El Espectador le explica lo que ha pasado con el contrato de pasaportes

Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Qué pasó con la licitación para la impresión y entrega de pasaportes en Colombia? ¿Qué sucedió con Álvaro Leyva, el entonces Canciller, quien protagonizó la primera parte de esta historia? ¿En qué va el pleito millonario con Thomas Greg & Son tras la demanda de más de $100.000 millones? ¿Cómo está manejando este asunto el nuevo titular del ministerio de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo? ¿Quiénes se han presentado para participar en la licitación y quedarse con ella? ¿Qué tiene que ver la Imprenta Nacional en todo esto? ¿Se verán afectados en la expedición o renovación de este documento de identidad quienes necesiten salir del país? Este boletín es el resumen de lo más reciente en un caso en el que han entrado la Procuraduría, el presidente Gustavo Petro, la Agencia Jurídica del Estado y hasta el Congreso mismo. Recuerde entrar en cada uno de los enlaces que dejaremos a continuación para ahondar en los detalles que se han contado desde El Espectador. Comencemos.

Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Qué pasó con la licitación para la impresión y entrega de pasaportes en Colombia? ¿Qué sucedió con Álvaro Leyva, el entonces Canciller, quien protagonizó la primera parte de esta historia? ¿En qué va el pleito millonario con Thomas Greg & Son tras la demanda de más de $100.000 millones? ¿Cómo está manejando este asunto el nuevo titular del ministerio de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo? ¿Quiénes se han presentado para participar en la licitación y quedarse con ella? ¿Qué tiene que ver la Imprenta Nacional en todo esto? ¿Se verán afectados en la expedición o renovación de este documento de identidad quienes necesiten salir del país? Este boletín es el resumen de lo más reciente en un caso en el que han entrado la Procuraduría, el presidente Gustavo Petro, la Agencia Jurídica del Estado y hasta el Congreso mismo. Recuerde entrar en cada uno de los enlaces que dejaremos a continuación para ahondar en los detalles que se han contado desde El Espectador. Comencemos.

Antes de ir a los hechos más recientes, es preciso recordar estas dos entregas que hicimos sobre el mismo tema: la primera, del 13 de diciembre de 2023, cuando contamos en detalle por qué el presidente Gustavo Petro criticaba a Thomas Greg & Son -que llevan 16 años con ese negocio-, y pedía un nuevo proceso; el papel del entonces canciller Álvaro Leyva, en línea con el mandatario, frenaba el proceso licitatorio de adjudicación valorado en $600.000 millones argumentando que solo había un “único proponente”, razón por la cual la declararon desierta, y, en respuesta, la compañía respondía con una demanda de $ 117.000 millones porque decía que cumplía con todos los requisitos y no había lugar a declararla desierta.

La segunda entrega la hicimos en 7 de febrero de 2024, cuando ya muchas hojas se le habían caída al árbol y bastante agua pasaba debajo del puente. Por ejemplo, la cabeza de la Agencia Jurídica del Estado dejaba su cargo por un enfrentamiento con Leyva, que la Procuraduría había entrado a investigar el actuar de Leyva como funcionario público, y, tras adelantar su propia investigación, había suspendido a Leyva de su cargo y le pedía retirarse por tres meses, incluso fue llamado a juicio disciplinario. Ese 7 de febrero la noticia fue conocida así: “Me permito informar a la opinión pública que el día de hoy me fue comunicada la decisión de la señora Procuradora General de la Nación confirmando la suspensión de mi cargo como ministro de relaciones Exteriores. Al respecto, informo que acato la decisión separándome del ejercicio de mis funciones”. Luis Gilberto Murillo, entonces embajador de Colombia en Estados Unidos, asumía como Canciller encargado.

