El Espectador le explica el escándalo de la licitación de pasaportes en Colombia

Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Qué tiene que ver el canciller Álvaro Leyva, su hijo, Jorge Leyva, la empresa Thomas Greg & Sons, el presidente Gustavo Petro y la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, con el escándalo de la millonaria licitación de pasaportes en Colombia? ¿Por qué la Procuraduría fue a inspeccionar las oficinas de la Cancillería en medio de todo este embrollo? ¿Qué está indagando la Fiscalía? ¿Qué fue lo que sucedió entre el Canciller y la alta funcionaria Zamora? ¿Qué pasará este 15 de diciembre y por qué la decisión que allí se tome podría sentar un precedente en temas de contratación estatal? ¿Por qué se habla de conflictos de interés tanto en esta licitación como en la defensa de los intereses de los colombianos? Son muchas preguntas las que vamos a contestar en este boletín de resumen, construido con la ayuda de los textos escritos por las redacciones de Política, Judicial, Investigación y Mundo, de un caso que no es nuevo y que en los últimos días ha venido creciendo como espuma. Comencemos.

Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Qué tiene que ver el canciller Álvaro Leyva, su hijo, Jorge Leyva, la empresa Thomas Greg & Sons, el presidente Gustavo Petro y la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, con el escándalo de la millonaria licitación de pasaportes en Colombia? ¿Por qué la Procuraduría fue a inspeccionar las oficinas de la Cancillería en medio de todo este embrollo? ¿Qué está indagando la Fiscalía? ¿Qué fue lo que sucedió entre el Canciller y la alta funcionaria Zamora? ¿Qué pasará este 15 de diciembre y por qué la decisión que allí se tome podría sentar un precedente en temas de contratación estatal? ¿Por qué se habla de conflictos de interés tanto en esta licitación como en la defensa de los intereses de los colombianos? Son muchas preguntas las que vamos a contestar en este boletín de resumen, construido con la ayuda de los textos escritos por las redacciones de Política, Judicial, Investigación y Mundo, de un caso que no es nuevo y que en los últimos días ha venido creciendo como espuma. Comencemos.

Aunque el tema se volvió noticia en julio pasado, es preciso ir a abril de 2016, cuando la entonces senadora Claudia López hizo una denuncia que atrajo muchos reflectores en Colombia y que los colegas de la redacción Política registraron así: “la parlamentaria reveló el presunto favorecimiento para la empresa Thomas Greg de la cual el presidente Juan Manuel Santos fue miembro de su junta directiva, renunció cuando asumió como ministro de Defensa en 2006, pero que, al llegar a Presidencia de la República en 2010, (dicha empresa) registró un crecimiento vertiginoso de sus millonarios contratos”. Se referían a contratación con la Registraduría en temas electorales.

Decía la denuncia en aquel entonces de Claudia Lopez que el conglomerado de empresas de Thomas Greg había ganado “los contratos de logística electoral en cuanto a papelería, lo que se denomina el ‘kit’ electoral, en 2014 y 2015, que sumados dan (daban en ese momento) más de $370 mil millones. Lo que es curioso, señala López, es que son licitaciones que favorecen a un solo proponente”, detallaron los periodistas que cubrieron la noticia. Aparecían beneficiadas, según el reporte informativo, haciendo referencia a lo dicho por la congresista, Thomas Greg & Sons Colombia y Thomas Greg & Sons Limited, también el “consorcio Unión Temporal Disproel, que en su composición cuenta con las empresas Thomas Greg and Sons Limited, Thomas Greg and Sons Colombia y Thomas Greg Express”. Decía Claudia López: “Eso tienen que explicarlo, más si se trata de los amigos de Santos, con los que juega golf”.

