El debate de la reforma pensional abrirá la plenaria del Senado en Semana Santa

Los senadores iniciarán la Semana Santa con el debate que ha generado “peleas” en la plenaria. La reforma pensional del presidente Gustavo Petro abrirá el orden del día cerca de las 9 a. m. el próximo martes 26 de marzo.

La discusión anterior, que tuvo lugar el pasado miércoles, se levantó cerca de las 2:30 p. m. después de gritos y malestares entre los senadores. Aunque en ella se iba a discutir las ponencias, se aprobó una sesión informal para una votación sobre los impedimentos de algunos congresistas en el debate.

La situación se agitó cuando se aprobó el recurso presentado por el senador Carlos Fernando Motoa (de Cambio Radical), quien alegó tener un conflicto de interés porque uno de sus familiares estaba realizando el proceso para pensionarse. A diferencia de otros presentados que exponían la misma razón, la de él fue la única en recibir un voto afirmativo por parte de la mayoría.

Motoa señaló a los senadores oficialistas de impedir la participación en el debate de aquellos que están en contra de la reforma pensional: “única vez que presenté impedimento y ya conocemos cuál es la actitud del Gobierno y de la coalición de Gobierno. A unos senadores opositores los recusan, a otros nos aceptan los impedimentos. No quieren el debate, no quieren argumentos”.

Iván Name, el presidente del Senado, anunció que sesionarían el martes y miércoles de Semana Santa después que de una carta firmada por 49 senadores pidiera que se retomara el debate tras los “agarrones”. Lideradas por María José Pizarro, la vicepresidenta de la corporación, las bancadas del Pacto Histórico, Comunes, Partido de la U, En Marcha, así como integrantes del Partido Alianza Verde, Verde Oxígeno, ASI y el Partido Liberal expusieron su objetivo de “avanzar en las importantes discusiones legislativas pendientes”.

Otro debate que quedó estancado fue el de la reforma a la salud en la Comisión Séptima. Sin embargo, el representante Andrés Calle, el presidente de la Cámara, indicó que no sesionarían en esas dos fechas. Así, se cumple lo esperado por los integrantes de la coalición de gobierno, quienes buscaban retomar la discusión después de Semana Santa.

Sin embargo, allí también falta finalizar unos pendientes: los cuatro impedimentos y las tres recusaciones presentados contra integrantes de la Comisión. Si bien los primeros se votan entre los integrantes de la sala, los segundos pasarán a la Comisión de Ética de la Cámara. El resultado se proyecta como el del Senado: los representantes de la oposición han señalado que el Gobierno quiere impedir que voten en el debate, para así poder aprobar el texto antes del 20 de junio, la fecha límite para lograrlo.

Frente a las críticas por no sesionar en Semana Santa, Calle aseguró que se debía al alto costo del desplazamiento de los representantes, que “le cuesta a la corporación 300 millones de pesos”, “un dinero que saldría para una sesión que podría ser fallida”, de acuerdo con él. De todas formas, indicó que la Cámara “no para de trabajar” y sus integrantes han “estado en agenda en los territorios y en el Congreso”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

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Los senadores iniciarán la Semana Santa con el debate que ha generado “peleas” en la plenaria. La reforma pensional del presidente Gustavo Petro abrirá el orden del día cerca de las 9 a. m. el próximo martes 26 de marzo.

La discusión anterior, que tuvo lugar el pasado miércoles, se levantó cerca de las 2:30 p. m. después de gritos y malestares entre los senadores. Aunque en ella se iba a discutir las ponencias, se aprobó una sesión informal para una votación sobre los impedimentos de algunos congresistas en el debate.

La situación se agitó cuando se aprobó el recurso presentado por el senador Carlos Fernando Motoa (de Cambio Radical), quien alegó tener un conflicto de interés porque uno de sus familiares estaba realizando el proceso para pensionarse. A diferencia de otros presentados que exponían la misma razón, la de él fue la única en recibir un voto afirmativo por parte de la mayoría.

Motoa señaló a los senadores oficialistas de impedir la participación en el debate de aquellos que están en contra de la reforma pensional: “única vez que presenté impedimento y ya conocemos cuál es la actitud del Gobierno y de la coalición de Gobierno. A unos senadores opositores los recusan, a otros nos aceptan los impedimentos. No quieren el debate, no quieren argumentos”.

Iván Name, el presidente del Senado, anunció que sesionarían el martes y miércoles de Semana Santa después que de una carta firmada por 49 senadores pidiera que se retomara el debate tras los “agarrones”. Lideradas por María José Pizarro, la vicepresidenta de la corporación, las bancadas del Pacto Histórico, Comunes, Partido de la U, En Marcha, así como integrantes del Partido Alianza Verde, Verde Oxígeno, ASI y el Partido Liberal expusieron su objetivo de “avanzar en las importantes discusiones legislativas pendientes”.

Otro debate que quedó estancado fue el de la reforma a la salud en la Comisión Séptima. Sin embargo, el representante Andrés Calle, el presidente de la Cámara, indicó que no sesionarían en esas dos fechas. Así, se cumple lo esperado por los integrantes de la coalición de gobierno, quienes buscaban retomar la discusión después de Semana Santa.

Sin embargo, allí también falta finalizar unos pendientes: los cuatro impedimentos y las tres recusaciones presentados contra integrantes de la Comisión. Si bien los primeros se votan entre los integrantes de la sala, los segundos pasarán a la Comisión de Ética de la Cámara. El resultado se proyecta como el del Senado: los representantes de la oposición han señalado que el Gobierno quiere impedir que voten en el debate, para así poder aprobar el texto antes del 20 de junio, la fecha límite para lograrlo.

Frente a las críticas por no sesionar en Semana Santa, Calle aseguró que se debía al alto costo del desplazamiento de los representantes, que “le cuesta a la corporación 300 millones de pesos”, “un dinero que saldría para una sesión que podría ser fallida”, de acuerdo con él. De todas formas, indicó que la Cámara “no para de trabajar” y sus integrantes han “estado en agenda en los territorios y en el Congreso”.

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