Y desde ese instante muchos hechos han pasado, como que la Superintendencia de Industria y Comercio también entró a investigar, entrevistamos a Carlos Toledo, director de la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia compra eficiente, quien revelaba que el gobierno de Gustavo Petro quiere hacer cambios en la plataforma de contratación pública, hoy administrada por un operador portugués, con la idea de abrir una licitación para que sea adjudicada a un operador colombiano y que sea más moderna y amigable. Para sumar, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado denunciaba a José Antonio Salazar, entonces secretario general de la Cancillería, por cuatro delitos: prevaricato, falsedad en documento público, interés indebido en la celebración de contratos y abuso de poder. Según la denuncia, el exsecretario habría adjudicado de manera ilegal el contrato para imprimir pasaportes a favor de Thomas & Greg a finales de febrero pasado de 2024, cuando precisamente estaba en entredicho la millonaria licitación:

Política

La SIC inspeccionó en solo 24 horas dos entidades donde Thomas Greg tiene contratos

Judicial

Gobierno denunció a exsecretario de la Cancillería por caso de pasaportes

Política

Gobierno Petro quiere cambiar plataforma de contratos públicos

Política

“Lo afirmo”: Rusinque dice que Registraduría y Cancillería han negado información

Para el 20 de marzo, cuando el que lideraba la Cancillería era Murillo, ya se contaban cuatro renuncias de funcionarios cercanos a Leyva: “José Antonio Salazar, quien salió, precisamente, por el pleito de la entidad con la empresa que quiere el contrato de pasaportes, la multinacional Thomas Greg & Sons. Salazar, en contravía del presidente Petro y de Murillo, le adjudicó el contrato a esa firma y luego fue declarado insubsistente por el mandatario, quien además lo acusó de traición. Fue reemplazado por Paola Andrea Vásquez, mano derecha de Murillo”, nos contó la redacción Política. “Salió Juan Carlos Losada, director de asuntos jurídicos internacionales y envuelto en la polémica de Martha Lucía Zamora, exdirectora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, quien lo mencionó como asistente a una reunión que se habría dado con empresarios extranjeros y el hijo del canciller, Jorge Leyva. A todos ellos se suma Lida Rodríguez, jefe de contratos, quien presentó su renuncia en medio de la polémica de Salazar”. Y para completar, Silvia Carrizosa, quien se anunciaba dejaba la dirección de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La lectura, en ese instante, era que Murillo estaba contra reloj: un contrato con más de 500 quejas, revocadas decisiones del ya exsecretario general de la Cancillería, pocos meses para adjudicar el contrato pues el actual se vence en octubre y una empresa que no pretendía dar su brazo a torcer en la consecución de la millonaria licitación. La gente, por temor a no poder conseguir su documento de identificación internacional, se volcó a las oficinas de expedición de pasaportes y las quejas por la falta de citas se volvió parte del menú en todo este embrollo. Incluso el 19 de abril, cuando Petro decidió declarar ese como día cívico, varias de estas oficinas cerraron, cuando la gente tenía precisamente programadas las citas que no fueron fáciles de conseguir y que incluso les había obligado a viajar de otras ciudades o municipios para llegar y encontrar la puerta cerrada. El entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo que se trataba de una “falta de previsión”.

Para finales de abril, el 24, Murillo informaba algunos detalles sobre cómo funcionará el nuevo esquema para los pasaportes, que entraría a regir desde 2025 y sería manejado por la Imprenta Nacional y dos aliados. Eso quiere decir que el Comité de Contratación del Ministerio y el Fondo Rotario está estructurando un “convenio interadministrativo con la Imprenta Nacional”, que a su vez “deberá contar con un aliado estratégico privado y un aliado público gubernamental internacional”. En este último, el canciller encargado reveló que algunos países habían sido priorizados, entre ellos, Austria, Alemania, Estados Unidos, Bélgica. Otros han expresado su interés por hacer parte del proceso, como Canadá y México, pero la Cancillería tiene el criterio de no incluir a Estados de hemisferio, excepto por Estados Unidos, contaron los periodistas que han seguido este proceso.

