“El Acuerdo de La Habana es inalterable”: Iván Cepeda sobre “paz total”

¿A qué se apunta con la “paz total”?

En esencia es un modelo que busca no solamente el final del conflicto y las violencias en Colombia, sino también garantizar que se pueda dar cuenta de las causas sociales y económicas de esa violencia. Es una política basada en estudios rigurosos de lo que han sido los anteriores procesos de paz, acumulando lo mejor de las experiencias en distintos campos, tanto en términos políticos, como en el sometimiento o acogimiento a la justicia. El objetivo es superar las equivocaciones y vacíos de los anteriores intentos de paz, que han llevado de una manera constante a la repetición de ciclos de violencia. Eso sí, es una política en construcción, no está terminada en todos sus detalles. Vemos de buena manera que se hagan críticas, contribuciones y propuestas desde la experiencia de otras personas y sectores. Invitamos as que sea un diálogo argumentado sobre hechos verificables y no especulaciones.

¿Cuál es la meta de acá a cuatro años, cuando se acabe el gobierno Petro? ¿Alcanza ese tiempo?

Es difícil señalar cuál puede ser el desarrollo después de cuatro años. Sabemos la finalidad, pero es muy difícil vaticinar cómo se desarrollará. Ahora, será más difícil determinar cómo se van a desarrollar varios procesos al mismo tiempo y de manera global. Lo que sí puedo decir es que la apuesta de la “paz total” está relacionada con la política de paz del Estado. Queremos que sea una realidad que la paz sea una política estatal y que se siga con la misma ruta, así no sea un gobierno nuestro, del Pacto Histórico.

Esa “paz total” incluye diálogos regionales, ¿cómo garantizar que estos no se queden en meras charlas y pocas decisiones?

Creemos que así como se discute con tanto entusiasmo la naturaleza de los grupos armados que hay en Colombia, se debe discutir con la misma profundidad el problema de por qué tenemos territorios en la miseria, muchos de ellos azotados por el narcotráfico y otras economías ilegales. Es importante que discutamos sobre los problemas sociales y transformaciones necesarias en el territorio. Eso es tan importante como lo otro. La política es “total”, no solo porque se vaya a dialogar con todos, sino porque apunta a superar el narcotráfico, la pobreza, y a transformar el campo en lo que queremos, que es ser potencia mundial de la vida.

Por eso son tan importantes esos diálogos que, como el presidente Petro ha dicho, son vinculantes. Eso, en últimas, significa que se transformen en leyes en el Plan Nacional de Desarrollo o que, como se ha dicho en lo del Eln, que se vaya aplicando lo acordado. Esto para muchos es digno de crítica y piensan que le vamos a dar concesiones a un grupo armado sin que se desmovilice. Yo lo pondría de otra forma: el Estado no puede seguir negociando en una mesa sus deberes. No puede ser que se siga repitiendo que el Estado negocie con un grupo armado cosas básicas, como el desarrollo del campo y el respeto de los derechos. Esos son deberes que están en la Constitución y que deberían cumplirse sin que se acuerde con un grupo guerrillero.

¿No existe el riesgo de que se implemente lo que se vaya acordando y que al final los grupos ilegales no entreguen las armas? Como dijo Humberto de la Calle, que se queden con el pan y el queso y el Estado con nada...

No creo que sea un problema y que el Estado cumpla con su deber nunca será una derrota o una pérdida. Por el contrario, si logramos ir apagando el incendio y que se haga presencia en los territorios, eso va a ser una ganancia para el país y hay un cambio de lógica. Tal vez en otro momento se ha visto que la negociación se basa en que el Estado sea lo más exigente y regatee sobre el cumplimiento de sus deberes, esa no es la lógica de este gobierno. El Estado debe cumplir con sus deberes sociales y haciéndolo apaga el conflicto armado.

Se critica que la política de paz tenga tantas voces: el comisionado Danilo Rueda, el canciller Álvaro Leyva, Roy Barreras y usted, ¿no debería ser en una sola voz?

