El Cauca, una bomba de tiempo

El peso de una historia de abandono estatal, la negligencia de una clase política incapaz de validar los intereses de la región y el recrudecimiento del conflicto armado entre las Fuerzas Militares y las Farc se convirtieron en los detonantes de un hastío colectivo en una región que se niega a convivir con el fuego cruzado. Por eso ahora, por vías de hecho, pretende espantar el fantasma de la guerra que ha convertido a su gente en víctima de un conflicto que tiene como combustible el negocio del tráfico de drogas.

La batalla que se libra en el Cauca va más allá del escenario militar. Para el Gobierno y las Farc este departamento se ha convertido en un bastión político en el ajedrez de la guerra. El grupo guerrillero encontró un caldo de cultivo para persistir en un plan de adoctrinamiento que tiene como principal trasfondo el reclamo de reivindicaciones sociales esperadas por décadas. El Gobierno pretende, de forma tardía, recuperar sintonía con la población prometiendo inversiones millonarias, acompañadas por una contundente ofensiva armada.

Una costosa factura para el Gobierno, pues información de inteligencia militar da cuenta de que, desde los días de mando del extinto jefe guerrillero Alfonso Cano, ya estaba diseñado un plan de trabajo en el Cauca. Lo dejó planteado Cano en el documento ‘Carta de reunión’, a través del cual buscó convocar sectores, no necesariamente políticos, para fortalecer los postulados de la organización. La expectativa de las Farc va hasta la opción de lograr la ‘caguanización’ del Cauca, bajo el argumento de la autonomía territorial indígena.

Entre los planteamientos de esta estrategia de lucha, según análisis de inteligencia, está utilizar el poder ciudadano para debilitar el aparato armado del Estado. Una estrategia que no exime que se discuta una perspectiva de búsqueda de métodos ajenos a la confrontación. Tal como ha ocurrido en la última semana con la desestabilización de cualquier maniobra militar.

Por eso, durante la visita del presidente Juan Manuel Santos al municipio de Toribío, Cauca, señaló convencido: “Nosotros también estamos cansados de la guerra, pero por ningún motivo podemos desmilitarizar un solo centímetro de nuestro territorio nacional”. Sin embargo, reconociendo la necesidad de pagar la deuda histórica que tiene el Estado con la región, anunció la aprobación de un documento Conpes para implementar el ‘Plan Cauca’ por un monto de medio billón de pesos para inversión social.

Aun así, en el teatro de la guerra, la situación es crítica, pues el presidente Santos y las Fuerzas Militares no quieren ceder un centímetro. Eso explica por qué uno de los objetivos principales de la ‘Operación Espada de Honor’, que tiene como una de las finalidades golpear a las Farc en lo que han denominado Objetivos Militares de Alto Valor Estratégico (Omave), está concentrado en la región del Cauca. La meta es golpear a los guerrilleros que se han atrincherado en la región, como el sargento Pascuas, jefe del sexto frente, quien protagoniza desde finales de los años 70 o Pacho Chino, uno de los hombres más cercanos a Alfonso Cano.

Del otro lado, queriendo permanecer ajena a esta lucha y rechazando cualquier infiltración está la comunidad indígena del Cauca, que se resiste a ser parte del conflicto y, en un acto sin precedentes, ha tomado la determinación de asumir el control de sus territorios ancestrales, según ellos, por encima de la voluntad del Ejército y de las Farc. La idea es consolidar la paz. “Transmitimos nuestra posición política y reafirmamos que queremos que se marchen del Cauca, para sentarnos a consolidar nuestro proceso de paz”, afirma Feliciano Valencia, uno de los líderes de la rebelión indígena.

Pero el Cauca no sólo ha sido víctima del abandono estatal y de una guerra en la cual el narcotráfico ha desempeñado un papel determinante. La clase política que se ha mantenido incólume por décadas tiene una alta cuota de responsabilidad. Lo reconoce el senador liberal Luis Fernando Velasco, quien sostiene que los dirigentes regionales se quedaron viviendo en el pasado. “Una vieja aristocracia del Cauca que vivió de la renta de la tierra y que no fue capaz de pasar a un modelo agroindustrial. Cuando se acabó el negocio, en representación del Cauca, se apropiaron del Estado con la misma mentalidad rentística en favor de ellos y no de la región. Piensan que aún estamos en el feudalismo”.

