El Espectador le explica lo que dejó la pasada legislatura y lo que se viene
Con la pensional el Gobierno tocó la campana, pero en salud y educación el asunto fue a otro precio. Y las otras reformas, ¿qué?
Edwin Bohórquez Aya
Es miércoles, día de El Espectador le explica. La legislatura acaba de terminar y es tiempo de hacer balances. En un resumen ejecutivo, quedamos así: La pensional, la jurisdicción agraria, la mesada 14, la antitaurina y el endeudamiento pasaron, además de una modificación a la Ley de víctimas; mientras que las de salud y de educación se quedaron en el camino, y la laboral está viva gracias a su aprobación del primer debate, además de un nuevo aire para el día sin IVA. Así que este boletín de noticias, con la ayuda de los colegas de Política, Economía, Judicial, Educación, Salud, La Red Zoocial y de todos los contenidos que nos enviaron, es un resumen que recopila textos y videos que ayudan a entender el papel de una parte de la política en un país cargado de noticias que no se detienen. Recuerden entrar a todos los enlaces para ahondar en cada uno de los temas y poder ir a los análisis que se hicieron. Comencemos.
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Es miércoles, día de El Espectador le explica. La legislatura acaba de terminar y es tiempo de hacer balances. En un resumen ejecutivo, quedamos así: La pensional, la jurisdicción agraria, la mesada 14, la antitaurina y el endeudamiento pasaron, además de una modificación a la Ley de víctimas; mientras que las de salud y de educación se quedaron en el camino, y la laboral está viva gracias a su aprobación del primer debate, además de un nuevo aire para el día sin IVA. Así que este boletín de noticias, con la ayuda de los colegas de Política, Economía, Judicial, Educación, Salud, La Red Zoocial y de todos los contenidos que nos enviaron, es un resumen que recopila textos y videos que ayudan a entender el papel de una parte de la política en un país cargado de noticias que no se detienen. Recuerden entrar a todos los enlaces para ahondar en cada uno de los temas y poder ir a los análisis que se hicieron. Comencemos.
La pensional: lo que quedó, el cambio esperado y la falta de debate al final
Vamos por partes -y por temas-, pues muchos de los debates se dieron en paralelo, otros venían de la legislatura pasada, unos fueron llegando con prioridad y algunos cerraron, en medio de muchos cambios, su paso por el Congreso sin lograr su objetivo y quedaron guardados en el cajón. Comencemos con la pensional y regresando un poco atrás. Esta reforma, que era una propuesta desde tiempos de campaña, se terminó materializando en este periodo legislativo que acaba de culminar. Para abril de 2024 ya había sido aprobada en el Senado, la idea del Ejecutivo era transformar el sistema actual en uno de cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y el de ahorro voluntario, y que los privados (agremiados en Asofondos) dejaran de competir con el público (Colpensiones) y, al contrario, se complementaran, advirtiendo que el papel protagónico debería ser el del jugador estatal.
El documento llegaba para ser debatido en la Cámara de Representantes y precisamente sin mucho debate, los colegas de la redacción de Economía nos contaban que en medio de críticas de “pupitrazo”, la plenaria decidió “salvar” la reforma acogiendo el texto aprobado por la plenaria del Senado, teniendo en cuenta que se perdían los cambios hechos en la Comisión Séptima de la Cámara.
¿Qué plantean, en detalle, esos cuatro pilares? Hoy solo 1 de cada 4 colombianos logra pensionarse y cada vez más personas llegan a la edad, pero no a la pensión. Entonces el cambio propuesto nos lo explicaron los reporteros que siguieron los debates y que, al final, con modificaciones, quedaron así aprobados: “Solidario: contempla una renta básica que corresponderá como mínimo a la línea de pobreza extrema (cerca de $232.000) para las personas mayores en condición de pobreza que no logren tener una pensión (a los 65 años los hombres y a los 60 años las mujeres) y para personas en condición de discapacidad (hombres mayores de 55 años y mujeres mayores de 50)”.
El semicontributivo “beneficiaría a las personas (en los mismos rangos de edad del solidario) que cotizaron entre 300 y menos de 1.000 semanas. En el sistema actual, a quienes no cumplen los requisitos de semanas se les devuelve lo que cotizaron (en el caso de Colpensiones, sin intereses). Con la reforma, ese dinero se convertiría en una renta vitalicia que tendrá un subsidio de 20 % para los hombres y de 30 % para las mujeres. Pilar contributivo: Todos los afiliados al sistema cotizarán a Colpensiones hasta 2,3 salarios mínimos y de ahí en adelante, en alguno de los fondos privados”. El cuarto pilar es de ahorro voluntario, que se haría una vez se cumplan todos los anteriores y, incluso cumpliendo con esa realidad, la persona decida ahorrar más dinero porque sus ingresos se lo permiten.