Primero, los funcionarios encargados en el Estado de la política de paz son el presidente Petro y a quien él ha delegado, que es el alto comisionado. El canciller Leyva es una persona que tiene una enorme experiencia en esta materia y es una voz autorizada, por lo que desde el cargo que ocupa en términos internacionales ejerce una vocería. Si uno ve las declaraciones del canciller, se puede ver cómo la “paz total” es una política que se irradia en el plano internacional. En mi caso, he estado involucrado en procesos anteriores y cumplo una función en el Congreso como presidente de la Comisión de Paz. Si se examina las declaraciones que hemos hecho, son totalmente coincidentes. Aquí hay una sola política de paz. Obviamente, el que da cuenta de las decisiones y las anuncia es el alto comisionado y el presidente cuando lo considera apropiado.

Con su cercanía al proceso, ¿ha visto la misma voluntad de paz en todos los grupos o hay alguno con mayor intención?

El alto comisionado y el Gobierno han hecho unos anuncios que están protocolizados. El primero de ellos es que la base de toda esta política es la implementación del Acuerdo de La Habana, de ello no hay duda. Eso se cumplirá a rajatabla y no va a ser negociado o renegociado ninguno de los puntos con ningún grupo. El Gobierno no va a poner en discusión los acuerdos refrendados en 2016. Hay unos anuncios hechos sobre el Eln y son bastante claros: hay un proceso en curso, una voluntad expresa de reiniciar los diálogos y se coincide en que el punto de partido será lo que se había alcanzado en el gobierno Santos. Como en todo diálogo, hay opiniones y debates, pero ya es un proceso que está despegando.

El alto comisionado ha hecho otros anuncios, algunos más detallados que otros. Ha dicho que ha tenido contacto con otros grupos, pero no puedo hacer más precisión porque no existe más información oficial. Lo que está claro es que ha dicho que el grupo disidente que estaba comandado por Gentil Duarte ha comenzado un diálogo exploratorio, que ha tomado como punto de inicio un alto al fuego. También ha dicho que se ha encontrado con otro grupo disidente, pero que tiene una característica diferente y es que se ha rearmado.

¿No se manda un mal mensaje que, después de llegar a un acuerdo con las extintas Farc, se retomen negociaciones con los que se levantaron antes de firmar y los que firmaron y luego incumplieron?

Acabo de decir que en el caso de los que se rearmaron no hay negociación hasta ahora. Lo que ha dicho el comisionado es que ha habido un contacto y probablemente habrá unos diálogos. Yo quiero expresar, y no lo ha dicho el comisionado, que el Acuerdo de Paz de Cuba es inalterable y no será cambiado con una nueva negociación. No es la solo la voluntad del Gobierno, los que hacemos parte de esta administración hemos defendido ese acuerdo y, en segundo lugar, constitucionalmente es imposible, pues ya hace parte de la Carta Magna. Algún grupo va a querer someterse al Acuerdo, pero sus temas ya no pueden cambiarse.

Ahora, a mi modo de ver, es especulativo decir que con la Segunda Marquetalia hay una negociación y, si la llegara a haber, es claro que ese grupo debe reincorporarse al Acuerdo de Paz y se debe conversar sobre las condiciones para que puedan volver. Yo defiendo que puedan volver a la paz, porque no es posible resolver este problema armado y de violencia por una vía distinta al diálogo. En cuanto al grupo de Iván Mordisco, es una situación distinta porque no hizo parte de las negociaciones. Eso sí, no pueden pretender sustituir a los que firmaron la paz. No es cierto que ellos sean una verdadera Farc y que el gobierno de Santos haya firmado con un grupo menor. La paz fue firmada con las Farc-Ep y este grupo es una disidencia.

El lío es que ellos se autodenominan Estado Mayor de las Farc y no reconocen lo que se negoció en La Habana...

Cualquiera puede tener opiniones, pero el Acuerdo de Paz es legítimo y legal. Esa es una realidad que existe y que puede ser discutida, pero eso no significa que no sea una realidad. Esta tiene un carácter irreversible. Lo que seguramente ocurrirá es que ese grupo exprese nuevos problemas, que tienen que ver con las zonas donde tengan presencia, y seguramente tendrán unas pretensiones que serán objeto de un diálogo y en las que el Gobierno dará una respuesta.

¿Se equivocó el comisionado Danilo Rueda al firmar un comunicado conjunto en en que se identifican como Estado Mayor de las Farc?

No, lo que yo creo es que se necesita hacer precisión en ese punto. El alto comisionado ha sido claro en señalar que el Acuerdo de Paz vigente con las Farc-Ep es el suscrito en 2016, en el que se reincorporaron a la vida civil.

