El escollo de los impedimentos en la Reforma Política

Los impedimentos se han convertido en uno de los más duros obstáculos en el trámite que actualmente se surte en la plenaria de la Cámara de Representantes de la Reforma Política. Y más allá de la discusión que ha surgido en torno a las acusaciones que algunos sectores le han hecho al presidente de esta corporación, Rodrigo Lara, de Cambio Radical, a quien señalan de estar demorando el proceso buscando que la iniciativa se hunda, lo cierto es que son los artículos 5, 6 y 7, que tienen que ver con la creación del Tribunal de Aforados, los que se han convertido en la piedra en el zapato.

Un análisis de Alejandro Parada Díaz, asesor de la estrategia de Lobbying y Presión Política, hecho para la organización no gubernamental Viva la Ciudadanía, revela que, hasta el momento, han sido radicados más de 40 impedimentos por parte de las diferentes bancadas, todos ellos relacionados con conflictos de intereses para los parlamentarios. Por lo menos en la mitad de estos se trata de investigaciones que se adelantan en contra de los legisladores en la Corte Suprema de Justicia o la Fiscalía y que podrían implicar la posibilidad de legislar a su favor, más aún teniendo en cuenta que varios de ellos buscarán la reelección en las elecciones de 2018.

Ante las dificultades que han existido para consolidar y mantener el quorum en la plenaria y la gran cantidad de impedimentos, acompañado de la urgencia por dar trámite y discusión a la Reforma Política, uno de los ponentes de la iniciativa, el representante Berner Zambrano, del Partido de la U, propuso el retiro de esos artículos 5, 6 y 7 del informe de la ponencia. La idea es que lo del Tribunal de Aforados sea abordado en el proyecto de reforma a la justicia que actualmente se trabaja y que será presentado, dicen, en marzo del próximo año. Ello facilitaría el trámite de la Reforma Política y que los representantes que tienen investigaciones en proceso en la Corte Suprema de Justicia retirasen sus impedimentos y los dejasen como constancia.

En su análisis, Parada Díaz revela igualmente que de las 14 bancadas que componen la Cámara de Representantes, en este momento ocho tienen investigaciones en contra de sus miembros o han sufrido separaciones de sus cargos mediante la pérdida de investidura. El partido con más problemas de esta índole es el Liberal, agrupación que presenta cuatro investigaciones, una de ellas por el caso de Odebrecht, además de dos parlamentarios separados de sus cargos por violación al régimen de inhabilidades y una sanción disciplinaria.

Le sigue el Partido de la U con cuatro investigaciones en contra de algunos de sus miembros, dos por presuntos nexos con grupos armados ilegales y dos por fraudes en el manejo de recursos y financiación de campañas. El tercer puesto lo comparten Cambio Radical y el Partido Conservador con tres investigaciones. Por parte de Cambio Radical se adelantan dos investigaciones por presuntos nexos con grupos armados ilegales y una por el delito de peculado de apropiación. El Partido Conservador presenta investigaciones en contra de algunos de sus miembros por mal manejo de recursos públicos, tráfico de influencias (Odebrecht) y por presuntos nexos con grupos armados ilegales.

Por su parte, los partidos Opción Ciudadana y el Partido Movimiento Político Cien por Ciento por Colombia tienen investigaciones por presuntos nexos con grupos armados ilegales y violencia intrafamiliar, respectivamente. Finalmente, representantes de la Alianza Social Independiente (ASI), Centro Democrático y FUNECO, han sido separados de sus cargos correspondientemente por tráfico de influencias, nulidad electoral y violación al régimen de inhabilidades en representación de los pueblos afros.

Los impedimentos se han convertido en uno de los más duros obstáculos en el trámite que actualmente se surte en la plenaria de la Cámara de Representantes de la Reforma Política. Y más allá de la discusión que ha surgido en torno a las acusaciones que algunos sectores le han hecho al presidente de esta corporación, Rodrigo Lara, de Cambio Radical, a quien señalan de estar demorando el proceso buscando que la iniciativa se hunda, lo cierto es que son los artículos 5, 6 y 7, que tienen que ver con la creación del Tribunal de Aforados, los que se han convertido en la piedra en el zapato.

Un análisis de Alejandro Parada Díaz, asesor de la estrategia de Lobbying y Presión Política, hecho para la organización no gubernamental Viva la Ciudadanía, revela que, hasta el momento, han sido radicados más de 40 impedimentos por parte de las diferentes bancadas, todos ellos relacionados con conflictos de intereses para los parlamentarios. Por lo menos en la mitad de estos se trata de investigaciones que se adelantan en contra de los legisladores en la Corte Suprema de Justicia o la Fiscalía y que podrían implicar la posibilidad de legislar a su favor, más aún teniendo en cuenta que varios de ellos buscarán la reelección en las elecciones de 2018.

Ante las dificultades que han existido para consolidar y mantener el quorum en la plenaria y la gran cantidad de impedimentos, acompañado de la urgencia por dar trámite y discusión a la Reforma Política, uno de los ponentes de la iniciativa, el representante Berner Zambrano, del Partido de la U, propuso el retiro de esos artículos 5, 6 y 7 del informe de la ponencia. La idea es que lo del Tribunal de Aforados sea abordado en el proyecto de reforma a la justicia que actualmente se trabaja y que será presentado, dicen, en marzo del próximo año. Ello facilitaría el trámite de la Reforma Política y que los representantes que tienen investigaciones en proceso en la Corte Suprema de Justicia retirasen sus impedimentos y los dejasen como constancia.

En su análisis, Parada Díaz revela igualmente que de las 14 bancadas que componen la Cámara de Representantes, en este momento ocho tienen investigaciones en contra de sus miembros o han sufrido separaciones de sus cargos mediante la pérdida de investidura. El partido con más problemas de esta índole es el Liberal, agrupación que presenta cuatro investigaciones, una de ellas por el caso de Odebrecht, además de dos parlamentarios separados de sus cargos por violación al régimen de inhabilidades y una sanción disciplinaria.

Le sigue el Partido de la U con cuatro investigaciones en contra de algunos de sus miembros, dos por presuntos nexos con grupos armados ilegales y dos por fraudes en el manejo de recursos y financiación de campañas. El tercer puesto lo comparten Cambio Radical y el Partido Conservador con tres investigaciones. Por parte de Cambio Radical se adelantan dos investigaciones por presuntos nexos con grupos armados ilegales y una por el delito de peculado de apropiación. El Partido Conservador presenta investigaciones en contra de algunos de sus miembros por mal manejo de recursos públicos, tráfico de influencias (Odebrecht) y por presuntos nexos con grupos armados ilegales.

Por su parte, los partidos Opción Ciudadana y el Partido Movimiento Político Cien por Ciento por Colombia tienen investigaciones por presuntos nexos con grupos armados ilegales y violencia intrafamiliar, respectivamente. Finalmente, representantes de la Alianza Social Independiente (ASI), Centro Democrático y FUNECO, han sido separados de sus cargos correspondientemente por tráfico de influencias, nulidad electoral y violación al régimen de inhabilidades en representación de los pueblos afros.