En este momento, Danilo Rueda, comisionado de paz del Gobierno Petro, se enfrenta al Senado de la República para el debate de control político al que lo citó el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, para que rinda cuentas sobre la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las FARC en 2016. A este también se citó a Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
Al debate asiste Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, al igual que otros funcionarios del Gobierno como: el ministro del Interior, Alfonso Prada; el director de la Agencia de Renovación del Territorio, Raúl Delgado; la directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Alejandra Miller Restrepo. “Haremos una revisión meticulosa de en qué va la implementación para abordar este asunto que es capital para la política de ‘paz total’ en la que estamos comprometidos”, señaló Cepeda.
El cara a cara del comisionado Rueda con el Senado se da después de varios hechos que han tenido en el ojo de la opinión pública la implementación del Acuerdo, entre estos la cumbre en Cartagena del expresidente Juan Manuel Santos y sus negociadores de paz con los negociadores de paz del actual gobierno. En ese encuentro, algunas voces pidieron que Rueda se apartara de la implementación, ya que se encuentra muy concentrado en las negociaciones con otros grupos.
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“El Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, suscrito en 2016, es sin duda uno de los hitos más significativos del proceso de construcción de la paz en nuestro país”, comenzó Cepeda durante su intervención. Sin embargo, aseguró que “durante el gobierno que presidió Iván Duque Márquez, no se implementó el Acuerdo de Paz, y, por el contrario, se produjo un cambio en el enfoque, sustituyéndolo por la política de “paz con legalidad”, la cual desde un enfoque de intensificación de la guerra consistió, en buena medida, en simular la implementación del Acuerdo, crear instancias, mecanismos y programas paralelos a los establecidos en el Acuerdo”.
Hilo
— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) April 18, 2023
Este gobierno que se asume como de cambio debe mostrar con hechos que promoverá un punto de inflexión en este campo. Si bien en corto tiempo hay avances sustanciales estos aún son insuficientes. Es necesario poner en práctica al menos las siguientes medidas:
Entre las preguntas que se realizarán a Rueda, está la siguiente: ¿Por qué fue eliminada la Consejería para el Posconflicto dentro de la estructura institucional de la Presidencia de la República? Este lunes, Emilio Archila, exconsejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, se manifestó con respecto a esta figura. Afirmó que “no construye desconocer la inmensa tarea realizada durante cuatro años por todo el gabinete del Presidente Duque, coordinado por la Consejería. [...] A propósito, este organismo que fue eliminado por el actual gobierno, y que ahora se pretende revivir, fue el fundamento para demostrar que la implementación de la paz no es solo voluntad, sino que se requiere de planeación, financiación y ejecución”.
A la pregunta, el comisionado planea hacer referencia a que “la implementación requiere recuperar su lugar”. “Su estructura y su planta de personal para superar el rezago y asumir con autonomía los desafíos impuestos por el Acuerdo Final. [...] El lugar de la implementación importa”, señala la presentación que tiene preparada para el debate.
Además, se cita la respuesta del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) sobre la eliminación de la Consejería para la Estabilización y Consolidación: “El DAPRE modifica su estructura organizacional y su planta de personal para adaptarlas a la realidad institucional vigente, con criterios de eficiencia, monitoreo y seguimiento a la gestión, teniendo en cuenta el Plan de Gobierno […] suprimieron varias dependencias, entre ellas la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación”.
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Con respecto a los recursos destinados a la paz, que han sido motivo de debate en los últimos días, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, asegura que los mayores rezagos de ejecución presupuestal se encuentran en el Punto 1, “siendo este el más significativo, y en el Punto 2 del Acuerdo; mientras que los puntos restantes registrarían niveles de sobre ejecución”.
El estado de los seis puntos del Acuerdo de Paz
Quienes citan al debate de control político también preguntarán específicamente sobre el estado de la implementación de cada uno de los puntos pactados. “¿Cuál es el estado actual de implementación del Punto 1 “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral”?”
