El Espectador le explica lo que está pasando con el canciller Álvaro Leyva

Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Quién es Álvaro Leyva Durán? ¿Por qué este político, de vieja data, protagoniza uno de los enfrentamientos más delicados entre el alto Gobierno y la Procuraduría? ¿Cuál fue la decisión que tomó el ente de control? ¿Qué tiene que ver la millonaria licitación del negocio de los pasaportes con este caso? ¿Por qué han acusado a Leyva de burlar el orden democrático de Colombia? ¿Es verdad que la Contraloría podría embargar a la Cancillería si se pierde el pleito en contra de Thomas Greg & Sons? ¿Por qué el nombre del hijo de Álvaro Leyva apareció en medio de todo este escándalo? ¿Cuáles fueron las decisiones recientemente tomadas por Leyva que fueron leídas como un desafío al ente de control? Pues este boletín de noticias es un resumen de un extenso caso que tiene todo tipo de componentes: pulsos de poder económico, pujas políticas, debate de control en el Congreso y más, mucho más, pues justo este 7 de febrero se confirmó que Leyva da un paso al costado y se separa de su cargo para cumplir con la suspensión. “Me permito informar a la opinión pública que el día de hoy me fue comunicada la decisión de la señora Procuradora General de la Nación confirmando la suspensión de mi cargo como ministro de relaciones Exteriores. Al respecto, informo que acato la decisión separándome del ejercidcio de mis funciones”, escribió en un comunicado de prensa. Recuerden entrar a todos los enlaces que dejaremos a continuación. Comencemos.

Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Quién es Álvaro Leyva Durán? ¿Por qué este político, de vieja data, protagoniza uno de los enfrentamientos más delicados entre el alto Gobierno y la Procuraduría? ¿Cuál fue la decisión que tomó el ente de control? ¿Qué tiene que ver la millonaria licitación del negocio de los pasaportes con este caso? ¿Por qué han acusado a Leyva de burlar el orden democrático de Colombia? ¿Es verdad que la Contraloría podría embargar a la Cancillería si se pierde el pleito en contra de Thomas Greg & Sons? ¿Por qué el nombre del hijo de Álvaro Leyva apareció en medio de todo este escándalo? ¿Cuáles fueron las decisiones recientemente tomadas por Leyva que fueron leídas como un desafío al ente de control? Pues este boletín de noticias es un resumen de un extenso caso que tiene todo tipo de componentes: pulsos de poder económico, pujas políticas, debate de control en el Congreso y más, mucho más, pues justo este 7 de febrero se confirmó que Leyva da un paso al costado y se separa de su cargo para cumplir con la suspensión. “Me permito informar a la opinión pública que el día de hoy me fue comunicada la decisión de la señora Procuradora General de la Nación confirmando la suspensión de mi cargo como ministro de relaciones Exteriores. Al respecto, informo que acato la decisión separándome del ejercidcio de mis funciones”, escribió en un comunicado de prensa. Recuerden entrar a todos los enlaces que dejaremos a continuación. Comencemos.

Varios detalles en el contexto y que son necesarios para entender la situación. Álvaro Leyva Durán es el actual Canciller de Colombia, puesto allí por el presidente Gustavo Petro, pero con una cola política larga. “Este economista y abogado de la Universidad Javeriana participó en los diálogos entre diversos grupos guerrilleros y el gobierno de Belisario Betancur, de quien fue ministro de Minas y Energía. También estuvo en los diálogos de paz del Caguán y en 2016, finalmente, se convirtió en una ficha clave para las negociaciones del gobierno de Juan Manuel Santos con las Farc en La Habana”, contaba Camilo Gómez, justo después de que se supiera que Leyva llegaba a tomar el timón de las relaciones internacionales del país. “Fue concejal de Bogotá, diputado de Cundinamarca, representante a la Cámara, Senador, constituyente e incluso candidato presidencial”. Su experiencia lo ponía como el estratega que buscaba Petro para revisar, junto con Estados Unidos, la guerra contra las drogas sobre el entendido de un cambio de política donde la paz, más que la guerra, estuviera en el centro. De ahí que al mismo Leyva le llamaran “El Canciller de la paz”.

