Ecuador y su conflicto armado interno: ¿qué se hizo en Colombia?
El presidente de Ecuador reconoció la existencia de un conflicto armado interno, luego de que un grupo de criminales se tomara el Canal 10 en plena transmisión en vivo. ¿Cuáles son las implicaciones?
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa Azin, firmó este 9 de enero un decreto que reconoció en el país vecino la existencia de un conflicto armado interno. A grandes rasgos, y como lo señaló el documento, la declaratoria permite la intervención de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional “para garantizar la soberanía e integridad territorial”.
Después de 50 años de conflicto, Colombia tiene varias lecciones, que van desde estrategias de resolución del conflicto, hasta el fortalecimiento de la seguridad, pese a que el país solo se declaró oficialmente en conflicto armado interno hasta el 2011, en el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando quedó incluido el concepto en la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas. Precisamente, tras esa decisión se sentaron las bases para los diálogos de paz con las extintas FARC.
Belisario Betancourt, Virgilio Barco y Andrés Pastrana hablaron del “conflicto armado interno” en varias ocasiones; no obstante, Álvaro Uribe evitó considerarlo de esa forma en documentos oficiales y en su política de seguridad, en la que se refirió a la guerra en Colombia como una amenaza terrorista y cerró la puerta al diálogo durante su gobierno. Si bien la declaratoria permite la intervención de la Fuerza Pública para atacar el conflicto, con esta también se reconoce, en palabras de Max Weber, que los grupos buscan el monopolio legítimo de las armas, que está en manos del Estado.
Según el Centro Internacional para la Justicia Transicional, la negación en Colombia de la existencia de un conflicto armado “se convirtió en un obstáculo para la discusión abierta y franca sobre cómo afrontar los crímenes cometidos en el país y debilitó las posibilidades de restaurar la confianza entre las instituciones del Estado y los ciudadanos”. De modo que, la decisión de Santos abrió varios caminos.
Para Juan Federico Pino, profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)-con sede en Ecuador-, “el reconocimiento quiere decir que hay actores que son una amenaza para el Estado. Esto tiene un lado positivo, por decirlo así, pues permite utilizar al Ejército en situaciones de orden público. En cualquier país, en tiempos de civilidad, los militares exclusivamente están autorizados para defender las fronteras nacionales, el orden público lo controla la Policía”.
Sin embargo, para el académico también podría tener un lado negativo, toda vez que se “reconoce una causa para el alzamiento en armas, lo que en el futuro puede decantarse en que los grupos quieran ostentar las instituciones o ponerse de tú a tú con el Estado”. Además, explicó que esto podría abrir en el futuro las puertas a una negociación.
En el decreto, el Estado ecuatoriano identificó un total de 21 organizaciones criminales: Águilas, ÁguilasKiller, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller, Choneros, Corvicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p.27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7 y Tiguerones.
Por otra parte, con la declaratoria, el Ejercito y los actores armados tendrán que ser regulados y sometidos al Derecho Internacional Humanitario. “El problema es que estas bandas son tan horizontales, tan caóticas, que es posible que no tengan ni siquiera la capacidad para regular a sus miembros, para que respeten los mínimos del derecho de la guerra”, señaló el profesor de FLACSO.
Por el contrario, en Colombia, grupos como el ELN y, especialmente las extintas FARC, han tenido estructuras organizadas, verticales y con líneas de mando. Y, además, argumentaron su carácter político e insurgente; las FARC, desde 1964 tras la operación contra la “República de Marquetalia”. Según Pino, en Ecuador, este objetivo no es tan claro.
“Las bandas ecuatorianas, que están respaldadas por el negocio internacional del narcotráfico, buscan más espacios de no intervención estatal y, no tanto, tomarse el Estado para imponer un orden social, político y económico, con móviles ideológicos”, señaló Pino.
Las lecciones
El peso de la cooperación internacional, en términos de recursos, logística y know-how, es clave. A partir de este 9 de enero Ecuador podría buscar cooperación para fortalecer las fuerzas armadas y la policía. Así lo hizo el gobierno de Andrés Pastrana con el Plan Colombia, un acuerdo bilateral con Estados Unidos, durante la administración de Bill Clinton. En julio del 2000, Estados Unidos aprobó un paquete de ayuda a Colombia por 1.300 millones de dólares, de los cuales un 80% estarían destinados a fortalecer la capacidad operativa de la Fuerza Pública.
Y, el experto también se refirió a cooperación de la Unión Europea (UE), por ejemplo, con los llamados Laboratorios de Paz, para apoyar en la implementación de acuerdos entre las partes en conflicto, la construcción de zonas de convivencia pacífica y para impulsar el desarrollo económico y social.
Por último, será un desafío la unidad política interna, de cara a la estabilidad en Ecuador. Según Pino, “a ningún país en la región le sirve que el Estado ecuatoriano se desestabilice, mucho menos a Colombia”.
Así, el gobierno colombiano, a través de la Cancillería, expresó que “hace votos para que se estabilice la situación de seguridad y se restablezca el orden público, expresa su apoyo al Gobierno y al pueblo de Ecuador y manifiesta su solidaridad con sus legítimas autoridades, con miras a restaurar el espíritu de armonía en beneficio del pueblo ecuatoriano”.
