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“El Faro”, periódico digital con 25 años de prestigio, siempre se ha enfrentado al poder público y privado en El Salvador. Pero ¿cuál es la etapa de mayor riesgo para ustedes y la supervivencia de su medio?
Sin duda alguna, la etapa en que el periódico y sus periodistas han estado bajo una persecución mayor es esta, a partir de junio de 2019, cuando el presidente Bukele llegó al poder. El Faro ha sido acosado por gobiernos de todos los signos, desde la derecha tradicional hasta las administraciones provenientes de la exguerrilla. Hemos tenido, en esos períodos, seguridad armada (esquemas de protección) por amenazas de grupos criminales e, incluso, algunos periodistas tuvimos que exiliarnos preventivamente cuando revelamos una masacre perpetrada por la Policía. Lo que ha cambiado ahora es que un solo hombre, el presidente, controla todo el Estado con sus tres poderes mediante una mezcla de elecciones e imposiciones inconstitucionales.
¿Cuántos y cuáles ataques han sufrido ustedes por parte del actual Gobierno salvadoreño?
Muchos. Bukele ha utilizado cadenas nacionales para acusarnos de lavar dinero, sin prueba alguna. Constantemente, sus diputados nos endilgan, en público, nuestra supuesta responsabilidad en delitos disparatados como dirigir las pandillas, que nos han amenazado durante años. Ha llegado a impedirnos, con unidades militares, el ingreso a conferencias de prensa en la casa presidencial. Veintidós miembros de El Faro fuimos espiados con el spyware Pegasus (que rastrea el contenido de los teléfonos móviles) durante año y medio. Y fuimos víctimas de múltiples auditorías fiscales con las que pretenden, de forma espuria, validar las acusaciones públicas de Bukele. Además de que la persecución a cualquiera de nuestras fuentes ha sido permanente.
¿Cómo descubrieron el espionaje mediante el sistema Pegasus en contra de más de 20 periodistas, incluido usted, y cómo supieron que estaban siendo monitoreados por orden del gobierno Bukele?
Es una de las más agresivas operaciones de las que haya registro contra un grupo de personas de una misma organización. La descubrimos gracias a que una de nuestras periodistas detectó movimientos raros en su teléfono y pidió ayuda a unos organismos internacionales para determinar qué ocurría. Fue así como supimos que se trataba de la intervención del spyware Pegasus. Tras recibir la alerta, todos los miembros del periódico nos sometimos a un examen de meses, dirigido por Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, que fue validado, después, por el laboratorio tecnológico de Amnistía Internacional. La conclusión fue que 22 de nosotros habíamos sido obsesivamente “infectados” en nuestros teléfonos móviles. En el mío, hicieron 43 intervenciones.
¿Pegasus puede espiar todos los movimientos hechos en el celular del “infectado”?
El spyware Pegasus puede copiar mensajes de texto, rastrear contactos, detectar contraseñas, captar la ubicación física del teléfono y recopilar la información que se ha tomado de las aplicaciones. Lo único que no le permite a quien lo interviene a uno es tirarle el aparato en la cabeza.
En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a 34 miembros de “El Faro”. ¿Cuáles fueron las consideraciones para darles protección internacional a ustedes y sus vidas?
La consideración de la CIDH fue que, debido al acoso del Estado y a las amenazas de muerte enviadas, a través de las redes sociales, por seguidores de Bukele contra los miembros de El Faro, nos encontrábamos en riesgo grave. El Gobierno ha respondido ofreciéndonos policías, lo que resulta absurdo porque se trata del órgano del Estado que nos ha espiado con Pegasus y con agentes de Inteligencia, durante años. Lo que queremos es que investiguen, individualicen y acusen a quienes nos amenazan, sean funcionarios o ciudadanos particulares.
¿Pero hay algún órgano judicial independiente en El Salvador que pueda realizar una investigación seria y ajustada a la verdad?
No.
