“El Eln tiene una gran oportunidad con el gobierno Petro”: padre Rafael Castillo

El padre Rafael Castillo es el nuevo director del Secretariado Nacional de Pastoral Social (SNPS), cargo que desempeñó durante más de 25 años monseñor Héctor Fabio Henao, hoy encargado de las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado. El SNPS, brazo humanitario de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), ha sido clave en la defensa de los derechos humanos en distintos puntos de la geografía nacional, principalmente en aquellos más golpeados por el conflicto armado. Buena parte de lo que el catolicismo tenga para ofrecer a los esfuerzos de paz del nuevo gobierno pasará por esta institución. Por eso lo importancia de conocer el pensamiento de su actual director, un hombre del Caribe que supo moverse entre fuegos cruzados en los peores años de la guerra.

El padre Rafael Castillo es el nuevo director del Secretariado Nacional de Pastoral Social (SNPS), cargo que desempeñó durante más de 25 años monseñor Héctor Fabio Henao, hoy encargado de las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado. El SNPS, brazo humanitario de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), ha sido clave en la defensa de los derechos humanos en distintos puntos de la geografía nacional, principalmente en aquellos más golpeados por el conflicto armado. Buena parte de lo que el catolicismo tenga para ofrecer a los esfuerzos de paz del nuevo gobierno pasará por esta institución. Por eso lo importancia de conocer el pensamiento de su actual director, un hombre del Caribe que supo moverse entre fuegos cruzados en los peores años de la guerra.

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¿Cuál es el principal desafío del Secretariado en relación con las regiones que acompaña?

La fortaleza del Secretariado Nacional de Pastoral Social está en las jurisdicciones eclesiásticas, no en Bogotá. Colombia es un país de regiones. Yo creo firmemente en la paz territorial. La nación se construye desde abajo, desde adentro y con la gente. En esas dinámicas, en esas paces territoriales que están allá, hay saldos pedagógicos y aprendizajes. Tenemos que hacer lo imposible para que esas cosas buenas suban hasta el centro, porque hay saberes técnicos y científicos que se pueden elaborar en Bogotá, y yo contra eso no tengo ningún problema, pero también hay otros saberes untados de sangre y sudor que están en la Colombia profunda y que tienen que subir, porque también son una respuesta en condiciones anormales a la reconciliación y a la paz, que es lo que más le interesa a la Iglesia.

A su juicio, ¿cuáles deberían ser las condiciones para la participación de la Iglesia católica en el debate público?

La Iglesia es abierta. Si todos caben en el corazón de Dios, tienen que caber en el corazón de ella. No estamos para rechazarnos, sino para encontrarnos. La Iglesia respeta profundamente un Estado laico. La Iglesia y el Estado no tienen misión diferente a la de servir, pero si servimos de acuerdo, serviremos mejor y esto vale para el diálogo social, para la inclusión de los rechazados, de los despreciados, de los que no cuentan, de los que despiertan prejuicios. Obviamente, como creyentes, tenemos unos principios inquebrantables, unos criterios inalterables y unos valores permanentes. Los proponemos de manera respetuosa, valorando la dignidad del otro y reconociendo que puede ser diferente, pero que las cosas se proponen y no se imponen, y que no somos quién para juzgar, para señalar. Entonces, la Iglesia, independientemente de cómo piensen los otros, tiene que atraerlos. Al final, donde hay escucha y cariño crecen las relaciones y podemos alcanzar niveles de humanización, que es lo más importante. Sin prejuicios, sin señalamientos, sin preconceptos. Valorando, sobre todo, la dignidad de la persona humana.

¿Cuál podría ser, por ejemplo, el aporte para una solución al problema de las drogas?

El desafío de la droga es estructural para este país. No neguemos el problema. Comprendámoslo en su magnitud, sin simplificar. Cuando yo hablo de reforma rural integral frente al desafío de la droga, me refiero a cuatro cosas muy concretas. En primer lugar, la mayor preocupación de un Estado es el cuidado de su gente. Por tanto, la reforma debe tener como prioridad la seguridad humana de los territorios. Reverenciar la dignidad de las personas. Lo segundo que debe mirar una reforma es el modelo de desarrollo rural que necesitamos para ese territorio y qué lugar queremos que el campesino, con su mujer y con sus hijos ocupen en ese modelo. Ahí hay que reconocer las vocaciones de los territorios. Nuestros campesinos hacen más pan con menos harina y son mucho con muy poco, porque ahí está su dignidad y su coraje. Desafortunadamente, esta cultura de la acumulación se ha metido en ellos y se han roto relaciones y principios de la vida rural. Lo tercero es la necesidad de que podamos avanzar en una nueva arquitectura institucional. Y un cuarto desafío es implementar una política integral de tierras. Si cogemos la ruralidad en su integralidad, nosotros al campo colombiano, donde está la esperanza de la nación, podemos incluirle riquezas, valores, principios que estén por encima de las estructuras mafiosas. En estos esfuerzos de diálogo y concertación hay que hablar con todos.