Ya, con este antecedente, volvamos a 2023. El 12 de julio la empresa que volvió a sonar fue Thomas Greg & Sons y esta vez no era por contratos relacionados con las elecciones y el manejo de dicha papelería. Aquí el asunto iba por el lado de un documento de identificación que necesitamos todos los colombianos para salir del país: el pasaporte. Ese día “se llevó a cabo una audiencia en la que estuvieron los oferentes que están en el proceso de contratación. A esa diligencia asistieron la Unión Temporal Pasaportes 2023, (conformada por Thomas Greg & Sons, Thomas Greg Express, Seguridad Móvil de Colombia, Tomas Greg & Sons Limited (Guernsey) S.A., Thales Colombia S.A. y Thales DIS Finland), y la Unión Temporal Libretas 2023, conformada por las firmas Cadena S.A. y Cadena Courrier S.A.S.”.

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Antes de seguir, es preciso recordar que actualmente Thomas Greg & Sons ya es la empresa encargada de todo el proceso de intermediación entre el Estado y los ciudadanos para, al final, entregar el pasaporte a cada ciudadano que lo requiera. Lleva 16 años con dicho negocio. Es una organización reconocida en el sector financiero y de servicios con un portafolio grande, de acuerdo con su página web, en “certificados de autenticidad”, “medios de pago”, “juegos de azar”, “sistemas de identificación”, “sistemas integrados de seguridad”, “protección de marca”. Desde 1959 operaban como una “subsidiaria de la firma británica Thomas de la Rue & Company Ltda, en Inglaterra, una de las impresoras de valores más antiguas del mundo”. En 1991 vende su operación local y en 1993 “pasa a ser Thomas Greg & Sons de Colombia”. Para el 2015 ya tenía más de 10.000 empleados.

Pero la noticia, ese 12 de julio, era que la firma Cadena había decidido retirarse del concurso tras denunciar que habría vicios para favorecer a Thomas Greg & Sons. “Dijeron que no había condiciones para continuar en el proceso porque seguían poniéndoles requisitos y pruebas técnicas que ya habían presentado”. Y entonces Luis Salazar, representante legal de Cadena S.A., dijo en la diligencia que “se insistió en la obligación de presentar muestras de un tercer chip con las pruebas técnicas, aspecto que también fue observado por varias empresas interesadas como imposible cumplir en los tiempos estipulados”. No sin antes, recalcar: “Como Cadena lo advirtió personalmente y lo ratificó por escrito tanto al señor ministro de Relaciones Exteriores, como al secretario general al comenzar el Gobierno, de nuevo la entidad acomete una licitación que favorece sin duda al actual contratista y torna prácticamente imposible la participación plural y en igualdad de condiciones”.

Pasaron 15 días y la noticia ya corría por cuenta del alto Gobierno, pues la licitación valorada en $600.000 millones era suspendida y, con esta decisión, apenas comenzaba el caso. En paralelo se sabía de quejas por las demoras en las asignación de citas y de expedición de pasaportes:

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Aquí, en el fondo, se leían varios escenarios: primero, el competidor de Thomas Greg & Sons, como sucedería en cualquier otra licitación (y pasa todo el tiempo en Colombia), sentaba su voz de protesta. Por otro lado, era el Gobierno quien dejaba claro que no pretendía entregar un contrato millonario en una competencia donde quedaba un único proponente, por eso lo suspendía. Una empresa que ya tenía toda la experiencia y montaje de este negocio porque lo ha hecho durante más de una década y que en este caso, lo que buscaba era la renovación de su contrato. Y, al final, el otro escenario: el del ciudadano de a pie que lo único que necesita es que se cumplan sus derechos, en este caso, el de tener la confianza de que cuando necesite sacar por primera vez ese documento de identidad o cuando sea necesario renovarlo, tenga la seguridad de que lo puede hacer sin problemas.

Entonces sigamos en orden: Thomas Greg & Sons ha defendido la transparencia de todos sus contratos. Esta empresa, “según datos del Registro Único Empresarial y Social (RUES), (ha tenido) al menos 68 contratos con el Estado, 13 con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y nueve con la Registraduría Nacional, entidad con la que acaba de lograr (bajo la unión temporal Distribución Procesos Electorales 2023) un contrato por más de $1 billón”. Pero desde 2019 Gustavo Petro ya la cuestionaba y, vía Twitter, dijo que la empresa era “la dueña del software de cómputo de datos de la Registraduría, un software permeable al fraude. Thomas Greg & Sons pone los presidentes de Colombia”.