Todas las mujeres que a junio de 2025 tengan 750 semanas y todos los hombres que tengan 900 semanas se quedan en el régimen actual. El nuevo sistema aplica para quienes estén por debajo de esas cifras”.
El 14 de junio, que fue cuando se selló la aprobación, pasó de todo, por ejemplo, la representante Juana Carolina Londoño, presidenta de la Comisión de Ética, dijo que no se debería usar dicha comisión como “mecanismo para enredar los proyectos”; el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en medio de varias posibles recusaciones, recordó que la Corte Constitucional, precisamente en medio de la discusión, ha dicho que la recusación presentada por un ciudadano no puede tener como consecuencia la suspensión de un trámite de un acto legislativo, entonces exigía que “los trucos” no frenaran el debate. Pasadas las 2 de la tarde, se negó la proposición para que se votara artículo por artículo. Surgieron dudas sobre el inicio de la vigencia de dicha reforma por la posible incompetencia de Colpensiones para gestionar todos sus afiliados y los que le llegarán, pues, con datos en mano, advirtieron que “con 6,7 millones de afiliados, Colpensiones recibió entre 2022 y 2023 cerca de 800.000 solicitudes de corrección de historias laborales, pero según la Contraloría, cerca de 72.000 no se habían resuelto al momento de la revisión; y que el órgano de control fiscal también ha dicho que de 412.000 solicitudes de reconocimientos de pensión, el 40 % no se reconocieron en los tiempos de ley”.
El propio presidente de Colpensiones, Jaime Dussan, dijo que el informe de la Contraloría era “mentiroso”, a las 3:37 de ese día ya estaban aprobados los primeros seis artículos, el ministro de Hacienda defendió el aval fiscal, pasadas las 5:00 de la tarde se negó la proposición de implementar la reforma de manera escalonada, y casi a las 6:00 circuló una hoja en donde se leía otra proposición que llevaba más que claro el mensaje: acoger el texto que salió del Senado tal cual. Los reporteros presentes en el Congreso nos contaron que varios congresistas criticaron la proposición argumentando que la Cámara de Representantes no era “notaría del Senado”. Pero a las 6:38 de la tarde “la plenaria de la Cámara de Representantes se inclinó por dejar la reforma pensional que había aprobado el Senado, previendo que por tiempo podía hundirse el proyecto” y antes de las 7:00 de la noche ya estaba escrita la historia y se daba por sentado la noticia: Cámara aprobó la reforma pensional: se acogió el texto que salió del Senado:
Política
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Economía
Cuándo entra en vigencia la pensional y otras preguntas sobre esta reforma
Economía
De viacrucis a pupitrazo, el camino de la reforma pensional en el Congreso
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La pensional y el misterio de cómo cobrarán las comisiones los fondos privados
Escribieron Karen Vanessa Quintero y Santiago La Rotta, de la redacción de Economía, que “la aprobación de esta iniciativa fue agria para la oposición, que usó todas las herramientas que tenía a su alcance para retrasar el cuarto y último debate, pero también agridulce para las bancadas de Gobierno. “Voto sí e invito a la plenaria a votar sí”, dijo con voz entrecortada Martha Alfonso, coordinadora ponente, cuando le preguntaron cómo votaba a la proposición para que la Cámara acogiera el texto que salió de la plenaria del Senado de la República. Esto implicó que, después de meses de debate y problemas legislativos, la Cámara decidió de un plumazo aprobar la reforma, plegándose a lo que el Senado ya aprobó. Esa maniobra, aunque no contó con el sonido de las manos pegando contra los escritorios, se llama pupitrazo”.
Colpensiones pasará de manejar 6,8 millones de afiliados a cerca de 25 millones.
Hay varios puntos a los que hay que hacerle seguimiento. Por ejemplo, “la reforma dice que, al menos inicialmente, las AFP podrán cobrar dos comisiones”. Y es que “con la decisión de la Cámara de Representantes de acoger el texto de la reforma pensional que salió del Senado, se anularon los cambios y las aclaraciones acordadas en el tercer debate (Comisión Séptima de la Cámara). En esa lista de ajustes perdidos están las modificaciones para las comisiones de los fondos privados por las que abogó el mismo ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla”, escribía Karen Vanessa Quintero Martínez.
