Ecos del informe del 'Washington Post'

Las revelaciones del periódico The Washington Post sobre la participación de Estados Unidos en los grandes operativos militares con los que se dio de baja a algunos de los más importantes jefes de la guerrilla de las Farc, han encendido un debate en Colombia sobre hasta dónde se permite la intervención de agencias de inteligencia estadounidenses en el conflicto colombiano.

El primero en reaccionar fue el expresidente Andrés Pastrana Arango, quien en declaraciones a Blu Radio señaló que la cooperación de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, que incluye el apoyo en operativos contra las Farc, ha sido muy valiosa y determinante a la hora de planear grandes operativos militares. Asimismo afirmó que fue su gobierno el que abrió el sendero para dicha cooperación.

“Estados Unidos cambió la relación con nuestro país. Éramos un país descertificado por ellos, descertificado en derechos humanos, y tras la primera visita que se hizo al presidente Clinton nos hicieron un reconocimiento (...). Antes de mi gobierno no teníamos la tecnología para esto. Sólo al final de mi gobierno recibimos las bombas y los aviones para dar golpes militares”, expresó el expresidente.

De otra parte, el exministro de Defensa Gabriel Silva Luján confirmó que en la era Uribe la CIA participó de manera activa en los operativos que dieron de baja a comandantes guerrilleros como Raúl Reyes, Alfonso Cano y Mono Jojoy. “La colaboración es permanente; por lo tanto, uno tiene que presumir que hubo una comunicación útil para esos propósitos”, reveló Silva Luján, no sin antes advertir que esto en nada mina la independencia de la Fuerza Pública, y concluyó: “Los colombianos manejan sus Fuerzas Armadas de manera soberana. Todas las operaciones fueron diseñadas con colaboración, pero ejecutadas por Colombia”.

En este mismo sentido, la senadora Alexandra Moreno Piraquive, de la Comisión Segunda del Senado —encargada de temas de seguridad nacional y tratados internacionales—, sostuvo que no hay nada de inconstitucional en la presencia de activos militares estadounidenses en Colombia y menos en la participación de fuerzas extranjeras en operativos militares, pues la lucha contra el narcotráfico lo permite.

“Los convenios de cooperación militar que tiene Colombia son para la persecución del narcotráfico y se desprenden de tratados internacionales. Uno de los apoyos es la presencia de la DEA y la CIA para el seguimiento de esta actividad ilícita. Así que esto no es novedoso. La Constitución sólo exige la autorización del Congreso en caso de guerra con otro país. Los tratados, en términos de inteligencia, están permitidos”, señaló la parlamentaria del MIRA.

Por su parte, los congresistas Iván Cepeda y Jorge Robledo, del Polo Democrático, anunciaron que el Gobierno tiene que dar explicaciones sobre la información publicada por el Washington Post y no descartaron adelantar un debate de control político en el último semestre legislativo del período 2010-2014, que se inicia en marzo del próximo año.

“Se debe dar explicaciones a la opinión pública sobre la intervención que han tenido la CIA y otras agencias de Estados Unidos en el conflicto armado colombiano. Ahora es necesario que se sepa qué alcances ha tenido esa intervención, cuáles han sido sus modalidades y, eventualmente, si además de operaciones militares ha habido otra clase de espionaje”, precisó Cepeda.

En este mismo sentido se expresó Robledo, quien afirmó que la Corte Constitucional no aprobó un acuerdo de implementar bases estadounidenses en Colombia y exigió un tratado internacional sobre la asistencia y presencia de sus cuerpos de inteligencia. “No existe un sólo tratado internacional que autorice tropas de Estados Unidos en Colombia. Ese fraude de décadas lo desbarató la Corte Constitucional”, concluyó el congresista.

El reportaje del Washington Post ha tomado ribetes de escándalo nacional e internacional y se espera que tenga algún impacto en la mesa de negociación de La Habana (Cuba), que precisamente avanza en la discusión sobre el problema de los cultivos ilícitos. Sin embargo, al cierre de esta edición los negociadores de paz de las Farc no se han pronunciado sobre el tema.