Sobre la Segunda Marquetalia, el grupo de ‘Iván Márquez’, ¿qué respuesta darles a los que creen que el único camino debe ser el sometimiento, puesto que ya tuvieron su oportunidad?

Es una opinión respetable, pero yo considero que hay un diálogo que apenas se puede dar y hay que ver en qué términos se plantea. Como he dicho, lo que se puede definir de entrada es que ese diálogo no puede girar en renegociar el Acuerdo de La Habana.

Al tratar de dialogar de forma paralela con grupos como el Clan del Golfo, ¿cómo hacer para que no se termine dando un reconocimiento político a estos?

Eso nunca se ha planteado. Ni lo ha planteado el Gobierno, ni el comisionado lo ha dicho, ni yo. Nadie ha pensado en darles un tratamiento político a esos grupos. Yo quiero recordar que esa diferencia está en la ley, la 418, e incluso se va a introducir una distinción entre un proceso de negociación política y un acogimiento a la justicia, para que no haya ninguna duda. No es saludable que se introduzca una narrativa de que este gobierno va a tener un política similar al gobierno de México, que piensa que a las estructuras ligadas al narcotráfico simplemente se les debe abrir los brazos y tenderles el puente dorado para que lleguen a la desmovilización. Aquí se ha dicho que hay una política de seguridad con una connotación muy clara: seguridad humana, que recurre a la fuerza cuando es necesario. Hay claridad en la diferencia entre un proceso de negociación política y uno de sometimiento. Mal haría un presidente que viene de un proceso de negociación no entender la diferencia.

Hablando de ese tema, el Eln ya expresó su molestia frente a negociar de forma paralela con otros grupos...

Lo que he entendido es que es un llamado de atención para que no haya confusiones y en eso es muy importante reiterar que aquí todo está claro.

Si las conversaciones con el Eln están muy avanzadas y se ven en peligro por los otros acercamientos con bandas criminales, ¿podrían pausarse esos sometimientos?

Nosotros no actuamos sobre escenarios que no se hayan presentado. Vamos a buscar la paz lo antes posible y de la manera más eficaz en todos los campos. Eso lleva a una negociación ininterrumpida, a diferencia de lo que hizo el gobierno anterior con el Eln.

¿Cómo se va a hacer con los grupos criminales cuando comiencen a pedir el trato que recibirá el Eln?

Cualquiera puede querer muchas cosas, pero aquí hay claridad de lo que se puede y lo que no. El proceso con este tipo de grupos sí debe dar cuenta de la situación en los territorios. El Estado debe llegar tta los territorios y eso no es una situación a negociar. Como las discusiones son paralelas, incluso los diálogos regionales, ¿cómo se va a coordinar para que lo que se determine en un espacio no contradiga con otras conclusiones?

Eso es un proceso de articulación que habrá que hacer en su momento, pero las negociaciones que haya en los territorios deben tener un perfil territorial, que significa que responda a las particularidades de cada zona en Colombia. No todas las regiones tienen los mismos problemas o características y mi invitación es que se discuta esto más que, o mejor, paralelamente, a la otra discusión. Veo mucha energía en debatir la naturaleza de cada grupo, pero muy poco esfuerzo para abordar la paz en los territorios y eso no implica una negociación entre un grupo armado y el Estado, sino diálogos entre los diferentes actores de la sociedad civil, con los actores económicos y políticos, para ver cómo resolvemos problemas tan serios, como el presidente Gustavo Petro expuso en la Asamblea General de la ONU.

¿Hay posibilidad de una coordinación única de todos los diálogos, que terminen llegando todos a un mismo espacio?

No, cada proceso tiene su carácter individual, lo que no implica que no haya articulaciones. Es muy probable que se tenga que buscar cómo articular el acuerdo con el Eln con el Acuerdo firmado en 2016. Habrá temas que serán comunes en ambos textos. Hay que encontrar coordinación, pero no quiere decir que vaya a ser el mismo acuerdo. Hablando del Eln, estos se han caracterizado por un mayor dogmatismo. ¿Esto no es un impedimento frente a las negociaciones actuales?

