El Espectador le explica lo que está sucediendo con el cannabis en Colombia
En el Congreso de Colombia ya pasó dos de los ocho debates el proyecto con el que se busca su regulación para uso en adultos, en Canadá le está aportando millonarios números a la economía y la ONU ya la sacó de la categoría de drogas más peligrosas.
Edwin Bohórquez Aya
Es miércoles, día de El Espectador le explica. Recibimos varios correos en donde nos solicitaban escribir este boletín sobre lo que está pasando con el cannabis en Colombia. La noticia, sin largas, fue la aprobación, en segundo debate en el Congreso, del proyecto que busca la regulación, precisamente, del cannabis en nuestro país. El documento buscó ser discutido varias veces por el anterior legislativo, pero sin avances, ahora está tomando forma y por eso, incluso, desde ya se dice que si se cumplen con todos los debates exigidos por la ley y se aprueba, pues en ese escenario “la nueva política de drogas debe usar como conejillo al cannabis”. Así que para entender en qué estamos, para dónde vamos y cómo las decisiones que se tomen en el Congreso podrían tocar a cada ciudadano de a pie, dejaremos una serie de enlaces a continuación para conocer detalles de todos los temas que hemos abordado al respecto con nuestro equipo periodístico de El Espectador. Comencemos.
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Es miércoles, día de El Espectador le explica. Recibimos varios correos en donde nos solicitaban escribir este boletín sobre lo que está pasando con el cannabis en Colombia. La noticia, sin largas, fue la aprobación, en segundo debate en el Congreso, del proyecto que busca la regulación, precisamente, del cannabis en nuestro país. El documento buscó ser discutido varias veces por el anterior legislativo, pero sin avances, ahora está tomando forma y por eso, incluso, desde ya se dice que si se cumplen con todos los debates exigidos por la ley y se aprueba, pues en ese escenario “la nueva política de drogas debe usar como conejillo al cannabis”. Así que para entender en qué estamos, para dónde vamos y cómo las decisiones que se tomen en el Congreso podrían tocar a cada ciudadano de a pie, dejaremos una serie de enlaces a continuación para conocer detalles de todos los temas que hemos abordado al respecto con nuestro equipo periodístico de El Espectador. Comencemos.
Como ya es una práctica de este boletín de noticias, vamos con información de contexto que nos permita entender la discusión en la que estamos. Y eso implica ir un poco atrás. El 2 de diciembre de 2020 se supo que “una comisión de las Naciones Unidas votó para eliminar el cannabis con fines medicinales de la Lista IV de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes”. Ese es el listado en donde aparecen aquellas catalogadas como las drogas más peligrosas del mundo, por ejemplo “opioides altamente adictivos como la heroína”. Eso quería decir que la ONU reconocía propiedades medicinales del cannabis y por eso la retiraba, para ser exactos, de la categoría de drogas más peligrosas.
Allí quedó claro que “los gobiernos aún tendrán jurisdicción sobre cómo clasificar el cannabis”, pero esta decisión, “el reconocimiento de las Naciones Unidas”, era catalogada como “una victoria simbólica para los defensores del cambio de políticas de drogas”. Y de esta forma, también se facilitara “la investigación con cannabis, que cuenta con principios activos que han mostrado resultados prometedores en el tratamiento del párkinson, la esclerosis, la epilepsia, el dolor crónico y el cáncer”.
Y en Colombia, ¿en qué estábamos? “La ley 1787 del 2016 creó el marco regulatorio para que los colombianos tuvieran acceso a derivados del cannabis con fines médicos que cumplieran estándares de calidad farmacéutica, de composición conocida y que fueran producidos siguiendo óptimas prácticas agrícolas y de elaboración”, sin embargo para julio de 2021 fue la misma autoridad sanitaria, el Instituto para la Vigilancia de los Medicamentos y Alimentos en Colombia, INVIMA, quien emitió varias alertas informando al público sobre los peligros de usar productos derivados del cannabis que se comercializan sin registro sanitario. Sí, fraudulentos. ¿Y cuál podría ser la consecuencia? Nos explicó Paola Cubillos, médica y lideresa científica (Naturopathic Medicine), que las personas se podrían enfrentar, tras usar productos fraudulentos, a “mareos, somnolencia y boca seca hasta arritmias, hipotensión y otros efectos cardiovasculares, paranoia y efectos psicoactivos no deseados”.