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Pero la Cancillería tuvo que reanudar la licitación por medio de la resolución 7011 y una adenda, y eso se daba “después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazara los recursos legales interpuestos contra la licitación”. La Contraloría General y la Procuraduría ya habían advertido el riesgo que podía presentar el freno de dicha licitación, por lo que pidieron examinar cuidadosamente los efectos de la suspensión, para “evitar la consolidación de un daño que aún no se ha materializado y que bajo los mecanismos de seguimiento permanente al recurso público busca la prevención”. Eso, en otra palabras, quería decir que el Estado debería asegurar la no interrupción de la emisión de los pasaportes, algo que se podría dar si se suspendía el proceso y si, al finalizar el contrato vigente, no se había escogido la firma encargada de dicha responsabilidad. Seguía vigente la crítica de los otros competidores, ya no solo Cadena. “Entre las empresas que argumentaron la falta de garantías del proceso se encontraban Idemia, IN Groupe, Smurfit Kappa, Veridos México e Imprensa Nacional-Casa da Moeda”, contaba la redacción Internacional.

Entonces lo que sucedió fue que el 13 de septiembre la Cancillería, liderada por Álvaro Leyva, decidió declarar desierta la licitación. El 14 de septiembre, mediante la resolución ministerial número 7541, la cartera de Relaciones Exteriores declaró urgencia manifiesta por 12 meses, lo que implicaba la celebración del millonario contrato de manera directa, detallaban los colegas atentos al cubrimiento de este caso. Y el 19 de septiembre, procedió a abrir un nuevo proceso licitatorio. “El Fondo Rotatorio del ministerio se propone contratar directamente y de inmediato el suministro, la formalización, la custodia y la distribución de libretas de pasaportes y etiquetas de visas a precios fijos unitarios sin fórmula de reajuste”, se leía en el comunicado de prensa. Y lo que se sabía, tras esas decisiones, era que la relación entre la Cancillería y Thomas Greg estaba quebrada. La compañía entonces dijo que desde el 2 de octubre no habría más libretas para los colombianos, pues en esa fecha se acababa el contrato. Y que estaba analizando una posible demanda contra la entidad.

En diálogo con El Espectador, Juan Pablo Estrada, apoderado de TGS, aseguró que siguen creyendo que es un grave error de apreciación de la Cancillería y agregó: “Esperamos y seguimos confiando en que el Gobierno rectifique por el bien de la seguridad jurídica del país y porque se está poniendo en gran riesgo la prestación de un servicio que llegó a un escenario que no es el ideal”.

El presidente Gustavo Petro se refirió a todo este proceso, se esperaban las condiciones para la nueva licitación, Thomas Greg & Sons levantaba la mano y decía que volvería a participar, mientras la gente se volcaba a la calle en busca de un cupo para conseguir su pasaporte ante la angustia que había generado todo el asunto de la licitación:

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El presidente Gustavo Petro, entonces, dejó saber su posición desde su cuenta de redes sociales: “La misma empresa que hoy saca los pasaportes es la que los sacaba en el pasado Gobierno, pero no permitiré licitaciones dirigidas a un proponente. O compiten o compiten. Y todo funcionario tiene mi mensaje. No se trata de suspender licitaciones buscando que el tiempo nos acorrale para escoger al único proponente. Las licitaciones con un proponente se declaran desiertas y se inicia de nuevo el proceso, quitando las fallas que impiden la competencia. En este gobierno no se permite la corrupción”.

