“El Acuerdo de Paz no lo han hecho trizas, pero lo han engavetado”: Juan Fernando Cristo

El próximo 26 de septiembre se cumplirán cuatro años de la firma en Cartagena del Acuerdo Final de La Habana entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y las Farc —la del antes del plebiscito—, y el movimiento Defendamos la Paz, del que forman parte exnegociadores y líderes políticos, sociales y académicos de diversas orillas políticas, realizará una conferencia internacional con el fin de analizar el estado de la implementación. La idea, comentó Juan Fernando Cristo, exministro del Interior y quien participó activamente de los diálogos en Cuba, es hacer un balance integral, global y completo, buscando recuperar el ímpetu y el aliento que tenía frente a la comunidad internacional la paz de Colombia y que se ha perdido con el ascenso del uribismo al poder.

La conferencia será virtual y en ella estarán el expresidente Santos y los también nobel de paz José Ramos-Horta y Denis Mukwege, los llamados notables José Mujica de Uruguay y Felipe González de España, congresistas estadounidenses y de la Unión Europea, voceros de distintas organizaciones de la sociedad civil en Colombia y de movimientos de víctimas, de la Misión de Verificación de Naciones Unidas, del Instituto Kroc y de instituciones como la JEP, entre otras. También se extendió invitación al presidente Iván Duque; al consejero del posconflicto, Emilio Archila, y al alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos. “Lo que queremos es una discusión amplia, franca y tranquila sobre en qué se ha avanzado, en qué estamos quedados y en qué tenemos un panorama de retroceso tras la firma del Acuerdo de Paz hace cuatro años”, recalcó Cristo, quien habló así con El Espectador.

¿Por qué dice que hay una falta de aliento en la comunidad internacional frente a la paz?

Sentimos que el tema de la paz en Colombia, desde que el gobierno Duque tomó la decisión de objetar la Ley Estatutaria de la JEP, torpedear las curules para las víctimas, recortar la inversión presupuestal y desplegar una actitud de apatía frente a lo pactado, implicó la pérdida del impulso que traíamos de la implementación. Hay muchas iniciativas del Acuerdo que quedaron pendientes, pero sobre todo la situación de los líderes sociales y los excombatientes, la violencia en algunas regiones del país, que llevan a que desde afuera estén viendo la paz de Colombia en suspenso. El Acuerdo de Paz no lo han hecho trizas, pero lo han engavetado, y eso se percibe en el país y en los escenarios internacionales. De ahí que nos parece que debemos hacer un balance para mirar objetivamente en qué estamos y tratar de darle un impulso a la implementación. Nos faltan diez años, hasta 2030, más allá del gobierno Duque.

El uribismo dice que la violencia que hoy estamos padeciendo es culpa de esa paz de Santos, que fue una paz mal hecha…

Que el uribismo recuerde que acabamos de cumplir dos años de mandato del presidente Duque. A estas alturas, seguir tratando de encontrar que todos los problemas del Gobierno y del país son de Santos, cada vez tiene menos audiencia y menos credibilidad ante la opinión. Al contrario, lamentablemente —especialmente para las comunidades de las regiones— la no implementación del Acuerdo, el no desarrollo de los programas de sustitución social de cultivos, la no convocatoria de las comisiones de protección de garantías con la participación de las plataformas de derechos humanos para evaluar lo que está sucediendo con los líderes sociales, la reducción presupuestal, la poca inversión en los PDET, el torpedeo a las curules para la paz (que es precisamente en esas zonas donde deberían estar los voceros de esas comunidades en el Congreso) y la falta de eficacia y división interna de las Fuerzas Militares, que ha llevado a que no se combata con resultados concretos ni a las disidencias, ni al Eln, ni al Clan del Golfo, es lo que ha deteriorado la situación en muchas zonas del país. El gobierno Duque no ha hecho trizas el Acuerdo de Paz no porque no haya querido, sino porque no ha podido. Y no ha podido porque está blindado por la Corte Constitucional, por el respaldo de la comunidad internacional y porque no ha contado con mayorías en el Congreso. Y ese clima, generado por el Gobierno frente al Acuerdo, es lo que está generando incertidumbre, caos y violencia en las distintas regiones donde lamentablemente están sucediendo masacres y otros hechos de violencia. En el Cauca, en el bajo Cauca antioqueño, en el Pacífico nariñense, en el Chochó y en el Catatumbo, en Norte de Santander.

