Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Junto a la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, y los ministros del Interior y Defensa, Daniel Palacios y Diego Molano, respectivamente, este miércoles, también el presidente Iván Duque, sin una referencia directa, desestimó el informe que se entregó esta semana sobre lo que ocurrió el 9 de septiembre de 2020 en Bogotá, encargado por la alcaldesa Claudia López y organizado por las Naciones Unidas.
Lea: Gobierno se opone de manera conjunta a informe sobre el 9S.
¿La razón? Uno de los que lidero dicho estudio es el exdefensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, quien el lunes pasado se inscribió como candidato al Senado en la lista del Nuevo Liberalismo. “Construir aspiraciones políticas de cuenta de lacerar las instituciones es un acto de vileza, es un acto de villanía y es además una actitud contraria al deber de estar guiado por la verdad y por los procedimientos establecidos por la Constitución y la ley”, dijo Duque en una ceremonia de ascensos de la Policía.
Para él, el informe usurpa las funciones de los órganos de control y son un acto de politiquería. “Nuestra policía ha sido heroica, la que se ha enfrentado al narcotráfico, a carteles de la droga, al terrorismo, al contrabando, a la extracción ilegal de minerales, que se enfrenta a cualquier forma de criminalidad y se enfrenta todos los días”, agregó el mandatario, defendiendo además el papel de la institución, señalando que cuando incumple y actúa en contravía de su honorabilidad, se ha investigado y sancionado a los responsables.
“La misión ejecutiva es la de mantener el más alto estándar de exigencia, pero al mismo tiempo la compresión de todas las circunstancias de tiempo modo y acción operacional, y respetar el curso de las estancias que nos anteceden y que están por encima de las estancias temporales en el poder. Por eso prejuzgar y asumir comportamiento que no tienen el agotamiento de todos los principios del debido proceso es en sí mismo un ataque a las instituciones”, agregó.
El informe, que fue solicitado por la Alcaldía de Bogotá para determinar qué pasó el 9 de septiembre de 2020 tras la muerte de Javier Ordóñez a manos de uniformados de la Policía, determinó que hubo “una masacre “en la capital a manos de la institución. Durante los dos días de protestas se registraron 14 muertos civiles.
Puede leer: “Fue una masacre policial”: relatoría sobre las protestas del 9-S de 2020
A la presentación del documento asistió Juliette de Ribero, representante en Colombia de la alta comisionado para los DD.HH. de Naciones Unidas, asistencia que el Gobierno leyó como “activismo político” por parte de la funcionaria.
Durante las jornadas de protestas del 9 y 10 de septiembre de 2020, según la relatoría de Naciones Unidas, se documentaron siete prácticas violentas: uso ilícito de la fuerza, violencia contra la fuerza pública, detenciones arbitrarias, violencias basadas en género, estigmatización de la protesta social, violencia contra bienes públicos y privados e impunidad.
Para Naciones Unidas, hubo una violación masiva de los derechos humanos a manos de la Fuerza Pública, que incluso usó la violencia sexual para castigar y humillar a civiles que salieron a protestar.
El documento —que consultó unas 450 fuentes de información y 91 entrevistas a testigos, autoridades, familiares de los fallecidos y expertos— insta a la Fiscalía a garantizar acceso a la justicia y bloqueo a la impunidad. No solo mediante medidas relacionadas con el impulso a los procesos investigativos pendientes, sino en la instrucción a funcionarios respecto al manejo de las manifestaciones de violencia basadas en género. El cierre del documento preparado por siete profesionales con experiencia en ciencia política, antropología, periodismo, derecho penal y derechos humanos, coordinados por Negret, implora a la Fiscalía proteger a las víctimas, los testigos y los representantes en los procesos judiciales.
También: Policía usó violencia sexual para castigar y humillar en el Paro Nacional: ONU.