El asesinato de la candidata Karina García Sierra estaba cantado
Hace ocho días, en un consejo de seguridad electoral, se había advertido de la situación de riesgo que corría Karina García. El domingo, en Cauca, fue asesinada por desconocidos que atacaron con granadas y ráfagas de fusil el vehículo en el que se transportaba. Para el Gobierno, detrás del crimen estaría alias “Mayimbú”, jefe de la columna Jaime Martínez, disidente de las Farc.
Germán Gómez Polo - Twitter: @TresEnMil - ggomezp@elespectador.com
El asesinato de Karina García Sierra es la repetición de la repetición. La candidata del Partido Liberal a la Alcaldía de Suárez, en el norte del Cauca, fue una de las víctimas de la masacre ocurrida en la noche del domingo en el corregimiento de Betulia de ese municipio, cuando sujetos aún sin identificar atacaron con granadas y ráfagas de fusil el vehículo en el que se desplazaba junto a su madre, el aspirante al Concejo Yeison Obando y los miembros del esquema de seguridad que le había asignado la Unidad Nacional de Protección (UNP).
“Esta semana, el miércoles 21 de agosto, mientras un grupo de mi candidatura se dirigía al corregimiento de Betulia a poner publicidad, cuatro sujetos armados dijeron que tenían orden directa de no permitir que fuese puesta y que, además, debía ser retirada la que ya estaba instalada”, había denunciado García Sierra en un video que circuló en redes sociales.
La entonces candidata dijo que, consultados, los hombres armados aseguraron que la “medida” solo era contra su campaña y criticó directamente al actual alcalde de Suárez, Hernando Ramírez Ramírez, por su omisión frente a las denuncias y al pedido de garantías para hacer campaña. Asimismo pidió responsabilidad a otros candidatos por las declaraciones estigmatizantes que hacían en contra de su aspiración: “No continúen haciendo comentarios irresponsables acerca de mi candidatura, comentarios que son falsos, como que voy a traer a los paramilitares, que voy a traer las multinacionales, que les voy a quitar las tierras a la gente, por Dios, no sean irresponsables. Esto puede traer para mí consecuencias fatales. Respeten hoy a esta mujer que se presenta como una opción de cambio”.
Lea también: Las advertencias y llamados de Karina García previo a su crimen
En medio de todos esos elementos está el municipio de Suárez, en donde persisten todos los procesos de las cadenas productivas y de comercialización de la pasta base de coca y el consumo interno de cocaína y marihuana. Ese corredor es utilizado por los ilegales para el abastecimiento y movimiento de armamento, según la Defensoría.
Desde finales de 2016 hasta 2019 han sido por lo menos tres los grupos armados ilegales que han hecho presencia y realizado acciones concretas que afectan a la población civil: Epl, Eln, disidencias o grupos posdesmovilización de las Farc. Sin embargo, uno de los que cuentan con mayor poder criminal y organizativo es la disidente columna móvil Jaime Martínez, “que agrupa personal de estructuras extintas, como la Miller Perdono, la Jacobo Arenas y el frente 30 de las extintas Farc”.
De hecho, desde el Gobierno Nacional se apunta hacia ese grupo armado. “Se confirma que alias Mayimbú (Leder Johay Noscué), quien es el jefe de un grupo disidente de las Farc y comanda una cuadrilla que se conoce como la Jaime Martínez, o la Dagoberto Ramos, es el responsable por su influencia en esta zona (…) es quien presuntamente ha venido asesinando a los miembros de las comunidades indígenas”, expresó Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz.
Estos actores, además, practican formas de control social, normas de comportamiento, restricciones a la movilidad y limpiezas sociales —para mostrarse como autoridad y administradores de justicia—, que anuncian en panfletos y materializan con atentados y homicidios “ejemplarizantes”, en los cuales utilizan letreros dejados en los cuerpos de las víctimas con mensajes sobre los que puede ocurrirle al resto de la población si no se acoge. García, por ejemplo, había denunciado que su publicidad política era tachada con pintura.
