El boicot por los desacuerdos sobre la reforma al Código Electoral

La reforma al Código Electoral es una discusión de vieja data en el Congreso; si bien desde 1998 ha habido varios intentos, siempre ha triunfado la desaprobación. La propuesta que ha llegado más lejos fue una ley estatutaria impulsada por el actual registrador Alexander Vega, que fue aprobada por el Legislativo en 2020. Sin embargo, esa iniciativa no fue sancionada, pues la Corte Constitucional estableció que pudo haber vicios de procedimiento.

La reforma al Código Electoral es una discusión de vieja data en el Congreso; si bien desde 1998 ha habido varios intentos, siempre ha triunfado la desaprobación. La propuesta que ha llegado más lejos fue una ley estatutaria impulsada por el actual registrador Alexander Vega, que fue aprobada por el Legislativo en 2020. Sin embargo, esa iniciativa no fue sancionada, pues la Corte Constitucional estableció que pudo haber vicios de procedimiento.

Por eso, Vega no tardó en insistir, esta vez con el apoyo del gobierno Petro. El Ministerio del Interior, liderado por Alfonso Prada, presentó nuevamente el texto en agosto de este año, pero, pareciera que ahora están encartados con el trámite. Aunque le han quitado el mensaje de urgencia y han cedido en puntos polémicos, continúa con poca popularidad.

Es quizá hasta el momento uno de los proyectos oficiales con menos apoyo en el Capitolio: las opiniones en contra tienen que ver especialmente con la creación de nuevos cargos y la celebración de contratos. “El registrador propone un Código Electoral de casi 400 artículos. Ya está claro que no va a cobijar el proceso de 2023, pero, el problema es la contratación. Va a ser una feria de contratos y se van a robar la plata”, dice el senador Ariel Ávila (Alianza Verde).

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Así las cosas, en conjugación con los coordinadores ponentes, el Gobierno tuvo que excluir la aplicación de la ley para las elecciones del año entrante, un punto problemático, entre varias cosas, porque podría causar confusión en las reglas electorales de cara a esos comicios. “Es completamente innecesario e inconveniente generar incertidumbre”, dijo la Misión de Observación Electoral (MOE).

“Nosotros ya hicimos modificaciones de aspectos que considerábamos equivocados. Por ejemplo, la vigencia, que debe ser para 2026. También sacamos el punto sobre la corrección del componente sexo a partir de los cinco años”, señaló a este diario el senador y coordinador ponente de la iniciativa, Germán Blanco (Partido Conservador).

Frente a la falta de consenso y la insistencia en la reforma, han surgido todo tipo de tretas para dilatar el debate y lograr una discusión más pausada, especialmente sobre los puntos que generan mayor desconfianza. El Gobierno no la tiene fácil y, ya se prevén tres estrategias para esta semana -para algunos legitimas y para otros no tanto-, si es que el proyecto vuelve a ser agendado.

Como lo ha sugerido el presidente de la Comisión Primera del Senado, Fabio Amín (Partido Liberal), debe dejarlo en el primer punto del día porque se trata de una ley estatutaria y tiene prioridad. Así pues, el primer debate del proyecto quedaría otra vez agendado para este miércoles. “Tenemos confirmado que lo van a volver a meter”, dijo Ávila a El Espectador.

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Las tretas para frenar la discusión

Quienes se oponen al proyecto, entre los que están Ariel Ávila, Jonathan Ferney Pulido, ‘Jota Pe Hernández’ (Alianza Verde), Humberto de la Calle, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal (Centro Democrático) y otros senadores, también del Pacto Histórico; insisten en que sea retirado y que la discusión empiece en 2023, no solo por la desconfianza que genera sino porque hay otros proyectos atascados en el orden del día.

“No entiendo por qué el afán, faltan dos semanas para salir a receso legislativo. Podemos discutirlo en marzo de cara al país y no en medio de un Mundial, festividades navideñas y de múltiples acusaciones por corrupción y clientelismo”, asegura Ávila, quien agrega que el “Pacto Histórico está con nosotros, lo he hablado con mis compañeros de la comisión”, dice.

Es así como la semana pasada la discusión terminó, en dos ocasiones, en la ruptura del quórum decisorio (la mitad más uno), necesario para dar votación al proyecto. De acuerdo con Ávila, si el debate aterriza otra vez esta semana en el Senado, “destruir el quórum es una posibilidad; la otra es intentar cambiar el orden del día o dilatar la discusión”.

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La estrategia sobre romper el quórum no es cosa de este Congreso, sin embargo, por ocasión del Código Electoral, los coordinadores ponentes y la mesa directiva cuestionaron el boicot. “Cuando no permiten el quórum están abriendo la puerta a actuar igual con otros proyectos. Ahora, que lo hayan protagonizado partidos de Gobierno demuestra disparidad entre el ejecutivo y su bancada. Debieron discutirlo antes y traer las modificaciones”, señala el senador Blanco.

Mientras tanto, para Guillermo Giraldo, quien fue secretario general de la Comisión Primera del Senado y experto en derecho parlamentario, dañar el quórum puede ser un “acto político legítimo”, sin embargo, “jurídicamente no es correcto”.

“El deber de los congresistas es estar desde el principio de la sesión hasta que se termine y, obviamente, votar (...) ni el voto en blanco o la abstención son posibilidades. El senador solo podría declararse impedido y que le acepten el impedimento. Pero, como práctica se ha venido haciendo y ni la Corte Constitucional o el Consejo de Estado han dicho algo al respecto”, señala Giraldo.

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Por el momento, la discusión sobre el Código Electoral quedaría para el miércoles en el primer punto del día, por lo que, los senadores en contra buscarán cambiar el orden. “Si se aprueba como está, nos vamos a gastar varios días y va a ser una guerra campal. Yo tengo 600 proposiciones, Paloma Valencia tiene 300 y Humberto de la Calle tiene 100″, asegura Ávila.

Con el cambio, esperan dar discusión a otros proyectos que están en contrarreloj: el acto legislativo que modifica las transferencias para la primera infancia, la creación de la Comisión Legal de Paz y otro sobre el porte de armas. Esas tres iniciativas están represadas y podrían hundirse al dar prioridad al Código Electoral.