La agenda nacional con vista a las elecciones de 2026

Quiero agradecer al presidente César Gaviria por la invitación que me hizo para participar en la Convención Nacional Liberal, un partido en el que milité por muchos años. De hecho, trabajé en los gobiernos de los presidentes Barco, Gaviria y Samper, y fui ministro en los dos últimos.

Voy a referirme en primer término a la organización política nacional con vista a las elecciones que definirán quien será el nuevo presidente de la República. En tal sentido, los principales retos que enfrentamos en el terreno político son superar tanto la polarización como la corrupción y el clientelismo, que están haciendo profundo daño al país y a su cohesión social.

Las fuerzas de centro amplio tienen que encontrar un mecanismo que garantice su unidad. Desde esa unidad hay que combatir la polarización, que impide los debates rigurosos y sensatos que necesita Colombia. El mecanismo de unidad que se acuerde debe garantizar un ambiente de respeto mutuo de las candidatas y los candidatos de la amplia coalición y que ellas y ellos respalden firmemente a quien triunfe en la consulta correspondiente. Se debe evitar así, y a toda costa, la experiencia desafortunada de la coalición Centro Esperanza en las pasadas elecciones, que respaldé personalmente.

Los retos económicos, sociales y ambientales que tendrá que enfrentar la nueva administración son enormes. Los primeros son superar varias crisis, que son evidentes y que, a mi juicio, está dejando la administración actual luego de abandonar el gran acuerdo nacional con las que inició en 2022. El primero es la crisis del sistema de salud pública, que se refleja tanto en la incapacidad de acordar las reformas que necesita el sector y su financiamiento, como en múltiples intervenciones en las entidades existentes que suscitan dudas sobre su lógica y su manejo.

El sistema que heredamos de la Ley 100 de 1993 es uno de los mejor evaluados de América Latina, entre otras cosas porque en la ley respectiva se garantizó la igualdad en el acceso al sistema con la combinación de los regímenes subsidiado y contributivo, es decir, el derecho a la salud. Lo digo además porque tuve la oportunidad, cuando era ministro de Agricultura, de intervenir en varias fases de debate de esta ley, incluyendo la redacción de la versión final que fue aprobada por el Congreso.

Había por supuesto que introducir mejoras, en particular en la atención primaria, el acceso de las poblaciones rurales y la eliminación de la integración vertical, temas sobre los cuales hay consenso. Pero lo que requería el sistema no era una nueva ley sino desarrollar la Ley Estatutaria de la Salud, la Ley 1751 de 2015.

El segundo es superar el deterioro de la administración pública generado por el reemplazo de equipos con experiencia administrativa amplia, adquirida trabajando con varias administraciones, por personal sin experiencia adecuada.

Este problema es evidente en muchos ámbitos de la administración actual, una de cuyas consecuencias ha sido la baja ejecución de la inversión pública. A ello se agrega la falta de coordinación de las actividades gubernamentales, una de cuyas principales expresiones es la ausencia de reuniones presenciales del CONPES. Lo digo conociendo de cerca la importancia de ese ámbito institucional. Este Consejo debe volver a ser lo que era: el coordinador de las políticas económicas, sociales y ambientales del gobierno y, por lo tanto, de cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo.

El tercero es el deterioro de la seguridad, que se manifiesta de diferentes maneras, la incapacidad de llegar a acuerdos con los grupos insurgentes que continúan actuando al margen de la ley, y las limitaciones que en no pocos casos se han impuesto al Ejército Nacional y a la Policía para actuar en algunas regiones y frente a algunos actores que generan violencia. En algunos casos se han generado crisis severas en zonas del país, como en el Departamento del Cauca. Muchos tenemos además dudas sobre si algunos beneficios que se han dado a insurgentes han servido para beneficiar particularmente a paramilitares.

El cuarto es la crisis emergentes del sistema energético nacional. Las causas son varias, pero entre ellas quiero resaltar, en primer término, la cancelación de proyectos de energía solar en la Guajira por la demora en la ampliación de la red de transmisión. A ello valdría la pena agregar los atrasos en permitir la exploración y explotación de gas, un hidrocarburo relativamente limpio y en el cual se sabía que el país era deficitario. Sin avanzar firmemente en este campo, la escasez de gas se agudizará, con gran costo para las familias.