Al respecto, los funcionarios aludidos argumentarán que la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, en articulación con el Departamento Nacional de Planeación y la Agencia de Renovación del Territorio, “convocó a las entidades responsables y participes de la implementación de los planes nacionales de la RRI a un encuentro interinstitucional”. Los resultados serían: “mesas técnicas de articulación y seguimiento de la implementación de los Planes Nacionales, la asignación de recursos del presupuesto 2023 con priorización territorial y poblacional, y una ruta expedita para la formulación de los planes de acción de 2023″.
Sobre el estado actual de implementación del Punto 2 “Participación política: Apertura democrática para construir la paz” se hablará de la ampliación de la participación política de los firmantes de paz. Como acciones concretas, se citará el “alistamiento con el partido Comunes y las otras expresiones organizativas de los firmantes de paz de las extintas FARC-EP, para ampliar la participación e incidencia de las otras expresiones dentro de las instancias de participación y escenarios de coordinación y articulación creadas por el Acuerdo Final de Paz” y la “participación de siete expresiones organizativas de firmantes de paz en la jornada de revisión y actualización del Plan Estratégico de Seguridad y Protección y en el Consejo Nacional de Reincorporación”.
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Adicionalmente, se hablará de la activación, por parte de la Unidad de Implementación, de la articulación con mecanismos e instancias designadas para el monitoreo de la verificación del Acuerdo, entre ellas: la Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos (IEANPE), la Instancia Especial de Mujeres, el Consejo Nacional de Paz y las casas refugio.
Con respecto a los avances del Punto 3 “Fin del conflicto”, se destacarán puntos relacionados con el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP), entre ellos, las sesiones de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS) y el hecho de que “se ha avanzado en la construcción de la política pública de desmantelamiento y el plan de acción”, cuya primera versión se tendría en mayo de 2023. En mayo de 2023 se tendrá una primera versión. Además, se mencionará el Plan Estratégico de Seguridad y Protección (PESP), teniendo en cuenta que, según la Fiscalía General de la Nación, entre 2017 y 2023 han sido asesinados 340 firmantes de paz.
La respuesta sobre el estado del Punto 4 “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas” está direccionada a los avances en materia de desminado. De acuedo con la información del comisionado de paz, “el 79,23% del territorio nacional está libre de sospecha de minas antipersonal”, “hay 99 municipios en intervención, y 134 municipios por intervenir”.
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Sobre el Punto 5 “Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto”, se hace referencia a las 9.378.858 personas reconocidas individualmente con el Registro Único de Víctimas, que corresponden al 18,2% de la población. De ellas, 7.451.797 son sujetos de atención. En cuanto a la reparación colectiva, se cita como avance, 15 Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) aprobados y con consulta previa en ocho sujetos de reparación colectiva étnicos, y la aprobación en seis comunidades campesinas y una organización. En materia de restitución de tierras, se citan 584 decisiones resueltas con fallo judicial.
Finalmente, sobre el Punto 6, que hace referencia a la “Implementación, verificación y refrendación”, se menciona el 80% de avance del punto 6.5, referente a las emisoras de paz, lo que se traduce en 16 espacios radiales en funcionamiento. “Para lograr el 100% de cumplimiento del punto 6.5, la Unidad de Implementación con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) remitieron a RTVC la propuesta de ubicación territorial de los últimos cuatro espacios: Agustín Codazzi, departamento del Cesar; Tierralta, departamento de Córdoba; Caldono, departamento del Cauca y, Riosucio, departamento del Chocó. Está en revisión de viabilidad técnica en el Ministerio de las TIC”, se lee en el documento de rendición de cuentas.
Adicionalmente, se citará la realización de ocho sesiones de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo (CSIVI), “que han permitido reactivar la instancia y darle el rol que se estableció debía cumplir en la implementación del Acuerdo” y el diagnóstico de la implementación del capítulo étnico, tras el cual se concluye un “rezago en la implementación integral del Capítulo Étnico por parte de cada una de las 23 instituciones de Gobierno responsables de la ejecución”.
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