Yo lo que veo es que el Eln avanzó de una manera bastante decidida y seria bajo el gobierno Santos. Y a pesar de que tiene sus visiones y las defiende, no es un grupo con el que no se puedan encontrar consensos y acuerdo. No creo que exista una dificultad irreductible para encontrar ese tipo de soluciones.

¿Qué tan conveniente es que Venezuela sea garante de los diálogos, cuando hasta el momento se está reanudando la relación binacional y distintos organismos han llamado la atención frente a las presuntas violaciones de los derechos humanos allá?

No hay que confundir las cosas. Venezuela ha sido un país garante de procesos de paz en Colombia, incluso en el gobierno de Uribe y luego en el del expresidente Santos. Ha demostrado que es un país que contribuye a la paz, a pesar de que tiene una situación interna que resolver. El problema de ser garante de paz no puede ser tratado de un manera ideológica. El tema es resolver el problema de la paz en Colombia y en eso Venezuela ha demostrado eficacia.

¿No se están marginando voces con experiencia en temas de paz, como Sergio Jaramillo o De la Calle?

De ninguna manera. He cursado una invitación al excomisionado Jaramillo para que nos reunamos y conversemos sobre las apreciaciones, que valoramos para el bien de este proceso. Con Humberto de la Calle tengo una relación mucho más directa y cotidiana, porque él es senador y podemos conversar en cualquier momento.

Por cierto, De la Calle dice que comenzar las mesas de diálogo con un cese al fuego es un error...

Ahí tenemos una diferencia. En este caso, el alto al fuego no es solo una estrategia de negociación. El problema es que en ciertos territorios la situación humanitaria hace que sea urgente que haya alto al fuego. Vemos regiones en las cuales hay enfrentamientos simultáneos de múltiples grupos armados. ¿Cómo explicarles a esas poblaciones que no es el momento de hacer un alto al fuego porque no conviene a una negociación? Este gobierno tiene como bandera la protección de la vida y por eso se plantea el alto al fuego multilateral. Hace seis años, el Congreso llegó hacia el final en las negociaciones de La Habana, ¿qué papel va a jugar en la negociación actual?

El Congreso va a cumplir un papel fundamental desde sus comisiones de paz y va a cumplir un papel legislando. Tenemos ya dos normas para discutir en los próximos meses, como la ley de orden público.

¿A qué se apunta con la “paz total”?

En esencia es un modelo que busca no solamente el final del conflicto y las violencias en Colombia, sino también garantizar que se pueda dar cuenta de las causas sociales y económicas de esa violencia. Es una política basada en estudios rigurosos de lo que han sido los anteriores procesos de paz, acumulando lo mejor de las experiencias en distintos campos, tanto en términos políticos, como en el sometimiento o acogimiento a la justicia. El objetivo es superar las equivocaciones y vacíos de los anteriores intentos de paz, que han llevado de una manera constante a la repetición de ciclos de violencia. Eso sí, es una política en construcción, no está terminada en todos sus detalles. Vemos de buena manera que se hagan críticas, contribuciones y propuestas desde la experiencia de otras personas y sectores. Invitamos as que sea un diálogo argumentado sobre hechos verificables y no especulaciones.

¿Cuál es la meta de acá a cuatro años, cuando se acabe el gobierno Petro? ¿Alcanza ese tiempo?

Es difícil señalar cuál puede ser el desarrollo después de cuatro años. Sabemos la finalidad, pero es muy difícil vaticinar cómo se desarrollará. Ahora, será más difícil determinar cómo se van a desarrollar varios procesos al mismo tiempo y de manera global. Lo que sí puedo decir es que la apuesta de la “paz total” está relacionada con la política de paz del Estado. Queremos que sea una realidad que la paz sea una política estatal y que se siga con la misma ruta, así no sea un gobierno nuestro, del Pacto Histórico.

Esa “paz total” incluye diálogos regionales, ¿cómo garantizar que estos no se queden en meras charlas y pocas decisiones?

Creemos que así como se discute con tanto entusiasmo la naturaleza de los grupos armados que hay en Colombia, se debe discutir con la misma profundidad el problema de por qué tenemos territorios en la miseria, muchos de ellos azotados por el narcotráfico y otras economías ilegales. Es importante que discutamos sobre los problemas sociales y transformaciones necesarias en el territorio. Eso es tan importante como lo otro. La política es “total”, no solo porque se vaya a dialogar con todos, sino porque apunta a superar el narcotráfico, la pobreza, y a transformar el campo en lo que queremos, que es ser potencia mundial de la vida.

