El Espectador le explica por qué los ojos del país están en La Guajira

Es miércoles, día de El Espectador le explica. Hambre, pobreza, desigualdad, violencia, contrabando. Viajar por La Guajira es vivir un contraste de excesos: niños pidiendo dinero en los carreteras que se desvanecen entre el polvo, camionetas 4x4 que viajan a toda velocidad con los turistas que no pagan poco por las excursiones a lo más lejano del norte de Colombia, esquinas de comercio que mueven fajos y fajos de dinero y whisky por litros, viviendas a medio hacer sin servicios públicos, avisos por doquier que dan cuenta de campañas políticas que buscan votos, inversión, sí, pero mucha corrupción. La tierra de promesas incumplidas. Y ahora que el presidente Gustavo Petro puso su atención en este departamento, vamos a explicar qué busca el Gobierno y por qué se habla de una emergencia económica, de emergencia social. Recuerden entrar a todos los enlaces que dejaremos a continuación. Comencemos.

Es miércoles, día de El Espectador le explica. Hambre, pobreza, desigualdad, violencia, contrabando. Viajar por La Guajira es vivir un contraste de excesos: niños pidiendo dinero en los carreteras que se desvanecen entre el polvo, camionetas 4x4 que viajan a toda velocidad con los turistas que no pagan poco por las excursiones a lo más lejano del norte de Colombia, esquinas de comercio que mueven fajos y fajos de dinero y whisky por litros, viviendas a medio hacer sin servicios públicos, avisos por doquier que dan cuenta de campañas políticas que buscan votos, inversión, sí, pero mucha corrupción. La tierra de promesas incumplidas. Y ahora que el presidente Gustavo Petro puso su atención en este departamento, vamos a explicar qué busca el Gobierno y por qué se habla de una emergencia económica, de emergencia social. Recuerden entrar a todos los enlaces que dejaremos a continuación. Comencemos.

Antes de viajar por el contexto necesario, hay que poner unas cuantas cifras que sirven para entender qué vive hoy La Guajira: de acuerdo con el DANE el 66,3 % de la población presenta pobreza monetaria (757.097 personas), mientras que el 39,7 % están en la pobreza extrema (454.246 personas). Y por el lado de la pobreza multidimensional, el 48,7 % de la población carece en alguna medida de acceso a servicios de salud, educación, condiciones de vivienda y agua potable. El desempleo marcó un 15,8 % para el periodo febrero – abril, el costo de vida (inflación anualizada) llegó al 12,31% y solo el rubro de alimentos se trepó hasta el 15,27%. En otras palabras, vivir en La Guajira es caro mientras que la mayoría de su población es pobre.

Con esta coyuntura, vayamos un poco atrás, aunque las noticias se estén dando esta semana por cuenta de los anuncios del Gobierno. Desde el 2017 había sido la Corte Constitucional quien había visibilizado, con pruebas en mano, cómo en ese departamento se vivía diario la falta de garantías para acceder al agua, la alimentación y la salud. En términos jurídicos, “el estado de cosas inconstitucional” porque para ese instante, los habitantes de La Guajira eran víctimas de “una violación múltiple de derechos fundamentales”. Todo esto pasaba, según el alto tribunal, por fallas en distintas entidades públicas que evidenciaron problemas como, por ejemplo, en el Programa de Alimentación Escolar (PAE); o en la incapacidad estatal para poner en marcha proyectos para asegurar un acceso continuo y sostenible al agua potable. La misma historia con la prestación del servicio de salud. Y, por evidencia clara, seguimos en las mismas, pero sumando procesos judiciales, muertes, destituciones, hambre…

No vayamos tan lejos. En diciembre de 2021 la exalcaldesa de Uribia, Cielo Redondo, fue imputada por contratación irregular. Ese mismo mes era precisamente la Corte Constitucional quien enviaba preguntas a la Gobernación del departamento, al ICBF, a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Contraloría. Estaba preocupada porque no se veían avances en la gestión en contra de la corrupción. Las entidades debían responder qué acciones habían hecho para combatir la violación de derechos contra la niñez del pueblo Wayúu.

