El dilema entre paz y justicia

¿Sustituye el Marco Jurídico para la Paz la Constitución de 1991? ¿El derecho de las víctimas del conflicto armado a la investigación, juzgamiento y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos es pilar fundamental de nuestra Carta Política? ¿Cuáles son los límites de la justicia transicional? ¿Puede delimitarse el concepto de sistematicidad frente a las graves violaciones a los derechos humanos? ¿Es posible establecer quiénes son los máximos responsables y si existen razones suficientes para centrar la investigación en ellos? ¿Cómo determinar el valor de la paz frente a la justicia en la Constitución, en el marco de un conflicto armado al que le son aplicables las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH)?

Son los interrogantes sobre los cuales la Corte Constitucional buscará conocer los puntos de vista de todos los sectores de la vida pública nacional sobre el acto legislativo 01 de 2012, el Marco para la Paz, en una audiencia pública que se llevará a cabo hoy, a partir de las 8:00 de la mañana, en el alto tribunal. En ella intervendrán desde el presidente Juan Manuel Santos hasta el procurador Alejandro Ordóñez, pasando por el fiscal general, el Congreso, las altas cortes, la academia y las organizaciones de derechos humanos y de víctimas. Un evento que busca respuestas a la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Colombiana de Juristas contra la norma, aprobada en junio de 2012 por el Congreso de la República.

Y es que, según dicha organización no gubernamental, el Marco Jurídico para la Paz establece que el Estado colombiano sólo debe investigar y juzgar a algunos de los responsables de graves violaciones de derechos humanos, ya que autoriza al Congreso a determinar los criterios sobre los cuales se seleccionarán esos casos. En este sentido, considera que se estaría creando “una zona de excepción en la que no puede exigirse el cumplimiento del deber de investigar y juzgar todas las violaciones a los derechos humanos y todas las infracciones al DIH”, lo que implica un desconocimiento de los derechos de las víctimas. Para la Comisión, se trata de una clara sustitución de la Carta, que precisamente fija como un deber del Estado garantizar los derechos humanos.

Una ley fundamental para el gobierno Santos, de cara al proceso de paz que se adelanta con las Farc en La Habana. Tan fundamental que el mismo primer mandatario será quien defenderá sus bondades ante la Corte, en una intervención programada para las 8:30 de la mañana, en la que estará acompañado del comisionado de Paz, Sergio Jaramillo. De antesala, se sabe que planteará que si bien el Marco para la Paz pretende concentrar la acción penal sobre los máximos responsables de crímenes, que son los cabecillas guerrilleros, en ningún momento serán objeto de la renuncia de la acción penal. Y hablará de la necesidad de legislar “para hacer más viables las desmovilizaciones y superar ese atasco judicial que hoy se sufre en la Ley de Justicia y Paz”.

Sin embargo, el presidente insistirá también en que existen normas nacionales e internacionales que permitirían fijar mecanismos para racionalizar la acción penal, teniendo en cuenta el concepto de transicionalidad con que se pretende poner fin al conflicto colombiano. La misma tesis del fiscal general, Eduardo Montealegre, quien ha dicho que debe entenderse que el deber de investigar, acusar y juzgar las graves violaciones a los derechos humanos es un derecho que es ponderable y que cuando entra en coalición con otros derechos fundamentales, como el de la paz, puede ser relativizado. En otras palabras, que la “priorización” de los casos es viable y que el aparato judicial debe concentrarse en la investigación de los delitos más graves y sus máximos responsables.

En la otra orilla están el procurador Ordóñez y sectores como el Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe. En la audiencia, se espera que el jefe del Ministerio Público persista en su planteamiento de que la norma en discusión no responde a los estándares internacionales y genera impunidad a las víctimas. “Eso es evidente cuando sean investigados los máximos responsables por delitos cometidos sistemáticamente, pero, más adelante, a esos mismos responsables les abren la posibilidad de acceder a pena alternativa. Eso es impunidad”, ha dicho Ordóñez, quien además cree que los negociadores de las Farc van a partir de la premisa de que no van a pagar un solo día de cárcel por sus delitos. Para el funcionario, se está abriendo la puerta a la intervención de tribunales internacionales de justicia.
Un duro pulso en el que defensores y opositores del Marco Jurídico para la Paz medirán fuerzas y la Corte Constitucional se llenará de argumentos para tomar una decisión final sobre una norma que incluso no les gusta a las Farc, que la ven como un “adefesio” y calificaron su aprobación en el Congreso como una imposición y un ultimátum para obligarlos a firmar la paz. Y también una discusión que, lo ha advertido el alto tribunal, obliga a tener en cuenta el actual contexto social, histórico e internacional en el cual se desarrolla el proceso de paz de La Habana, muy distinto a procesos anteriores, pues no hay duda de que “la intervención de la Corte Penal Internacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace que el debate sea mucho más amplio y profundo”.