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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa Azin, firmó este 9 de enero un decreto que reconoció en el país vecino la existencia de un conflicto armado interno. A grandes rasgos, y como lo señaló el documento, la declaratoria permite la intervención de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional “para garantizar la soberanía e integridad territorial”.
Después de 50 años de conflicto, Colombia tiene varias lecciones, que van desde estrategias de resolución del conflicto, hasta el fortalecimiento de la seguridad, pese a que el país solo se declaró oficialmente en conflicto armado interno hasta el 2011, en el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando quedó incluido el concepto en la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas. Precisamente, tras esa decisión se sentaron las bases para los diálogos de paz con las extintas FARC.
Belisario Betancourt, Virgilio Barco y Andrés Pastrana hablaron del “conflicto armado interno” en varias ocasiones; no obstante, Álvaro Uribe evitó considerarlo de esa forma en documentos oficiales y en su política de seguridad, en la que se refirió a la guerra en Colombia como una amenaza terrorista y cerró la puerta al diálogo durante su gobierno. Si bien la declaratoria permite la intervención de la Fuerza Pública para atacar el conflicto, con esta también se reconoce, en palabras de Max Weber, que los grupos buscan el monopolio legítimo de las armas, que está en manos del Estado.
Según el Centro Internacional para la Justicia Transicional, la negación en Colombia de la existencia de un conflicto armado “se convirtió en un obstáculo para la discusión abierta y franca sobre cómo afrontar los crímenes cometidos en el país y debilitó las posibilidades de restaurar la confianza entre las instituciones del Estado y los ciudadanos”. De modo que, la decisión de Santos abrió varios caminos.
Para Juan Federico Pino, profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)-con sede en Ecuador-, “el reconocimiento quiere decir que hay actores que son una amenaza para el Estado. Esto tiene un lado positivo, por decirlo así, pues permite utilizar al Ejército en situaciones de orden público. En cualquier país, en tiempos de civilidad, los militares exclusivamente están autorizados para defender las fronteras nacionales, el orden público lo controla la Policía”.
Sin embargo, para el académico también podría tener un lado negativo, toda vez que se “reconoce una causa para el alzamiento en armas, lo que en el futuro puede decantarse en que los grupos quieran ostentar las instituciones o ponerse de tú a tú con el Estado”. Además, explicó que esto podría abrir en el futuro las puertas a una negociación.
En el decreto, el Estado ecuatoriano identificó un total de 21 organizaciones criminales: Águilas, ÁguilasKiller, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller, Choneros, Corvicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p.27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7 y Tiguerones.
Por otra parte, con la declaratoria, el Ejercito y los actores armados tendrán que ser regulados y sometidos al Derecho Internacional Humanitario. “El problema es que estas bandas son tan horizontales, tan caóticas, que es posible que no tengan ni siquiera la capacidad para regular a sus miembros, para que respeten los mínimos del derecho de la guerra”, señaló el profesor de FLACSO.
Por el contrario, en Colombia, grupos como el ELN y, especialmente las extintas FARC, han tenido estructuras organizadas, verticales y con líneas de mando. Y, además, argumentaron su carácter político e insurgente; las FARC, desde 1964 tras la operación contra la “República de Marquetalia”. Según Pino, en Ecuador, este objetivo no es tan claro.
“Las bandas ecuatorianas, que están respaldadas por el negocio internacional del narcotráfico, buscan más espacios de no intervención estatal y, no tanto, tomarse el Estado para imponer un orden social, político y económico, con móviles ideológicos”, señaló Pino.
Las lecciones
El peso de la cooperación internacional, en términos de recursos, logística y know-how, es clave. A partir de este 9 de enero Ecuador podría buscar cooperación para fortalecer las fuerzas armadas y la policía. Así lo hizo el gobierno de Andrés Pastrana con el Plan Colombia, un acuerdo bilateral con Estados Unidos, durante la administración de Bill Clinton. En julio del 2000, Estados Unidos aprobó un paquete de ayuda a Colombia por 1.300 millones de dólares, de los cuales un 80% estarían destinados a fortalecer la capacidad operativa de la Fuerza Pública.
Y, el experto también se refirió a cooperación de la Unión Europea (UE), por ejemplo, con los llamados Laboratorios de Paz, para apoyar en la implementación de acuerdos entre las partes en conflicto, la construcción de zonas de convivencia pacífica y para impulsar el desarrollo económico y social.
Por último, será un desafío la unidad política interna, de cara a la estabilidad en Ecuador. Según Pino, “a ningún país en la región le sirve que el Estado ecuatoriano se desestabilice, mucho menos a Colombia”.
Así, el gobierno colombiano, a través de la Cancillería, expresó que “hace votos para que se estabilice la situación de seguridad y se restablezca el orden público, expresa su apoyo al Gobierno y al pueblo de Ecuador y manifiesta su solidaridad con sus legítimas autoridades, con miras a restaurar el espíritu de armonía en beneficio del pueblo ecuatoriano”.
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