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“Por la paz de Colombia”, habrían sido las palabras que pronunció Pablo Escobar Gaviria al descargar en el piso las 20 balas que tenía una pistola con incrustación de oro, que entregó a la delegación oficial —acompañada del padre Rafael García Herreros— que lo fue a recoger a una finca en el barrio El Poblado, de Medellín, para su rendición a la justicia. De esta forma, el líder del cartel de Medellín, acompañado de varios de sus hombres, se acogió a la política de sometimiento del gobierno de César Gaviria, el 19 de junio de 1991. Las negociaciones duraron varios meses, y, aunque el Ejecutivo acordó no enviar a Escobar a Estados Unidos y que estuviera en una cárcel construida por él mismo, este solo se rindió el día en que se aseguró de que no sería extraditado por sus crímenes.
Ese mismo día, en horas de la mañana, la plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente votó y aprobó de forma mayoritaria el artículo 35 de la nueva Constitución: “Se prohíbe la extradición de colombianos por nacimiento. No se concederá la extradición de extranjeros por delitos políticos o de opinión. Los colombianos que hayan cometido delitos en el exterior, considerados como tales en la legislación nacional, serán procesados y juzgados en Colombia”. De esta forma, Pablo Escobar Gaviria y el resto de extraditables se garantizaban que solo serían juzgados por instancias colombianas. Un afán que llevó al país a ser víctima de la barbarie del cartel de Medellín y un derramamiento de sangre sin precedente, justificado con el lema: “Preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos”.
Los narcos colombianos sabían de la debilidad del sistema legal colombiano y sus vacíos, que aprovechaban para delinquir sin temer ni siquiera una orden de captura. Por el contrario, los horrorizaba que fueran solicitados por la justicia estadounidense, porque tan solo un pedido de extradición implicaba que podían estar décadas encerrados en una pequeña celda de dicho país. Por eso, desde que comenzaron a llegar los primeros requerimientos de las autoridades norteamericanas, a mediados de los años 80, los nacientes carteles comenzaron a moverse en contra de la extradición. No obstante, en un primer momento, el Gobierno, encabezado entonces por Belisario Betancur, fue reacio a enviar colombianos a pagar cárcel en otros países.
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Esta postura cambió con el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia, el 30 de abril de 1984. El segundo del Nuevo Liberalismo fue uno de los que denunció la entrada de dineros “calientes” a los equipos de fútbol profesionales y la infiltración de la política por los narcos, que incluyó la llegada de Pablo Escobar a la Cámara, como suplente del liberal Jairo Ortega. Estas acciones, además de los golpes de la fuerza pública a los laboratorios del narcotráfico, lo hicieron blanco de la violencia del cartel de Medellín. La respuesta gubernamental se dio tres días después con el anuncio del presidente Betancur, durante el funeral de Lara, de que ahora sí extraditaría a los solicitados por Estados Unidos.
Casi un año después, el 5 de enero de 1985, salieron del país los primeros cinco extraditados hacia Estados Unidos, entre ellos Hernán Botero Moreno, presidente de Atlético Nacional. Desde entonces, comenzó una acción de Escobar y el resto del cartel de Medellín, que incluyó la vía jurídica, las acciones violentas y la presión popular, para tumbar la extradición. Como parte de este plan, el 6 de noviembre de 1986, se agruparon bajo la denominación de “Los Extraditables” para reclamar el “poner fin a la extradición de colombianos, en nombre de los derechos de la familia, de los derechos humanos y la soberanía nacional”. Como este primer comunicado, el grupo de narcotraficantes comenzó a enviar sus pronunciamientos a la prensa para responderle al Gobierno y ejercer presión contra su posible extradición.
En su afán por no ser capturados y enviados a otro país, Los Extraditables mataron jueces, magistrados, miembros de la fuerza pública y periodistas —incluyendo al director de El Espectador, Guillermo Cano— que no comulgaban con ellos o simplemente por pronunciarse a favor de la extradición. Los esfuerzos legales del cartel de Medellín, y algunos aseguran que las amenazas, dieron fruto el 12 de diciembre de 1986, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inexequible por errores de trámite la ley que habilitaba el tratado de extradición. El vicio se debía a que dicha ley había sido sancionada por el ministro Germán Zea, que fungía como designado presidencial en ese momento, y no por el presidente Julio César Turbay.