Desde otro sector el senador caucano José Darío Salazar considera que la fórmula para sacar de la crisis al departamento debe conjugar inversión social y un alto componente de inteligencia militar, con planes de orientación, contención y prevención. “No es posible que a un municipio se lo tomen 10 veces y no pase nada. La decisión de los indígenas de rechazar la presencia de la Fuerza Pública no es más que un mensaje al Gobierno resaltando este hecho”.

Salazar acoge la tesis de que detrás de las protestas existe una posible infiltración de la guerrilla y agrega que tiene informes de inteligencia de que en el Cauca hay adoctrinamiento de odio y lucha de clases. “Lo viví en una visita que hice con el expresidente Uribe Vélez a la región de La María, donde es evidente el odio hacia las instituciones. Eso, según Salazar, es fruto de la penetración de la subversión. Hoy están de fiesta porque los indígenas están sacando a los militares”.

Estas teorías de infiltración de las Farc son rechazadas por el representante a la Cámara Crisanto Pizo Mazabuel, quien sostiene que se trata de “organizaciones fuertes, bien estructuradas y que además saben para dónde van. Ellos siempre han manifestado y denunciado la presencia de grupos armados y han dado peleas internas con la guerrilla”. En el mismo sentido, el exasesor presidencial en temas de seguridad Armando Borrero, afirma que lo que están haciendo los indígenas no es nuevo. Desde hace más de 20 años han planteado una salida de la guerrilla y las Fuerzas Militares, pero su realidad se ha venido transformando por temas como los cultivos ilícitos que los relacionan directamente con el conflicto armado”.

Más allá de los reproches y señalamientos es claro que ante la crisis que ha conjugado factores de seguridad y abandono, en la región se ha hecho escuchar la voz de los indígenas nasa manifestando su inconformidad, llegando al punto de buscar el desarme de uno y otro actor foráneo del conflicto. No sólo desmontando la base militar Berlín, ubicada en el municipio de Toribío, sino también recorriendo las trochas de la espesa geografía caucana y ubicando a miembros de las Farc para exigirles el abandono de sus territorios ancestrales.

De todos modos, el departamento del Cauca, sobre todo en las zonas de clara influencia indígena, el conflicto está derivando en una bomba de tiempo. Hay un cansancio histórico que se expresa en el rechazo a todo tipo de intervención armada en la región que, en palabras de la Asociación de Cabildos Indígenas, lo que pretende es que algún día puedan desarrollarse plenamente los conceptos de territorio, unidad, cultura, autonomía, resistencia, justicia y moral. Un catálogo de valores colectivos más allá de las tradiciones políticas que han caracterizado al país.

Es una cosmovisión distinta, resultado de la evolución histórica de un departamento que carga con el lastre del atraso social, la discriminación étnica y la proliferación de flagelos, como la minería ilegal o las redes del narcotráfico, tal como lo resalta el representante a la Cámara Carlos Julio Bonilla. Una convicción que parte de admitir que la clase política ha perdido terreno en la región, pero también se expresa un cansancio de las comunidades contra los actores ilegales de la guerra, que tampoco han sabido interpretar las necesidades de la población en crisis.

Seguramente el dilema va a persistir y, si se admite como convincente el argumento del Gobierno, las Fuerzas Militares no van a dejar de hacer presencia en la región. Pero no cabe duda de que para el Estado el tema del Cauca se está saliendo de las manos. Lo resume el senador Luis Fernando Velasco con un comentario: “Los dirigentes se quedaron viviendo en la época de la Colonia, pero eso no quiere decir que la población indígena acepte los postulados de las Farc. La idea es que se abra paso el trabajo y que se supere una confrontación armada que ya no tiene sentido”.

Un comentario que perfectamente podría enmarcarse en la realidad social y política de casi 50 años atrás. Cuando las Farc empezaron a consolidarse en la región, los argumentos eran de llevarles el progreso y la tierra a las comunidades indígenas. Hoy es lo mismo, con distintos actores, pero persiste la necesidad de que sea la inversión social la única salida real a los dilemas de la gente. Lo demás son ideologías desuetas o discursos trasnochados que poco o nada dicen a una región que lleva muchos años conviviendo con la pobreza.