Se ha preguntado la Ciencia, en repetidas ocasiones, ¿Cuál es el origen de la marihuana? ¿Dónde fue el primer lugar donde se produjo? ¿Cómo surgió? Contamos el por qué el entonces presidente de Colombia, Iván Duque, se estaba reuniendo con empresarios de la industria del cannabis y cómo caía el anuncio de exportar, desde Colombia, la flor seca de esta planta para incentivar la industria farmacéutica. Además, hablamos de cuál podría ser el impacto de este sector visto como un renglón económico: ya se hablaba de 60 mil millones de dólares:
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Para el 30 de octubre de 2021 Panamá se convertía en el primer país centroamericano en legalizar el cannabis para uso medicinal. Allí se estipuló la obligatoriedad de conformar “un consejo técnico de cannabis medicinal, adscrito al Ministerio de Salud que será encargado del diseño y seguimiento de los objetivos de la ley. Está conformado por nueve personas que corresponden a cuatro ministerios: Salud (quien la preside), Seguridad Pública, Agropecuario y Comercio e Industrias, los directores de Aduana y Caja de Seguro Social, dos representantes de pacientes con enfermedades crónicas y degenerativas, y un representante de investigación médico-científica en cannabis medicinal”, nos contó Marcelino Rosario, de ScidevNet.
Cuatro meses después en Colombia “el Gobierno, a través de los Ministerios de Salud, Justicia y Agricultura, expidió la Resolución 227, de 2022, que permite, define y establece todos los mecanismos y procedimientos para el uso industrial del cannabis”, informó ese día la Presidencia. “Colombia también se sitúa hoy a la vanguardia de la reglamentación del uso del cannabis medicinal y por supuesto sus derivaciones de usos industriales”, dijo ese día Iván Duque desde la Casa de Nariño. Por eso Paula Cubillos, del equipo de audio de El Espectador, habló con la Asociación Médica Colombiana de Cannabis Medicinal “sobre las ventajas que tiene Colombia para posicionarse en la producción de derivados del cannabis y las barreras sociales y económicas que debe superar para lograrlo”.
Pocos días pasaron y la Alcaldía Mayor de Bogotá informó los resultados de la llamada primera “Encuesta Cannábica” realizada en la capital. ¿Qué se buscaba? “Caracterizar y entender los hábitos de consumo”. Se trataba de una encuesta hecha entre marzo y mayo del 2021 a más de 4.000 personas de las 20 localidades de la capital. ¿Qué encontraron? Aquí van algunos hallazgos: “que quienes más consumen son las personas solteras, profesionales, trabajadoras, universitarias y cotizantes del sistema de salud. Además, los estratos 3 y 4 tienen mayor incidencia en este hábito con un 43 % y 23 % respectivamente”.
Desde la expedición del Decreto 613 (abril 2017), que reglamentó la evaluación, seguimiento y control del uso de las semillas para la siembra del cannabis y sus derivados para fines médicos y científicos, en Colombia se comenzó a hablar de regulación. Aunque no estaba claro el panorama, impulsaron planes piloto, cuenta Angélica María Castellanos, de la Red de Mujeres Cannábicas Colombia.
Y como para ese momento el país ya estaba inmerso en el debate de candidatos a la Presidencia de la República, la Federación Nacional de Departamentos le lanzó una propuesta a quienes buscaban el cargo más importante de Colombia: “la creación de un impuesto al consumo del cannabis. En síntesis, lo que dicen los gobernadores es que se debería adoptar un impuesto territorial al consumo de marihuana”, nos contaron los colegas de Política.