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El gobierno de Virgilio Barco intentó sancionar la norma pero de nuevo fue declarada inexequible, por lo que, en la teoría, no se tenía un mecanismo para extraditar a los pedidos por la justicia de otros países. Sin embargo, en la pequeña ventana en que dicha ley estuvo en vigor, el Ejecutivo capturó y extraditó, el 4 de febrero de 1987, a Carlos Lehder a los Estados Unidos, una ficha de muy alto valor del cartel de Medellín. La decisión desató una violencia mayor para evitar la extradición de Escobar y sus socios: carros bomba; asesinato de candidatos presidenciales, abogados, miembros de la Policía y políticos; secuestros y más.
Entre ese lamentable listado figuran las bombas en El Espectador, el DAS y el avión de Avianca, y los asesinatos del procurador Carlos Mauro Hoyos, de José Antequera y del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, el más opcionado a ganar las elecciones de 1990, entre otros crímenes que llenaron de dolor y muerte al país. Tras el crimen de Galán, el gobierno Barco optó por la extradición administrativa, sustentado en un fallo de la Corte que lo avalaba. Y mientras en las calles colombianas se vivía la violencia del narcoterrorismo, el Congreso debatía una amplia reforma a la Constitución de 1886, que, entre otros temas, incluía un revolcón a la justicia, que había demostrado su debilidad ante el narcotráfico.
Esa reforma de 1989, que incluso había sido impulsada por Luis Carlos Galán, tuvo un primer paso por Cámara y Senado sin contratiempos. No obstante, el tema de la extradición fue la razón de que no prosperara y de que casi un año después se comenzara a hablar de convocar una Asamblea Constituyente. La razón es que, en su segundo paso por Cámara, congresistas supuestamente bajo la influencia de la mafia introdujeron un “mico” para que se convocara a un referendo que decidiera si el país habilitaba o no la extradición de nacionales. Para el gobierno Barco, dicha posibilidad era inaceptable, pues si el cartel de Medellín había iniciado una oleada de violencia para presionar al país, cuánto más sería el derramamiento de sangre para influenciar a la población sobre la inconveniencia de esta figura.
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La administración Barco prefirió hundir toda la reforma a que se abriera la posibilidad de que se convocara a las urnas para definir la viabilidad de la extradición. La imposibilidad de modificar la envejecida Constitución en el Congreso fue la mayor causa de que se diera paso a la convocatoria de la Constituyente de 1991. En este proceso, como era de esperarse, el tema de la extradición fue uno de los más comentados desde el principio. Varios constituyentes, desde la campaña, expresaron su rechazo a la figura, algunos por razones jurídicas y políticas, y otros por el terror que habían sembrado los atentados y asesinatos de Los Extraditables durante casi cuatro años.
Además, la sombra de Pablo Escobar siempre estuvo sobre la Asamblea. Mientras el país se preparaba para convocar la Constituyente y elegir a sus miembros, el cartel de Medellín secuestró a Diana Turbay, Marina Montoya, Maruja Pachón de Villamizar y Francisco Santos. Aunque supuestamente su retención era para forzar una negociación con el Gobierno, también fue interpretada como una presión a los constituyentes. Esto se sintió de mayor manera faltando pocas semanas para la instalación de la Asamblea, cuando se conoció que los narcotraficantes asesinaron a Marina Montoya, además de la muerte de Diana Turbay en confusas circunstancias durante un intento de rescate por parte de la Policía.
Así las cosas, desde los primeros días de la Asamblea se comenzaron a escuchar discursos en contra de la extradición ante la pregunta obligatoria de la prensa sobre la posición frente al tema. Los asambleístas conservadores Hernando Londoño y Juan Gómez Martínez se definieron como “irreductibles enemigos” de esta. Asimismo, comenzaron a llegar proyectos para prohibirla e incluso algunos más arriesgados pedían la repatriación de todos los colombianos en prisiones del exterior. A pesar de esto, la discusión frente a este aspecto no tomó un amplio espacio, como otros temas, sino que se nombró una subcomisión con miembros de las comisiones Primera (derechos) y Cuarta (justicia) para que ellos asumieran el debate y la propuesta para que quedara consignada en la Constitución.