Las revelaciones del periódico The Washington Post sobre la participación de Estados Unidos en los grandes operativos militares con los que se dio de baja a algunos de los más importantes jefes de la guerrilla de las Farc, han encendido un debate en Colombia sobre hasta dónde se permite la intervención de agencias de inteligencia estadounidenses en el conflicto colombiano.

El primero en reaccionar fue el expresidente Andrés Pastrana Arango, quien en declaraciones a Blu Radio señaló que la cooperación de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, que incluye el apoyo en operativos contra las Farc, ha sido muy valiosa y determinante a la hora de planear grandes operativos militares. Asimismo afirmó que fue su gobierno el que abrió el sendero para dicha cooperación.

“Estados Unidos cambió la relación con nuestro país. Éramos un país descertificado por ellos, descertificado en derechos humanos, y tras la primera visita que se hizo al presidente Clinton nos hicieron un reconocimiento (...). Antes de mi gobierno no teníamos la tecnología para esto. Sólo al final de mi gobierno recibimos las bombas y los aviones para dar golpes militares”, expresó el expresidente.

De otra parte, el exministro de Defensa Gabriel Silva Luján confirmó que en la era Uribe la CIA participó de manera activa en los operativos que dieron de baja a comandantes guerrilleros como Raúl Reyes, Alfonso Cano y Mono Jojoy. “La colaboración es permanente; por lo tanto, uno tiene que presumir que hubo una comunicación útil para esos propósitos”, reveló Silva Luján, no sin antes advertir que esto en nada mina la independencia de la Fuerza Pública, y concluyó: “Los colombianos manejan sus Fuerzas Armadas de manera soberana. Todas las operaciones fueron diseñadas con colaboración, pero ejecutadas por Colombia”.

En este mismo sentido, la senadora Alexandra Moreno Piraquive, de la Comisión Segunda del Senado —encargada de temas de seguridad nacional y tratados internacionales—, sostuvo que no hay nada de inconstitucional en la presencia de activos militares estadounidenses en Colombia y menos en la participación de fuerzas extranjeras en operativos militares, pues la lucha contra el narcotráfico lo permite.

“Los convenios de cooperación militar que tiene Colombia son para la persecución del narcotráfico y se desprenden de tratados internacionales. Uno de los apoyos es la presencia de la DEA y la CIA para el seguimiento de esta actividad ilícita. Así que esto no es novedoso. La Constitución sólo exige la autorización del Congreso en caso de guerra con otro país. Los tratados, en términos de inteligencia, están permitidos”, señaló la parlamentaria del MIRA.

Por su parte, los congresistas Iván Cepeda y Jorge Robledo, del Polo Democrático, anunciaron que el Gobierno tiene que dar explicaciones sobre la información publicada por el Washington Post y no descartaron adelantar un debate de control político en el último semestre legislativo del período 2010-2014, que se inicia en marzo del próximo año.

“Se debe dar explicaciones a la opinión pública sobre la intervención que han tenido la CIA y otras agencias de Estados Unidos en el conflicto armado colombiano. Ahora es necesario que se sepa qué alcances ha tenido esa intervención, cuáles han sido sus modalidades y, eventualmente, si además de operaciones militares ha habido otra clase de espionaje”, precisó Cepeda.

En este mismo sentido se expresó Robledo, quien afirmó que la Corte Constitucional no aprobó un acuerdo de implementar bases estadounidenses en Colombia y exigió un tratado internacional sobre la asistencia y presencia de sus cuerpos de inteligencia. “No existe un sólo tratado internacional que autorice tropas de Estados Unidos en Colombia. Ese fraude de décadas lo desbarató la Corte Constitucional”, concluyó el congresista.

El reportaje del Washington Post ha tomado ribetes de escándalo nacional e internacional y se espera que tenga algún impacto en la mesa de negociación de La Habana (Cuba), que precisamente avanza en la discusión sobre el problema de los cultivos ilícitos. Sin embargo, al cierre de esta edición los negociadores de paz de las Farc no se han pronunciado sobre el tema.