Fededepartamentos esgrimió en su argumentación los siguientes hechos: “El consumo de cannabis, ya sea de forma medicinal o por recreación, constituye una oportunidad para generar un nuevo ingreso tributario. Desde la experiencia internacional de Estados Unidos, desde el 2012 (año en el que se implementó el primer recaudo al impuesto en Washington DC), hasta diciembre de 2019, 12 jurisdicciones de aquel país han regulado esta sustancia para uso adulto y 33 han legalizado el cannabis con fines médicos (México Unido contra la delincuencia, sf). Particularmente, en el Estado de California, a 2020, había recaudado más de 1.000 millones de dólares por impuestos obtenidos de la venta y producción de esta sustancia desde su regulación en 2018, según el Departamento de Administración de Impuestos y Tarifas de California”.
Al parecer, todo venía avanzando en línea con lo expresado por el mismo Gobierno, es decir, en “el desarrollo de esos usos industriales del cannabis medicinal —sin sus componentes psicoactivos— en sectores como alimentos, bebidas y textiles”. Pero otra cosa decían varios empresarios del sector, quienes manifestaron que aunque el país tenía a mediados de este año una buena oferta de cultivos y también de procesos para transformar la planta de manera legal, Colombia se estaba quedando rezagada en este negocio que, de acuerdo con las proyecciones sectoriales, podría generar 60.000 millones de dólares antes de 2030 y que naciones no productoras iban tomando ventaja.
¿Qué estaba proponiendo la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá con las empresas locales presentes en esta industria? ¿Qué encontramos, con nuestro equipo de Investigación, en las montañas del norte del Cauca? ¿Por qué hablamos del auge de la marihuana? ¿Cuál era la postura del entonces ministro de Justicia y por qué hablaba de una “revolución económica” en este sentido?
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Nuestros colegas Mónica Rivera y Nicolás Achury, quienes lideraron la investigación adelantada por El Espectador, resumieron la situación que se está viviendo en parte de Colombia, así: “Comunidades campesinas, asociaciones y cultivadores del norte del Cauca denuncian que han sido excluidos de la industria del cannabis medicinal, aunque les aseguraron un gran desarrollo económico para la región. Investigadores dicen que se sobredimensionó el impacto de esta industria en zonas rurales y se realizaron falsas promesas que no se pudieron concretar”.
Llegó la nueva administración y desde su primer discurso como presidente, Gustavo Petro fue enfático en la llamada “fallida guerra contra las drogas” y habló de la “política de drogas”. “Este es un claro y contundente llamado a que las naciones hagan su parte en cambiar tanto sus políticas locales como los tratados internacionales, y así reducir el cruento y violento impacto que el prohibicionismo ha tenido en países productores como el nuestro”, escribió Paola Cubillos, en la sección de Salud, quien recordó que “la parada la dio Uruguay en el 2013 legalizando el cannabis para uso tanto adulto – anteriormente denominado “recreativo”- y médico”.
Y así llegamos, tras esta línea de tiempo, al debate del proyecto que busca regular el cannabis de uso adulto, liderado por el representante Juan Carlos Losada (Partido Liberal), quien es ponente del proyecto. Lo que busca, entre otras cosas, es modificar el artículo 49 de la Constitución Política, donde se prohíbe el porte y el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Nos contaban los colegas de Política que el proyecto solo permitiría el consumo a adultos, por lo que, según el documento, se “restringirá el cannabis o sus derivados en entornos escolares” y se podrá “limitar en espacios públicos y zonas comunes”. Pues el pasado 14 de septiembre la noticia fue que dicho proyecto se aprobaba en primer debate y Losada, de paso, le hacía un llamado al Gobierno para que se vinculara al debate.
“Le proponemos al Gobierno crear una mesa de diálogo sobre cannabis”: representante Juan Carlos Losada.
