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¿La violencia feminicida, un tema que le compete solo a las mujeres?
El compromiso de los varones en la prevención, erradicación y garantías de no repetición de la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres constituye un tópico que raras veces es analizado cuando ocurren fenómenos como la violencia sexual, intrafamiliar, en el contexto del conflicto armado, institucional y en la violencia feminicida, entre otras.
Esto contribuye poco a la búsqueda de responsabilidades autocríticas individuales y colectivas de los hombres y a la transformación de percepciones y prácticas que validad y naturalizan este tipo de violencias. Entre el 29 de mayo y el 2 de junio del año en curso hubo seis feminicidios en Colombia, una de las víctimas fue una niña de 14 años de edad.
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En el juicio de feminicidio de Valentina Trespalacios, desde el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hasta el abogado representante de víctimas, Miguel Ángel del Rio, coincidieron en el discurso que le recomendaba a las mujeres “que vieran las señales de peligro”. Es decir, los hombres nos recomendaron a las mujeres cómo protegernos de ellos, trasladándole la culpa a las víctimas con señalamientos como “no pudieron leer a tiempo esas señales, “no denuncian a tiempo”, “vuelven con el agresor” o “perdonan al agresor”.
Estas premisas desconocen la ineficiencia, la respuesta tardía y a destiempo de las instituciones del Estado y peor aún las condiciones de dependencia emocional, afectiva, económica, violencia vicaria, miedo a la retaliación por parte del agresor, estigmatización, pérdida de autonomía y autoestima, naturalización de la violencia, falta de credibilidad en la justicia ante altos niveles de impunidad y revictimización entre otras causas, que rodea en su mayoría a las víctimas de este tipo de violencia.
El 28 de mayo de 2024 tan solo un día antes del feminicidio de Estefany Barranco, a quien su expareja asesinó en el centro comercial Santa Fe en Bogotá y que fue calificado por la policía de Bogotá como “crimen pasional”, el gobierno sancionó la ley 2536 de 2024 que elimina la posibilidad de casa por cárcel, la exclusión de los beneficios y subrogados penales y elimina la reducción de penas para los condenados por feminicidios.
Se exigieron medidas punitivas y agravación de penas, sin embargo, ningún columnista varón reputado, académico o reconocido líder de opinión se refirió a la responsabilidad de los hombres en la prevención y erradicación de este tipo de violencias. Tampoco analizaron que las violencias contra las mujeres no son más que el resultado inequívoco de la reproducción histórica de prácticas patriarcales que validan la inferioridad de las mujeres respecto de los hombres y su propiedad sobre ellas.
Brillaron por su ausencia, análisis autocríticos de varones cuestionándose y cuestionando al patriarcado que perpetua la violencia, aún a sabiendas de que no hacerlo y poner en evidencia la responsabilidad propia y colectiva de los varones contribuye a legitimarlo. Como bien lo anotó Luis Miguel Hoyos, abogado y filósofo colombiano objetor del patriarcado, en una publicación de X:
“Para mi desgracia el patriarcado induce en algunos congéneres una regresión moral que deshumaniza a las mujeres, negando su personería, su ciudadanía y tratándolas como propiedad comunal, en un acto reminiscente de las peores épocas que resisten a desaparecer,… no se trata de crímenes pasionales, es un crimen de poder y dominación que debe ser reconocido como feminicidio, es crucial que se haga justicia y se disipe la niebla de ignorancia que todavía envuelve la realidad del feminicidio en Colombia. La justicia debe ser feminista”.
La violencia intrafamiliar y de pareja, el corredor de la muerte
El feminicidio es la peor cara de la misoginia, la muerte surte su propósito como escarnio público, simbólico e intimidante para recordarle a las mujeres que se den por notificadas de su deber de obediencia. La conducta feminicida en la mayoría de los casos está precedida de un corredor de la muerte que es la violencia intrafamiliar y de pareja y la notificación al agresor por parte de la mujer de romper con el vínculo violento, acudir a la justicia o solicitar la custodia de sus hijos/as, se convierte en el detonante que pone en peligro su vida y en ocasiones las de sus hijas/os (violencia vicaria).
A esto se suma la falta de arquitectura institucional territorial eficiente y oportuna, principalmente en las comisarías, defensorías de familia y fiscalía, pues muchas de las víctimas contaban con medidas de protección y evaluación de riesgo feminicida y, aún así, el agresor no fue privado de la libertad o la fiscalía consideró el riesgo feminicida bajo y quedó en libertad hasta que cumplió su ideación feminicida.
Sin embargo, en el momento en que escribo este artículo, veo con sorpresa que la fiscal general de la nación acaba de proponer principios de oportunidad parciales a agresores señalados de violencia intrafamiliar, basada en el hecho de que “las mujeres que acuden a denunciar escenarios de violencia intrafamiliar no necesariamente quieren que su compañero o esposo sea privado de la libertad y sea condenado, quieren una solución para la situación conflictiva que viven”.
