La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos es uno de los tribunales con mayor trascendencia en el mundo. Sus decisiones han marcado la historia de ese país y sea como inspiración o como decepción, impactan globalmente.
El derecho de las mujeres al aborto fue una de esas decisiones esenciales. En 1973 el caso Roe vs. Wade desarrolló y legalizó este derecho. Aunque existían críticas, la sentencia se mantuvo estable por casi cincuenta años. No obstante, en 2022 la Corte Suprema emitió la decisión Dobbs revocando Roe, afirmando que no existe un derecho a abortar y reabriendo un debate intenso que parecía superado.
La decisión es controversial, no solo por su contenido, sino porque la Corte Suprema se precia de ser estable, de respetar sus precedentes. Es extraño que revise e invalide sus propias sentencias, más aún cuando se trata de derechos fundamentales y peor tratándose de un caso decidido hace tantos años y que ha tenido un importante recorrido social y político.
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¿Por qué la decisión se revirtió? El asunto es complejo, pero, al menos existen dos motivos. El primero, la composición de la Corte, hoy dominada por jueces conservadores. El segundo, una coincidencia extraña y trágica: Ruth Bader Gingsbur, probablemente la Jueza más trascendental en la historia de Estados Unidos, debía retirarse mientras Donald Trump estaba en la Presidencia. Si eso ocurría, Trump nombraría en su reemplazo a una jueza conservadora y obviamente Bader quería evitarlo a toda costa. Por ello y a pesar de su edad, luchó por mantenerse en el puesto y el tiempo no le alcanzó. A raíz de su fallecimiento, Trump nombró a Amy Coney, conservadora.
Las fuerzas en la Corte cambiaron y, con ello, su espíritu y sus decisiones. ¿Qué pasará ahora con la regulación del aborto? Pues, cada Estado lo tendrá que decidir, dejando una nación fragmentada que probablemente ahonde la vulnerabilidad de las mujeres. El Presidente Biden, sin embargo, ha anunciado una idea: ¿qué tal si el Congreso lo regula?, ¿qué tal si revivimos Roe mediante una ley federal? Suena ideal, pero existe un problema esencial, ¿a cuenta de qué regularía el Congreso nacional el aborto?
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Como Estados Unidos es federal, cada Estado dicta sus propias leyes y tiene autonomía sobre el territorio. Solo en casos muy específicos -como la migración, la política exterior, la defensa, etc.-actúa el Congreso federal dictando normas comunes para todos los territorios.
El solo hecho de pensar con qué justificación regulará el Congreso el aborto es ya un tema altamente controversial, pero hay un extraño elemento que siempre ha estado alrededor de las leyes que regulan derechos a nivel federal: el comercio. La Constitución de Estados Unidos le permite al Congreso muy pocas cosas, pero una de ellas es regular el comercio interestatal. Curiosamente, esta cláusula ha servido para que se regulen derechos civiles. En los sesenta, los movimientos conservadores se oponían a que hubiera una ley federal que prohibiera la discriminación contra la población afroamericana, pues eso debía ser un asunto de cada Estado. Después de años de lucha, se logró que la primera ley de derechos civiles se emitiera a nivel federal bajo la cláusula de comercio. Esencialmente, el Congreso justificó la ley de derechos civiles señalando que si un Estado no permite el ejercicio igualitario de derechos a personas afroamericanas el comercio interestatal se afectaba y, por eso, se tenía que dictar una ley federal. Si un afroamericano en Nueva York quería viajar a Tennessee y allí no le permitían acceder a hoteles o a restaurantes por su raza, el comercio nacional se afectaba. Por ello, el Congreso intervenía.
Algo parecido tendría que ocurrir hoy para legalizar el aborto a nivel nacional. Se tendría que encontrar una justificación para la regulación federal y, seguramente, se volverá a la cláusula de comercio. ¿Cómo pasará? Algunos sostienen que si las mujeres viajan de un Estado a otro en búsqueda de condiciones seguras para abortar se podría generar un desbalance económico, un impacto negativo en las finanzas personales y Estatales que podría afectar al comercio nacional y, por ello, el Congreso debiera actuar. ¿Argumento demasiado extendido? Probablemente. No deja, sin embargo, de ser curioso que el comercio haya sido durante cincuenta años -y probablemente siga siendo- la puerta de entrada más importante para lucha de los derechos en Estados Unidos.
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