Para la Misión de Observación Electora (MOE), es urgente adoptar medidas para afrontar los casos de violencia política que ocurren en la actual campaña electoral. “Cada día y medio está ocurriendo un hecho de violencia en algún lugar del país (…) los pasos a seguir, claramente, son las comisiones de seguimiento electoral lideradas por los gobernadores con presencia del Gobierno Nacional, una mesa de trabajo urgente con las organizaciones políticas para trabajar en mecanismos y alertas tempranas que permitan proteger a los candidatos y una política dirigida a la prevención de la violencia política y contra las mujeres que están en campaña electoral”, anotó Alejandra Barrios, directora de la organización civil.
Según las cifras de la MOE, entre el 27 de julio y el 2 de septiembre de este año se han presentado 24 hechos de violencia política: cinco asesinatos, un atentado, un secuestro y 17 amenazas, en Cauca, Sucre, Bolívar, Antioquia, Arauca, Magdalena, Valle del Cauca, Boyacá, Chocó, La Guajira, Norte de Santander y Risaralda. “Los partidos más afectados son el Liberal, con cuatro hechos de violencia, dos de ellos asesinatos, y el de la U, también con cuatro hechos, uno de ellos un asesinato al candidato al Concejo de San Jacinto del Cauca (Bolívar)”, registra el informe de la MOE.
Varias voces se han unido para pedir una investigación rigurosa del asesinato de Karina García Sierra. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez calificó el hecho como un “atentado contra la equidad de las mujeres y su participación electoral”. El defensor del Pueblo regional del Cauca, Rossi Jair Muñoz, afirmó que hay nueve alertas tempranas vigentes en ese departamento, siete focalizadas en municipios, y dijo que hace ocho días, en un consejo de seguridad electoral, se había hecho la advertencia sobre la situación de riesgo en la que estaba la candidata liberal.
“Hacemos un llamado para que la institucionalidad haga presencia en esta región. El tema es muy delicado”, comentó. La recomendación es más atención por parte de las autoridades locales, porque las acciones no se ven ante las alertas que existen desde hace meses. “Lo mejor es atender la sugerencia que, en varias ocasiones, ha dado el defensor nacional, Carlos Alfonso Negret: una alerta atendida oportunamente es una muerte evitada”.
El asesinato de Karina García Sierra es la repetición de la repetición. La candidata del Partido Liberal a la Alcaldía de Suárez, en el norte del Cauca, fue una de las víctimas de la masacre ocurrida en la noche del domingo en el corregimiento de Betulia de ese municipio, cuando sujetos aún sin identificar atacaron con granadas y ráfagas de fusil el vehículo en el que se desplazaba junto a su madre, el aspirante al Concejo Yeison Obando y los miembros del esquema de seguridad que le había asignado la Unidad Nacional de Protección (UNP).
“Esta semana, el miércoles 21 de agosto, mientras un grupo de mi candidatura se dirigía al corregimiento de Betulia a poner publicidad, cuatro sujetos armados dijeron que tenían orden directa de no permitir que fuese puesta y que, además, debía ser retirada la que ya estaba instalada”, había denunciado García Sierra en un video que circuló en redes sociales.
La entonces candidata dijo que, consultados, los hombres armados aseguraron que la “medida” solo era contra su campaña y criticó directamente al actual alcalde de Suárez, Hernando Ramírez Ramírez, por su omisión frente a las denuncias y al pedido de garantías para hacer campaña. Asimismo pidió responsabilidad a otros candidatos por las declaraciones estigmatizantes que hacían en contra de su aspiración: “No continúen haciendo comentarios irresponsables acerca de mi candidatura, comentarios que son falsos, como que voy a traer a los paramilitares, que voy a traer las multinacionales, que les voy a quitar las tierras a la gente, por Dios, no sean irresponsables. Esto puede traer para mí consecuencias fatales. Respeten hoy a esta mujer que se presenta como una opción de cambio”.