Pero antes de seguir, también es necesario recomendarles El Espectador le explica del 13 de diciembre de 2023, cuando el escándalo de la licitación de pasaportes tenía a Álvaro Leyva en la primera plana de todos los medios de comunicación y que relata el fondo de lo que estamos tocando en este boletín. ¿Qué fue lo que pasó? Todos los detalles de ese caso están aquí, sin embargo, dejamos los puntos más importantes para poder ahondar en la materia. Thomas Greg & Sons, una reconocida empresa que maneja millonarios contratos estatales, estaba a punto de ganar la renovación de uno que ya tenía hace varios años: el de la expedición de pasaportes. Sin embargo el “31 de julio el Ministerio de Relaciones Exteriores ordenó suspender la licitación que entregaba el contrato de fabricación, custodia y distribución de pasaportes en Colombia, luego de varias denuncias que advertían que el contrato quedaría en manos precisamente de la empresa Thomas Greg & Sons, la compañía que lleva 16 años con esa licitación”. La decisión, unilateral, la tomó el canciller Álvaro Leyva, quien argumentaba que no dejarían precisamente un contrato con un único proponente y por eso lo suspendía. Y ahí se empezó a tejer todo este caso.

La empresa defendió sus acciones, la transparencia de sus contratos; por medio de una resolución la Cancillería tuvo que reanudar el proceso, la Contraloría y la Procuraduría advertían el riesgo de frenar dicha licitación, el 13 de septiembre de 2023 la Cancillería decidió declarar desierta la licitación y el 14 de septiembre, por medio de la resolución ministerial número 7541, se declaró urgencia manifiesta por 12 meses para poder contratar de manera directa. Se veían largas filas en las oficinas dedicadas a expedir el pasaporte. Thomas Greg & Sons decía que quería participar en la nueva licitación y, al final, se terminó quedando con ella porque era la única empresa que cumplía con todos los requisitos. Pero también se supo de la demanda en contra del Estado: $107 mil millones y otros $10 mil millones por el daño reputacional causado desde que el Gobierno, por medio de la Cancillería, había suspendido el proceso licitatorio, según los abogados que representan a Thomas Greg & Sons.

Entró en escena la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para tratar de buscar un acuerdo, pues desde allí se recomendaba una conciliación, pero se filtró en los medios de comunicación que el Canciller había gritado a Martha Lucía Zamora, la entonces directora de la Agencia Jurídica del Estado. Zamora, una jurista muy reconocida que proponía una conciliación al pleito, terminó renunciando. El escándalo crecía y crecía. Se supo entonces que la Fiscalía investigaría posibles irregularidades en contratos de la Cancillería sobre el tema de pasaportes, que Martha Lucía Zamora ya había hablado en la Fiscalía justo por el caso de dicha licitación y se supo también de la existencia de una presunta reunión entre el hijo del canciller, Jorge Leyla, con Carlos Losada Perdomo, director de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería, y un grupo de empresas que estaban interesadas en la licitación de pasaportes en el país.

Llamaron al Canciller a rendir cuentas en un debate de Control político en el Congreso mientras el otro ente de control, la Procuraduría, entraba a inspeccionar la sede de la Cancillería en busca de pruebas en medio de las presuntas irregularidades que se presentaron en el proceso que le permitió a la Cancillería declarar desierto el proceso de licitación de pasaportes, con el agravante de que el canciller Álvaro Leyva era uno de los funcionarios mencionados en el expediente:

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Caso Martha Zamora: Procuraduría abre investigación a funcionarios de Cancillería

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Leyva contraatacó a Zamora y escaló su pelea por contrato de pasaportes a la Fiscalía

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Canciller analiza decisión tomada en comité de conciliación por licitación de pasaportes

El presidente Gustavo Petro también entró en esta discusión y dijo que, a su juicio, había indicios de que presuntamente algunos funcionarios públicos habrían ayudado a que ese proceso quedara en manos de la firma Thomas Greg & Sons. “En mi opinión funcionarios públicos han trabajado para que la empresa en particular gane el contrato de elaboración de pasaportes y eso se llama corrupción y debe ser investigado penalmente desde el inicio del proceso”. Un abogado de la Cancillería renunció.