El 3 de octubre, al Legislativo, llegó un segundo proyecto sobre cannabis, también con el objetivo de regularizar “el uso de la marihuana”, pero de autoría del también representante liberal, Carlos Ardila. ¿Por qué si los dos buscaban lo mismo iban por debates diferentes? Porque entre ellos había diferencias en la destinación de los recursos del cannabis para los municipios y departamentos. Juan Sebastián Lombo, de la sección Política, hacía un análisis sobre estos debates: estos “proyectos son descartados de tajo o apenas llegan a pasar por un debate y luego se hunden en plenaria. No obstante, con una mayoría progresista, se esperaría que en este Congreso las cosas cambien”.
Pues efectivamente se aprobó, en ese debate, el proyecto para seguir su curso en el Congreso. Era preciso recordar que en septiembre también había sido aprobado en primer debate el proyecto de cannabis del representante Juan Carlos Losada, así las cosas, lo que seguía era una discusión de los dos proyectos, pero ya en la plenaria de Cámara. Dos días después, en línea con esta discusión internacional, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, tomó la decisión de “dejar en libertad” a los condenados por posesión de marihuana en ese país. El debate en Colombia tomaba más fuerza porque se “pretende que el cannabis se trate como otras sustancias de uso adulto, por ejemplo, el tabaco o el alcohol”. Para el 11 de octubre pasó el segundo debate y por eso entrevistamos a Miguel Samper Strouss, el presidente de la Asociación Colombiana de Industrias de Cannabis:
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Economía
“La nueva política de drogas debe usar como conejillo al cannabis”: Miguel Samper
La realidad es que, ahora mismo, el proyecto “ya ha triunfado en dos de los ocho debates que debe cursar”, que existen evidencia científica que prueba las propiedades medicinales del cannabis -lo dijo la misma ONU tras escuchar a la Organización Mundial de la Salud (OMS)-, que testimonios como el del representante a la Cámara, Daniel Carvalho, sirven para tener en cuenta, en donde argumentó que hace 25 años “fumo marihuana y eso no me ha impedido graduarme como ingeniero civil con las mejores notas, graduarme de dos maestrías con las mejores notas, ser un buen hijo, un buen amigo y ser un buen profesional, tres veces elegido por votación popular a diferentes cargos”, que Colombia ya transita sobre información, sobre hechos, y no sobre supuestos o especulación.
Está también el informe de Deloitte Canadá, en donde se contó que en ese país desde finales de 2018 hasta diciembre de 2021, cuando la marihuana ha sido legal para fines recreativos y medicinales, se han registrado ventas por 8.500 millones de dólares y de ese monto el 68 % eran por marihuana con fines recreativos. Allí se detalló que en cuanto a inversiones de capital para poner a andar la industria del cannabis se necesitaron unos 33.500 millones de dólares impactando a toda la economía canadiense presente en esa cadena y que en total el gasto por persona consumidora al día está por encima de los 50 dólares.
Una vez más, es preciso recordar, el objetivo de los legisladores que han impulsado esta modificación a la Constitución, en voz de Losada, es “un paso histórico para avanzar en una nueva política de drogas basada en enfoque de prevención, respetuosa de las libertades y que genere oportunidades económicas”. El espacio para este debate, como está construida nuestra democracia, es precisamente el Congreso, así que el país espera eso, un debate con altura, entendiendo lo que está pasando en el resto del mundo, en los impactos que un cambio en lo que hemos vivido hasta ahora podría traer a nuestra sociedad -incluido el tema de impuestos, ahora que andamos en discusión de la tributaria- y, sobre todo, en educación sobre las libertades que cada persona puede tener, sin que eso signifique atravesar las fronteras del otro, quien puede o no estar de acuerdo con lo que pensemos o queramos hacer cada uno. De eso se trata. Aquí seguiremos los debates que faltan en el Legislativo y contaremos, al detalle, la decisión que se tome.
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