Nos advertía, con un poco de contexto: “En una carta pública dirigida a Asofondos, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo en su momento que le preocupaba que el Senado hubiera hecho una aprobación “dispersa” de comisiones que, además, le quitaba al Gobierno la capacidad de reglamentación. La representante Martha Alfonso, coordinadora ponente de la iniciativa, también habló de la necesidad de modificar ese artículo. Pero con el argumento de “salvar” la reforma, como defendieron los representantes del Pacto Histórico, ese artículo, el mismo que Bonilla había calificado de “inadmisible”, será ley”. La cuestión es que “el texto aprobado habla de dos comisiones: una de 0,7 % sobre los saldos (en tercer debate se establecía un máximo de 0,6 %) y otra de 0,8 % sobre el flujo, es decir, la que pagarían quienes aporten por encima del umbral (de los $2.990.000 en 2024)”. Pero todos los detalles, empezando por la posición e Asofondos, aparecen en este completo informe. Y también el escenario futuro de todo el sistema, pues desde ya el mismo Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, dijo que, si no se hacen cambios más adelante, a la larga los fondos se podrían acabar.
“No es cierto que ganemos más con la reforma pensional”: Asofondos
Por ahora, se espera la revisión de la Corte Constitucional, pero incluso el mismo Gobierno, autor de la reforma, ya alista proyecto para corregir problemas de la reforma pensional. En voz del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, “hay unos temas que evidentemente podían mejorarse. La reforma como tal entra en su vigencia en un año. Pensaría y voy a recomendar al Consejo de Ministros que revisemos tres o cuatro puntos que pueden mejorarse para presentar un pequeño proyecto que mejore la reforma antes de la entrada en vigencia”, detalló en Mañanas Blu.
Pero, antes de cambiar de tema, aquí dejamos cuatro contenidos de servicio y, también, de los que detallan qué sucedió finalmente con el papel del Banco de la República en medio de todo este cambio y, además, de la viabilidad fiscal, la capacidad de Colpensiones para recibir a los nuevos afiliados y la que ya pinta como la necesidad de una nueva reforma que parte de la base de que cada vez hay menos hijos en las familias colombianas y, para sumar, no hemos podido como país atacar el problema estructural de la informalidad, que tiene relación directa con el ahorro de los y las colombianas pensando en su vejez. Explicamos, de acuerdo con su rango de edad, si queda en régimen de transición, si se queda como estamos actualmente o si a usted le regirá el nuevo modelo:
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Control político, “fábrica de leyes”, moción de censura
Y mientras varios proyectos iban en marcha, también varios ministros se tuvieron que enfrentar a debates de control político y de moción de censura. Por ejemplo, el 20 de junio, “con 99 votos a favor y 27 en contra, el ministro Iván Velásquez superó un nuevo intento de la oposición por sacarlo del cargo, en esta oportunidad por la escalada de violencia en varias regiones del país y la crisis de la flota aérea de la fuerza pública, entre otros problemas”, escribió la redacción Política, explicando además que el Gobierno sigue controlando un bloque mayoritario de la Cámara de Representantes y se vio reflejado en la votación.
Sucede que los congresistas de Cambio Radical y el Centro Democrático argumentan que Velásquez debe responsabilizarse por varios asuntos de gran calao y por eso fue llamado “a responder por ocho problemas puntuales”, entre ellos “los cuestionamientos al proceso de paz total y la escalada terrorista de las disidencias de las Farc en Cauca y Valle; las denuncias sobre las amenazas que han impedido a varios alcaldes despachar desde sus municipios, los asesinatos de concejales, las supuestas inconsistencias en cifras oficiales, la aparición de nuevos grupos armados” y la crisis en la flota de la Fuerza Aérea.
¿Qué datos concretos soltaron de lado y lado? “Toda la fuerza pública (Policía, Ejército, Armada y Fuerza Aérea), tiene 731 aeronaves en inventario, de las cuales solo 298 están operando, 223 están en mantenimiento y 210 más no están en uso por temas de antigüedad, falta de recursos o accidentes”. Entretanto, “la bancada del Pacto Histórico destacó otras cifras de la gestión del ministro, como la incautación de 368 toneladas de cocaína en lo que va corrido del año, lo que, según dijeron, implicó un golpe al narcotráfico de más de US$ 11 millones”.