En enero de 2022, cuando una parte del país estaba todavía de vacaciones, se reportaba la muerte de dos niñas que pertenecían a comunidades indígenas de Riohacha y Manaure. La causa: aparente desnutrición. Unos días después la noticia era que el secretario de Hacienda de Albania había sido secuestrado. También era aceptada una denuncia en la OCDE por parte de comunidades afectadas por la explotación de carbón en la mina de El Cerrejón. Pedían que las multinacionales encargadas de la operación salieran del país mientras éstas defendían el negocio. Mientras tanto Dejusticia entregaba un informe con recomendaciones para superar la corrupción en el departamento porque veníamos de vivir varios hechos: “Entre 2016 y 2020 se dieron 37 hechos de corrupción en el departamento”, “La Guajira ha tenido 12 gobernadores en los últimos diez años”, “La Procuraduría alertó que 64 expedientes con denuncias de corrupción llevan más de 10 años engavetados” y “Entre 2013 y 2015 la Contraloría detectó pérdidas por casi $17.000 millones en el Programa de Alimentación Escolar”. ¿Y cuáles eran las recomendaciones?: “Que el Congreso expida una ley de protección de denunciantes de la corrupción” o que “Que la Corte Constitucional emita órdenes que permitan nombramientos de contralores, fiscales y procuradores territoriales independientes”, por ejemplo.

Se registraban más y más hechos que retratan lo que ha vivido siempre la población guajira:

Colombia

Denuncian atentado contra la ONG ‘Nación Wayuu’, en La Guajira

Colombia

Por corrupción, condenaron a exsecretario de salud de Albania, en La Guajira

Colombia+20

Renuncia masiva de candidatos a curules de paz en el Caribe por falta de garantías

Colombia

Investigan muertes de niños kogui por afecciones respiratorias

El 24 de marzo de 2022, Adriana Torres y Julián Gutiérrez recordaron que el hambre en La Guajira era una deuda que no salda. “El departamento concentró el 35 % de los menores fallecidos por desnutrición en el país en 2021, y aunque el ICBF aumentó la cobertura de los programas de alimentación, esta no ha sido suficiente. Satisfacer el derecho de pueblos étnicos exige tener en cuenta la dimensión cultural, que supera la subsistencia física”. Los dos investigadores dejaron cifras en su informe: “Según el Instituto Nacional de Salud (INS), desde 2014 han muerto 578 niños y niñas menores de cinco años por causas asociadas a la desnutrición, 374 de ellos desde la declaratoria del ECI. Durante 2020, el porcentaje de menores fallecidos por estas causas en La Guajira representó el 23 % de todos los casos a escala nacional, mientras que en 2021 llegó al 35 %. Esto quiere decir que las necesidades alimentarias siguen sin ser atendidas y, como ya lo ha señalado la Veeduría Ciudadana para la implementación de la sentencia, que existe un fuerte subregistro de casos como consecuencia de las medidas de aislamiento tomadas en 2020″.

Al mes siguiente la noticia era, otra vez, sobre corrupción: “la Fiscalía resolvió un caso que se registró en La Guajira y dejó un detrimento de más de $18 mil millones en la región. Se trata de un contrato que celebró la Gobernación con el Hospital San Rafael que tenía como objetivo desarrollar un programa de salud para evitar la mortalidad de niños y madres gestantes. El ente acusador encontró que el dinero llegó a arcas de una campaña política. Por estos hechos, a través de un preacuerdo, un juzgado de conocimiento condenó a cuatro personas”.

Pocos días pasaban y eran las comunidades wayúu y organizaciones sociales las que denuncian que permitir el desvió del cauce del arroyo Bruno, en beneficio de El Cerrejón, estaba afectando a sus pobladores. Porque en el departamento no solo los problemas vienen por cuenta del hambre sino de los conflictos ambientales. “Este es un afluente muy importante para la región del cual dependen, no solamente ecosistemas, sino que ha sido históricamente una fuente de encuentro cultural, de alimentación y hace parte de la cultura del pueblo wayúu y poblaciones afrodescendientes de La Guajira” dijo Jomary Ortegón Osorio, presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), una de las organizaciones que ha acompañado el proceso.

No terminaba ese mes y era un informe de la Contraloría el que confirmaba que “con 64 proyectos por más de $800 mil millones”, La Guajira encabezaba el listado de departamentos con más obras inconclusas de todo Colombia. Otro nombre salía a flote en el cúmulo de investigaciones que salen de esa parte de Colombia. El exgobernador José María Ballesteros era investigado porque habría generado “un detrimento a la Gobernación de La Guajira por $13.253 millones, originado en dos contratos para llevar alivios a estudiantes de bajos recursos en materia de transporte y alimentación”.

Llegamos a mayo y la noticia parecía repetida en uno de esos registros que ya se van volviendo un número, lamentablemente, pero que vuelven sobre historias ya contadas. La sección Nacional publicó la historia de dos niños de la comunidad Wayúu, muertos por problemas de salud. La causa: desnutrición y problemas respiratorios. No era una realidad nueva: “Es importante resaltar que en esta misma comunidad se encuentran alrededor de 25 niños sin atención por parte del Estado colombiano ni de sus entidades garantes de los derechos fundamentales de los niños indígenas”, dijo en ese instante la ONG Nación Wayúu.

