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El billonario amarre que deja Duque a Petro con contrato de medicamentos

El gobierno entrante no podrá comprar a otros proveedores que no estén contemplados en el documento que entregó el saliente mandatario.

25 de julio de 2022 - 09:46 p. m.
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El gobierno del presidente electo, Gustavo Petro, entra con las manos atadas en la compra de medicamentos para hospitales públicos, Policía y Ejército gracias a una movida de Iván Duque. Este lunes se conoció que el saliente mandatario entregó un billonario contrato a tres empresas que serán, por tres años, los únicos proveedores de fármacos para estas instituciones. El clan Char es asociado de una de las empresas privilegiadas con el acuerdo.

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Según dio a conocer W Radio, desde el pasado 21 de julio el contrato entró en vigencia y se acordó que por $2,4 billones, las empresas Unión Temporal Audidrogas, Productos Hospitalarios S.A y Éticos Serrano Gómez (relacionada con los Char), tendrán a su cargo la distribución de los medicamentos a hospitales y fuerza pública.

El acuerdo sería que hasta 2025, tercer año de mandato de Gustavo Petro, las tres empresas tendrían que proveer a Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander y Santander. Asimismo, la emisora dijo que consultó a participantes de la adjudicación, quienes aseguraron que todo el acuerdo fue legal.

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Aún así, el presidente electo pidió que se investigue el acuerdo que dejó firmado su antecesor, quien dejará el Palacio de Nariño el próximo 7 de agosto. Petro dijo en sus redes sociales que si el contrato presenta alguna inconsistencia legal, “sus autores deberán ser procesados”.

En las últimas semanas del gobierno Duque se han hecho señalamientos de un aparente afán del mandatario por “raspar la olla” y repartir contratos antes de dejar el poder. Las obras del Canal del Dique en el Río Magdalena fueron cuestionadas por el excandidato presidencial y ahora senador, Rodolfo Hernández, quien dijo que avanzar con esa adjudicación es “un riesgo económico lesivo para Colombia”.

También así, se le ha señalado a la saliente administración que estaría usando a la Procuraduría para presionar la delimitación del Páramo de Santurbán en Santander. Según denunciaron 63 congresistas en un documento, el ente de control no tiene la autoridad intervenir en el proceso y que el afán se debe a que “la delimitación es el paso previo a la licencia prometida a Minesa por el presidente Duque en su viaje a los Emiratos Árabes y la firma de un TLC que incluye la explotación de oro en las entrañas del páramo”.

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