¿Sustituye el Marco Jurídico para la Paz la Constitución de 1991? ¿El derecho de las víctimas del conflicto armado a la investigación, juzgamiento y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos es pilar fundamental de nuestra Carta Política? ¿Cuáles son los límites de la justicia transicional? ¿Puede delimitarse el concepto de sistematicidad frente a las graves violaciones a los derechos humanos? ¿Es posible establecer quiénes son los máximos responsables y si existen razones suficientes para centrar la investigación en ellos? ¿Cómo determinar el valor de la paz frente a la justicia en la Constitución, en el marco de un conflicto armado al que le son aplicables las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario (DIH)?

Son los interrogantes sobre los cuales la Corte Constitucional buscará conocer los puntos de vista de todos los sectores de la vida pública nacional sobre el acto legislativo 01 de 2012, el Marco para la Paz, en una audiencia pública que se llevará a cabo hoy, a partir de las 8:00 de la mañana, en el alto tribunal. En ella intervendrán desde el presidente Juan Manuel Santos hasta el procurador Alejandro Ordóñez, pasando por el fiscal general, el Congreso, las altas cortes, la academia y las organizaciones de derechos humanos y de víctimas. Un evento que busca respuestas a la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Colombiana de Juristas contra la norma, aprobada en junio de 2012 por el Congreso de la República.

Y es que, según dicha organización no gubernamental, el Marco Jurídico para la Paz establece que el Estado colombiano sólo debe investigar y juzgar a algunos de los responsables de graves violaciones de derechos humanos, ya que autoriza al Congreso a determinar los criterios sobre los cuales se seleccionarán esos casos. En este sentido, considera que se estaría creando “una zona de excepción en la que no puede exigirse el cumplimiento del deber de investigar y juzgar todas las violaciones a los derechos humanos y todas las infracciones al DIH”, lo que implica un desconocimiento de los derechos de las víctimas. Para la Comisión, se trata de una clara sustitución de la Carta, que precisamente fija como un deber del Estado garantizar los derechos humanos.

Una ley fundamental para el gobierno Santos, de cara al proceso de paz que se adelanta con las Farc en La Habana. Tan fundamental que el mismo primer mandatario será quien defenderá sus bondades ante la Corte, en una intervención programada para las 8:30 de la mañana, en la que estará acompañado del comisionado de Paz, Sergio Jaramillo. De antesala, se sabe que planteará que si bien el Marco para la Paz pretende concentrar la acción penal sobre los máximos responsables de crímenes, que son los cabecillas guerrilleros, en ningún momento serán objeto de la renuncia de la acción penal. Y hablará de la necesidad de legislar “para hacer más viables las desmovilizaciones y superar ese atasco judicial que hoy se sufre en la Ley de Justicia y Paz”.

Sin embargo, el presidente insistirá también en que existen normas nacionales e internacionales que permitirían fijar mecanismos para racionalizar la acción penal, teniendo en cuenta el concepto de transicionalidad con que se pretende poner fin al conflicto colombiano. La misma tesis del fiscal general, Eduardo Montealegre, quien ha dicho que debe entenderse que el deber de investigar, acusar y juzgar las graves violaciones a los derechos humanos es un derecho que es ponderable y que cuando entra en coalición con otros derechos fundamentales, como el de la paz, puede ser relativizado. En otras palabras, que la “priorización” de los casos es viable y que el aparato judicial debe concentrarse en la investigación de los delitos más graves y sus máximos responsables.

En la otra orilla están el procurador Ordóñez y sectores como el Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe. En la audiencia, se espera que el jefe del Ministerio Público persista en su planteamiento de que la norma en discusión no responde a los estándares internacionales y genera impunidad a las víctimas. “Eso es evidente cuando sean investigados los máximos responsables por delitos cometidos sistemáticamente, pero, más adelante, a esos mismos responsables les abren la posibilidad de acceder a pena alternativa. Eso es impunidad”, ha dicho Ordóñez, quien además cree que los negociadores de las Farc van a partir de la premisa de que no van a pagar un solo día de cárcel por sus delitos. Para el funcionario, se está abriendo la puerta a la intervención de tribunales internacionales de justicia.
Un duro pulso en el que defensores y opositores del Marco Jurídico para la Paz medirán fuerzas y la Corte Constitucional se llenará de argumentos para tomar una decisión final sobre una norma que incluso no les gusta a las Farc, que la ven como un “adefesio” y calificaron su aprobación en el Congreso como una imposición y un ultimátum para obligarlos a firmar la paz. Y también una discusión que, lo ha advertido el alto tribunal, obliga a tener en cuenta el actual contexto social, histórico e internacional en el cual se desarrolla el proceso de paz de La Habana, muy distinto a procesos anteriores, pues no hay duda de que “la intervención de la Corte Penal Internacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace que el debate sea mucho más amplio y profundo”.