El agreste camino que recorrió la constituyente de 1991

A finales de 1975, a instancias del gobierno de Alfonso López Michelsen, una comisión encabezada por el expresidente Darío Echandía aportó un proyecto de reforma constitucional que, después de largas deliberaciones en el Congreso, se convirtió en el acto legislativo número 2 de diciembre de 1977: la convocatoria a una asamblea nacional constituyente, a reunirse en julio de 1978, para introducir cambios en la rama Judicial y en el régimen departamental y municipal. Pero en mayo de 1978, por catorce votos contra diez, la Corte Suprema de Justicia tumbó la constituyente.

El propósito de poner la Constitución de 1886 a tono con los tiempos finales del siglo XX se vio frustrado por la Corte, al acoger la ponencia del magistrado José María Velasco, quien demostró errores de forma. La idea fue recobrada por el gobierno de Julio César Turbay a través de un acto legislativo que tampoco pasó el examen jurídico. En noviembre de 1981, con ponencia del magistrado Fernando Uribe, por violación al derecho de las minorías y vicios de procedimiento, la Corte Suprema de Justicia echó abajo toda la reforma. Por segunda ocasión, el objetivo de actualizar las instituciones quedaba trunco.

El envión definitivo hacia la reforma de la carta magna lo inició el presidente Virgilio Barco después del asesinato del procurador general de la Nación, Carlos Mauro Hoyos, en enero de 1988. El primer mandatario hizo una declaración pública en la que convocó a las ramas del poder público a salvar al país, expidió un decreto de estado de sitio que denominó Estatuto para la Defensa de la Democracia para enfrentar el narcoterrorismo, y convocó al país a respaldar la realización de un plebiscito ciudadano para reformar cuanto antes la inamovible Constitución política vigente.

La réplica de los partidos políticos fue barajar con el Gobierno su idea de reforma. Barco planteó que el día de la primera elección popular de alcaldes, prevista para el 13 de marzo de 1988, a través de una papeleta separada, los colombianos votaran por abolir el obstáculo que impedía reformar la Constitución por una vía distinta al Congreso. En ese momento, el artículo 218 de la carta de 1886 y el plebiscito de 1957 ordenaban el mismo cerrojo. El único camino para reformar la carta era el Legislativo. Un galimatías jurídico que terminó convertido en un comité de partidos políticos para estudiar su viabilidad.

El 20 de febrero de 1988, la idea del presidente Barco se transformó en un pacto político que llevó el nombre de Acuerdo de la Casa de Nariño. Los partidos Liberal y Conservador, con el respaldo de la Unión Patriótica (UP), se comprometieron a buscar una ruta hacia un referendo ciudadano por una nueva constitución. El desenlace político de la propuesta plebiscitaria desencadenó un debate nacional, porque muchos calificaron lo sucedido como un golpe al constituyente primario y una componenda de políticos contra el pueblo. Al cabo de dos meses de tensión por cuenta del camino plebiscitario, el poder Judicial volvió a atravesarse.

El Consejo de Estado echó abajo el Acuerdo de la Casa de Nariño y la propuesta volvió a quedar en veremos. En julio de 1988, el gobierno Barco presentó ante el Senado una propuesta de reforma constitucional limitando el estado de sitio, creando la Corte Constitucional y la Fiscalía y fortaleciendo los mecanismos de participación ciudadana. Hacia octubre, ya avanzaban los acuerdos del Gobierno y los partidos políticos, y a los trancones la primera vuelta quedó saldada en diciembre de 1988. Cuando se recobró el camino de la reforma, en julio de 1989, el país era otro y la propuesta tuvo un final lapidario.

Luis Carlos Galán fue asesinado, el narcoterrorismo explotó un avión y dinamitó el edificio del DAS, en medio del país al borde del colapso y la propuesta de Barco arrinconada por los acuerdos políticos, la reforma se quemó en las puertas del horno. A última hora, un grupo de parlamentarios incluyó una polémica propuesta de referendo con un texto tabú: “No se concederá la extradición de colombianos ni la de delincuentes político-sociales”. La respuesta del Gobierno fue un no rotundo, y recalcó que esa vía no era una invitación a un referendo sino una carnicería, y serían unas elecciones bajo la coacción de los carros bomba.