Hambre en La Guajira: cinco años de una promesa incumplida

Se cumplían cinco años desde que la Corte Constitucional se había pronunciado. ¿Qué había pasado? Pocos avances. “La Corte decretó 210 órdenes que debían cumplir 25 instituciones para atender el problema”. ¿El resultado? Pinceladas en un cuadro donde la tragedia, la falta de agua, de alimentación, de salud, brilla por su ausencia. A la par, crecía la migración venezolana y las necesidades insatisfechas a la orden del día, incluso las jurídicas. Oneida Pinto aparecía, otra vez. Y la población intentaba ser visible en tiempos de votos y elecciones:

Judicial

Hambre en La Guajira: Cinco años de una crisis que se agudiza

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La justicia de la nación wayúu para los migrantes venezolanos

Judicial

Procuraduría inhabilitó por 10 años a Oneida Pinto, exgobernadora de La Guajira

Colombia

El pueblo de La Guajira que no votará en señal de protesta por falta de agua

Llegamos a junio del 2022 y Ramón José Aguilar Blanco, tesorero de Corpoguajira, era enviado a la cárcel por un supuesto desvío de $1.176 millones. ¿Qué decía el caso? Que Aguilar “habría autorizado de forma irregular 89 transferencias bancarias electrónicas a 10 cuentas de ahorros sin vínculo con la Corporación Autónoma Regional de La Guajira”. Mientras tanto la Defensoría instaba a las EPS a fortalecer acciones para prevenir la desnutrición infantil. No se refería solo a ese departamento, pero sí recordaba que de acuerdo con el INS, durante el 2022 se habían “notificado de 137 casos de muertes por desnutrición en niños y niñas menores de cinco años y casi nueve mil casos en distintas partes del país, siendo los departamentos de Vichada, Guaviare, La Guajira y Guainía los más afectados”. Era un llamado generalizado, pero con nombres propios.

Llegamos a julio y, otra vez, el alto tribunal el que entraba a exigir acciones: “Seis objetivos debe tener el plan de acción que ordenó la Corte Constitucional para proteger a los niños de la comunidad wayúu ubicados en Uribia, Riohacha, Maicao y Manaure en La Guajira. Aunque el alto tribunal, en 2017, declaró el estado de cosas inconstitucional por la violación masiva de derechos a esa comunidad, en una reciente visita judicial la corporación constató que, aunque los Gobiernos de turno han tratado de mitigar esa vulneración, los resultados aún resultan ineficaces”.

Los retos urgentes de salud en La Guajira

Y, esta vez, por una movida política, la noticia que llegaba era también de orden judicial: “Luego de una extensa batalla jurídica, en el último asalto perdió Nemesio Roys, elegido gobernador de La Guajira para el periodo 2020-2024. La Corte Constitucional declaró que incurrió en doble militancia, al expresar su apoyo a candidatos que no eran del partido político que lo avaló a él. Así lo había declarado ya el Consejo de Estado en julio 2021, con lo que el nuevo fallo del alto tribunal ratifica la sentencia que hace un año había sacado a Roys de la Gobernación”.

La violencia, otro de los factores de la crisis eterna que ha vivido el departamento, seguía sumando registros: lanzan granada a la casa del alcalde de Uribia, era la noticia en agosto del año pasado, pocos días después de que el nuevo gobierno nacional ya se había instalado en la casa de Nariño. Y para sumar, el hacinamiento en la estación de Policía de Riohacha era sorprendente: 2.000% de sobrepoblación. Un realidad que alarmó a la Defensoría del Pueblo.

Era también la Defensoría del Pueblo la que reafirmaba una dura realidad, ya conocida, como lo hemos visto en este resumen, pues en septiembre del 2022, dijo: La Guajira era el departamento con mayor cantidad de muertes por desnutrición infantil. La llegada del nuevo Gobierno venía con anuncios, como por ejemplo “la creación de un nuevo Sistema Educativo Indígena Propio” o de las acciones que el departamento podría adelantar con la estatal petrolera. Apareció la tormenta tropical Julia con todas sus consecuencias. Y una vez más la Corte, ahora con nuevos funcionarios en los cargos, citaba a siete ministerios de Gobierno, además de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, para tratar con urgencia masiva violación de derechos humanos contra los niños Wayuu en La Guajira:

Educación

Los compromisos del ministro de Educación, Alejandro Gaviria, con el pueblo wayúu