Aparte de estos temas, quisiera referirme brevemente a diferentes elementos de la agenda social, económica y ambiental que debe emprender el próximo gobierno. La agenda social debe ser el centro del próximo gobierno, respondiendo además a la frase con la cual se inicia nuestra Carta Política: “Colombia es un Estado social de derecho”. Es además esencial para ayudar a superar la enorme desigualdad que tiene el país y los desafíos particulares de la población rural.

Esto debe estar, además, en el centro de la agenda del Partido Liberal. Lo digo, además, con la convicción que tuve cuando promoví la decisión de que el partido se afiliara la internacional social demócrata, la Internacional Socialista. Y en el caso rural porque tuve a mi cargo impulsar la ley de reforma agraria vigente, la Ley 160 de 1994, y de dirigir la Misión para Transformación del Campo que coincidió con las negociaciones del acuerdo de paz con las FARC y que, a mi juicio, es la agenda de desarrollo rural apropiada para el país.

En materia social, la ampliación y mejora en la calidad de los programas de educación y salud para los pobres, incluyendo en el primer caso la educación prescolar y escolar, la técnica y la universitaria. A ello se deben agregar los apoyos de todo tipo a los hogares de menores ingresos y el acceso al sistema de pensiones.

La igualdad de género es también esencial y para ello, aparte de evitar todo tipo de discriminación contra las mujeres y garantizar su acceso igualitario a los puestos públicos y privados, debe darse prioridad a la mejoría de la red de centros de desarrollo infantil de Bienestar Familiar y el desarrollo de redes de hogares comunitarios para adultos mayores y personas con discapacidades, los cuales, aparte de beneficiar a las poblaciones de las que son objeto, son esenciales para garantizar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Debemos avanzar así en una sociedad donde las actividades de cuidado sean debidamente reconocidas.

Y quiero resaltar en este ámbito la generación de empleo de calidad y la formalización del empleo existente, un tema crítico en un país en que más de la mitad de los empleos son informales y cuatro de cada cinco en las zonas rurales. Ello exige acciones concretas de formalización de los asalariados informales, pero también una política ambiciosa de apoyo a los trabajadores independientes de menores ingresos y a las microempresas rurales y urbanas, que incluya asistencia técnica, apoyo a la comercialización de sus productos, interacciones equitativas con las empresas de mayor tamaño y acceso al crédito. Todo esto exige, además, un mayor dinamismo económico, porque la creación de empleo de calidad solo se logra en una economía dinámica.

En materia de desarrollo económico, debemos comenzar reconociendo que las promesas de que la apertura económica iba a acelerar nuestro desarrollo no se han cumplido, e incluso ha generado una desindustrialización prematura. Hemos retrocedido además en diversificación exportadora.

Siguiendo los principios de la escuela estructuralista latinoamericana, de la cual hago parte, el tema esencial debe ser la promoción de cambios en la estructura económica hacia actividades con mayor contenido tecnológico, tanto del sector agropecuario y minero, como del industrial y, en el mundo contemporáneo, de los servicios modernos. Para ello es esencial poner en marcha una política de desarrollo productiva realmente ambiciosa, con tres elementos fundamentales: recursos mucho mayores para el desarrollo científico y tecnológico, apoyo a la creación de redes empresariales, con el apoyo de los gremios y de las Cámaras de Comercio, y un uso ambicioso de nuestro sistema de bancos de desarrollo, incluyendo en particular el impulso a la creación de nuevos sectores y de nuevas empresas.

A estas acciones en el frente tecnológico, productivo y exportador, se debe agregar el desarrollo de la infraestructura, impulsando de nuevo la participación privada en todos los campos, que fue esencial para las mejoras que tuvimos en las últimas décadas, pero que se han frenado bajo la administración actual. En algunos casos, como la red de acueductos y alcantarillados en todo el país y las de servicios públicos en las zonas más atrasadas, la oferta pública seguirá siendo muy importante, como debe ser el tratamiento de aguas residuales, un tema en el cual el país tiene un gran atraso.