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Estoy segura de que la génesis del conflicto de pareja y familiar no se puede resolver en una instancia judicial donde ya el derecho fue violado. Lo que procede es proteger la vida de las mujeres y los niños/as involucrados. Mal haría el Estado en consultarle a las víctimas mujeres si una persona que constituye un peligro para ellas y su familia debe ser privado o no de la libertad, este tipo de propuestas pueden poner en riesgo a las víctimas y son involutivas.
Hace 16 años, las mujeres en la ley 1257/08 logramos superar el sesgo facilista de conservar la “unidad familiar” a como diera lugar y logramos privilegiar los derechos humanos de las víctimas y su protección inmediata en el delito de violencia intrafamiliar. Además, es claro que no es desistible, querellable, conciliable ni excarcelable, razón por la cual esperamos que la fiscalía ponga en consonancia su declaración con estas ganancias históricas de las mujeres en la justicia.
La responsabilidad ética y autocrítica de los varones en el desmonte de la violencia misógina
Estudiar la intencionalidad y la genealogía de los agresores y potenciales agresores, sus condiciones emocionales, procesos de socialización primaria, entornos sociales y comunitarios, educativos, familiares, de salud mental, entre otros, es una responsabilidad de las políticas públicas de prevención de las violencias contra las mujeres para no tener que actuar cuando los derechos ya han sido violados.
Las políticas del Estado colombiano no han puesto el énfasis en la prevención y cambio cultural de los imaginarios y practicas discriminatorios y violentos que se traducen en feminidades y masculinidades arquetípicas, soportadas en el amor romántico, la debilidad y sumisión de las mujeres, y el privilegio de los varones. Imaginarios que refuerzan el mito de las princesas dispuestas a ser rescatadas por príncipes que las privan de su autonomía, vidas y proyectos propios, y que se convierten en el caldo de cultivo perfecto para las grandes discriminaciones y ejercicio de violencias.
Las mal llamadas “nuevas masculinidades” y otros ejercicios edulcorantes disfrazados de “deconstrucción” enmascaran una realidad inocultable, la masculinidad no debe ser reconstruida, por el contrario, debe ser abandonada como constructo cultural violento. Debe haber un ejercicio de renuncia, deserción y objeción de la masculinidad hegemónica para pasar a nuevas formas de relacionamiento equipotentes y transgresoras, disidentes del modelo tradicional que ha privado a los varones históricamente de su ejercicio de las labores del cuidado de la vida, el medio ambiente, la crianza y la socialización, las labores domésticas, la protección de la niñez, entre otros.
Ser potencial agresor de violencia contra las mujeres no constituye un sino inevitable, por el contrario, se puede convertir en una situación superable y modificable. El verdadero reto es privilegiar la remoción de las practicas violentas patriarcales desde la socialización temprana, los procesos educativos, la equidad y paridad laboral, las relaciones igualitarias de pareja, etc.
Además, es vital el cuestionamiento de prácticas que deshumanizan e instrumentalizan el cuerpo y la dignidad de las mujeres como la trata con fines de explotación sexual en la prostitución, la explotación reproductiva de las mujeres, la pornografía y sus derivados, que van instalando un sustrato cultural donde la vida de las mujeres es de menor valía y son transables como bienes de cambio y uso y no son fines en sí mismas.
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La responsabilidad institucional por acción y por omisión
La incapacidad institucional lleva de nuevo a convocar: mesas de crisis, emergencia por violencias de género, los PMU (prevención y manejo de urgencias) y el relanzamiento de los sistemas de monitoreo y seguimiento inanes, porque ni siquiera existe cobertura en el territorio para cumplir con los propósitos y el raquitismo institucional y la congestión hace imposible hacer seguimiento a las víctimas y agresores, manejo de crisis, garantizar atención psico-social y psico-terapéutica en doble vía. La fragilidad en los procesos de formación específica en justicia de género causa que estos mecanismos hayan demostrado ineficiencia, falta de debida diligencia y coyunturalidad.
Mientras no exista una transformación institucional profunda que garantice justicia digna, eficiente y especializada con enfoque de sexo y género para las mujeres, producción de sentencias ejemplarizantes, ausencia de impunidad y políticas de prevención y cambio cultural dirigida crear conciencia autocritica a los varones para que cuestionen su quehacer violento e inviten a reflexiones autocríticas en medios masivos de comunicación y educativos; la bomba patriarcal seguirá estando activa y seguiremos contando víctimas (no existe hasta al momento una campaña institucional del Estado Colombiano en medios masivos dirigida a este objetivo).
Quiero finalizar con una frase del siquiatra Argentino Enrique Stola: “Los hombres no hemos cambiado haciendo cursos ni leyendo libros, hemos cambiado históricamente por que las mujeres dijeron “no” y “basta”, confirmo con profunda tristeza que en Colombia este acto de coraje, autonomía y poder de las mujeres nos está costando la vida.
*Abogada de la Universidad Nacional, politóloga de la Universidad Javeriana, Magíster en políticas públicas y política social, investigadora, docente de posgrados de la Universidad Nacional, exdelegada de derechos de infancia y mujeres en la Defensoría del Pueblo, corredactora de la Ley 1257 de 2008.
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