Y por el lado del ministro de Salud, se vivía una situación similar. La oposición dejó clara su postura en este balance de la legislatura y el presidente del Senado soltaba una apreciación fuerte justo en la mitad del periodo del Ejecutivo en medio de las flores que el ministro del Interior le echaba al Congreso como un todo por la aprobación de, entre otras, la pensional. “Algunas iniciativas claves nuestras no pasaron, como la reforma a la salud, pero eso es democracia, nosotros tenemos que respetarlo”, dijo el funcionario:
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“La Cámara y el Senado le cumplieron al país”: Velasco al cierre de la legislatura
Las evidentes críticas el modelo de salud de los maestros, protagonizadas por los mismos maestros, fueron la causa por la que Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, tuvo que asistir a la Cámara de Representantes a atender el llamado de los congresistas y la gravedad de una moción de censura. Pero “luego de negar la moción de censura contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez, la plenaria de la Cámara hizo lo mismo con la del ministro de Salud, quien superó este intento por sacarlo de cargo con 105 votos a favor y ninguno en contra, esto último porque los citantes al debate abandonaron la sesión antes de la votación”.
¿Qué dijo la bancada del Gobierno? “¡Gran derrota para la derecha! 105 representantes acabamos de negar la moción de censura a Min. Salud y 99 negamos la moción al ministro de Defensa. Sumémosle que no pudieron continuar adelante con la enmienda para privatizar la educación”, dijo el representante Alfredo Mondragón, mientras que el propio Jaramillo habló del pasado y proyectó su trabajo futuro: “Después de haber logrado un consenso con las EPS, lo único que falta es explicarlos en los territorios”, hablando en general de la idea de reformar todo el modelo de salud.
En medio de tantos balances, el presidente del Senado, Iván Name (Alianza Verde), también hacía el suyo, resaltó el trabajo del Congreso en esta legislatura y reiteró que el Legislativo no es “el apéndice de ningún otro órgano del poder público”. Fue enfático en que el país notó la “independencia y la autonomía de la rama legislativa” y soltó también un par de cifras para respaldar su gestión cuando dijo que el Congreso habría tenido un aumento en la confianza de la población al pasar del 12 % al 28 %.
Un Congreso de “jugaditas”
Laura Duarte Sandoval también nos recordó que “esta legislatura estuvo marcada por fuertes cuestionamientos al Congreso, debido al escándalo de corrupción en la Unidad para la Gestión del Riesgo (Ungrd), que habría tocado a los presidentes del Senado, Iván Name (Alianza Verde), y de la Cámara, Andrés Calle (Partido Liberal). Según el exdirector y el exsubdirector de la entidad Olmedo López y Sneyder Pinilla, se les habrían entregado $4.000 millones para agilizar el trámite de las reformas. Ambos han negado estas acusaciones en diversos escenarios, aunque la Corte Suprema de Justicia ya les abrió indagación preliminar” y se está adelantando la debida investigación a López y Pinilla en la Fiscalía.
El editor político de El Espectador, Daniel Valero, entrevistó al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien aseguró que la legislatura que acaba de terminar dejó varias victorias para el presidente Gustavo Petro, advirtió que, contrario a lo dicho por el propio jefe de Estado, no hay bloqueo institucional y que por eso es momento de volver a abrir el gabinete a sectores diferentes al progresismo. El funcionario se quejó del “fuego amigo” que dispara el petrismo y vaticinó que en el 2026 este proyecto de izquierdas sí podría reelegirse. En sus propias palabras: “Hay gente que con torpeza no ha entendido lo que es un proyecto de largo aliento”. La entrevista completa aparece en este enlace.
Este es, para el ministro del Interior, el balance completo, recordando al presidente Gustavo Petro cuando “desde el balcón del Palacio de Nariño le dice al país que se acabó la coalición, que no va más con los conservadores, que no va más con el Partido de la U”. Dice Velasco: “Aprobamos la mayor reforma social en décadas, que es la reforma pensional. No solo porque le quitamos los subsidios a las megapensiones y le entregamos pensiones a la gente más humilde de la sociedad, sino porque vamos a llegar a cerca de 2 millones y medio de colombianos que están en línea de pobreza en zonas marginadas de las ciudades, y especialmente en las zonas rurales, para entregarles un pequeño bono de $250.000 que los ayude a salir de esa línea de pobreza. Fuimos capaces con el Congreso de sacar adelante una ley antitaurina. En momentos donde nos decían que no teníamos mayorías en el Senado, se cumplió la orden de la Corte Constitucional y se reafirmó el plan de desarrollo”.