Por eso son tan importantes esos diálogos que, como el presidente Petro ha dicho, son vinculantes. Eso, en últimas, significa que se transformen en leyes en el Plan Nacional de Desarrollo o que, como se ha dicho en lo del Eln, que se vaya aplicando lo acordado. Esto para muchos es digno de crítica y piensan que le vamos a dar concesiones a un grupo armado sin que se desmovilice. Yo lo pondría de otra forma: el Estado no puede seguir negociando en una mesa sus deberes. No puede ser que se siga repitiendo que el Estado negocie con un grupo armado cosas básicas, como el desarrollo del campo y el respeto de los derechos. Esos son deberes que están en la Constitución y que deberían cumplirse sin que se acuerde con un grupo guerrillero.

¿No existe el riesgo de que se implemente lo que se vaya acordando y que al final los grupos ilegales no entreguen las armas? Como dijo Humberto de la Calle, que se queden con el pan y el queso y el Estado con nada...

No creo que sea un problema y que el Estado cumpla con su deber nunca será una derrota o una pérdida. Por el contrario, si logramos ir apagando el incendio y que se haga presencia en los territorios, eso va a ser una ganancia para el país y hay un cambio de lógica. Tal vez en otro momento se ha visto que la negociación se basa en que el Estado sea lo más exigente y regatee sobre el cumplimiento de sus deberes, esa no es la lógica de este gobierno. El Estado debe cumplir con sus deberes sociales y haciéndolo apaga el conflicto armado.

Se critica que la política de paz tenga tantas voces: el comisionado Danilo Rueda, el canciller Álvaro Leyva, Roy Barreras y usted, ¿no debería ser en una sola voz?

Primero, los funcionarios encargados en el Estado de la política de paz son el presidente Petro y a quien él ha delegado, que es el alto comisionado. El canciller Leyva es una persona que tiene una enorme experiencia en esta materia y es una voz autorizada, por lo que desde el cargo que ocupa en términos internacionales ejerce una vocería. Si uno ve las declaraciones del canciller, se puede ver cómo la “paz total” es una política que se irradia en el plano internacional. En mi caso, he estado involucrado en procesos anteriores y cumplo una función en el Congreso como presidente de la Comisión de Paz. Si se examina las declaraciones que hemos hecho, son totalmente coincidentes. Aquí hay una sola política de paz. Obviamente, el que da cuenta de las decisiones y las anuncia es el alto comisionado y el presidente cuando lo considera apropiado.

Con su cercanía al proceso, ¿ha visto la misma voluntad de paz en todos los grupos o hay alguno con mayor intención?

El alto comisionado y el Gobierno han hecho unos anuncios que están protocolizados. El primero de ellos es que la base de toda esta política es la implementación del Acuerdo de La Habana, de ello no hay duda. Eso se cumplirá a rajatabla y no va a ser negociado o renegociado ninguno de los puntos con ningún grupo. El Gobierno no va a poner en discusión los acuerdos refrendados en 2016. Hay unos anuncios hechos sobre el Eln y son bastante claros: hay un proceso en curso, una voluntad expresa de reiniciar los diálogos y se coincide en que el punto de partido será lo que se había alcanzado en el gobierno Santos. Como en todo diálogo, hay opiniones y debates, pero ya es un proceso que está despegando.

El alto comisionado ha hecho otros anuncios, algunos más detallados que otros. Ha dicho que ha tenido contacto con otros grupos, pero no puedo hacer más precisión porque no existe más información oficial. Lo que está claro es que ha dicho que el grupo disidente que estaba comandado por Gentil Duarte ha comenzado un diálogo exploratorio, que ha tomado como punto de inicio un alto al fuego. También ha dicho que se ha encontrado con otro grupo disidente, pero que tiene una característica diferente y es que se ha rearmado.

¿No se manda un mal mensaje que, después de llegar a un acuerdo con las extintas Farc, se retomen negociaciones con los que se levantaron antes de firmar y los que firmaron y luego incumplieron?