Hace un año el norte del Cauca vivió momentos críticos y la sociedad colombiana rechazó acciones terroristas que dejaron decenas de víctimas y damnificados en las poblaciones indígenas. Hoy se repite la historia y las promesas, pero se advierte una mayor participación de la población en la búsqueda de sus propias soluciones. De cualquier manera, lo que vio el país en los últimos días no tiene precedentes y no puede ser ignorado. Hasta el propio Presidente sintió la impotencia frente a una comunidad que ya no cree en las palabras.

Tensa semana para el Gobierno

No fue una semana fácil para el presidente Juan Manuel Santos por cuenta de la situación en Cauca. Hubo chiflidos de la población en su llegada a Toribío el pasado miércoles y, además, los indígenas no atendieron su llamado para sentarse en la mesa del Consejo de Ministros a dialogar.

Ni siquiera su presencia hizo que los indígenas que organizaron la protesta cedieran en la idea de sacar tanto a la Fuerza Pública como a la guerrilla de su territorio. Sin embargo, Santos fue tajante en que no iba a desmilitarizar un solo centímetro del territorio. En cambio les sugirió hablar con el juez español Baltasar Garzón para llegar a un consenso y les prometió que pondrá en marcha el “Plan Cauca” con proyectos agrícolas y de infraestructura, que se oficializará en los próximos días a través de un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes). A Santos se le juntó la muerte del piloto y copiloto del Supertucano, que según el Gobierno se accidentó, pero de acuerdo con las Farc fue derribado por ellos.

La emancipación indígena

La presión militar y la implementación en el Cauca de la “Operación Espada de Honor”, que busca atacar los objetivos militares de alto valor estratégico, han recrudecido los enfrentamientos entre las Fuerzas Militares y la guerrilla de las Farc en esta región del país que resulta de gran importancia estratégica para la organización irregular.

En medio del fuego cruzado que ha generado esta disputa territorial se encuentran los indígenas caucanos, que han visto como sus poblaciones se convierten en trincheras para los combatientes. Por este motivo y sin importar la decisión del Gobierno de mantener la ofensiva militar, los diferentes cabildos se han unido para reclamar autonomía y rechazar a los actores estatales e ilegales. Armados sólo con sus bastones de mando han desmantelado algunas de las bases militares y han ingresado a las zonas selváticas para exigirles a los guerrilleros que no continúen con sus ofensivas, haciendo un llamado para que el Cauca se convierta en territorio de paz.

El peso de una historia de abandono estatal, la negligencia de una clase política incapaz de validar los intereses de la región y el recrudecimiento del conflicto armado entre las Fuerzas Militares y las Farc se convirtieron en los detonantes de un hastío colectivo en una región que se niega a convivir con el fuego cruzado. Por eso ahora, por vías de hecho, pretende espantar el fantasma de la guerra que ha convertido a su gente en víctima de un conflicto que tiene como combustible el negocio del tráfico de drogas.

La batalla que se libra en el Cauca va más allá del escenario militar. Para el Gobierno y las Farc este departamento se ha convertido en un bastión político en el ajedrez de la guerra. El grupo guerrillero encontró un caldo de cultivo para persistir en un plan de adoctrinamiento que tiene como principal trasfondo el reclamo de reivindicaciones sociales esperadas por décadas. El Gobierno pretende, de forma tardía, recuperar sintonía con la población prometiendo inversiones millonarias, acompañadas por una contundente ofensiva armada.

Una costosa factura para el Gobierno, pues información de inteligencia militar da cuenta de que, desde los días de mando del extinto jefe guerrillero Alfonso Cano, ya estaba diseñado un plan de trabajo en el Cauca. Lo dejó planteado Cano en el documento ‘Carta de reunión’, a través del cual buscó convocar sectores, no necesariamente políticos, para fortalecer los postulados de la organización. La expectativa de las Farc va hasta la opción de lograr la ‘caguanización’ del Cauca, bajo el argumento de la autonomía territorial indígena.

Entre los planteamientos de esta estrategia de lucha, según análisis de inteligencia, está utilizar el poder ciudadano para debilitar el aparato armado del Estado. Una estrategia que no exime que se discuta una perspectiva de búsqueda de métodos ajenos a la confrontación. Tal como ha ocurrido en la última semana con la desestabilización de cualquier maniobra militar.

Por eso, durante la visita del presidente Juan Manuel Santos al municipio de Toribío, Cauca, señaló convencido: “Nosotros también estamos cansados de la guerra, pero por ningún motivo podemos desmilitarizar un solo centímetro de nuestro territorio nacional”. Sin embargo, reconociendo la necesidad de pagar la deuda histórica que tiene el Estado con la región, anunció la aprobación de un documento Conpes para implementar el ‘Plan Cauca’ por un monto de medio billón de pesos para inversión social.