Debo resaltar que, tanto en materia social como económica, el apoyo a las regiones más atrasadas del país es trascendental. La política social debe darles prioridad a ellas, y en la económica deben diseñarse planes específicos de desarrollo de dichas regiones. Para ello, es esencial contar con una red de vías terciarias amplia y de calidad, y mecanismos comunitarios de acceso a servicios públicos.

En todos estos temas, el fortalecimiento de los gobiernos departamentales y municipales, apoyados por participación en las rentas nacionales es esencial, pero también lo es que el sistema de participaciones sea viable y no ahonde las dificultades fiscales que enfrenta el país.

En materia ambiental, las grandes prioridades son frenar definitivamente la desforestación, proteger nuestras cuencas hidrográficas y recuperar y mantener nuestro patrimonio natural. El primero de estos procesos es esencial tanto para la protección de nuestra biodiversidad, el tema del día en Colombia, como para el combate al cambio climático, ya que es nuestra principal contribución potencial a este inmenso problema mundial, mucho más que la producción de petróleo.

A todo ello deben agregarse las acciones para la adaptación al cambio climático y el cambio en los patrones de transporte y consumo hacia productos que no generen problemas ambientales. Las regulaciones ambientales y las negociaciones con las comunidades deben usarse, además, sin generar problemas económicos, como ha acontecido, como lo mencioné, con la red de transmisión eléctrica desde la Guajira, la exploración y explotación de las fuentes de gas y la muy limitada explotación del cobre, por lo demás, un metal de transición en la lucha contra el cambio climático.

Es un agenda compleja. La superación de las crisis que heredará el próximo gobierno y la puesta en marcha de un plan de desarrollo ambicioso en materia social, económica y ambiental son grandes retos que, para retornar a mis comentarios iniciales, deben ser el punto de partida de la unidad del centro amplio para gobernar el país y superar definitivamente la grave polarización política que enfrentamos.

* Palabras pronunciadas en la Convención del Partido Liberal, noviembre 1º de 2024.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.

Quiero agradecer al presidente César Gaviria por la invitación que me hizo para participar en la Convención Nacional Liberal, un partido en el que milité por muchos años. De hecho, trabajé en los gobiernos de los presidentes Barco, Gaviria y Samper, y fui ministro en los dos últimos.

Voy a referirme en primer término a la organización política nacional con vista a las elecciones que definirán quien será el nuevo presidente de la República. En tal sentido, los principales retos que enfrentamos en el terreno político son superar tanto la polarización como la corrupción y el clientelismo, que están haciendo profundo daño al país y a su cohesión social.

Las fuerzas de centro amplio tienen que encontrar un mecanismo que garantice su unidad. Desde esa unidad hay que combatir la polarización, que impide los debates rigurosos y sensatos que necesita Colombia. El mecanismo de unidad que se acuerde debe garantizar un ambiente de respeto mutuo de las candidatas y los candidatos de la amplia coalición y que ellas y ellos respalden firmemente a quien triunfe en la consulta correspondiente. Se debe evitar así, y a toda costa, la experiencia desafortunada de la coalición Centro Esperanza en las pasadas elecciones, que respaldé personalmente.

Los retos económicos, sociales y ambientales que tendrá que enfrentar la nueva administración son enormes. Los primeros son superar varias crisis, que son evidentes y que, a mi juicio, está dejando la administración actual luego de abandonar el gran acuerdo nacional con las que inició en 2022. El primero es la crisis del sistema de salud pública, que se refleja tanto en la incapacidad de acordar las reformas que necesita el sector y su financiamiento, como en múltiples intervenciones en las entidades existentes que suscitan dudas sobre su lógica y su manejo.

El sistema que heredamos de la Ley 100 de 1993 es uno de los mejor evaluados de América Latina, entre otras cosas porque en la ley respectiva se garantizó la igualdad en el acceso al sistema con la combinación de los regímenes subsidiado y contributivo, es decir, el derecho a la salud. Lo digo además porque tuve la oportunidad, cuando era ministro de Agricultura, de intervenir en varias fases de debate de esta ley, incluyendo la redacción de la versión final que fue aprobada por el Congreso.