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Mientras se daban estas discusiones, las presiones venían por distintos frentes. Desde el Gobierno se hablaba de la necesidad de que siguiera la extradición para que tuviera dientes la política de sometimiento a la justicia —penas más bajas y no extradición a cambio de reconocimiento de delitos—. No obstante, para Antonio Galán, hermano de Luis Carlos Galán y constituyente, el papel que jugó la administración Gaviria fue “decepcionante”, pues decían que tenían “todo resuelto” para mantener la extradición, “pero nunca hubo presencia para mover el tema”. Sobre este señalamiento, el entonces ministro de Gobierno, Humberto de la Calle, expresó en uno de sus libros que la posición del Ejecutivo era compleja, porque la no extradición era compartida por muchos y necesitaba frenar un proyecto más lesivo que proponía un indulto total.
En otro frente, la acción de Escobar continuaba. Siguieron los asesinatos de miembros de la fuerza pública. El 30 de abril de 1991 —cuando se cumplían ocho años del crimen de Lara Bonilla—, hombres del cartel de Medellín asesinaron a Enrique Low Murtra, ministro de Justicia durante el gobierno Barco. Además, “nos mandaron cartas de amenaza de muerte a los que estábamos a favor de la extradición”, contó a este diario el constituyente Juan Carlos Esguerra, quien agregó que la amenaza en su contra decía: “Ya sabemos cuál es la posición que usted tiene sobre el tema de la extradición. ¿Cuántos guardaespaldas tenía Lara Bonilla? ¿Cuántos le van a poner a usted?”. También se habló de pago de sobornos e incluso uno quedó registrado en lo que se denominó “narcovideo”, pero este fue rápidamente desechado como un montaje.
Con este panorama, el 14 de mayo de 1991, las comisiones Primera y Cuarta se reunieron para debatir sobre la extradición. La discusión fue a toda prisa, debido a que era el penúltimo día de sesiones por células constitucionales. El texto que presentó decía que se prohibía la extradición de colombianos y se debía garantizar el “derecho inalienable de ser juzgado en el territorio nacional por sus jueces”. Entre las muchas posiciones, hubo un sector que pedía no estudiar el tema mientras Escobar tuviera en su poder a Francisco Santos y Maruja Pachón. Otros validaban la no extradición bajo distintos argumentos: varios señalaban que era la forma de acabar con la violencia del narcotráfico, algunos hablaban de la soberanía nacional y la necesidad de fortalecer la justicia interna, y otros, como Jaime Fajardo Landaeta —exmiembro del Epl—, expresaron que era la única forma de garantizar que los guerrilleros recientemente amnistiados (M-19, Epl, Quintín Lame y Prt) no iban a ser enviados a otro país.
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Esta última posición se impuso, y tras una votación secreta, la comisión le dio el primer sí a prohibir la extradición en el texto constitucional. Seis días después, Los Extraditables liberaron a Francisco Santos y Maruja Pachón. Durante el mes que el texto aprobado hizo su paso hacia plenaria, la prensa se comenzó a llenar de rumores sobre las negociaciones de Pablo Escobar con el Gobierno para someterse a la justicia, con la intermediación del padre García Herreros y la condición de que fuera recluido en la cárcel que se llamaría La Catedral. Los periódicos también daban cuenta de las largas jornadas y la prisa de la Constituyente para sacar adelante la nueva carta magna, pues solo le quedaban algunos días de mandato.
Fue con ese afán que se estudió el texto de la no extradición en la plenaria del 19 de junio. En un último intento por frenar lo inevitable, Antonio Galán presentó un texto alternativo que dijera que por ley se definirían los casos en los que se aprobaría la extradición. No fue acogido. También pidió una votación secreta, buscando que el temor a la mafia no influyera en la decisión. No obstante, la victoria de la ponencia mayoritaria fue aplastante: 51 a favor de no extraditar colombianos, 13 en contra y 5 abstenciones. “Dios y la patria nos perdonen”, se escuchó tras el anuncio del resultado, a lo que otro respondió: “Mi voto fue público y no necesita el perdón de nadie”.
Pablo Escobar seguía la votación por la radio. Esa misma mañana había comenzado el operativo de su entrega. Mientras en Bogotá se daban las primeras reacciones por el hundimiento constitucional de la extradición, una delegación del Gobierno recibía al líder del cartel de Medellín y a otros más para su aparente sometimiento a la justicia. Ese mismo día, Escobar pasó su primera noche en La Catedral, la cárcel en la que supuestamente pagaría por sus crímenes, pero que en realidad le sirvió para mantener sus negocios mientras era custodiado por la fuerza pública y sus hombres. Semanas después, 4 de julio de 1991, se promulgó la nueva Constitución. Ese mismo día, sin tanto bombo, Los Extraditables anunciaron la disolución de su grupo.