Aun así, en el teatro de la guerra, la situación es crítica, pues el presidente Santos y las Fuerzas Militares no quieren ceder un centímetro. Eso explica por qué uno de los objetivos principales de la ‘Operación Espada de Honor’, que tiene como una de las finalidades golpear a las Farc en lo que han denominado Objetivos Militares de Alto Valor Estratégico (Omave), está concentrado en la región del Cauca. La meta es golpear a los guerrilleros que se han atrincherado en la región, como el sargento Pascuas, jefe del sexto frente, quien protagoniza desde finales de los años 70 o Pacho Chino, uno de los hombres más cercanos a Alfonso Cano.

Del otro lado, queriendo permanecer ajena a esta lucha y rechazando cualquier infiltración está la comunidad indígena del Cauca, que se resiste a ser parte del conflicto y, en un acto sin precedentes, ha tomado la determinación de asumir el control de sus territorios ancestrales, según ellos, por encima de la voluntad del Ejército y de las Farc. La idea es consolidar la paz. “Transmitimos nuestra posición política y reafirmamos que queremos que se marchen del Cauca, para sentarnos a consolidar nuestro proceso de paz”, afirma Feliciano Valencia, uno de los líderes de la rebelión indígena.

Pero el Cauca no sólo ha sido víctima del abandono estatal y de una guerra en la cual el narcotráfico ha desempeñado un papel determinante. La clase política que se ha mantenido incólume por décadas tiene una alta cuota de responsabilidad. Lo reconoce el senador liberal Luis Fernando Velasco, quien sostiene que los dirigentes regionales se quedaron viviendo en el pasado. “Una vieja aristocracia del Cauca que vivió de la renta de la tierra y que no fue capaz de pasar a un modelo agroindustrial. Cuando se acabó el negocio, en representación del Cauca, se apropiaron del Estado con la misma mentalidad rentística en favor de ellos y no de la región. Piensan que aún estamos en el feudalismo”.

Desde otro sector el senador caucano José Darío Salazar considera que la fórmula para sacar de la crisis al departamento debe conjugar inversión social y un alto componente de inteligencia militar, con planes de orientación, contención y prevención. “No es posible que a un municipio se lo tomen 10 veces y no pase nada. La decisión de los indígenas de rechazar la presencia de la Fuerza Pública no es más que un mensaje al Gobierno resaltando este hecho”.

Salazar acoge la tesis de que detrás de las protestas existe una posible infiltración de la guerrilla y agrega que tiene informes de inteligencia de que en el Cauca hay adoctrinamiento de odio y lucha de clases. “Lo viví en una visita que hice con el expresidente Uribe Vélez a la región de La María, donde es evidente el odio hacia las instituciones. Eso, según Salazar, es fruto de la penetración de la subversión. Hoy están de fiesta porque los indígenas están sacando a los militares”.

Estas teorías de infiltración de las Farc son rechazadas por el representante a la Cámara Crisanto Pizo Mazabuel, quien sostiene que se trata de “organizaciones fuertes, bien estructuradas y que además saben para dónde van. Ellos siempre han manifestado y denunciado la presencia de grupos armados y han dado peleas internas con la guerrilla”. En el mismo sentido, el exasesor presidencial en temas de seguridad Armando Borrero, afirma que lo que están haciendo los indígenas no es nuevo. Desde hace más de 20 años han planteado una salida de la guerrilla y las Fuerzas Militares, pero su realidad se ha venido transformando por temas como los cultivos ilícitos que los relacionan directamente con el conflicto armado”.

Más allá de los reproches y señalamientos es claro que ante la crisis que ha conjugado factores de seguridad y abandono, en la región se ha hecho escuchar la voz de los indígenas nasa manifestando su inconformidad, llegando al punto de buscar el desarme de uno y otro actor foráneo del conflicto. No sólo desmontando la base militar Berlín, ubicada en el municipio de Toribío, sino también recorriendo las trochas de la espesa geografía caucana y ubicando a miembros de las Farc para exigirles el abandono de sus territorios ancestrales.