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En medio de todos esos elementos está el municipio de Suárez, en donde persisten todos los procesos de las cadenas productivas y de comercialización de la pasta base de coca y el consumo interno de cocaína y marihuana. Ese corredor es utilizado por los ilegales para el abastecimiento y movimiento de armamento, según la Defensoría.
Desde finales de 2016 hasta 2019 han sido por lo menos tres los grupos armados ilegales que han hecho presencia y realizado acciones concretas que afectan a la población civil: Epl, Eln, disidencias o grupos posdesmovilización de las Farc. Sin embargo, uno de los que cuentan con mayor poder criminal y organizativo es la disidente columna móvil Jaime Martínez, “que agrupa personal de estructuras extintas, como la Miller Perdono, la Jacobo Arenas y el frente 30 de las extintas Farc”.
De hecho, desde el Gobierno Nacional se apunta hacia ese grupo armado. “Se confirma que alias Mayimbú (Leder Johay Noscué), quien es el jefe de un grupo disidente de las Farc y comanda una cuadrilla que se conoce como la Jaime Martínez, o la Dagoberto Ramos, es el responsable por su influencia en esta zona (…) es quien presuntamente ha venido asesinando a los miembros de las comunidades indígenas”, expresó Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz.
Estos actores, además, practican formas de control social, normas de comportamiento, restricciones a la movilidad y limpiezas sociales —para mostrarse como autoridad y administradores de justicia—, que anuncian en panfletos y materializan con atentados y homicidios “ejemplarizantes”, en los cuales utilizan letreros dejados en los cuerpos de las víctimas con mensajes sobre los que puede ocurrirle al resto de la población si no se acoge. García, por ejemplo, había denunciado que su publicidad política era tachada con pintura.
Para la Misión de Observación Electora (MOE), es urgente adoptar medidas para afrontar los casos de violencia política que ocurren en la actual campaña electoral. “Cada día y medio está ocurriendo un hecho de violencia en algún lugar del país (…) los pasos a seguir, claramente, son las comisiones de seguimiento electoral lideradas por los gobernadores con presencia del Gobierno Nacional, una mesa de trabajo urgente con las organizaciones políticas para trabajar en mecanismos y alertas tempranas que permitan proteger a los candidatos y una política dirigida a la prevención de la violencia política y contra las mujeres que están en campaña electoral”, anotó Alejandra Barrios, directora de la organización civil.
Según las cifras de la MOE, entre el 27 de julio y el 2 de septiembre de este año se han presentado 24 hechos de violencia política: cinco asesinatos, un atentado, un secuestro y 17 amenazas, en Cauca, Sucre, Bolívar, Antioquia, Arauca, Magdalena, Valle del Cauca, Boyacá, Chocó, La Guajira, Norte de Santander y Risaralda. “Los partidos más afectados son el Liberal, con cuatro hechos de violencia, dos de ellos asesinatos, y el de la U, también con cuatro hechos, uno de ellos un asesinato al candidato al Concejo de San Jacinto del Cauca (Bolívar)”, registra el informe de la MOE.
Varias voces se han unido para pedir una investigación rigurosa del asesinato de Karina García Sierra. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez calificó el hecho como un “atentado contra la equidad de las mujeres y su participación electoral”. El defensor del Pueblo regional del Cauca, Rossi Jair Muñoz, afirmó que hay nueve alertas tempranas vigentes en ese departamento, siete focalizadas en municipios, y dijo que hace ocho días, en un consejo de seguridad electoral, se había hecho la advertencia sobre la situación de riesgo en la que estaba la candidata liberal.
“Hacemos un llamado para que la institucionalidad haga presencia en esta región. El tema es muy delicado”, comentó. La recomendación es más atención por parte de las autoridades locales, porque las acciones no se ven ante las alertas que existen desde hace meses. “Lo mejor es atender la sugerencia que, en varias ocasiones, ha dado el defensor nacional, Carlos Alfonso Negret: una alerta atendida oportunamente es una muerte evitada”.