¿El triunfo de Bukele significó, al menos en sus primeros meses, esperanza de cambio en El Salvador respecto a la política tradicional o sus votantes lo eligieron sabiendo que era autoritario y que gobernaría por fuera de los controles constitucionales?
Bukele dio señales de ser un hombre autoritario desde antes, cuando fue alcalde de la capital. Sin embargo, tras llegar a la Presidencia, se retiró el velo del todo: se tomó la Asamblea (Congreso) con militares para “hablar con Dios” y ver si “Él” le ordenaba disolverla; removió al fiscal general y a los magistrados del órgano judicial e impuso a los suyos que, una vez en el cargo, reinterpretaron la Constitución para permitirle reelegirse en 2024, violando más de cuatro artículos de la carta magna. Se conocía su talante, pero no los extremos a los que iba a llegar.
¿Qué representa el gobierno Bukele en materia de libertad de información, opinión y seguridad de sus vidas para los periodistas de “El Faro”, el medio mismo y otros medios independientes?
Para todo el periodismo nacional ha representado, tal como lo ha reconocido la Asociación de Periodistas de El Salvador, el exilio de más de 10 reporteros, el cierre de cualquier vía de acceso a la información, la persecución de las fuentes, el espionaje, la imposición de la ley mordaza, que permite que se pueda encarcelar a cualquier periodista por informar sobre las pandillas (con las que este presidente pactó por años), acusándolo de generar zozobra en la población. Y ¿quién decide qué es “zozobra”, como dice otra ley que él hizo aprobar? Uno de los 168 jueces que nombró y también impuso. Bukele ha representado una certeza: el día que quiera, cualquier periodista va preso, sin juicio justo, posibilidad de defensa ni un debido proceso.
Pero, entonces, la situación política y social de su país es mucho más grave de lo que se conoce en el exterior. ¿Los periodistas exiliados y los medios perseguidos no han denunciado lo que sucede con suficiente eco en el extranjero o existe prensa oficialista que oculta exitosamente la verdad?
Los medios de comunicación independientes hemos publicado con suficiente elocuencia lo que pasa en El Salvador, pero es muy difícil competir, en el extranjero, con toda la maquinaria de desinformación que posee la administración de Bukele.
Las investigaciones periodísticas de “El Faro” y de otros medios siempre han molestado a Bukele, pero ¿cuáles han sido las más graves para la reputación de ese gobierno?
En el caso de El Faro, las investigaciones que revelan su pacto con las tres pandillas desde que llegó al poder y hasta cuando inició el régimen de excepción, en marzo de 2022, han sido el estandarte de su odio por este medio. Se suma la investigación en que demostramos cómo se liberó, ilegalmente, a uno de los líderes de la Mara Salvatrucha 13, pedido en extradición por Estados Unidos. Cuentan, también, las investigaciones sobre el gabinete oculto de venezolanos (gente de Guaidó que está por encima de los ministros) que gobierna con Bukele y su familia. Se suman otras múltiples denuncias sobre casos de corrupción en el otorgamiento de contratos públicos. Todas esas revelaciones han crispado a esta administración.
¿Se puede afirmar, sin lugar a dudas, que el gobierno Bukele es corrupto y dictatorial?
Hay suficientes indicios y pruebas para concluir que el gobierno Bukele es corrupto. Y hay suficientes evidencias para llegar a la conclusión de que el gobierno Bukele tiene contundentes rasgos dictatoriales.
¿Las pruebas periodísticas con respecto a la investigación de las llamadas “negociaciones” del Gobierno salvadoreño con las pandillas más temibles de su país para llegar a acuerdos bajo la mesa son irrefutables? ¿Esta investigación activó la persecución en contra de ustedes?