Y se detalló que el “Ministerio de Relaciones Exteriores seguirá siendo supervisor de la expedición de los pasaportes y con el apoyo de un comité consultivo interinstitucional integrado por la Presidencia de la República, la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Este trabajará de la mano con un comité técnico asesor conformado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia y otros aliados estratégicos internacionales”.

Ese mismo 24 de abril se supo cuál era el nombre de la empresa mexicana: “Se trata de Accesos Holográficos, que fue subcontratada para la elaboración de cédulas de extranjería y ahora podría quedarse con parte del contrato de los pasaportes”, escribía Laura C. Peralta Giraldo. “La empresa con más de 35 años de experiencia en temas de seguridad, impresión y desarrollo de software, fue denunciada ante la Comisión Federal de Competencia Económica de su país por presuntas prácticas monopólicas, no solo ha suscrito varios contratos desde 2017 con la Imprenta Nacional, también tiene una alianza con dicha entidad para que ambas puedan participar en contrataciones, entre esas, la de los pasaportes”, contó la reportera. “No conozco nada de una firma de México. Incluso, en los países que priorizamos no incluimos a Estados Unidos, Canadá ni México, los dos últimos manifestaron su interés de estar en estas conversaciones. Estamos planteándole a la Imprenta Nacional que tiene que hacer un proceso de selección objetivo, pero la Cancillería no trabaja con supuestos”, dijo Murillo.

Y mientras unos decían que no y otros, en el Congreso y en el Ejecutivo, aseguraban que sí, varias noticias iban surgiendo:

Judicial

Para Martha L. Zamora, contratación de pasaportes se frenó por orden del presidente

Política

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Mundo

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Política

“Expedición de pasaportes no está en riesgo”: Murillo aclaró proceso con lmprenta Nacional

Con Murillo ya en propiedad, a mediados de junio fue claro respecto al tema en cuestión: “No está en riesgo la expedición de los pasaportes, se expiden normalmente, y en ningún momento ha estado en riesgo. Hemos sido muy cuidadosos en eso”. Advirtió que la meta del Gobierno es que el nuevo esquema pueda entrar en vigencia a partir de julio o agosto de 2025: “Ese proceso está avanzando muy bien”, dijo.

Y además confirmó, desde ese instante, que Thomas Greg & Sons seguiría a cargo de la expedición hasta octubre. Mencionó en ese momento que se estaba desarrollando una etapa de transición bajo un modelo híbrido, que incluiría a dos socios, uno gubernamental y uno privado, que apoyaría a la Imprenta Nacional en las nuevas etapas del proceso de expedición. “El gobierno extranjero respaldará siete etapas de ese proceso y para las dos últimas, que tienen que ver con la impresión, se necesitará al socio privado”, contaba la redacción Política en ese instante.

Para el 26 de junio, Laura Peralta, una de las colegas que más ha seguido este caso, nos contó: “La Imprenta Nacional se quedó con los contratos de los pasaportes y las cédulas de extranjería, las cuales son elaboradas por la empresa mexicana Accesos Holográficos. La Procuraduría, que suspendió al excanciller Álvaro Leyva por irregularidades en la licitación de pasaportes, estudia si esta tercerización cumple con la ley de contratación. ¿Podría pasar lo mismo de las cédulas con los pasaportes?”, se preguntaba. Todos los detalles de su reportaje aparecen en este texto.

Llegamos a julio y el presidente Gustavo Petro no solo defendía la inclusión de la Imprenta Nacional en la impresión de los pasaportes, sino que también habló de las cédulas de extranjería: “No puede haber corrupción en los contratos firmados entre entidades públicas a los cuales se oponen siempre los que sí quieren ganancias particulares. El contrato entre Migración y la Imprenta Nacional ya entregó 3.000 cédulas de extranjería, y demuestra que ese es el camino. Viudos del ordeño del Estado se oponen por obvias razones: las de la corrupción”, dijo el primer mandatario.

