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A excepción de los demás gobernadores y alcaldes de los principales departamentos y capitales del país, Aníbal Gaviria no estuvo al mando de Antioquia durante su primer año en el cargo, por una medida de aseguramiento dictada dentro de un proceso por presuntas irregularidades en un contrato en 2005, cuando también se desempeñaba como gobernador. Bueno, para algunos, como para el diputado de la oposición Luis Peláez, esos más de cuatro meses en los que estuvo lejos de La Alpujarra no fueron impedimento para seguir influyendo en las decisiones institucionales.
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“Los alcaldes tenían que ir previamente a la casa de Aníbal Gaviria para pedir lo que yo llamo un ‘ficho de la gobernabilidad’, con el que él autorizaba proyectos y con los que los mandatarios regionales se acercaban a los secretarios. Es decir, Gaviria gobernaba con la palabra”, apuntó Peláez, criticando que esta situación jurídica llevó al atraso de obras y a un trabajo aislado de sus funcionarios. Sin embargo, otros percibieron que Luis Fernando Suárez, secretario de Gobierno, quien ejerció como gobernador encargado, siempre le consultaba decisiones, que nunca se desviaron de los objetivos planteados a inicios de la gestión. Esa particularidad, a sus ojos, mostró jerarquía y articulación institucional.
Precisamente que la Gobernación siguiera marchando durante sus meses en detención, en los que se hizo a un lado y, como lo evidenció El Colombiano en su momento, siguió ejerciendo el poder bajo la sombra recibiendo alcaldes en su casa, son muestra de la capacidad política y pública de Gaviria. “La Gobernación tomó la detención como una oportunidad para demostrar que, como institución, funcionaba. También pesaron mucho las personas que eligió para su gabinete, que ya habían trabajado con él en el pasado, son cercanos y tienen experiencia”, resaltó Germán Valencia, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
Sobre esto, Juan Sebastián Delgado, consultor en comunicación política, apunta que en este primer año de la administración departamental “no se puede calificar a Aníbal Gaviria como Aníbal Gaviria, sino como Gobernación. Pasó muy poco tiempo y no estuvo en el grueso de la pandemia gestionándola. Seguramente dio instrucciones desde su casa, pero él no era el protagonista. En medio de la dificultad, varios de sus secretarios, entre ellos Luis Fernando Suárez, se empoderaron y ejercieron liderazgo que fortaleció a la institución como tal. En últimas, esto permitió que la ciudadanía no viera concentrado el poder en una sola persona, sino en la entidad en sí”.
Para Pedro Piedrahíta, director de la maestría de Asuntos Políticos y Constitucionales de la Universidad de Medellín, la detención del gobernador no tuvo grandes efectos, pues “la gente no entendía por qué lo detuvieron y lo único que sentía era que se trataba de una injusticia”. Esto se vio reflejado en el apoyo unánime que recibió por parte de la ciudadanía y el empresariado antioqueño. En contraste, Miguel Jaramillo, magíster en Gobierno de EAFIT, reconoce que esos meses en su casa le significaron un desgaste de quince puntos en las encuestas, aunque su reemplazo, Luis Fernando Suárez, lo estuviera haciendo bien. En términos generales todos los consultados calificaron de acertado, propositivo y compaginado el trabajo con relación a la pandemia que inició Gaviria, continuó Suárez y retomó Gaviria en octubre.
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“La Gobernación logró contener la pandemia, trabajar para la dotación en los hospitales de tercer y cuarto nivel y duplicar la capacidad de las unidades de cuidados intensivos”, comentó el diputado Rubén Callejas, del Partido Liberal, dejando al lado el mes de diciembre, que se desbordó no solo en Antioquia, sino en varias regiones del país. Y desde la oposición Peláez también lo reconoce: “A Aníbal lo vimos muy empoderado tomando las decisiones sobre el COVID, las cuales fueron muy importantes para que el departamento no sufriera tanto”.
En lo que él no concuerda mucho con la administración es con la conversión, tras una recomendación del Consejo de Estado, de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) en una empresa industrial y comercial del Estado, que, a juicio de Peláez, abre camino a la privatización de la FLA por el manejo político que se le pueda dar. Con la ordenanza, explicó, no se profundizó sobre los empleos o la forma de nombrar a los distribuidores y comercializadores de los productos, así mismo, crítico la relación que entabló en noviembre pasado con la Asamblea para presionar y sacar adelante el proyecto de la mano de Andrés Guerra, quien fue su otrora contrincante. Esta situación también la advirtió Callejas: “Se trató más que todo de un tema de hacer las cosas y de la forma cómo se hizo”. Del otro lado, para Miguel Jaramillo lo de la FLA se trató de una decisión para catapultar a la empresa licorera en los mercados internacionales.
La seguridad, pese a los confinamientos y la reducción de cifras a escala nacional, no pasó inadvertida a los análisis de los consultados. En principio, el diputado Callejas observa que este problema no solo debe preocupar al departamento, sino al Gobierno, pues en regiones como Bajo Cauca y el nordeste se han acentuado las dificultades de orden público por cuenta de la presencia de actores armados ilegales. Lo mismo sostiene el profesor Piedrahíta: “Esto no es un asunto solo de Aníbal Gaviria, sino de otros sectores. Llevamos varios períodos en los que se denuncia que el Bajo Cauca no es de nadie”. Lo relativamente nuevo son los sucesos reportados en el suroeste, donde hubo por lo menos tres masacres, sin contar los homicidios. “Esta región se está convirtiendo en un lugar importante para el microtráfico”, advirtió el profesor Germán Valencia.
En palabras del diputado Peláez, Gaviria ha sido “un gobernador tímido y tibio en materia de seguridad”. Según él, hizo falta más presencia de Gaviria en las regiones afectadas y más acciones a concretar en el Plan de Desarrollo. “El Bajo Cauca tiene menos del 3 % de acciones en la hoja de ruta, mientras que el Área Metropolitana, Urabá y el oriente concentran el 80 %. Eso no les ayudará a las regiones más pobres a progresar”, insistió.
Para todos los mandatarios regionales, como ya se ha repetido hasta el cansancio, 2020 no fue un año fácil; no obstante, para Aníbal Gaviria fue aun más particular por el problema jurídico que enfrentó durante más de cuatro meses, y la duda queda en cuanto a que no es el último, pues en diciembre del año pasado, con la formulación de pliegos por Hidroituango, comenzó otra etapa en la que tendrá que responder y defenderse ante los entes de control. Entonces, 2021 será un año para ponerse al frente en la ejecución de su plan departamental de desarrollo que, por su ausencia, según Juan Sebastián Delgado y el diputado Peláez, no tuvo la ejecución que se esperaba, pese a que este recogía las líneas de acción frente a lo que se viene en materia económica por la crisis que produjo la pandemia.