Otro proyecto que se cayó: el que buscaba prohibir el fracking en Colombia
“Está viva la reforma laboral, que salió de la Comisión Séptima de la Cámara, y también está viva la ley de Ecominerales; esto es una gran apuesta por la formalización de la minería, especialmente de la pequeña minería. Sacamos un cupo de endeudamiento, pese a que la oposición cerró filas como nunca para tratar de hundirlo. El cupo de endeudamiento no solo salió, sino que salió como el Gobierno le pidió al Congreso que saliera. Se deberá reconocer con algo de justicia que fue una muy buena agenda legislativa; no necesitamos extras y el Gobierno termina con unas mayorías por las que muy pocos analistas políticos apuntaban”.
En La Mesa Redonda, el editor de Economía, Santiago La Rotta; la editora multimedia, Marcela Osorio, y el editor de Política, Daniel Valero, analizaron varios asuntos que dejaron estos meses de debate, lo que se denominó como estancado y la inocultable tensa relación entre la Casa de Nariño y el Congreso:
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Las corridas de toros no van más
Unos están felices, otros están furiosos. Es, como todo lo demás, un asunto de distancia, de orillas. El 28 de mayo se aprobó el proyecto que buscaba prohibir las corridas de toros en Colombia y entonces empezaba a correr el reloj porque ahora el país “tiene tres años para transformar las plazas de toros en centros culturales y de arte”, contaba Jimena Delgado Díaz, de la redacción de La Red Zoocial. “Ahora el texto entrará en conciliación y, de ser aprobado por las plenarias de Cámara y Senado, pasará a sanción presidencial para convertirse en ley de la República”, nos contó el día de la noticia.
Colombia, entonces, salía de “la lista de las únicas 8 naciones en el mundo que actualmente practican y reconocen culturalmente esta tradición”. En los primeros tres años se hará un censo “en el sector con el objetivo de identificar a quienes dependen de las corridas de toros para vivir y, de esa forma, vincularlas a un proceso de reconversión laboral para que sean partícipes de actividades económicas que se llevarán a cabo” en las plazas. En el cuarto año, se llevará a cabo la transformación de las plazas de toros, que se convertirán en espacios culturales. Se viene, también, una tarea clave para el Gobierno Nacional, pues a través de sus ministerios debe desarrollar un plan de educación en colegios y escuelas que promueva el cuidado, la protección y el respeto por los derechos de los animales.
¿Y qué pasa con las corralejas, tan populares en algunos municipios del país? “Las corridas tienen reglamentación del Congreso. Es decir, hay un estatuto nacional taurino aprobado por el Congreso de la República del año 2004, la ley 916 que las reconoce. Las demás actividades ni siquiera se han regulado”, dijo Alejandro García, ponente de este proyecto de ley. Eso, en palabras más sencillas, quiere decir que no es posible prohibir algo que ni siquiera está escrito en la legislación.
Juan Carlos Losada, representante del Partido Liberal, explicó: “Es imposible pasar ese tema hoy, incluso porque la bancada más poderosa en el Congreso de la República es la costeña y se opone al prohibicionismo de las corralejas. Meter toros y corralejas juntos, es lo mismo que nunca prohibir corridas de toros”, en conversación con El Espectador. Losada cree que el país no está listo para tener la conversación, a pesar de que sí se debe poner sobre la mesa.
¿Y qué dicen los empresarios detrás de las ferias y fiestas, todos aquellos que viven de esta práctica? La Red Zoocial lo expuso así: “Algunos criadores de toros y miembros de la comunidad taurina temen que la prohibición de las corridas de toros pueda resultar en la posible desaparición de esta raza: el toro de lidia. Argumentan que, al cesar estos eventos, los criadores enfrentarían una pérdida de ingresos significativa (aún no se estima de cuánto). Sin un apoyo económico adecuado, la preservación de estos animales podría resultar imposible”.
Según cifras compartidas en el debate del 7 de mayo por Christian Garcés, representante a la Cámara (Centro Democrático), por el resultado de este proyecto, se estimaría la aniquilación de más de 12.000 reses bravas.
Escribía la Red Zoocial que Gonzalo Sanz de Santamaría, director de la Corporación Libertad Cultural, y Diana Andrade, consultora parlamentaria para la Corporación Libertad Cultural, aseguraron que dicho proyecto no tiene en cuenta de forma efectiva el futuro de los animales. “El proyecto no tiene en cuenta al toro. ¿Qué beneficio le va a traer al toro? ¿Sabe cuál es el beneficio que le va a traer? Que los ganaderos, como Gonzalo, lo que van a hacer al siguiente día es mandar sus toros al matadero”, explicó Diana Andrade en entrevista.