Para el 13 de agosto pasado surgieron más y más dudas, el Gobierno respondió y hasta el Congreso pidió explicaciones:

Política

Imprenta Nacional asumirá impresión de pasaportes, pero solo a partir de 2025

Política

Se agitaron dudas por falta de contratista para elaboración de pasaportes

Política

Congresistas piden a Cancillería aclarar cómo funcionará la expedición de pasaportes

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“Imprenta no está lista para asumir en octubre”: canciller dice qué pasará con pasaportes

Y si todos los caminos conducen a que la Imprenta Nacional, que fue la elegida por el Gobierno para seguir adelante con la impresión de los pasaportes, ¿por qué el mismo Canciller decía que dicha entidad no estaba lista para asumir la tarea en octubre, que es cuando se vence el contrato Thomas Greg & Son? “Después de meses de trabajo, encontramos que la Imprenta todavía necesita procesos adicionales de fortalecimiento. No está lista para asumir el 3 de octubre. La próxima semana se elegirá al socio estratégico extranjero”, aseguró Murillo. Pero recalcó que “no está en riesgo la producción de los pasaportes” y que una vez venza el contrato que tiene Thomas Greg & Sons se iniciará una “transición tranquila” con el gobierno extranjero. Para esta transición, además del socio internacional, se decidirá qué firma o empresa será la aliada privada encargada de la impresión y entrega de los pasaportes: “El esquema, que es híbrido, nos llevará a la tercera fase, que la asume la Imprenta”, dijo. “Esto lo venimos trabajando hace cinco meses y estamos concluyendo”, agregó el Canciller.

Así las cosas, ¿qué se proyectaba para ese momento? El camino, para ese instante, se veía así: “Alemania, Austria, Canadá, Portugal, Francia y Países Bajos han manifestado su interés de participar en el proceso de producción de pasaportes en Colombia”, decía la Cancillería. El ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia detallaba: “Con estos gobiernos se realizaron mesas de trabajo en las cuales el gobierno colombiano presentó los aspectos centrales del nuevo modelo institucional y socializó las necesidades del país. Así mismo, los gobiernos extranjeros presentaron el esquema de producción de pasaportes en cada uno de sus países”.

Y volvieron a hacer énfasis al recordar que hay tres fases para desarrollar el nuevo modelo institucional y que se está cumpliendo con el cronograma establecido al interior de la entidad: “Durante la fase 1, que es la actual, se ha garantizado la prestación del servicio de expedición de pasaportes. Igualmente, se ha trabajado en la consolidación del modelo en sus componentes técnico, jurídico y financiero”.

La semana pasada, el 22 de agosto, y tras docenas de denuncias públicas sobre el agendamiento de citas, el Canciller Murillo aseguró que el software actual es bastante anticuado, que se está trabajado en uno nuevo y que ese comenzará a funcionar desde el 3 de octubre.

Pero un asunto no menor seguía vivo en medio de todo este proceso: la millonaria demanda que Thomas Greg & Son tiene en contra del Estado colombiano. Pues resulta que la noticia, este 22 de agosto, El Espectador reveló que la Cancillería se estaba acercando a la empresa con la finalidad de que retiraran dicha demanda y que, en paralelo, hicieran parte de todo el proceso que seguirá después del 2 de octubre, cuando se acaba el contrato actual.

Y ya, con el panorama más claro, ¿qué se esperaba que pasara en esta última semana ante el temor de una posible interrupción en la expedición de pasaportes? ¿Cómo lograr que la empresa retirara la demanda? ¿Qué buscaba la reunión de la Procuraduría? ¿Cómo darle un parte de tranquilidad a los colombianos?