A pesar de la contundencia del Gobierno, la propuesta de un referendo en favor o en contra de la extradición fue aprobada. El Gobierno decidió retirar todo apoyo a la reforma constitucional. Por tercera ocasión, en quince años, fracasó el intento de modernizar la centenaria constitución de 1886. En opinión del Gobierno, fue preferible abortar la reforma antes que aprobar un explosivo referendo que solo podía favorecer al narcotráfico. Entonces surgió lo inesperado. En la recta final de las elecciones parlamentarias de 1990, un grupo de profesores y alumnos de la Universidad del Rosario propuso una fórmula alterna: la séptima papeleta.

En concreto, añadir a los votos por Senado, Cámara, Asamblea, Concejo, Alcaldía y consulta liberal un séptimo voto de plebiscito de opinión en favor de una asamblea constituyente. Una idea con tanto respaldo que se volvió la noticia de los comicios del 11 de marzo. Nunca se supo cuántos votos fueron porque la Registraduría no estaba obligada a escrutarlos, pero este referendo informal fue transformado por el presidente Barco en mandato político. De nuevo, a bordo del estado de sitio, expidió el Decreto 927 para ordenar a la organización electoral contabilizar los votos por la constituyente durante las presidenciales del 27 de mayo de 1990.

La Corte Suprema de Justicia respaldó el decreto y los colombianos lo ratificaron en las urnas. Más de cinco millones de respaldo. Una orden política inequívoca para el mandatario electo César Gaviria Trujillo. Sin dudarlo, el nuevo inquilino de la Casa de Nariño repitió la misma fórmula de su antecesor y en agosto de 1990 expidió el Decreto 1926 para convocar a elecciones el 9 de diciembre, con el propósito de integrar la asamblea constituyente aprobada por los electores. El martes 9 de octubre, en una decisión dividida de catorce votos contra doce, la Corte Suprema de Justicia reconoció el poder del constituyente primario y dio luz verde a la reforma.

El 9 de diciembre de 1990, la misma fecha en que las Fuerzas Armadas atacaron Casa Verde, el campamento donde funcionaban el estado mayor y el secretariado de las Farc en Uribe (Meta), los colombianos eligieron a setenta delegatarios. La abstención electoral fue del 75 % y la sorpresa fue el éxito de la Alianza Democrática M-19 —movimiento surgido del acuerdo de paz firmado en marzo de 1990—, con 19 curules. El Partido Liberal fue mayoritario, con 24 escaños. El Movimiento de Salvación Nacional, liderado por Álvaro Gómez Hurtado, obtuvo once curules. Los conservadores llegaron a nueve, la Unión Patriótica tuvo dos, y cinco curules más quedaron en manos de grupos independientes.

Dos meses después, el 5 de febrero de 1991, llegaron al salón elíptico del Capitolio Nacional los setenta elegidos a instalar la asamblea para comenzar a cumplir su deber constituyente. El único que faltó a la cita fue el técnico de fútbol Francisco Maturana, porque estaba cumpliendo compromisos profesionales en España. Como no había comenzado el debate por las directivas de la constituyente, presidieron ese primer acto constitutivo Aída Avella, de la Unión Patriótica, y Carlos Daniel Abello, del Partido Conservador. Ella invocó la paz y formuló un llamado del cese al fuego a los grupos enfrentados en la guerra, y él resaltó la importancia histórica y democrática de reformar la carta política.

A las 48 horas, ya estaba resuelto el dilema de las directivas y los delegatarios eligieron al triunvirato que presidió la constituyente por cinco meses: Horacio Serpa Uribe por el Partido Liberal, Álvaro Gómez Hurtado por el Movimiento de Salvación Nacional y Antonio Navarro Wolf por el M-19. Con su característico ingenio, el delegatario liberal Alfonso Palacio Rudas los bautizó “la santísima trinidad”. En una semana, quedaron creadas las cinco comisiones permanentes, y su primer acto de aprobación fue un homenaje a los periodistas, políticos, jueces, sindicalistas, indígenas, soldados, campesinos y obreros asesinados y desaparecidos en Colombia.