Había por supuesto que introducir mejoras, en particular en la atención primaria, el acceso de las poblaciones rurales y la eliminación de la integración vertical, temas sobre los cuales hay consenso. Pero lo que requería el sistema no era una nueva ley sino desarrollar la Ley Estatutaria de la Salud, la Ley 1751 de 2015.

El segundo es superar el deterioro de la administración pública generado por el reemplazo de equipos con experiencia administrativa amplia, adquirida trabajando con varias administraciones, por personal sin experiencia adecuada.

Este problema es evidente en muchos ámbitos de la administración actual, una de cuyas consecuencias ha sido la baja ejecución de la inversión pública. A ello se agrega la falta de coordinación de las actividades gubernamentales, una de cuyas principales expresiones es la ausencia de reuniones presenciales del CONPES. Lo digo conociendo de cerca la importancia de ese ámbito institucional. Este Consejo debe volver a ser lo que era: el coordinador de las políticas económicas, sociales y ambientales del gobierno y, por lo tanto, de cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo.

El tercero es el deterioro de la seguridad, que se manifiesta de diferentes maneras, la incapacidad de llegar a acuerdos con los grupos insurgentes que continúan actuando al margen de la ley, y las limitaciones que en no pocos casos se han impuesto al Ejército Nacional y a la Policía para actuar en algunas regiones y frente a algunos actores que generan violencia. En algunos casos se han generado crisis severas en zonas del país, como en el Departamento del Cauca. Muchos tenemos además dudas sobre si algunos beneficios que se han dado a insurgentes han servido para beneficiar particularmente a paramilitares.

El cuarto es la crisis emergentes del sistema energético nacional. Las causas son varias, pero entre ellas quiero resaltar, en primer término, la cancelación de proyectos de energía solar en la Guajira por la demora en la ampliación de la red de transmisión. A ello valdría la pena agregar los atrasos en permitir la exploración y explotación de gas, un hidrocarburo relativamente limpio y en el cual se sabía que el país era deficitario. Sin avanzar firmemente en este campo, la escasez de gas se agudizará, con gran costo para las familias.

Aparte de estos temas, quisiera referirme brevemente a diferentes elementos de la agenda social, económica y ambiental que debe emprender el próximo gobierno. La agenda social debe ser el centro del próximo gobierno, respondiendo además a la frase con la cual se inicia nuestra Carta Política: “Colombia es un Estado social de derecho”. Es además esencial para ayudar a superar la enorme desigualdad que tiene el país y los desafíos particulares de la población rural.

Esto debe estar, además, en el centro de la agenda del Partido Liberal. Lo digo, además, con la convicción que tuve cuando promoví la decisión de que el partido se afiliara la internacional social demócrata, la Internacional Socialista. Y en el caso rural porque tuve a mi cargo impulsar la ley de reforma agraria vigente, la Ley 160 de 1994, y de dirigir la Misión para Transformación del Campo que coincidió con las negociaciones del acuerdo de paz con las FARC y que, a mi juicio, es la agenda de desarrollo rural apropiada para el país.

En materia social, la ampliación y mejora en la calidad de los programas de educación y salud para los pobres, incluyendo en el primer caso la educación prescolar y escolar, la técnica y la universitaria. A ello se deben agregar los apoyos de todo tipo a los hogares de menores ingresos y el acceso al sistema de pensiones.

La igualdad de género es también esencial y para ello, aparte de evitar todo tipo de discriminación contra las mujeres y garantizar su acceso igualitario a los puestos públicos y privados, debe darse prioridad a la mejoría de la red de centros de desarrollo infantil de Bienestar Familiar y el desarrollo de redes de hogares comunitarios para adultos mayores y personas con discapacidades, los cuales, aparte de beneficiar a las poblaciones de las que son objeto, son esenciales para garantizar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Debemos avanzar así en una sociedad donde las actividades de cuidado sean debidamente reconocidas.