Para mediados de diciembre del 2023, se sabía que Petro y Leyva revisaban la propuesta del Comité de conciliación precisamente para llegar a un acuerdo y así evitar que la demanda avanzara. “La inclinación de la mayoría de sus integrantes es buscar una solución negociada con la firma para evitar una demanda de $117.000 millones”, contó la redacción Política, “jurídicamente así se lo notificaron a Leyva”, detallaron. Dicho comité “sesionó por alrededor de cinco horas y solo contó con un voto negativo, el del canciller Leyva. Los votos a favor de conciliar fueron de Eduardo Franco Solarte, director Administrativo y Financiero de la entidad; Paola Ramírez, líder de la Oficina Jurídica; y Silvia Carrizosa, jefa de Talento Humano”, detallaron los colegas que han seguido el caso y que la decisión de conciliar se dio, entre otras razones, “por las recomendaciones de la Contraloría, la Agencia de Defensa Jurídica y del saliente apoderado de la Cancillería en este tema, el abogado Germán Calderón España, quien habría sido el cuarto voto a favor dentro del comité”. Pero la realidad era que ni el Canciller ni el Presidente tenían en su planes admitir dicha conciliación.

¿En qué íbamos? En que Thomas Greg & Sons ya había demandado, que el comité de conciliación recomendaba justo eso, una conciliación, pero el Canciller iba en camino contrario. Él mismo lo confirmó en una entrevista a la revista Semana: “Naturalmente no voy a conciliar, esa es la decisión y asumo la responsabilidad. Reitero: ellos pasan unas consideraciones y recomiendan, pero esas recomendaciones no son vinculantes. Yo soy la persona que decide. Se va a abrir una investigación y es la que ha pedido el presidente para averiguar cómo fue todo el proceso”, dijo Leyva. El Canciller negó las acusaciones en su contra que dijeron que él había gritado a la entonces directora de la Agencia Jurídica del Estado, que el abogado Calderón Peña ya había renunciado y no tenía por qué estar en dicha reunión de conciliación. Pero tanto Zamora, quien era la directora de Agencia Jurídica del Estado como Calderón, el abogado, lo desmintieron, pues Zamora incluso dijo que había testigos que confirmaban el supuesto abuso del Canciller, mientras el jurista aseguró que aunque él había pasado su carta de renuncia, nunca le fue aceptada y que, incluso, le informaron que debía estar presente en la reunión de dicho comité.

Mientras tanto el país era testigo de esta puja de poderes, también avanzaban en paralelo las investigaciones de los entes de control:

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El 2023 terminaba muy convulso para el Canciller. Después de que los “Tribunales declararon la nulidad de cuatro designaciones por no haberle dado prelación a los funcionarios de carrera diplomática” y que hiciera valer su posición de no conciliar incluso en contravía de las recomendaciones de los abogados del mismo ministerio de Relaciones Exteriores, Leyva aseguró que existía un “cartel de los pasaportes” que lo estaba atacando, que estaba desprestigiando a su familia y que a pesar de las presiones para conciliar, frente al proceso contra Thomas Greg & Sons, “¡Ahora el gobierno de Gustavo Petro les ganará en los tribunales!” .

