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La audiencia pública citada por la Corte Constitucional sobre el uso del glifosato no solo puso cara a cara al presidente Iván Duque Márquez y al expresidente Juan Manuel Santos, bastante alejado de los escenarios políticos desde que dejó la Casa de Nariño, sino que fue la oportunidad para que se expusieran dos concepciones muy diferentes del Estado frente a la lucha contra las drogas en Colombia, uno de los países más afectados por el narcotráfico en el mundo.
Esas visiones se hicieron evidentes, por supuesto, en los discursos que fueron presentados a los asistentes y a la audiencia que seguía la discusión a través de internet. El presidente Duque, por ejemplo, señaló que el debate no se debía centrar sólo sobre el uso de un herbicida, como lo es el glifosato, para la erradicación de los cultivos de uso ilícito, sino sobre la amenaza y los riesgos que enfrenta el país “por cuenta del crecimiento vertiginoso en los últimos años de los cultivos y las consecuencias que trae para el orden público”.
Duque dio cifras. Señaló que desde el 2013 hasta el 1° de agosto de 2018, Colombia tuvo el más rápido crecimiento en hectáreas con cultivos de uso ilícito en la historia. “Prácticamente se quintuplicaron los cultivos en el país. Y esa cifra no es menor porque el ritmo de crecimiento en ese período fue del 64 % por año, después de haber visto que entre los años 1999 y 2012 Colombia había representado internacionalmente la más rápida reducción de cultivos, al pasar de 180 mil a menos de 60 mil hectáreas”, dijo el mandatario.
A renglón seguido, el presidente Duque salió un poco del tema del glifosato. Señaló que, si bien en la lucha contra las drogas se usaba ese químico para la erradicación de cultivos, también se debería poner atención a otros químicos que se usan, pero en la cadena de producción de la cocaína, como los millones de litros de ácido sulfúrico, amoníaco, ácido clorhídrico, gasolina y sacos de cemento que llegan a la selva tropical húmeda para fabricar el producto.
Como conclusión, el presidente le pidió a la Corte Suprema que no se limitaran las herramientas para luchar contra las drogas porque eso podía afectar la capacidad del Estado para proteger la integridad y los derechos de los colombianos. También le solicitó al tribunal una modulación de la sentencia que puso límites al uso del glifosato en el país. “Yo no vengo a pedir cheques en blanco ni a minimizar ningún riesgo. Vengo a decir que este gobierno tiene el deseo de integrar todas las herramientas con el apoyo de la honorable Corte (…) No controvierto las sentencias de la Corte ni ninguno de los argumentos. Esto no es un choque de poderes, es un diálogo fraterno y de cooperación armónica que busca reconocer esta evidencia. Una modulación daría un fortalecimiento al orden público”, concluyó Duque, citando el artículo 113 de la Constitución, sobre la colaboración armónica de las ramas del poder público para lograr los fines del Estado.
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El presidente centró su discurso en la necesidad del fortalecimiento del Estado para garantizar la seguridad, teniendo como alternativa el uso de todas las herramientas disponibles para combatir los cultivos que se convierten, finalmente, en el motor de la producción de cocaína y en el insumo principal del narcotráfico, un negocio del que se lucran las mafias y con el que se financia el accionar de muchos de los grupos armados ilegales en el país. Terminado su discurso, Duque se bajó del atril y se digirió hacia un lado del recinto, saludó al fiscal general Néstor Humberto Martínez y se sentó a su lado.
Santos y la legalización del consumo
Varias intervenciones después, con explicaciones y cifras expuestas de ministros, lo dicho por el fiscal general de la Nación Néstor Humberto Martínez y las palabras de gobernadores como Luis Pérez, de Antioquia, o Camilo Romero, de Nariño, llegó el turno del expresidente Juan Manuel Santos, quien arrancó su discurso dejando claro que está retirado de la política local, con el convencimiento de que “es lo que más les conviene a la democracia colombiana y a la gobernabilidad del país”.
De entrada, señaló que si bien el narcotráfico es la principal fuente de financiación de los factores de violencia que han golpeado al país, “mientras haya consumo y prohibición, habrá mafias que se lucran de las rentas ilícitas”.
El expresidente reclamó su crédito en su llamado a los países del mundo para que se estudiaran estrategias en la lucha contra las drogas diferentes a la represión, que, a su juicio, no estaba dando resultados. “Propusimos que el enfoque exclusivamente punitivo se reemplace por un enfoque de derechos humanos, de salud pública, de más educación y prevención, sin dejar de combatir las mafias que controlan el negocio”, dijo Santos.