Para el 29 de septiembre seguían las filas frente a las puertas de las oficinas de expedición de los pasaportes. El 2 de octubre, la fecha esperada porque era cuando se terminaba el contrato, era también día de noticia: “Thomas Greg & Sons se quedó con el proceso que, vía urgencia manifiesta, el Gobierno de Petro abrió para evitar desabastecimiento”. Es decir: los competidores que tanto se han quejado volvieron a quedar por fuera porque no había forma de que cumplieran en tan poco tiempo con todos los requisitos. La empresa que hoy tiene el contrato se mantiene con él porque es la única forma de no interrumpir la entrega de los pasaportes. El Gobierno tuvo que dar su brazo a torcer y contratar con la compañía que cuestiona. Y el ciudadano de a pie pudo tener la tranquilidad de contar con el proceso de expedición de los pasaportes.

Entre los detalles, contados por la redacción de Política, “las partes anunciaron que se mantienen los precios ofertados en la licitación, esto mientras el Gobierno abre un nuevo proceso para elegir a otro contratista. A pesar de la firma de este nuevo contrato, la empresa Thomas Greg & Sons anunció que sigue estudiando una posible demanda contra el Estado, luego de que la Cancillería declarara desierta la licitación pese a que, según su defensa, la multinacional cumplía todos los requisitos para participar”.

¿Y por cuánto se firmó dicho contrato? “El gobierno pagará en total $198.894 millones por este año de servicio y la cifra se pagará en valores fraccionados por mes después de que se evidencie “el servicio efectivamente prestado”. De igual forma, en el contrato se lee que, si la firma no cumple con alguna de las responsabilidades y condiciones adquiridas, deberá pagar una suma equivalente al total del 20 % de los $198 mil millones”.

Y 22 días después el que había sido un rumor, muy cacareado, pero sin confirmación, se concretó. Ese día se supo que Thomas Greg & Sons, a través de una solicitud de conciliación extra judicial, estaba solicitando que les dieran el contrato, como estaba contemplado en el escenario original, o ser compensados con $107 mil millones y otros $10 mil millones por el daño reputacional causado desde que el Gobierno, por medio de la Cancillería, había suspendido el proceso licitatorio.

Entre tanto, la Cancillería avanzaba en el estudio de mercado y la apertura de un proceso para que todos los interesados entraran a la competencia. Se sabía que esos interesados tendrían hasta el 28 de noviembre para entregar documentación, no había vientos de conciliación y en la mitad, más de $100.000 millones.

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Definida la fecha para la reunión entre las partes -el 15 de diciembre-, el asunto parecía estar en el escenario jurídico. El 30 de noviembre se supo que la Cancillería había aceptado “la recomendación de la Agencia de Defensa Jurídica de buscar un acuerdo y pidió más plazo para estudiar una propuesta de la empresa que implicaría reducir las pretensiones de la demanda”. La Procuraduría tenía una audiencia programada al respecto, pero la suspendió cuando conoció que las partes acordaban volver a la mesa este 15 de diciembre. Por el lado del Gobierno, era sorpresiva dicha decisión, pues desde el comienzo estaba claro que ni el canciller Leyva ni el presidente Petro compartía el argumento de conciliar. Incluso Petro, tras conocerse públicamente la decisión, dijo: “Las licitaciones de un solo proponente no van en mi administración. Si alguien gana que sea por competencia, en esta administración no hay derechos heredados”.

Y entonces llegó diciembre, no solo con su alegría, sino con la filtración de información de una supuesta reunión en la que el canciller Álvaro Leyva habría gritado a Martha Lucía Zamora, la directora de la Agencia Jurídica del Estado. ¿Qué se decía? “La razón estaría en las diferencias de ambos sobre la decisión de conciliar, pues Leyva habría dicho que el presidente no quiere dar su brazo a torcer, mientras que Zamora habría recomendado negociar, pues las probabilidades de perder una demanda serían altas. En este contexto, ambos habrían tenido un duro cruce de palabras en las oficinas de la Casa de Nariño”. ¿Qué decía el presidente Petro? “No hubo gritos del canciller ni permito que una institución pública se utilice para defender intereses privados”.