Tras conocerse la noticia, César Rincón, el más importante torero de la historia taurina nacional con toda la exposición internacional, exponía sus argumentos desde su experiencia propia: “Es un atropello al trabajo y al mismo animalismo. Los toros de lidia que nosotros mantenemos van a ir a sacrificios. No hay derecho a que coarten los sueños de muchos niños que quieren ser toreros”. Y fue más allá para referirse a una ‘herencia cultural’: “Mi formación como torero tuvo lugar en los pueblos colombianos, y esta persecución ha llevado al cierre de nuestras fuentes de empleo y escuelas taurinas”. Por eso, aquí dejamos un contraste de versione sen medio en debate largo y ancho:
“No hay derecho a que coarten los sueños de niños que quieren ser toreros”: César Rincón
La Red Zoocial
Esto pasará con la Feria de Manizales tras prohibición de las corridas de toros
La Red Zoocial
(Infografía) Momentos claves que cambiaron el rumbo de las corridas de toros en Colombia
La Red Zoocial
Así empezó el plan para convertir las plazas de toros de Colombia en centros culturales
Jurisdicción agraria, mesada 14, laboral y Endeudamiento
Para el 5 de junio la noticia estaba por el lado del campo colombiano. Valentina Arango Correa y Jhoan Sebastian Cote, de la redacción Judicial, así lo presentaron: “La Cámara de Representantes aprobó la ley que estructura la Jurisdicción Agraria, un mecanismo de justicia que le responderá al campesino en sus problemas por la posesión de la tierra”. Y, a continuación, expusieron “los retos y las oportunidades” que se esperan en el nuevo escenario.
Pero ¿qué es la Jurisdicción Agraria y Rural? “Lo más cercano que existe a un juez agrario son quienes, en tribunales, deciden la restitución de tierras, que es solo uno de los múltiples problemas de posesión que se originan en Colombia. Por ello, la importancia de contar con funcionarios de la justicia especializados y al servicio de los más de 15 millones de campesinos que el Dane reconoció en un censo de 2023. De esto se habla desde 1936, pero no se ha logrado concretar, por eso resulta tan determinante la noticia en este 2024, incluso teniendo en cuenta la necesidad de la reforma agraria en un país que se identifica con vocación agrícola y que para analistas internacionales es, incluso, uno de esos que podría jugar como despensa mundial de alimentos.
Reconocer a los desplazados ambientales, el vacío que debe llenar Colombia
Y entonces, ¿para qué va a servir? Nos contaban los dos reporteros tras hacer varias entrevistas a voces autorizadas, como Ana Jimena Bautista, directora de Gestión Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), quien explica que la jurisdicción permitirá saldar una deuda histórica, pues la resolución de esos conflictos -como el de la propiedad de la tierra o su uso- se ha “hecho a través del derecho civil o el derecho administrativo. Al no tener jueces especializados, una de las consecuencias ha sido que los conflictos agrarios se resuelvan a través de la violencia o la imposición del más fuerte”. Por su parte, Jhoana Delgado, viceministra de Promoción de la Justicia, crucial en la elaboración de los proyectos de ley, agrega que “como el Estado no ha hecho frente a este problema, los campesinos han tenido que resolver como han podido y los casos terminan siendo resueltos por fuera del marco legal. Queremos que los campesinos tengan reglas claras”.
Para Bautista, el primer gran reto de lo que se nos viene como país es, contaban los reporteros que la entrevistaron, lograr que los jueces seleccionados sean realmente especialistas en derecho agrario, por lo cual considera necesario impulsar procesos de formación. De otro lado, considera que, como lo ha hecho sentir la oposición política al gobierno de Gustavo Petro, “hay mucha prevención frente a la jurisdicción y así lo hemos visto por parte de algunos actores del Congreso y líderes de opinión. Por tanto, es importante que la jurisdicción muestre su capacidad de tomar decisiones en derecho. El reto final es el hecho de crear todo un dispositivo en la ruralidad para que en efecto la justicia llegue a los territorios. En el diseño institucional, los proyectos se han planteado una serie de elementos, pero es necesario ponerlos a funcionar”.
El listado de retos, las talanqueras, las oportunidades que se vienen, las necesidades en la aplicación de la norma, la credibilidad que hay que construir en el campesinado y todo lo que nos explicaron Valentina Arango Correa y Jhoan Sebastian Cote, aparece muy bien contado en este documentado reportaje.
Pasemos a la mesada 14
Para entender este asunto, hay que ir al 12 de julio de 2023, cuando por orden del Consejo de Estado, se anunciaba que el ministerio de Defensa volvería “a pagar esta mesada a pensionados de la Fuerza Pública” pues “el alto tribunal había congelado esos pagos porque, en teoría, ningún jubilado puede recibir más de 13 pagos al año”.
