz —que ha sido el gancho para atraer inversión extranjera y promover la economía naranja— el torpedeo del Acuerdo Final ha provocado tensiones indeseables con distintos actores internacionales, incluyendo la Secretaría General, el Consejo de Seguridad, la Misión de Verificación y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, de la ONU, y la Unión Europea.
Además de las fallidas objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP, la renuencia a reconocer la sistematicidad de los asesinatos de líderes sociales y excombatientes y las acusaciones veintejulieras de intromisión extranjera en la soberanía nacional han distanciado a quienes han sido aliados claves de Colombia en la búsqueda de la paz. La reacción oficial al reportaje del New York Times sobre el riesgo de retorno de los falsos positivos terminó por desencantar a los demócratas en Estados Unidos también.
En el ejercicio de protagonismo regional, uno de los supuestos pilares de la diplomacia actual, el balance es similarmente pobre. El retiro definitivo de Unasur y el anuncio de un nuevo organismo sudamericano, Prosur, suscrito por ocho países, han pasado sin pena ni gloria. Al no incorporar a toda la subregión, difícilmente podrá convertirse en un foro eficiente de concertación política, como sí lo fue Unasur hasta la aparición de la crisis venezolana.
Peor aún, el pretendido liderazgo colombiano en el Grupo de Lima y su abierta alianza con el secretario general Almagro, de la OEA, y con la oposición venezolana para sacar a Maduro del poder mediante el cerco diplomático, no solo no han producido dicho resultado, sino que han descalificado a nuestro país como participante de cualquier negociación de la transición política en Venezuela, como en la que intenta mediar Noruega. En justicia, la posición del Gobierno frente al éxodo venezolano —por más que carezca aún de una política migratoria acorde con la magnitud del problema— ha sido ejemplar en lo que respecta a la recepción y no estigmatización de dicha población.
Con Estados Unidos, ni hablar. La obsesión por alinearse con (o arrodillarse ante) la Casa Blanca en los temas de Venezuela, cultivos ilícitos y extradición no solo es peligrosa —por el carácter errático de Trump—, sino que riñe con los intereses propios de Colombia y con la necesidad de propiciar buenas relaciones bipartidistas en el Congreso, en donde las inquietudes sobre Colombia, en especial entre los demócratas, no se limitan a narcotráfico y comercio, sino que incluyen otros problemas, como derechos humanos y paz.
Sin objetivos, estrategias, ni narrativa convincente, los numerosos viajes internacionales de Duque y sus apuestas por la economía naranja y la mayor influencia en América Latina han arrojado escuálidos resultados. La decisión de eliminar las palabras “paz” y “conflicto” del discurso oficial y de reemplazarlas con expresiones como “difícil situación” para describir la coyuntura actual en Colombia no remediará la falta de norte en política exterior. Inclusive, y como solía ocurrir en la era Uribe, la fuerte disonancia entre la realidad nacional y lo que dice el Gobierno puede ser un bumerán al revelarse ante la opinión mundial, como ocurrió con las multitudinarias marchas ciudadanas por la vida este 26 de julio.
* Directora de investigación, Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad del Rosario.