Para el 20 de diciembre, en un análisis de los argumentos que tenía por un lado la Cancillería y por el otro Thomas Greg & Sons, TGS, los colegas Laura C. Peralta Giraldo y Fernan Fortich recordaron un detalle no menos importante: “Por el momento lo único claro es que la elaboración de los pasaportes de los colombianos no está en riesgo de colapsar ni presentaría contratiempos, al menos hasta octubre de 2024, cuando finaliza el contrato actual, que le fue entregado a TGS por urgencia manifiesta. Y nos hablaron de otro detalle: ¿Hasta cuándo podría ir el pleito jurídico? No menos de un año, incluso entre cuatro cinco años, de acuerdo con expertos consultados por El Espectador. Y como TGS tiene inversionistas internacionales, este asunto podría llegar a tribunales por fuera de las fronteras colombianas. Y entre más tiempo pase, más costoso será el pleito. Se habla, incluso, de unos $300.000 millones en total, que es lo que suma el valor de la demanda actual más la indemnización por los dos o tres años o incluso más en los que se cree que podría conocerse el fallo.

Lo más cierto de todo es que este proceso llegaba a sumarse a todas las “pretensiones jurídicas en materia económica contra la Nación”, que a septiembre del año pasado rondaban los 651 billones de pesos.

El 2023 se fue y cuando estaban sonando las proyecciones del 2024, cuando todo el mundo lanzaba apuestas por lo que se venía, sobre todo en materia económica, el equipo de la redacción de Política nos recordó que con la crisis que se desencadenó la pérdida de los Juegos Panamericanos, varios ministros estaban en la palestra pública y sonaban como fusibles listos para ser cambiados, como la ministra del Deporte, Astrid Bibiana Rodríguez; o el de Defensa, Iván Velásquez, o el Canciller, Álvaro Leyva.

Para el 18 de enero el abogado de Álvaro Leyva soltaba los argumentos de su defendido frente a la Procuraduría. Seis días después el órgano de control tomaba decisión sobre el Canciller. Cuando Petro se enteró de esa decisión, entonó la conversación hacia un asunto de gobernanza. Y ante la evidente suspensión, se barajaban nombres para reemplazar al funcionario, pero…

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“La Procuraduría General Nacional suspendió por tres meses al canciller Álvaro Leyva y lo llamó a juicio disciplinario por el caso que se adelanta en su contra que tiene como origen el contrato de pasaportes con Thomas Greg & Sons”, escribieron los colegas de Judicial. El primer cargo tiene que ver con el hecho de que la Cancillería declaró desierta la licitación: Leyva no habría tenido los “fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal”, dijo el Ministerio Público. Y el segundo cargo tiene que ver con que Leyva no podía declarar la urgencia manifiesta, pues al final sí había una empresa que cumplía con los requerimientos del mismo Estado.

Sobre esa base la Procuraduría tomó la decisión de suspender al canciller Leyva “en aras de evitar la posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen, teniendo en cuenta su rol como ordenador del gasto de la Cancillería y que funge como nuevo director del nuevo proceso contractual que se adelante para la gestión de pasaportes”. La respuesta del primer mandatario, Gustavo Petro, sin nombrar a Leyva, fue: “Nos van a suspender ministros aquí y allá. Eso ya lo vivimos en la Bogotá Humana. No nos van a dejar gobernar”. Y con esto, el asunto ya iba más allá, pues el primer mandatario sumó este hecho a lo que en ya repetidas ocasiones ha considerado un ataque contra su gobierno de parte de los entes de control, como la Procuraduría y la Fiscalía, pues son públicas las diferencias que tiene Petro con Margarita Cabello y Francisco Barbosa. Petro insiste en que con estas decisiones lo que está pasando es que “se buscan caminos para sacar al presidente”.

El asunto es que la Procuraduría, que dentro de sus funciones tiene la de vigilar la labor de los funcionarios públicos en el cumplimiento de sus labores como ejecutores de los recursos de todos los colombianos, no solo suspendió a Leyva, sino que lo llamó a juicio por los dos cargos ya mencionados. “Lo que sostiene el Ministerio Público es que Leyva ignoró las recomendaciones de quienes estaban en el proceso de licitación del contrato de pasaportes” y que precisamente la licitación ha carecido de fundamento “serio, razonable y debidamente argumentado”. Todos los argumentos de la Procuraduría están en este enlace, pero la conclusión a la que llegó el organismo de control liderado por Cabello, fue: “Las pruebas practicadas demuestran que las decisiones del ministerio fueron adoptadas de manera unilateral, en contravía de las recomendaciones emitidas por los funcionarios que participaron en el proceso”.