Acabo de decir que en el caso de los que se rearmaron no hay negociación hasta ahora. Lo que ha dicho el comisionado es que ha habido un contacto y probablemente habrá unos diálogos. Yo quiero expresar, y no lo ha dicho el comisionado, que el Acuerdo de Paz de Cuba es inalterable y no será cambiado con una nueva negociación. No es la solo la voluntad del Gobierno, los que hacemos parte de esta administración hemos defendido ese acuerdo y, en segundo lugar, constitucionalmente es imposible, pues ya hace parte de la Carta Magna. Algún grupo va a querer someterse al Acuerdo, pero sus temas ya no pueden cambiarse.

Ahora, a mi modo de ver, es especulativo decir que con la Segunda Marquetalia hay una negociación y, si la llegara a haber, es claro que ese grupo debe reincorporarse al Acuerdo de Paz y se debe conversar sobre las condiciones para que puedan volver. Yo defiendo que puedan volver a la paz, porque no es posible resolver este problema armado y de violencia por una vía distinta al diálogo. En cuanto al grupo de Iván Mordisco, es una situación distinta porque no hizo parte de las negociaciones. Eso sí, no pueden pretender sustituir a los que firmaron la paz. No es cierto que ellos sean una verdadera Farc y que el gobierno de Santos haya firmado con un grupo menor. La paz fue firmada con las Farc-Ep y este grupo es una disidencia.

El lío es que ellos se autodenominan Estado Mayor de las Farc y no reconocen lo que se negoció en La Habana...

Cualquiera puede tener opiniones, pero el Acuerdo de Paz es legítimo y legal. Esa es una realidad que existe y que puede ser discutida, pero eso no significa que no sea una realidad. Esta tiene un carácter irreversible. Lo que seguramente ocurrirá es que ese grupo exprese nuevos problemas, que tienen que ver con las zonas donde tengan presencia, y seguramente tendrán unas pretensiones que serán objeto de un diálogo y en las que el Gobierno dará una respuesta.

¿Se equivocó el comisionado Danilo Rueda al firmar un comunicado conjunto en en que se identifican como Estado Mayor de las Farc?

No, lo que yo creo es que se necesita hacer precisión en ese punto. El alto comisionado ha sido claro en señalar que el Acuerdo de Paz vigente con las Farc-Ep es el suscrito en 2016, en el que se reincorporaron a la vida civil.

Sobre la Segunda Marquetalia, el grupo de ‘Iván Márquez’, ¿qué respuesta darles a los que creen que el único camino debe ser el sometimiento, puesto que ya tuvieron su oportunidad?

Es una opinión respetable, pero yo considero que hay un diálogo que apenas se puede dar y hay que ver en qué términos se plantea. Como he dicho, lo que se puede definir de entrada es que ese diálogo no puede girar en renegociar el Acuerdo de La Habana.

Al tratar de dialogar de forma paralela con grupos como el Clan del Golfo, ¿cómo hacer para que no se termine dando un reconocimiento político a estos?

Eso nunca se ha planteado. Ni lo ha planteado el Gobierno, ni el comisionado lo ha dicho, ni yo. Nadie ha pensado en darles un tratamiento político a esos grupos. Yo quiero recordar que esa diferencia está en la ley, la 418, e incluso se va a introducir una distinción entre un proceso de negociación política y un acogimiento a la justicia, para que no haya ninguna duda. No es saludable que se introduzca una narrativa de que este gobierno va a tener un política similar al gobierno de México, que piensa que a las estructuras ligadas al narcotráfico simplemente se les debe abrir los brazos y tenderles el puente dorado para que lleguen a la desmovilización. Aquí se ha dicho que hay una política de seguridad con una connotación muy clara: seguridad humana, que recurre a la fuerza cuando es necesario. Hay claridad en la diferencia entre un proceso de negociación política y uno de sometimiento. Mal haría un presidente que viene de un proceso de negociación no entender la diferencia.

Hablando de ese tema, el Eln ya expresó su molestia frente a negociar de forma paralela con otros grupos...

Lo que he entendido es que es un llamado de atención para que no haya confusiones y en eso es muy importante reiterar que aquí todo está claro.

Si las conversaciones con el Eln están muy avanzadas y se ven en peligro por los otros acercamientos con bandas criminales, ¿podrían pausarse esos sometimientos?

Nosotros no actuamos sobre escenarios que no se hayan presentado. Vamos a buscar la paz lo antes posible y de la manera más eficaz en todos los campos. Eso lleva a una negociación ininterrumpida, a diferencia de lo que hizo el gobierno anterior con el Eln.