El 12 de septiembre “la Comisión Primera del Senado aprobó por unanimidad el proyecto que busca garantizar una vida digna a los militares una vez dejen las filas, tras haber cumplido su tiempo de servicio”, es decir, la mesada 14. ¿Y por qué era necesario ahondar en esta realidad? Porque en voz del ministro de Defensa, Iván Velásquez, han encontrado un alto índice de veteranos en estado de indigencia después de servirle al país, razón por la cual, recalcó, lo mínimo que puede hacer el Estado es garantizarles una “subsistencia digna”.
El presidente de la Comisión Primera del Senado, Germán Blanco, quien además es profesional oficial de la reserva del Ejército, dijo que “esta es una iniciativa multipartidista, que no debe instrumentalizarse” con fines políticos. Ya, el 7 de mayo de 2024, era la ministra de Trabajo la que aseguraba que “para devolver la mesada 14 tenemos que reformar la Constitución”, y lo decía en medio del debate que buscaba aprobar la reforma pensional. Para el 5 de junio de 2024, en su tránsito individual, el Congreso aprobaba la mesada 14 para los uniformados de la Fuerza Pública.
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¿Y eso qué implicaba? Algunas cifras para entenderlo: “El texto aprobado beneficiará a más de 244.000 familias. A cerca de un billón de pesos asciende el presupuesto para este pago a los uniformados de la Policía y las Fuerzas Militares”, nos contaba la redacción Judicial. “En palabras sencillas, la mesada 14 es una mensualidad que recibían los pensionados, cuya pensión no excediera de 15 salarios mínimos mensuales, entre ellos, jubilados de las fuerzas militares y la Policía. Ese pago se creó en 1993, con la recordada Ley 100 y lleva este nombre porque es la mesada número 14 que reciben estos pensionados en el año, después de las 13 a las que tienen derecho por ley”.
La laboral y Endeudamiento
Estos cuatro enlaces que dejaremos a continuación ofrecen una visión específica de lo que se ha discutido en el Legislativo a la hora de hablar de cambios en el modelo laboral del país. Esta reforma ya pasó su primer debate, pero ha tenido una amplia discusión entre los que dicen que no ataca la informalidad y entre los que dicen que sí logra modificar la relación entre el empleador y el empleado en un mundo que hoy cambió por completo, con trabajadores digitales que ven en la legislación actual un dinosaurio por supuesto lejano a como se genera conocimiento, productos y servicios en la economía.
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Nos contaba la redacción de Economía que “parte de los más importantes cambios incluyen temas como el establecimiento de límites a la subordinación, en donde las relaciones entre un empleador y empleado no pueden incluir aspectos de discriminación por razones de discapacidad, identidad de género, edad, condiciones económicas y sindicalización, entre otras. A esto se suman las medidas para la eliminación de la violencia, el acoso y la discriminación en el mundo del trabajo, así como programas de formación para el trabajo rural, y garantías para que el estatus migratorio de una persona no sea impedimento para la exigencia de sus garantías laborales y de seguridad social”.
Entre otras grandes temáticas están las de las horas extras, los dominicales, qué pasará con los llamados “compensatorios” y, por ejemplo, los jóvenes y el ahorro pensional o el trabajo en los días feriados. Varias cifras para tener en cuenta en el debate: “De acuerdo con los datos más recientes del Dane, un 55,8 % de la fuerza de trabajo en Colombia labora sin las protecciones de ley que brinda un contrato formal”. Y, “según Fenalco, si la reforma se aprueba en su condición actual, esta podría representar 30 % más de costos en nómina para una mipyme”:
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Hay varios cambios de fondo que están en la propuesta: “La jornada nocturna desde las siete de la noche (y no desde las nueve, como funciona ahora); que el trabajo en los días de descanso tenga remuneración del 100 % (y no del 75 %); que el contrato de trabajo a término fijo tenga un límite de cuatro años”. Pero, por ahora se mantiene en debate y entra a la próxima legislatura.
Endeudamiento
En cuando a Endeudamiento, al final de la legislatura, logró pasar como lo planteó el ministerio de Hacienda. Pero antes hay que ir tres meses atrás. Sucedió que el 19 de marzo precisamente esa cartera aseguró que ampliar el cupo era necesario para financiar el Plan Nacional de Desarrollo, responder por el servicio de la deuda y cumplir con el plan financiero. Sí, sin ir más lejos, si no se aprobaba, el país podría caer en una falta de recursos para poder cumplir con sus obligaciones, nos dijeron. Por eso el Gobierno radicó el proyecto que buscaba ampliar el cupo de deuda hasta por US$17.607 millones.