Y quiero resaltar en este ámbito la generación de empleo de calidad y la formalización del empleo existente, un tema crítico en un país en que más de la mitad de los empleos son informales y cuatro de cada cinco en las zonas rurales. Ello exige acciones concretas de formalización de los asalariados informales, pero también una política ambiciosa de apoyo a los trabajadores independientes de menores ingresos y a las microempresas rurales y urbanas, que incluya asistencia técnica, apoyo a la comercialización de sus productos, interacciones equitativas con las empresas de mayor tamaño y acceso al crédito. Todo esto exige, además, un mayor dinamismo económico, porque la creación de empleo de calidad solo se logra en una economía dinámica.

En materia de desarrollo económico, debemos comenzar reconociendo que las promesas de que la apertura económica iba a acelerar nuestro desarrollo no se han cumplido, e incluso ha generado una desindustrialización prematura. Hemos retrocedido además en diversificación exportadora.

Siguiendo los principios de la escuela estructuralista latinoamericana, de la cual hago parte, el tema esencial debe ser la promoción de cambios en la estructura económica hacia actividades con mayor contenido tecnológico, tanto del sector agropecuario y minero, como del industrial y, en el mundo contemporáneo, de los servicios modernos. Para ello es esencial poner en marcha una política de desarrollo productiva realmente ambiciosa, con tres elementos fundamentales: recursos mucho mayores para el desarrollo científico y tecnológico, apoyo a la creación de redes empresariales, con el apoyo de los gremios y de las Cámaras de Comercio, y un uso ambicioso de nuestro sistema de bancos de desarrollo, incluyendo en particular el impulso a la creación de nuevos sectores y de nuevas empresas.

A estas acciones en el frente tecnológico, productivo y exportador, se debe agregar el desarrollo de la infraestructura, impulsando de nuevo la participación privada en todos los campos, que fue esencial para las mejoras que tuvimos en las últimas décadas, pero que se han frenado bajo la administración actual. En algunos casos, como la red de acueductos y alcantarillados en todo el país y las de servicios públicos en las zonas más atrasadas, la oferta pública seguirá siendo muy importante, como debe ser el tratamiento de aguas residuales, un tema en el cual el país tiene un gran atraso.

Debo resaltar que, tanto en materia social como económica, el apoyo a las regiones más atrasadas del país es trascendental. La política social debe darles prioridad a ellas, y en la económica deben diseñarse planes específicos de desarrollo de dichas regiones. Para ello, es esencial contar con una red de vías terciarias amplia y de calidad, y mecanismos comunitarios de acceso a servicios públicos.

En todos estos temas, el fortalecimiento de los gobiernos departamentales y municipales, apoyados por participación en las rentas nacionales es esencial, pero también lo es que el sistema de participaciones sea viable y no ahonde las dificultades fiscales que enfrenta el país.

En materia ambiental, las grandes prioridades son frenar definitivamente la desforestación, proteger nuestras cuencas hidrográficas y recuperar y mantener nuestro patrimonio natural. El primero de estos procesos es esencial tanto para la protección de nuestra biodiversidad, el tema del día en Colombia, como para el combate al cambio climático, ya que es nuestra principal contribución potencial a este inmenso problema mundial, mucho más que la producción de petróleo.

A todo ello deben agregarse las acciones para la adaptación al cambio climático y el cambio en los patrones de transporte y consumo hacia productos que no generen problemas ambientales. Las regulaciones ambientales y las negociaciones con las comunidades deben usarse, además, sin generar problemas económicos, como ha acontecido, como lo mencioné, con la red de transmisión eléctrica desde la Guajira, la exploración y explotación de las fuentes de gas y la muy limitada explotación del cobre, por lo demás, un metal de transición en la lucha contra el cambio climático.

Es un agenda compleja. La superación de las crisis que heredará el próximo gobierno y la puesta en marcha de un plan de desarrollo ambicioso en materia social, económica y ambiental son grandes retos que, para retornar a mis comentarios iniciales, deben ser el punto de partida de la unidad del centro amplio para gobernar el país y superar definitivamente la grave polarización política que enfrentamos.

* Palabras pronunciadas en la Convención del Partido Liberal, noviembre 1º de 2024.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.