En breve, el delegatario Antonio Navarro Wolf expuso el as que originó el debate de fondo: la revocatoria del mandato del Congreso, que salieron a respaldar la mayoría de los constituyentes, desde la convicción de que se requería garantizar la viabilidad de las reformas, y el parlamento vigente no ofrecía esa confianza. El Congreso no se rindió fácil, promovió su resistencia en juntas interparlamentarias y sesiones informales, desde la tesis de que revocar su mandato significaba también un golpe de Estado. Pero su suerte estaba echada y fue un asunto que se fue consolidando tras su ejecutoria.

En el curso de la constituyente, pasaron muchas cosas. Después de 23 años de confrontación contra el Estado, el Epl dejó sus armas y su último comandante, Bernardo Gutiérrez, acudió a la asamblea para formalizarlo. El grupo indigenista Quintín Lame hizo lo propio y dejó sus fierros ante una comisión de la Internacional Socialista y uno de los constituyentes. El día 30 de abril, mientras tomaban forma los nuevos lineamientos de la justicia en la carta política, en Bogotá fue asesinado Enrique Low Murtra, exministro de Justicia, que había librado una desigual batalla contra Pablo Escobar en los tiempos de Barco, y caía sacrificado, inerme e indefenso.

En la primera semana de mayo, el Consejo de Estado suspendió un artículo del reglamento interno de la constituyente, referente al régimen de mayorías para aprobar sus decisiones. Esta decisión obró como una provocación a la asamblea. Luis Guillermo Nieto, delegatario del Movimiento de Salvación Nacional, propuso legitimar los actos de la asamblea con vigencia inmediata y ese grito de independencia fue suficiente para agilizar las decisiones. A manera de seguro, la constituyente proclamó que los actos promulgados por su asamblea no estaban sujetos a control jurisdiccional alguno.

En adelante, todo se aprobó a cuentagotas. El 9 de junio de 1991 quedó disuelto el Congreso, luego de un pacto entre las fuerzas mayoritarias de la constituyente. La asamblea dispuso también la realización de nuevas elecciones parlamentarias para octubre. Entre tanto, se ordenó la creación de una comisión legislativa de 18 miembros con el deber de poner a andar la reforma. Se le llamó el Congresito. Sin embargo, no fue una victoria definitiva de los delegatarios, porque en el forcejeo con el Gobierno, terminaron haciéndose un harakiri político, al aceptar que ellos quedaran inhabilitados para ser los nuevos congresistas.

En la trastienda de la constituyente, el 19 de junio de 1990, se produjo la rendición de Pablo Escobar, que puso punto final a su doloroso itinerario de chantaje y barbarie para su entrega a la justicia. Durante los meses previos, el capo de capos había mantenido cautivos a un grupo de periodistas y notables de la sociedad que fue liberando poco a poco, hasta que garantizó su principal cometido: la prohibición de la extradición. A la misma hora en que Escobar llegaba a la cárcel de La Catedral, en Envigado, con 51 votos a favor y 13 en contra, la constituyente abrió el camino para concretar esa prohibición.

Como constancia histórica, el delegatario Antonio Galán Sarmiento, hermano del inmolado líder Luis Carlos Galán, entregó a la plenaria de la constituyente un lapidario documento reseñando nombre por nombre a los centenares de víctimas del narcoterrorismo desde 1984. En el país prevalecía la sensación de que Escobar quedaba preso, pero también con un sinsabor de impunidad rampante. Con ese vacío a cuestas y un extraño episodio, nunca investigado, llamado el narcovideo, con presuntos favorecimientos para asegurar el cerrojo a la extradición, lo demás fue el tiempo para las reformas de una carta política que se delineó en los caminos de la democracia plebiscitaria, pero aireó a la democracia.