Las pruebas que publicamos sobre tales negociaciones son documentos oficiales: registros carcelarios, oficios sellados y firmados por personal de los penales de máxima seguridad en donde se da cuenta de esas negociaciones; fotografías de las cámaras de las prisiones que muestran el ingreso ilegal de pandilleros y funcionarios encapuchados a dirigir las conversaciones; e, incluso, un audio de un funcionario en que le reconoce a un líder pandillero que habían liberado a un jefe de la Mara Salvatrucha 13 para demostrarles a los criminales la buena voluntad de la administración. Las negociaciones del Gobierno con las pandillas constituyen un hecho irrefutable. Tanto, que estas pruebas hacen parte de la acusación, en una Corte de Nueva York, contra 13 líderes de esa mara. Sin duda, esta investigación es una de las primeras en la lista de las revelaciones que produjeron el odio del bukelismo contra el periodismo independiente.
Si la administración negociaba con las pandillas, ¿cómo se explican las detenciones de 60.000 supuestos delincuentes, la creación de la megacárcel que exhibe Bukele con gran orgullo y los videos espectaculares en que se publicita la forma doblegada en que se mantiene a los capturados?
“El Faro” descubrió el primer pacto de un gobierno salvadoreño (del FMLN) con pandillas, en marzo de 2012. Al igual que el de Bukele, ese pacto terminó en enfrentamientos contra las pandillas cuando se frustró su desarrollo. El cambio de rumbo de la administración Bukele en este campo no es una novedad en el mapa político salvadoreño.
¿Cuáles hechos determinaron la decisión de sacar “El Faro” de El Salvador y trasladar su sede a Costa Rica? ¿Fue una medida preventiva o presionada por el alto riesgo en que estaban ustedes?
Tras la acusación pública hecha por Bukele, en cadena nacional, de que El Faro lavaba dinero, el Ministerio de Hacienda inició una serie de auditorías con que pretenden darle sustento a lo dicho por su jefe, sin importar que tengan que torcer la contaduría para concluir lo que les dé la gana. Ese hecho nos dejó claro que van por este medio como una forma de cancelar el periodismo. Protegimos nuestra institución para que los periodistas podamos seguir trabajando y teniendo recursos para hacerlo.
¿Ustedes temen que suceda en El Salvador lo mismo que ha pasado con los regímenes de Venezuela y Nicaragua, donde el periodismo independiente fue liquidado?
Tarde o temprano, acabaremos, muy probablemente, como Nicaragua.
¿Usted u otros de sus compañeros están en riesgo inminente de ataque físico o judicial?
No se puede ocultar que es difícil hacer tu trabajo en un país en donde el propio presidente y sus funcionarios te acusan, abiertamente, de tener vínculos con las pandillas y con las organizaciones criminales transnacionales. Sabemos que hay expedientes abiertos en la Fiscalía con los que busca acusarnos, en forma espuria, de delitos relacionados con la revelación de información confidencial o de nexos con pandillas. Esos expedientes los utilizarán cuando crean que es el momento. El tablero está ordenado. Falta que muevan las piezas.
Ante tantas evidencias de peligro físico y judicial, ¿por qué permanecen en El Salvador?
Por dos razones: una, porque estamos seguros de que el periodismo es más necesario que nunca en El Salvador; la otra, porque creemos que aún podemos permanecer aquí, aunque nuestra situación vaya a cambiar pronto.
¿Es cierto que las fuerzas de seguridad pueden detener a cualquier salvadoreño o extranjero sin derecho a ser informado de los motivos de su detención, sin defensa jurídica y sin que la Policía o el Ejército tengan que informarle a nadie —incluidas las familias— en dónde está recluido el detenido?
Es absolutamente cierto. El régimen autoriza a que puedan pasar 15 días sin que un detenido sea presentado ante un juez. La realidad demuestra que, tras esos 15 días, la Fiscalía acusa a todos los detenidos de pertenecer a las pandillas aunque no haya pruebas, y que los jueces del régimen, en audiencias masivas, manden a prisión a personas que tendrán que esperar un juicio que puede llegar, gracias a reformas de ley, en dos, tres o 10 años. Las imágenes de la megacárcel en donde todos tienen tatuajes de pandillas son un montaje publicitario. Es mentira porque la gran mayoría no tiene ni un solo tatuaje.