¿Qué peticiones le haría usted, como director del SNPS, a una eventual mesa de negociación entre el Eln y el gobierno Petro?

Es muy importante generar un clima de confianza que permita construir puentes y andar en ambas direcciones, porque hemos sido capaces de acercar orillas. A esto hay que fomentarle un buen espíritu, que contribuya a la creación de un clima social diferente. Se han cometido muchos errores, pero la nación está cansada de la guerra. Sentimos la fatiga de la guerra. A diferencia de las Farc, el Eln es más político, piensa más en las plataformas sociales de la ciudadanía activa y seguramente va a trabajar mucho en la movilización social. A la Conferencia Episcopal le interesaría mucho que, si se abre una mesa de diálogos, haya una tutoría moral que le genere condiciones para que, pase lo que pase, nadie se levante de la mesa. El Eln tiene una gran oportunidad con el gobierno Petro. Dios quiera que no la desaproveche, sino que la valore y tenga claro que para avanzar y ganar también hay que sacrificar y renunciar. Este no es el momento de prepotencias y de arrogancias, es el momento de grandeza humana por el mayor bien de la nación. En eso, la Iglesia quiere contribuir.

¿Cree que es necesaria una reforma de la Policía?

Lo importante es saber qué policía para qué nación. El día que tengamos claro que la patria es un don pero que la nación es una tarea, ese día podremos definir, entre todos, qué cara queremos que tenga nuestra Policía, que es cívica; cómo queremos relacionarnos con ella, para que allá, en la Colombia profunda y en las calles de Bogotá, cuando veamos a un agente, no tengamos que asustarnos, sino sentir alegría y seguridad, porque tenemos a una persona que nos inspira respeto y confianza. Pero eso también tiene que ver mucho con la calidad de vida de los policías. Por ejemplo, yo soy hijo de policía, me eduqué con sueldo de policía y recuerdo el honor de mi padre, lo que significaba para él Dios y patria: el temor de Dios y el amor a la patria. Yo no sé en qué momento esos valores se vinieron a menos. Creo que todavía se conservan y que hay buenos agentes de policía. Pero dejémosles margen a quienes tienen que tomar la decisión. Yo sí creo que tiene que haber un mejoramiento de la Policía Nacional, porque a la razón de la fuerza hay que responder con la fuerza de la razón.

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Para terminar, hablemos sobre el canal del Dique, cuyo entorno social usted conoce muy a profundidad...

Cuando en 2010 nos impactó el fenómeno de la niña, el nivel de vida de la gente quedó por debajo del nivel de las aguas y fueron 27 pueblos de Bolívar y de Atlántico los que se inundaron. Nosotros consideramos que era importante asumir un trabajo en la emergencia, de acompañar y de presencia. Pudimos hacer un trabajo de incidencia en ese momento, con dos entidades de gobierno, Colombia Humanitaria y el Fondo de Adaptación. Se ha podido hacer más. Buscábamos atender la emergencia, pero también la construcción de infraestructura que se había perdido en la comunidad. Lastimosamente en este país la contratación es lo que es y, a pesar de que se hicieron algunas cosas, no podemos decir que llegó la plena satisfacción de los pobladores del Canal del Dique, con las respuestas estructurales que se pudieron dar desde el Fondo de Adaptación. Yo creo que se construyeron colegios, que se mejoraron viviendas, puestos de salud, algunas obras de infraestructura, pero quedaron muchas cosas pendientes. Cuando acompañamos eso, como experiencia, tuvimos la creación en cada municipio de equipos locales de seguimiento, personas organizadas de la misma comunidad que hacían un control a la inversión del Estado, a través de los contratistas. Pero fueron señaladas de incómodas y fastidiosas, porque eran una manera de participación de la comunidad. Entonces se ha avanzado, pero sin haber llegado. Creo que todavía hay unos temas pendientes, y uno de los desafíos que están pendientes de esa realidad del Canal del Dique, 117 kilómetros desde Calamar hasta Pasacaballos, en la bahía de Cartagena, es, precisamente, este macroproyecto de la restauración de los sistemas degradados del canal. En este momento hay unos pliegos para la licitación y unas observaciones que se hacen. Me parece importante que se pueda avanzar en el proyecto, pero esto va a depender, en gran manera, de la capacidad que se tenga para mirar el nivel de participación de la gente. Allí hay organizaciones de pobladores, hay redes de pobladores, hay consejos comunitarios y creo que esa gente merece ser escuchada, ser reconocida. Hay algunos temas de orden técnico que a mí me parece importante que se miraran.

* @HaciaElUmbral