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Más temprano que tarde, el país se enteraba de que Martha Lucía Zamora había entregado su carta de renuncia a su cargo. Zamora era la funcionaria a la que el mismo Petro “le encargó liderar nada menos que la protección de los intereses nacionales en todos los casos por los que Colombia ha sido demandada, y que van desde graves violaciones a los derechos humanos hasta irregularidades en procesos de licitación pública”. Lo que quedó en la escena política era que la discusión con el Canciller había sido la causa que la terminó sacando del Gobierno. Ella proponía conciliar con Thomas Greg & Sons, Leyva no estaba de acuerdo y el resto ya es historia.

¿Quién es Zamora, más allá de este cargo? La redacción Política la describió así: “Trabajó como Secretaria General en la Alcaldía de Bogotá, entre 2015 y 2016, cuando Petro era alcalde, y su cercanía con temas relacionados con conflicto armado y derechos humanos la llevó a ser investigadora en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, cuando Iván Velásquez —hoy ministro de Defensa— era el jefe. Incluso, lideró varios procesos judiciales que han sido bandera para Petro, como destrabar los expedientes contra Colombia en los casos de las masacres cometidas en Ituango (en La Granja y El Aro) entre 1996 y 1997. Allí, la dirección de la Agencia de Defensa Jurídica reconoció la responsabilidad del Estado y, después de casi tres décadas de impunidad, un presidente de la República pidió perdón en un acto público por los hechos cometidos por militares en connivencia con las autodefensas”. Efectivamente esto era una pelea entre pesos pesados.

Y así fue como el 4 de diciembre el escándalo de la licitación de pasaportes ya iba en la Fiscalía, pues este ente entró a indagar posibles declaraciones de Zamora en las que se hablaba de presuntas irregularidades en todo el proceso licitatorio. Lo que seguía era llamarla al búnker para escuchar su versión.

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Pero, ¿por qué se hablaba de irregularidades? Pues sucedió que Zamora, entre varias declaraciones que dio a medios de comunicación, dejó saber de la existencia de una presunta reunión entre el hijo del canciller Leyva, Jorge Leyla; con Carlos Losada Perdomo, director de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería, y un grupo de empresas que estaban interesadas en la licitación de pasaportes en el país. “Dicha reunión habría tenido lugar en el hotel Intercontinental Le Grand en París (Francia). Frente a esta situación, el hijo del canciller le comunicó a medios de comunicación que admitía que esta reunión sí había tenido lugar, pero que había sido una reunión de carácter social, pues es amigo personal del señor Losada”, contaron los colegas de Política.

Lo que vino después fue la citación del canciller Álvaro Leyva a un debate de control político para que explicara todo lo que se sabe de este proceso licitatorio de los pasaportes, la discusión con Zamora y hasta la aparición del nombre de su hijo en medio de este escándalo. Incluso la congresista Jahel Quiroga le exigía al Canciller que diera su versión sobre su trato a la saliente funcionaria Martha Zamora porque lo asociaron a un tema de “machismo”. El 7 de diciembre entró la Procuraduría pero ya por el lado de la indagación en contra de funcionarios de la Cancillería. “El Ministerio Público busca determinar si hubo represalias debido a la postura que la exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Judicial del Estado tomó frente a la licitación de pasaportes en el país”, contaron los colegas de Judicial.

Cuatro días pasaron y, para sumar, también la Procuraduría entró a inspeccionar la sede precisamente de la Cancillería en busca de pruebas en medio de las presuntas irregularidades que se presentaron en el proceso que le permitió a la Cancillería declarar desierto el proceso de licitación de pasaportes, con el agravante que el canciller Álvaro Leyva es también uno de los funcionarios mencionados en el expediente, detallaban en este reporte de la sección Judicial.