¿Cuando habla de división en las Fuerzas Militares se refiere a santismo contra uribismo?

Más que entre santismo y uribismo, es una realidad hoy que deberíamos superar entre todos. Los escándalos de corrupción y en materia de derechos humanos, el temor que hubo en su momento de que decisiones del Ejército nos retrocedieran a las épocas de los falsos positivos, han generado evidentes fricciones y falta de unidad en las Fuerzas Militares. También es evidente la división en la Policía Nacional. Es muy paradójico que en el tercer gobierno de la Seguridad Democrática, que es el de Duque, no estemos viendo resultados contundentes y positivos contra los distintos grupos al margen de la ley. Algo está pasando adentro que está impidiendo que podamos ser eficaces en combatir a los distintos grupos irregulares.

Cuando el presidente Duque y sus funcionarios recalcan en lo de “paz con legalidad”, ¿cree que ello implica deslegitimar lo que ustedes hicieron en el gobierno Santos?

Paz con legalidad es lo mismo que Consejería para la Estabilización, que homicidios colectivos o cortes de cuentas para hablar de las masacres, que migrantes internos para hablar de los desplazados, es lo mismo que el desconocimiento del conflicto interno al llamarlo guerra contra el terrorismo. Hay una obsesión por parte del uribismo de pensar que cambiándoles el nombre a las cosas cambian las realidades y que simplemente se trata de discusiones semánticas. La paz en Colombia pasa, necesariamente y todos lo sabemos, por la implementación del Acuerdo con las Farc. Si no se implementa bien, no tendremos una paz territorial consolidada. La matanza de jóvenes y civiles indefensos son y seguirán siendo masacres por más que se insista en que son ajustes de cuentas entre mafiosos. Los desplazados por la violencia en Colombia seguirán siendo desplazados. Me parece que esos intentos son inútiles por parte del Gobierno y del Centro Democrático.

¿Pero no cree que al gobierno Santos también le faltó un mayor esfuerzo en esa implementación y de ahí el rebrote de la violencia, con disidencias, narcotráfico y nuevos grupos paramilitares?

Nos faltó ganar las elecciones en 2018 a los que éramos los amigos del Acuerdo de Paz y amigos de profundizarlo. La paz va más allá del desarme, la desmovilización y la reincorporación de los integrantes de las Farc. El Acuerdo tiene una visión de la sociedad colombiana hacia el futuro, de profundización de la democracia, de mayor respeto de los derechos humanos, de desarrollo del campo formalizando la propiedad del campesino y distribuyendo la tierra, de una política de sustitución social de cultivos y no de fumigación con glifosato, pero ganó otra propuesta. Por eso no me sorprende. Lo que hay que entender es que hay muchos temas del Acuerdo que no comparte el uribismo, y por ello los problemas en la implementación. Ahora, disidencias de las Farc siempre ha habido, pero le doy unas cifras: cuando terminó el gobierno Santos había presencia de ellas en 56 municipios del país, hoy están en más de 110. Cuando terminó el gobierno Santos, había presencia del Eln en 92 municipios, hoy hay en más de 170. Aquí lo que ha faltado es que el Gobierno tenga mayor eficacia en su política de seguridad, que curiosa y paradójicamente es la que está fallando. Se lo pongo en otros términos: ni implementan la paz, ni combaten con eficacia a los grupos ilegales.

¿Qué tanto afectan el clima de la implementación de ese Acuerdo los líos jurídicos del expresidente Álvaro Uribe?

No creo. La decisión sobre el expresidente es muy reciente y los problemas de la implementación arrancaron desde el primer día del gobierno Duque y se profundizaron con la decisión de hacer las objeciones a la Ley Estatutaria. Insisto, hasta el día de hoy, el Ejecutivo no ha presentado un solo proyecto de ley o de reforma constitucional de implementación de lo pactado. Los que ha presentado el Centro Democrático son para hacer precisamente trizas la paz.