¿Son montajes de video?
Quienes tienen tatuajes, los tienen, efectivamente. A lo que me refiero, cuando afirmo que se trata de un montaje, es a que los videos muestran una mínima parte de la realidad. La mayoría de los capturados no se ven como los que sí están tatuados.
¿A qué llama el gobierno Bukele “agrupaciones o pandillas ilícitas”, término que utiliza cuando incrimina a las personas que detiene? ¿Esas pandillas equivalen a “las maras”?
Maras es el término con que se conoce a tres grandes organizaciones pandilleras que llegaron deportadas desde el sur de California a finales de los años 80: la Mara Salvatrucha 13 y El Barrio 18, que se dividió en dos: Revolucionarios y Sureños. Entre todas las maras, según registros oficiales, tienen alrededor de 100.000 miembros en este país que cuenta con poco más de seis millones de habitantes.
La madre y la esposa de un joven colombiano (que tenía un tatuaje en el pecho) sin antecedentes judiciales informaron que su familiar había sido detenido en El Salvador, sindicado de ser miembro de “agrupaciones ilícitas”. Llevaban más de tres meses sin saber nada de él. ¿Es usual que un caso como este, nacional o extranjero, se presente en el régimen de Bukele?
Miles de personas inocentes han sido detenidas. No lo digo yo y las múltiples publicaciones que hemos hecho: lo sostienen seis oficinas de Naciones Unidas, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y organizaciones de derechos humanos locales como Cristosal.
“Cualquier soldado o policía puede arrestar a quien quiera, sin pruebas”
El estado de excepción que decretó Bukele hace un año, cuando se suspendieron los derechos civiles, ¿ha sido útil para regresarles la seguridad, en su vida diaria, a los salvadoreños, como dicen algunos de sus defensores?
El principal resultado es que ha desarticulado las organizaciones pandilleras que, durante años, desangraron a este pueblo; ha dinamitado el control de sus líderes, con los mismos con los que negoció durante un largo tiempo; ha encarcelado a miles de sus miembros y ha socavado el control de las áreas que los criminales controlaban antes. Pero, ¿a qué costo? Al costo de que todos los salvadoreños llevemos más de un año viviendo en un país sin garantías procesales; que cualquier soldado o policía pueda arrestar a quien quiera sin necesidad de pruebas, y que miles de ciudadanos hayan sido encarcelados injustamente; a que muchos de estos hayan estado confinados en celdas controladas por los pandilleros, y a que hayan muerto en las cárceles sin que nadie los hubiera condenado por algún delito o hubiera probado su relación con esas organizaciones.
“Maquinaria de propaganda enorme y millonaria”
Bukele parece ser popular, tanto en su país como en el exterior, por su “política de seguridad” y por sus publicitadas detenciones masivas ¿Cómo se puede entender su imagen positiva pese a la que parece ser una realidad apabullante sobre el recorte de las libertades y los derechos en El Salvador como usted afirma?
Es complejo responder esa pregunta pero creo que puedo resumir algunas razones: 1. Los gobiernos anteriores saquearon el país y decepcionaron a la población tras décadas de malas administraciones. Bukele supo aprovechar esa rendija y venderse como un outsider, a pesar de haber sido funcionario del FMLN como alcalde de dos municipios. 2. La población salvadoreña nunca ha tenido educación democrática y conocimiento de las normas del Estado de Derecho. Esto es así debido al desinterés histórico de la clase política de la posguerra por contribuir a los avances culturales, y al hecho de que somos un país muy pobre en donde el principal propósito de la gente es sobrevivir. Y ese propósito le deja muy poco tiempo al discernimiento, por ejemplo, sobre el imperativo de que haya una Sala Constitucional y un fiscal independientes de los otros poderes. 3. La maquinaria de propaganda de Bukele es enorme y millonaria.