“Este trámite se ha realizado desde el año 1999 cada tres años en promedio, y constituye una autorización general por parte del Congreso de la República para acceder a diferentes fuentes de financiamiento externo que permitan promover los programas y proyectos del Plan Nacional de Desarrollo Colombia y seguir manteniendo el buen historial crediticio del país”, dijo el ministro Ricardo Bonilla.
Pero este debate cobró mayor relevancia cuando desde el alto gobierno se anunció un plan de recorte de presupuesto en todas las entidades estatales. De ahí que “las Comisiones Terceras conjuntas del Congreso, en un debate al ministro de Hacienda, agregaron que el uso del cupo deberá velar por la deuda con la banca multilateral”.
El 11 de junio, entonces, Wadith Alberto Manzur, miembro de la Cámara de Representantes por el Partido Conservador, mencionó que “las condiciones fiscales y financieras del país serían mucho peores si este proyecto de ley no se aprueba” pues se agravarían los pagos con la banca multilateral y el rompimiento de la regla fiscal. Así fue como “en la proposición se aprobó la ampliación de cupo”.
Bonilla, el ministro, afirmó que, efectivamente, el cupo de endeudamiento será para cubrir los recursos de deuda: “estamos cubriendo deuda que viene de atrás”, con el cumplimiento de la regla fiscal. Informó también que el crédito con el Fondo Monetario Internacional es el que tiene en aprietos al Gobierno, pues el crédito de US$2.346 millones más los intereses de US$188 millones, deben pagarse este año. En total, se deberán cubrir $5.500 millones, lo que incluye el prefinanciamiento de 2023 y la deuda de 2024, contaron los colegas de Economía.
Y así fue como el 20 de junio el Congreso aprobó la ampliación del cupo que solicitó el Gobierno. Desde la oposición se escucharon voces críticas, como la de Miguel Uribe, del Centro Democrático, quien dijo que aprobar la ampliación del cupo es “irresponsable” considerando el manejo de las finanzas públicas en este Gobierno, no sin antes recordar que el recaudo quedó muy por debajo de las expectativas del mismo Ejecutivo.
Bonilla, una vez se supo de la aprobación, dijo: “Le están aprobando la ampliación del cupo a un país, no a un Gobierno. Pasamos de un tamaño de deuda pública del 49 % del PIB al 61 % del PIB en solo un año: 2020. Son $200 billones. En 2021 se amplió el cupo de endeudamiento y quedó en los US$70.000 millones que hoy existen, pero en 2020 el Gobierno, bajo normas de emergencia, aprobó 10 cupos de crédito por decreto que sumaron US$12.000 millones y sin haber pasado por la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Por su connotación no quedaron en el cupo de endeudamiento”. Se refiere, justo, a los tiempos de pandemia y las obligaciones a las que tuvo que acudir el país en materia de recursos.
Estos son los proyectos del Gobierno que quedaron pendientes para la próxima legislatura
Este fue un paneo de lo que sí logró pasar en el Congreso, porque la de la salud se quedó en el camino, igual que la de educación, hablando de dos de las grandes que ha tenido el Ejecutivo en sus planes. Ya, los dos ministerios anunciaron ajustes y la presentación de nuevos proyectos para que se debatan en el Congreso. El 20 de julio comenzarán las sesiones del tercer año del Congreso y allí se esperan esos textos. Por eso, en este enlace, dejamos todos los detalles de lo que ha sido esa discusión, pues en la mitad también el país ha sido testigo de la situación de las EPS y de la tarea de la Superintendencia de Salud en todo este movimiento con tantas lecturas de la realidad como usuarios tiene el sistema. Y en este otro todo lo relacionado con la de educación, pues aunque todo iba sobre ruedas, al final la situación cambió de carril y se vino abajo. La ministra ha dicho que volverán al debate en la próxima legislatura.
Seguiremos informado y atentos a todo lo que llegue y se discuta en el Congreso desde todas las secciones de El Espectador, pues se esperan posibles ajustes a la pensional, reglamentación de la jurisdicción agraria (falta la ley ordinaria), hay expectativa por otra tributaria, lo que dice el presidente Petro de reactivación económica, reforma a la justicia y está en el tintero la ley de servicios públicos y la reforma al código minero y, claro, dependiendo de cómo avance la paz total, deben ajustar y mirar si se necesita o no otra reforma para que haya un marco legal distinto para grupos al margen de la ley como el Clan del Golfo y la segunda Marquetalia, solo por citar estos dos ejemplos.
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