El 12 de diciembre El Espectador tuvo acceso a un audio en el que Zamora reconoce la cercanía de un funcionario suyo con la empresa Thomas Greg & Sons. Otra nueva página en medio de todo este escándalo. “El Espectador accedió a un apartado de lo que sucedió el 24 de noviembre en la Cancillería, cuando la Agencia Nacional de Defensa Jurídica –en contraposición de la postura del Jefe de Estado y del canciller Álvaro Leyva– propuso avanzar en la conciliación con Thomas Greg y evitar así la millonaria demanda. Ese último viernes de noviembre, la saliente directora de la Agencia Jurídica, la abogada Martha Lucía Zamora, reveló que cuatro días antes había sostenido una reunión con los representantes de la firma que hace al menos tres lustros maneja la elaboración de pasaportes en Colombia y que, tras escucharlos, se detectó un lazo entre uno de los funcionarios de esa entidad y el apoderado de la empresa”. ¿De quiénes de trataba? Del abogado Juan Pablo Estrada y del funcionario César Méndez. Todos los detalles de esa investigación están aquí.

El presidente Petro se pronunció tras la revelación de El Espectador: “La investigación penal debe comenzar desde el primer paso de la licitación de pasaportes. En mi Gobierno las licitaciones no se manejan por el interés particular, ni se amañan pliegos para predeterminar ganadores”.

Mientras tanto César Méndez, funcionario de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, aseguró que no tiene nexos personales con el apoderado de la firma que busca demandar a Colombia por la licitación de pasaportes, Thomas Greg & Sons. “Me permito informar que, en efecto, el 24 de noviembre del año en curso, la doctora Martha Lucía Zamora, en procura de la total transparencia que amerita la actuación de la Agencia, atendiendo mi sugerencia, manifestó en la sesión del Comité de Conciliación del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que el suscrito días atrás le había informado, también en procura de la transparencia que siempre ha caracterizado mi vida profesional y personal; esto es, que conocía al doctor Juan Pablo Estrada”, dijo Méndez en un mensaje que le hizo llegar a El Espectador a través de la oficina de comunicaciones de la Agencia. Y agregó que conoció a dicho abogado “debido a que en ejercicio de mis funciones en la Agencia manejé asuntos en los que él actuó como apoderado de otras entidades públicas y privadas. En este sentido, el trato que tuve y he tenido con él fue y ha sido exclusivamente en escenarios laborales, en asuntos estrictamente profesionales y en una ocasión, en asuntos académicos, en donde conduje un panel en donde el doctor Estrada participó”.

Pues en este 13 de diciembre vamos en que el canciller Álvaro Leyva está rindiendo cuentas en el Congreso y negó haberse sobrepasado en el trato frente a la señora Zamora. Les pidió a los congresistas enterarse en detalle de todo lo que ha sido el proceso de la licitación porque era su tarea antes de llamarlo a rendir cuentas, a lo que los legisladores le respondieron exigiendo respeto y recordándole que era él quien tenía que dar explicaciones y, más aún, tras haberle llamado varias veces a control político sin tener respuesta positiva.

Estamos adportas de esa esperada reunión del 15 de diciembre. Hay muchos actores en medio de este escándalo: la empresa Thomas Greg & Sons, cuestionada desde hace varios años, pero que ha recalcado una y otra vez que ha sido transparente en todos sus procesos. La Cancillería, el canciller Leyva, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, del lado del Gobierno, que tienen la obligación de garantizar la expedición de los pasaportes, claro, pero también de proteger los recursos públicos a la hora de defender al Estado en el mejor de los escenarios: con un pleito largo o una conciliación para frenarlo. Y en eso, claro, estamos en manos de los abogados, los funcionarios públicos que deben estar a la altura para tomar las mejores decisiones. También de una licitación por venir, en donde sean varios los que puedan participar, en igualdad de condiciones. Y nosotros, los colombianos, que esperamos tener la seguridad de que un proceso tan básico como la expedición o renovación de un documento de identidad sea transparente y no esté cruzado por sospechas de irregularidad. Aquí seguiremos informando, con todos los detalles, qué sucederá con este escándalo millonario porque es asunto de todos.

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