De todos modos, el departamento del Cauca, sobre todo en las zonas de clara influencia indígena, el conflicto está derivando en una bomba de tiempo. Hay un cansancio histórico que se expresa en el rechazo a todo tipo de intervención armada en la región que, en palabras de la Asociación de Cabildos Indígenas, lo que pretende es que algún día puedan desarrollarse plenamente los conceptos de territorio, unidad, cultura, autonomía, resistencia, justicia y moral. Un catálogo de valores colectivos más allá de las tradiciones políticas que han caracterizado al país.

Es una cosmovisión distinta, resultado de la evolución histórica de un departamento que carga con el lastre del atraso social, la discriminación étnica y la proliferación de flagelos, como la minería ilegal o las redes del narcotráfico, tal como lo resalta el representante a la Cámara Carlos Julio Bonilla. Una convicción que parte de admitir que la clase política ha perdido terreno en la región, pero también se expresa un cansancio de las comunidades contra los actores ilegales de la guerra, que tampoco han sabido interpretar las necesidades de la población en crisis.

Seguramente el dilema va a persistir y, si se admite como convincente el argumento del Gobierno, las Fuerzas Militares no van a dejar de hacer presencia en la región. Pero no cabe duda de que para el Estado el tema del Cauca se está saliendo de las manos. Lo resume el senador Luis Fernando Velasco con un comentario: “Los dirigentes se quedaron viviendo en la época de la Colonia, pero eso no quiere decir que la población indígena acepte los postulados de las Farc. La idea es que se abra paso el trabajo y que se supere una confrontación armada que ya no tiene sentido”.

Un comentario que perfectamente podría enmarcarse en la realidad social y política de casi 50 años atrás. Cuando las Farc empezaron a consolidarse en la región, los argumentos eran de llevarles el progreso y la tierra a las comunidades indígenas. Hoy es lo mismo, con distintos actores, pero persiste la necesidad de que sea la inversión social la única salida real a los dilemas de la gente. Lo demás son ideologías desuetas o discursos trasnochados que poco o nada dicen a una región que lleva muchos años conviviendo con la pobreza.

Hace un año el norte del Cauca vivió momentos críticos y la sociedad colombiana rechazó acciones terroristas que dejaron decenas de víctimas y damnificados en las poblaciones indígenas. Hoy se repite la historia y las promesas, pero se advierte una mayor participación de la población en la búsqueda de sus propias soluciones. De cualquier manera, lo que vio el país en los últimos días no tiene precedentes y no puede ser ignorado. Hasta el propio Presidente sintió la impotencia frente a una comunidad que ya no cree en las palabras.

Tensa semana para el Gobierno

No fue una semana fácil para el presidente Juan Manuel Santos por cuenta de la situación en Cauca. Hubo chiflidos de la población en su llegada a Toribío el pasado miércoles y, además, los indígenas no atendieron su llamado para sentarse en la mesa del Consejo de Ministros a dialogar.

Ni siquiera su presencia hizo que los indígenas que organizaron la protesta cedieran en la idea de sacar tanto a la Fuerza Pública como a la guerrilla de su territorio. Sin embargo, Santos fue tajante en que no iba a desmilitarizar un solo centímetro del territorio. En cambio les sugirió hablar con el juez español Baltasar Garzón para llegar a un consenso y les prometió que pondrá en marcha el “Plan Cauca” con proyectos agrícolas y de infraestructura, que se oficializará en los próximos días a través de un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes). A Santos se le juntó la muerte del piloto y copiloto del Supertucano, que según el Gobierno se accidentó, pero de acuerdo con las Farc fue derribado por ellos.

La emancipación indígena

La presión militar y la implementación en el Cauca de la “Operación Espada de Honor”, que busca atacar los objetivos militares de alto valor estratégico, han recrudecido los enfrentamientos entre las Fuerzas Militares y la guerrilla de las Farc en esta región del país que resulta de gran importancia estratégica para la organización irregular.

En medio del fuego cruzado que ha generado esta disputa territorial se encuentran los indígenas caucanos, que han visto como sus poblaciones se convierten en trincheras para los combatientes. Por este motivo y sin importar la decisión del Gobierno de mantener la ofensiva militar, los diferentes cabildos se han unido para reclamar autonomía y rechazar a los actores estatales e ilegales. Armados sólo con sus bastones de mando han desmantelado algunas de las bases militares y han ingresado a las zonas selváticas para exigirles a los guerrilleros que no continúen con sus ofensivas, haciendo un llamado para que el Cauca se convierta en territorio de paz.