Pero la situación jurídica de Uribe ha llevado a sus seguidores a plantear una constituyente para reformar la justicia y acabar con la JEP…

Pero es que desde hace dos años están en eso, en lo de la corte única, planteando constituyentes. Puede que ahora se radicalice la posición y puede que se insista ante el Congreso y la opinión, pero no me parece que sea nuevo. Aquí lo que hay que hacer, más allá de la implementación del Acuerdo y de las circunstancias de la JEP, es un mínimo acuerdo entre todos los colombianos para respetar las instituciones y las decisiones judiciales, gústenos o no. El expresidente Uribe debe tener plenas garantías de debido proceso, y las cortes deben actuar con independencia y autonomía, brindando garantías. Que los colombianos respetemos, o sino esta institucionalidad se la va a llevar el diablo en el clima de radicalización en el que estamos.

Por ello, desde Defendamos la Paz queremos insistir en un diálogo con el Gobierno alrededor de la implementación del Acuerdo y por eso los invitamos a la conferencia internacional del 26 de septiembre. Somos conscientes de que hay unos puntos en los cuales no nos pondremos de acuerdo y nunca habrá consensos, pero hay temas como la implementación eficaz de los PDTS, con un presupuesto razonable; el de la protección de líderes sociales o la reincorporación de los integrantes de las Farc que han cumplido con el Acuerdo, en los que creemos que podemos avanzar conjuntamente como sociedad.

Ya invitaron a Duque a participar en el evento, ¿esperan que asista o ya les respondió?

No ha respondido. Enviamos la invitación y vamos a insistir en la importancia que tiene la presencia del Gobierno Nacional en esta conferencia internacional. Ojalá nos pueda acompañar. La Misión de Verificación de Naciones Unidas, encabezada por Carlos Ruiz Massieu, va a acompañarnos, y ellos han considerado también que es muy importante la presencia tanto de las dos partes del Acuerdo: Farc y el Estado colombiano, representando en el gobierno Duque. Ojalá las dos partes puedan acompañarnos. Sería un extraordinario escenario para buscar unos mínimos acuerdos y para reducir este clima, que ya no es de polarización sino de radicalización. La polarización ideológica y política es lo de menos, puede ser hasta positiva, el problema es el clima de radicalización del lenguaje que nos lleva a una radicalización del clima de violencia física contra las comunidades.

El próximo 26 de septiembre se cumplirán cuatro años de la firma en Cartagena del Acuerdo Final de La Habana entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y las Farc —la del antes del plebiscito—, y el movimiento Defendamos la Paz, del que forman parte exnegociadores y líderes políticos, sociales y académicos de diversas orillas políticas, realizará una conferencia internacional con el fin de analizar el estado de la implementación. La idea, comentó Juan Fernando Cristo, exministro del Interior y quien participó activamente de los diálogos en Cuba, es hacer un balance integral, global y completo, buscando recuperar el ímpetu y el aliento que tenía frente a la comunidad internacional la paz de Colombia y que se ha perdido con el ascenso del uribismo al poder.

La conferencia será virtual y en ella estarán el expresidente Santos y los también nobel de paz José Ramos-Horta y Denis Mukwege, los llamados notables José Mujica de Uruguay y Felipe González de España, congresistas estadounidenses y de la Unión Europea, voceros de distintas organizaciones de la sociedad civil en Colombia y de movimientos de víctimas, de la Misión de Verificación de Naciones Unidas, del Instituto Kroc y de instituciones como la JEP, entre otras. También se extendió invitación al presidente Iván Duque; al consejero del posconflicto, Emilio Archila, y al alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos. “Lo que queremos es una discusión amplia, franca y tranquila sobre en qué se ha avanzado, en qué estamos quedados y en qué tenemos un panorama de retroceso tras la firma del Acuerdo de Paz hace cuatro años”, recalcó Cristo, quien habló así con El Espectador.

¿Por qué dice que hay una falta de aliento en la comunidad internacional frente a la paz?