¿Cómo se va a hacer con los grupos criminales cuando comiencen a pedir el trato que recibirá el Eln?

Cualquiera puede querer muchas cosas, pero aquí hay claridad de lo que se puede y lo que no. El proceso con este tipo de grupos sí debe dar cuenta de la situación en los territorios. El Estado debe llegar tta los territorios y eso no es una situación a negociar. Como las discusiones son paralelas, incluso los diálogos regionales, ¿cómo se va a coordinar para que lo que se determine en un espacio no contradiga con otras conclusiones?

Eso es un proceso de articulación que habrá que hacer en su momento, pero las negociaciones que haya en los territorios deben tener un perfil territorial, que significa que responda a las particularidades de cada zona en Colombia. No todas las regiones tienen los mismos problemas o características y mi invitación es que se discuta esto más que, o mejor, paralelamente, a la otra discusión. Veo mucha energía en debatir la naturaleza de cada grupo, pero muy poco esfuerzo para abordar la paz en los territorios y eso no implica una negociación entre un grupo armado y el Estado, sino diálogos entre los diferentes actores de la sociedad civil, con los actores económicos y políticos, para ver cómo resolvemos problemas tan serios, como el presidente Gustavo Petro expuso en la Asamblea General de la ONU.

¿Hay posibilidad de una coordinación única de todos los diálogos, que terminen llegando todos a un mismo espacio?

No, cada proceso tiene su carácter individual, lo que no implica que no haya articulaciones. Es muy probable que se tenga que buscar cómo articular el acuerdo con el Eln con el Acuerdo firmado en 2016. Habrá temas que serán comunes en ambos textos. Hay que encontrar coordinación, pero no quiere decir que vaya a ser el mismo acuerdo. Hablando del Eln, estos se han caracterizado por un mayor dogmatismo. ¿Esto no es un impedimento frente a las negociaciones actuales?

Yo lo que veo es que el Eln avanzó de una manera bastante decidida y seria bajo el gobierno Santos. Y a pesar de que tiene sus visiones y las defiende, no es un grupo con el que no se puedan encontrar consensos y acuerdo. No creo que exista una dificultad irreductible para encontrar ese tipo de soluciones.

¿Qué tan conveniente es que Venezuela sea garante de los diálogos, cuando hasta el momento se está reanudando la relación binacional y distintos organismos han llamado la atención frente a las presuntas violaciones de los derechos humanos allá?

No hay que confundir las cosas. Venezuela ha sido un país garante de procesos de paz en Colombia, incluso en el gobierno de Uribe y luego en el del expresidente Santos. Ha demostrado que es un país que contribuye a la paz, a pesar de que tiene una situación interna que resolver. El problema de ser garante de paz no puede ser tratado de un manera ideológica. El tema es resolver el problema de la paz en Colombia y en eso Venezuela ha demostrado eficacia.

¿No se están marginando voces con experiencia en temas de paz, como Sergio Jaramillo o De la Calle?

De ninguna manera. He cursado una invitación al excomisionado Jaramillo para que nos reunamos y conversemos sobre las apreciaciones, que valoramos para el bien de este proceso. Con Humberto de la Calle tengo una relación mucho más directa y cotidiana, porque él es senador y podemos conversar en cualquier momento.

Por cierto, De la Calle dice que comenzar las mesas de diálogo con un cese al fuego es un error...

Ahí tenemos una diferencia. En este caso, el alto al fuego no es solo una estrategia de negociación. El problema es que en ciertos territorios la situación humanitaria hace que sea urgente que haya alto al fuego. Vemos regiones en las cuales hay enfrentamientos simultáneos de múltiples grupos armados. ¿Cómo explicarles a esas poblaciones que no es el momento de hacer un alto al fuego porque no conviene a una negociación? Este gobierno tiene como bandera la protección de la vida y por eso se plantea el alto al fuego multilateral. Hace seis años, el Congreso llegó hacia el final en las negociaciones de La Habana, ¿qué papel va a jugar en la negociación actual?

El Congreso va a cumplir un papel fundamental desde sus comisiones de paz y va a cumplir un papel legislando. Tenemos ya dos normas para discutir en los próximos meses, como la ley de orden público.