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El pasado 20 de agosto, Tomás Uribe Moreno, hijo de Álvaro Uribe, firmó un contrato con DCI Group, una empresa dedicada a las relaciones públicas, cabildeo y consultoría en asuntos públicos Estados Unidos, con el propósito de manejar las comunicaciones y la gestión de la información relacionada con el caso judicial del expresidente en el país norteamericano.
Aunque el contrato fue firmado hace diez días, este fin de semana el periodista de la Associated Press, Joshua Goodman, hizo público fragmentos del documento y un comunicado de DCI Group del 25 de agosto en el que anuncia la campaña en defensa de Uribe.
En el escrito, la empresa basada en Washington explica que se le fue encomendada la estrategia comunicacional del expresidente que se encuentra “bajo arresto domiciliario arbitrario” y, seguido a esta afirmación, contextualiza la situación en el país. Asegura, bajo el mismo discurso de la “arbitrariedad”, que el caso de Uribe abrió un debate legal y constitucional sobre la decisión “inconstitucional e ilegal” de la Corte Suprema de Justicia al orndenar la medida de aseguramiento con base en “evidencia dudosa”.
A juicio de DCI, esta situación que vive el también exsenador da cuenta de una justicia politizada. “El arresto ilegal y detención del expresidente Álvaro Uribe, mientras líderes terroristas caminan libremente por Colombia (refiriéndose a los desmovilizados de las Farc), genera indignación. Él debe de ser liberado inmediatamente y se le debe de permitir defenderse de estas alegaciones políticas y sin base”, dijo Justin Peterson, socio gerente de la empresa.
Ante el conocimiento de este contrato, varios medios consultaron a Tomás Uribe Moreno para explicar el contrato. “Hicimos el contrato para manejar las comunicaciones en Estados Unidos porque ese país ha sido un aliado muy grande de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y Álvaro Uribe fue el presidente que más logros tuvo en la lucha contra el narcotráfico”, dijo Uribe Moreno a W Radio.
Sobre las intenciones, dijo a El Espectador: “El objetivo de esta firma es llevar la verdad del proceso en contra de Álvaro Uribe Vélez a todos los lugares de los EE. UU., que todo el mundo, y aquellas personas que confiaron en él en su paso por la Presidencia, se entere que quien está detrás de la persecución de la cual es víctima es la nueva generación de las Farc”.
Sobre esa “nueva generación de las Farc”, Tomás Uribe señaló que el senador Iván Cepeda, contraparte del caso del expresidente en la Corte, es el líder del supuesto movimiento y “artífice y arquitecto” de la fuga de “Jesús Santrich” en agosto de 2019. Y recordó que “Santrich” fue pedido en extradición por la justicia norteamericana por narcotráfico.
“Nos parece absolutamente trascendental que los Estados Unidos, su gobierno, su Congreso, su rama judicial, conozcan que detrás del proceso en contra de Álvaro Uribe está el senador líder de la nueva generación de Farc, Iván Cepeda”, complementó. Así mismo, apuntó que no descartan la posibilidad de replicar esta campaña a otras latitudes. “El mundo debe de saber que detrás de la persecución a Álvaro Uribe Vélez está el líder de la nueva generación Farc, grupo otrora que fue el mayor cartel de cocaína en el mundo”.
Aunque Uribe Moreno mencionó una intención para incidir en el Congreso norteamericano, DCI Group, le dijo a El Tiempo que el contrato no incluye lobby ante los parlamentarios. El contrato es por US$ 120.000 (alrededor de $ 450 millones) con proyección de tres meses. Esta empresa, le manejó la imagen al exministro Andrés Felipe Arias cuando se encontraba en dicho país.
Conocido el contrato y las explicaciones dadas por Tomás Uribe, el senador Cepeda, contraparte del caso de Uribe, le allegó a la Corte Suprema de Justicia esta información como prueba a la campaña de desprestigio que es objeto desde la decisión que tomó ese tribunal de dictarle medida de aseguramiento al expresidente y exsenador.
“Estos hechos demuestran que hay en curso una campaña de calumnia y de mentiras contra la Corte Suprema que, creemos, deben ser tenidas en cuenta en esta investigación”, dijo el senador. También el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, se refirió al contrato de comunicación con DCI: “¿Qué busca Uribe en Washington si los procesos penales contra él son en Bogotá?”.