Leyva es uno de los hombres más cercanos a Petro, por lo que la decisión en contra del Canciller ha sido recibida por el primer mandatario como un ataque directo en su contra, tanto el presidente insistió en que la decisión de declarar desierta la licitación de pasaportes está cobijada por la ley y que como líder del gobierno del cambio, tiene clara su posición: “No acepto pliegos de licitación sastre”.

La realidad, sin ir a interpretaciones, era que el 24 enero la Procuraduría había anunciado su decisión de suspender el Canciller, pero Leyva seguía en sus funciones al día siguiente. Una posición poco usual: “La decisión aún no está ejecutada y la Casa de Nariño analizaba qué alternativas tenía”, contaban los colegas de Política.

El Ejecutivo le contestó a la Procuraduría defendiendo al Canciller, insistió en que decisiones como esta lo que buscan es atacar al gobierno Petro, incluso desde esa orilla dicen lo que quieren es ‘tumbarlo’; pero el llamado desde los expertos está en que los funcionarios deben asumir sus responsabilidades y no convertir esos hechos innegables en supuestas persecuciones políticas:

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El Canciller, en su defensa, argumentaba que está en una lucha “contra los carteles y la corrupción”. Una defensa en redes sociales mientras desde el ministerio de relaciones exteriores se anunciaba que ya estaba listo el pliego de requisitos para la nueva licitación de pasaportes y que la empresa ganadora tendrá hasta el 31 de julio de 2026 para ejecutar un contrato de más de $400.000 millones. Eso quiere decir que Cancillería tardó 135 días para ajustar licitación de pasaportes y por eso detallamos todos los cambios en este enlace.

Para el 29 de enero la Procuraduría informó, con prueba en mano, que el mismo presidente Gustavo Petro había sido notificado de la suspensión del Canciller desde el 24 de enero. Pero pese a estar suspendido, Leyva firmó como canciller documento enviado a un congresista, con fecha 26 de enero, cuando ya estaba suspendido.

Para el 31 de enero el país ya sabía que Leyva había Leyva firmado otros 12 decretos mientras se define si se mantenía o no en la Cancillería. Pero se suponer que no lo debería hacer. El 1 de febrero Leyva le contestó a la Procuraduría: allí dijo que la decisión en su contra no fue tomada con imparcialidad y objetividad y pedía a Margarita Cabello declararse impedida en el caso. Dicha información se lee en una carta de 22 páginas

La respuesta de la Procuraduría es que existe un desacato por parte de Leyva y, en la misma ruta, de su jefe, el presidente Gustavo Petro. El viceprocurador general Silvano Gómez Strauch, manifestó que el no cumplimiento de la decisión adoptada por ellos “atenta contra el Estado de Derecho, la Constitución y la ley, además de sentar un nefasto precedente que pone en riesgo la estabilidad institucional”, contaron los colegas de la sección Judicial.

En una democracia las reglas del juego se cumplen

Para el 2 de febrero se supo que el juicio en contra del Canciller será el 15 de este mismo mes. Y que Leyva tiene ese tiempo para “presentar pruebas para desvirtuar los cargos dentro del caso de la licitación de pasaportes”. Ese misma día se conoció otra carta de la Procuraduría que advierte que precisamente Leyva no está cumpliendo la ley.

Pero más allá de lo que uno u otro haga, ¿qué dice la ley? De acuerdo con Camilo Sampedro, profesor de derecho penal de la Universidad Externado, Leyva debía haber actuado de inmediato como sujeto investigado y notificado. “La Procuraduría existe como entidad institucional y sus órdenes se deben acatar. Su orden, en virtud del Código Disciplinario, es una orden para Leyva, quien debió darse por notificado de su suspensión. El argumento según el cual sigue trabajando hasta que se provea su reemplazo, no es válido. ¿Qué pasa si el fiscal general sigue fungiendo como tal, aún fuera de término? Pues todo lo que haga es ilegítimo. En ese sentido, podría inclusive construir una nueva falta disciplinaria o hasta un delito”, dijo en este texto publicado por la redacción Judicial.