A renglón seguido, el exmandatario cuestionó la efectividad del modelo de aspersión aérea y resaltó que fue ministro de Defensa en el momento en el que “más esfuerzos se hicieron” en ese campo. Con cifras, señaló que la mayor aspersión aérea en la historia del país se realizó en 2006 y 2007, con 172 mil y 153 mil hectáreas, respectivamente, pero en esos dos años la producción de cocaína aumentó. En contraste, entre 2008 y 2013 bajó la aspersión y también bajó la producción de la droga: “¿Qué nos dicen estas cifras? Que no se puede establecer una correlación entre aspersión y producción ni se puede argumentar que el aumento de la producción de los últimos años se deba a la suspensión de la aspersión”.
Santos comparó los esfuerzos que se han hecho en Colombia para la erradicación de cultivos y el combate contra el narcotráfico con el ejercicio de ir en una bicicleta estática, en la que, a pesar del pedaleo constante, se permanece en el mismo lugar. Desde ese entonces, empezó a labrar la tierra para proponer que lo más efectivo es la regulación del consumo de drogas y que el Estado pueda quedarse con las millonarias ganancias que genera ese negocio y que hoy quedan en manos de las mafias.
El premio Nobel de Paz se refirió al libro ‘Caminando con el destino’, una biografía de Winston Churchill, en la que, cuenta Santos, está escrita una frase que el líder británico expresó cuando llegó a Estados Unidos por Canadá, durante la época de la prohibición del alcohol: “Les dijo a sus anfitriones después de no poderse tomar un trago: ‘Este es un país muy curioso, pues las inmensas utilidades que produce la venta de licores se las dejan a la mafia. En mi país se las dejamos al fisco’”.
En ese sentido, el expresidente señaló que el objetivo de la lucha mundial contra las drogas debe ser el de quitarles a las mafias los dineros ilícitos que ganan con las drogas y que generan violencia y corrupción. “Esto se logra con un buen control, una adecuada regulación de una oferta y un consumo debidamente autorizado, legalizado, como ya se hace en varios países. Lo ideal es alcanzar un consenso al respecto en la comunidad internacional, pero falta mucho para que se dé”, anotó Santos.
Las críticas a Estados Unidos
El expresidente de la República sentenció que el único camino para lograr resultados permanentes en la erradicación de los cultivos ilícitos es ofrecerles a los campesinos cocaleros alternativas económicas viables, un camino que, dijo, abrió el Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc. Defendió las metas que se planteó su gobierno en cuanto a erradicación y sustitución y que el objetivo de erradicar 60 mil hectáreas por erradicación forzosa manual y 40 mil por sustitución voluntaria fueron expuestas al gobierno y al congreso de los Estados Unidos.
“Pues bien, se cumplió en un 100 % en erradicación forzosa y 94 % en voluntaria. Y si el gobierno de mi sucesor quiere ganarse las indulgencias porque durante los últimos cuatros meses del año se logró una buena parte, como estaba previsto, bien puede. Ya nos acostumbramos a la ley del embudo”, lanzó la pulla Santos a Duque.
Asimismo, explicó que el principal enemigo de la erradicación es la resiembra, sin embargo, puntualizó que un reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reveló que después de la sustitución voluntaria de 34.767 hectáreas y las 5 mil que fueron erradicadas por la Fuerza Pública en conjunto con los campesinos, la resiembra fue del 0,6 %, frente al 35 % de resiembra que ha presentado la erradicación forzada.
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Ahí fue cuando cuestionó a los Estados Unidos. “Por eso es tan contradictorio que Estados Unidos le exija a Colombia una reducción en las hectáreas sembradas de coca y al mismo tiempo se niegue a financiar la única alternativa realmente efectiva para lograr ese objetivo con el argumento de que la ley le prohíbe financiar a las Farc, como si las 99 mil familias que se acogieron al programa en 14 departamentos fueran las Farc, y como si éstas no fueran hoy un partido político legal”.
Para Santos producción porque hay consumo, y no al revés. Para el expresidente, la penalización del porte de drogas en pequeñas cantidades no ha sido eficaz, corrompe a la Policía y la desgasta ante la comunidad y llena las cárceles. En conclusión, la sugerencia que le hizo a la Corte Constitucional fue que sería un error retomar la aspersión con glifosato, químico que calificó como veneno, por el riesgo que representa para la salud y el medio ambiente. “La concentración de glifosato requerida para matar la hoja de coca, que puede ser hasta 10 veces más alta de la que se usa normalmente, es veneno”.
No obstante, no se puede dejar pasar que, a pesar de todo este planteamiento, fue el gobierno de Santos el que tomó la decisión de utilizar drones para retomar la aspersión en zonas determinadas.
Dos modelos de Estado para enfrentar el problema de las drogas. Uno, que habla desde el pasado, con una idea de abordar el tema como un asunto de salud pública, la regulación del consumo con dividendos para el Estado y de la oferta de alternativas económicas efectivas a los campesinos cocaleros, por encima de la erradicación forzada. Y otra, que habla desde la casa de Nariño, con un enfoque policivo frente al consumo, que ha determinado el combate de la dosis mínima, que plantea la lucha contra las drogas desde la prohibición y que buscará volver a la aspersión aérea de cultivos de uso ilícito con glifosato.