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Aunque el Gobierno ha advertido por todos los lados posibles que todo estará bien y que no hay por qué preocuparse, sí hay una preocupación general por la calidad del documento: “El temor que también formó parte de esas citas es que al hacer la transición entre el privado y el sector público en la elaboración de las libretas se pierda calidad y seguridad, lo que hace latente el riesgo de que se les impongan nuevamente visas a los colombianos. Incluso, extraoficialmente, se habla de un mensaje que en ese sentido habría dejado el expresidente Juan Manuel Santos en una reciente reunión a la que asistió en el Palacio de San Carlos”. En otras palabras, si los pasaportes no tienen la calidad exigida, pues podríamos exponernos a que nos exijan visa en algunos de los más de 100 países que hoy nos permiten entrar tan solo con el pasaporte.

La Procuraduría, a su turno, citaba a la reunión entre la Cancillería y buscaba hacer el acompañamiento para que, dentro de lo posible, se llegara a un acuerdo. La reunión estaba citada para el 27 de agosto. Justo para ese día, una nueva noticia se tomó los titulares: Más de diez mil colombianos solicitaron una cita para expedir su pasaporte y tan solo tenían tres mil cupos disponibles. La Procuraduría afirmó que el sistema es obsoleto. Todos los detalles los contó la redacción Judicial en este texto. En línea con lo que ya había dicho la Cancillería, era hora de cambiar dicho software.

Y así llegamos a este 27 de agosto, día de la reunión entre la Cancillería y Thomas Greg & Son, con intermediación de la Procuraduría. ¿A qué acuerdo llegaron? De acuerdo con el Ministerio Público Thomas Greg & Sons seguirá asesorando al Gobierno con en el nuevo modelo de implementación de software para la expedición de pasaportes.

Eso, en otras palabras, ¿qué quiere decir? Según el delegado de la Procuraduría, Ramiro Escandón, la empresa Thomas Greg & Sons seguirá como asesora del sistema que se encarga de la expedición de pasaportes en el país, pues esta compañía lleva más de 60 años en el mercado colombiano, sin embargo, ante las falencias del software que tiene la Cancillería para el agendamiento de citas de todos los ciudadanos que quieran sacar el pasaporte, el Gobierno entra en la discusión si Thomas Greg puede continuar asesorando el proceso hasta que la nueva compañía, que se presume será del extranjero, tome responsabilidad, escribió la redacción Judicial.

Contaron, además, que “en la reunión llevada a cabo en la sede del Ministerio Público se logró exponer algunas peticiones que tenían las partes interesadas, es decir, la Cancillería y la empresa que fabricará los pasaportes y asesorará hasta nuevo aviso al Gobierno Nacional en la gestión. “Los interesados que mostraron voluntad para llegar a una concertación toda vez que el contrato vence este 2 de octubre””, contó la redacción Judicial después de citar a la Procuraduría.

Y el Gobierno, ¿qué dice al respecto? Murillo, el Canciller, refiriéndose a las mesas de trabajo que hoy convoca la Procuraduría, dijo: “En esas mesas, el espíritu es que se pueda dialogar con Thomas Greg & Sons y llegar a algún tipo de avance, de entendimiento que permita que estas pretensiones judiciales no estén sobre la mesa”, afirmó, teniendo en cuenta que la demanda de $117.000 millones que pesa en contra del Estado colombiano. “Creemos que es un escenario positivo, pero igual cada uno conserva su posición y vamos a ver a dónde nos lleva este diálogo que hemos iniciado”, agregó.

Así que, por ahora, el resumen de todo este caso es que la empresa que ha tenido el contrato de la impresión y expedición de los pasaportes sigue dentro del proceso, que, al parecer, de acuerdo con la Procuraduría, acompañará al nuevo modelo, que estaría protagonizado por una empresa internacional en asocio con la Imprenta Nacional. Que se cumpliría la directriz del presidente Gustavo Petro, que es dejar sin el contrato de renovación a Thomas Greg & Sons, pero esta última no ha renunciado a la demanda. Les seguiremos contando todos los detalles de este caso, que todavía no tiene punto final, aunque sí dos partes que, al menos por ahora, están sentados escuchándose, por el bien de todos los colombianos que necesitan contar con el derecho de poder pedir su pasaporte cuando cada uno lo necesite y de la mejor calidad posible.

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