Sentimos que el tema de la paz en Colombia, desde que el gobierno Duque tomó la decisión de objetar la Ley Estatutaria de la JEP, torpedear las curules para las víctimas, recortar la inversión presupuestal y desplegar una actitud de apatía frente a lo pactado, implicó la pérdida del impulso que traíamos de la implementación. Hay muchas iniciativas del Acuerdo que quedaron pendientes, pero sobre todo la situación de los líderes sociales y los excombatientes, la violencia en algunas regiones del país, que llevan a que desde afuera estén viendo la paz de Colombia en suspenso. El Acuerdo de Paz no lo han hecho trizas, pero lo han engavetado, y eso se percibe en el país y en los escenarios internacionales. De ahí que nos parece que debemos hacer un balance para mirar objetivamente en qué estamos y tratar de darle un impulso a la implementación. Nos faltan diez años, hasta 2030, más allá del gobierno Duque.

El uribismo dice que la violencia que hoy estamos padeciendo es culpa de esa paz de Santos, que fue una paz mal hecha…

Que el uribismo recuerde que acabamos de cumplir dos años de mandato del presidente Duque. A estas alturas, seguir tratando de encontrar que todos los problemas del Gobierno y del país son de Santos, cada vez tiene menos audiencia y menos credibilidad ante la opinión. Al contrario, lamentablemente —especialmente para las comunidades de las regiones— la no implementación del Acuerdo, el no desarrollo de los programas de sustitución social de cultivos, la no convocatoria de las comisiones de protección de garantías con la participación de las plataformas de derechos humanos para evaluar lo que está sucediendo con los líderes sociales, la reducción presupuestal, la poca inversión en los PDET, el torpedeo a las curules para la paz (que es precisamente en esas zonas donde deberían estar los voceros de esas comunidades en el Congreso) y la falta de eficacia y división interna de las Fuerzas Militares, que ha llevado a que no se combata con resultados concretos ni a las disidencias, ni al Eln, ni al Clan del Golfo, es lo que ha deteriorado la situación en muchas zonas del país. El gobierno Duque no ha hecho trizas el Acuerdo de Paz no porque no haya querido, sino porque no ha podido. Y no ha podido porque está blindado por la Corte Constitucional, por el respaldo de la comunidad internacional y porque no ha contado con mayorías en el Congreso. Y ese clima, generado por el Gobierno frente al Acuerdo, es lo que está generando incertidumbre, caos y violencia en las distintas regiones donde lamentablemente están sucediendo masacres y otros hechos de violencia. En el Cauca, en el bajo Cauca antioqueño, en el Pacífico nariñense, en el Chochó y en el Catatumbo, en Norte de Santander.

¿Cuando habla de división en las Fuerzas Militares se refiere a santismo contra uribismo?

Más que entre santismo y uribismo, es una realidad hoy que deberíamos superar entre todos. Los escándalos de corrupción y en materia de derechos humanos, el temor que hubo en su momento de que decisiones del Ejército nos retrocedieran a las épocas de los falsos positivos, han generado evidentes fricciones y falta de unidad en las Fuerzas Militares. También es evidente la división en la Policía Nacional. Es muy paradójico que en el tercer gobierno de la Seguridad Democrática, que es el de Duque, no estemos viendo resultados contundentes y positivos contra los distintos grupos al margen de la ley. Algo está pasando adentro que está impidiendo que podamos ser eficaces en combatir a los distintos grupos irregulares.

Cuando el presidente Duque y sus funcionarios recalcan en lo de “paz con legalidad”, ¿cree que ello implica deslegitimar lo que ustedes hicieron en el gobierno Santos?

Paz con legalidad es lo mismo que Consejería para la Estabilización, que homicidios colectivos o cortes de cuentas para hablar de las masacres, que migrantes internos para hablar de los desplazados, es lo mismo que el desconocimiento del conflicto interno al llamarlo guerra contra el terrorismo. Hay una obsesión por parte del uribismo de pensar que cambiándoles el nombre a las cosas cambian las realidades y que simplemente se trata de discusiones semánticas. La paz en Colombia pasa, necesariamente y todos lo sabemos, por la implementación del Acuerdo con las Farc. Si no se implementa bien, no tendremos una paz territorial consolidada. La matanza de jóvenes y civiles indefensos son y seguirán siendo masacres por más que se insista en que son ajustes de cuentas entre mafiosos. Los desplazados por la violencia en Colombia seguirán siendo desplazados. Me parece que esos intentos son inútiles por parte del Gobierno y del Centro Democrático.

¿Pero no cree que al gobierno Santos también le faltó un mayor esfuerzo en esa implementación y de ahí el rebrote de la violencia, con disidencias, narcotráfico y nuevos grupos paramilitares?