Y ahora, ¿en qué vamos? En que hasta nueva orden, Leyva no cumplirá con la suspensión que le notificó la Procuraduría, eso quiere decir que no dejará el cargo hasta que se nombre su reemplazo, como lo hizo saber por medio de una carta. “El anuncio lo hizo a través de una carta que envió su abogado Yefferson Mauricio Dueñas al procurador Ernesto Jesús Espinosa. En el documento, el abogado argumenta que es el presidente Gustavo Petro a quien le corresponde nombrar el reemplazo de Leyva, para garantizar el funcionamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores. Hecho que la misma Procuraduría expuso, según el abogado, en la decisión contra el Canciller”.

Y justo este 7 de febrero se supo que la Procuraduría le pidió a la Fiscalía investigar a Leyva por no cumplir la suspensión. Y, para sumar, el Ministerio Público también abrió una nueva investigación en su contra por el presunto desacato. “Los hechos que serán objeto de revisión se encuentran las determinaciones que el titular de la cartera habría adoptado y las comunicaciones enviadas representando a la Cancillería, desconociendo que se encontraba apartado del cargo e inhabilitado para ejercer las funciones correspondientes”.

Y también este 7 de febrero, horas más tarde del llamado de atención de la Procuraduría, se confirmó que Leyva da un paso al costado y se separa de su cargo para cumplir con la suspensión. “Me permito informar a la opinión pública que el día de hoy me fue comunicada la decisión de la señora Procuradora General de la Nación confirmando la suspensión de mi cargo como ministro de relaciones Exteriores. Al respecto, informo que acato la decisión separándome del ejercidcio de mis funciones”.

El país, entre tanto, protagoniza una nueva jornada de protestas, esta vez convocada por el mismo Gobierno -ya había sucedido en otra ocasión-, presionando a la Corte Suprema de Justicia para que elija a la nueva Fiscal, pero también argumentando que hay un ataque directo contra el Ejecutivo, un ataque a las instituciones. De ahí que llamen a la gente a la calle. Es legal, claro, pero no se debería hacer usando recursos públicos de todos los colombianos, pues por ejemplo allí estarán presentes varios sindicatos y hasta empleados del Sena, pagos con los dineros de los impuestos. Lo que se está viendo en Colombia en este momento es una puja política, una lucha de poderes entre poderosos, sin duda. ¿Si los funcionarios públicos fallan y no cumplen sus funciones, entonces para qué está los órganos de control? Se trata de respetar las instituciones, todos por igual. Y si existe un solo asomo de duda sobre la labor de un funcionario en esos órganos de control, debemos estar a la altura para ver cómo ese investigador se hace a un lado y deja la investigación en manos de otros profesionales que la lleven hasta el final. Estamos hablando del bien general sobre el particular. No por un funcionario, del lado que sea, el andamiaje constitucional de una democracia debe dejar de funcionar. Seguiremos atento el desarrollo de este caso al que todavía le falta mucha tela por cortar.

Este es un hasta pronto con nuestro mensaje final: si les gustó este newsletter y el contenido que desarrollamos en El Espectador, invitados a disfrutar del contenido exclusivo que tenemos en nuestra página web. En esta labor de todos los días necesitamos compañía no solo para las críticas, que las recibimos con humildad, sino para que nos ayuden a construir un mejor país, denunciando, indagando, investigando, informando. Y no olviden dejar aquí abajo los temas que ustedes quisieran que investiguemos en la redacción de El Espectador. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto.

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*Este contenido fue actualizado a las 5:45 de la tarde del miércoles 7 de febrero cuando se conoció que el Canciller se apartaba de su cargo para cumplir con la suspensión ordenada por la Procuraduría.