Nos faltó ganar las elecciones en 2018 a los que éramos los amigos del Acuerdo de Paz y amigos de profundizarlo. La paz va más allá del desarme, la desmovilización y la reincorporación de los integrantes de las Farc. El Acuerdo tiene una visión de la sociedad colombiana hacia el futuro, de profundización de la democracia, de mayor respeto de los derechos humanos, de desarrollo del campo formalizando la propiedad del campesino y distribuyendo la tierra, de una política de sustitución social de cultivos y no de fumigación con glifosato, pero ganó otra propuesta. Por eso no me sorprende. Lo que hay que entender es que hay muchos temas del Acuerdo que no comparte el uribismo, y por ello los problemas en la implementación. Ahora, disidencias de las Farc siempre ha habido, pero le doy unas cifras: cuando terminó el gobierno Santos había presencia de ellas en 56 municipios del país, hoy están en más de 110. Cuando terminó el gobierno Santos, había presencia del Eln en 92 municipios, hoy hay en más de 170. Aquí lo que ha faltado es que el Gobierno tenga mayor eficacia en su política de seguridad, que curiosa y paradójicamente es la que está fallando. Se lo pongo en otros términos: ni implementan la paz, ni combaten con eficacia a los grupos ilegales.

¿Qué tanto afectan el clima de la implementación de ese Acuerdo los líos jurídicos del expresidente Álvaro Uribe?

No creo. La decisión sobre el expresidente es muy reciente y los problemas de la implementación arrancaron desde el primer día del gobierno Duque y se profundizaron con la decisión de hacer las objeciones a la Ley Estatutaria. Insisto, hasta el día de hoy, el Ejecutivo no ha presentado un solo proyecto de ley o de reforma constitucional de implementación de lo pactado. Los que ha presentado el Centro Democrático son para hacer precisamente trizas la paz.

Pero la situación jurídica de Uribe ha llevado a sus seguidores a plantear una constituyente para reformar la justicia y acabar con la JEP…

Pero es que desde hace dos años están en eso, en lo de la corte única, planteando constituyentes. Puede que ahora se radicalice la posición y puede que se insista ante el Congreso y la opinión, pero no me parece que sea nuevo. Aquí lo que hay que hacer, más allá de la implementación del Acuerdo y de las circunstancias de la JEP, es un mínimo acuerdo entre todos los colombianos para respetar las instituciones y las decisiones judiciales, gústenos o no. El expresidente Uribe debe tener plenas garantías de debido proceso, y las cortes deben actuar con independencia y autonomía, brindando garantías. Que los colombianos respetemos, o sino esta institucionalidad se la va a llevar el diablo en el clima de radicalización en el que estamos.

Por ello, desde Defendamos la Paz queremos insistir en un diálogo con el Gobierno alrededor de la implementación del Acuerdo y por eso los invitamos a la conferencia internacional del 26 de septiembre. Somos conscientes de que hay unos puntos en los cuales no nos pondremos de acuerdo y nunca habrá consensos, pero hay temas como la implementación eficaz de los PDTS, con un presupuesto razonable; el de la protección de líderes sociales o la reincorporación de los integrantes de las Farc que han cumplido con el Acuerdo, en los que creemos que podemos avanzar conjuntamente como sociedad.

Ya invitaron a Duque a participar en el evento, ¿esperan que asista o ya les respondió?

No ha respondido. Enviamos la invitación y vamos a insistir en la importancia que tiene la presencia del Gobierno Nacional en esta conferencia internacional. Ojalá nos pueda acompañar. La Misión de Verificación de Naciones Unidas, encabezada por Carlos Ruiz Massieu, va a acompañarnos, y ellos han considerado también que es muy importante la presencia tanto de las dos partes del Acuerdo: Farc y el Estado colombiano, representando en el gobierno Duque. Ojalá las dos partes puedan acompañarnos. Sería un extraordinario escenario para buscar unos mínimos acuerdos y para reducir este clima, que ya no es de polarización sino de radicalización. La polarización ideológica y política es lo de menos, puede ser hasta positiva, el problema es el clima de radicalización del lenguaje que nos lleva a una radicalización del clima de violencia física contra las comunidades.