Ambiente

Calamidad pública en Uribia por paso de Julia: reportan 5.000 familias damnificadas

Política

“La Guajira podría asociarse con Ecopetrol y generar energía eléctrica”: Petro

Judicial

Corte Constitucional convoca reunión nacional para proteger a la niñez Wayúu

En noviembre, porque este departamento también ha sido muy golpeado por el cambio climático, ya íbamos en declaratoria de calamidad pública en Riohacha por culpa de la ola invernal, pues ya sumaban 7.000 familias damnificadas. La situación era tan grave que “desde el 1 de noviembre, el presidente Gustavo Petro y el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Javier Pava Sánchez, decretaron la situación del país como desastre nacional por la ola invernal. Para atender a los 765 municipios que se han visto afectados, Petro destinó $2,1 billones”, nos contaron los colegas de la sección Ambiente.

El 19 de diciembre, en otro llamado de la Corte Constitucional, esta vez a expertos y académicos voluntarios, que conformaran un equipo para realizar seguimiento a los derechos fundamentales de la niñez wayúu en cuatro municipios de La Guajira. La Corte ya había adelantado una sesión técnica con el gobierno de Gustavo Petro, las comunidades y la sociedad civil para realizar un seguimiento de la sentencia. Ahora, en una nueva labor de seguimiento, se hizo un llamado a las personas con formación afín a las áreas de agua y saneamiento básico, alimentación y nutrición, salud pública y seguridad social, infraestructura vial, antropología, sociología, educación, traducción de wayuúnaiki y relación empresa-derechos humanos, contaron los colegas de Judicial.

¿Cómo terminaba el 2022? Con el llamado de atención de la senadora y líder wayúu, Martha Peralta, a la entonces directora del ICBF, Concha Baracaldo, y su gestión: “Con los derechos de los niños no se podía improvisar”, dijo la legisladora. La Procuraduría investigaba la muerte de tres bebés por desnutrición, tan solo tenían cuatro, nueve y quince meses, y quienes entraron a hacer parte del deporte que decía que durante 2022 murieron 80 niños menores de cinco años en este departamento.

El 2023 comenzaba con más hechos de investigación relacionados con supuesta corrupción. ¿Qué sucedía? Se suspendía la licitación para el acueducto de Riohacha tras alerta de irregularidades. ¿Qué se leía en los hechos? “La Procuraduría había alertado múltiples inconsistencias que ponían en riesgo hasta recursos de regalías. La Alcaldía de Riohacha reculó y suspendió el proceso con el que buscaba encontrar un nuevo operador para este servicio público”.

Apelando a la estrategia de la manifestación como un llamado de atención, el 24 de enero La Guajira amaneció bloqueada en sus cuatro puntos con carreteras principales. Comunidades wayúu reclamaban “el cumplimiento de los fallos por parte de las altas cortes del país y organizaciones internacionales de Derechos Humanos”. Tenían argumentos de peso a la que sumaron la que entregó la Defensoría: en 2022 se registraron 308 muertes de niños menores de cinco años por desnutrición y enfermedades asociadas a la desnutrición. Se trata del año con el mayor número de casos en los últimos cinco años, con 111 más que en 2021, y la mayoría se registraron en La Guajira, Chocó y Cesar.

Aparecían nuevos nombres en toda la telaraña de corrupción. Nombraban una nueva gobernadora. Se ponían sobre la mesa los desarrollos energéticos y los tres años de atraso por los problemas con las comunidades. También las consecuencias que ha dejado la dependencia del carbón:

Judicial

Condenan a exgobernadores de La Guajira por corrupción en obras de infraestructura

Política

Ministerio del Interior designa a Diala Wilches como gobernadora de La Guajira

Ambiente

Transición energética en La Guajira: de las guerras del gas a las disputas por el viento

Ambiente

Lo que viene para La Guajira después de 40 años de depender del carbón

El primero de mayo la Procuraduría suspendía al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, por irregularidades en la contratación de las obras y operación del acueducto para la ciudad. Pocas noticias positivas se registraban, por eso la buena nueva de que el Instituto Nacional de Salud (INS) anunciaba la firma de un convenio con la Universidad de la Guajira para adelantar la operación presencial y permanente del Instituto en ese departamento sí que era algo por contar. Se trataba del primer territorio al que el INS llegará con su estrategia de “desconcentración territorial” que buscará “concentrarse en la detección, medición y seguimiento de indicadores que impactan la salud de las maternas, los bebés en gestación y los menores de cinco años”, nos explicaron los colegas de la sección Salud.

Y así llegamos a la coyuntura, después de un cúmulo de hechos que evidencia problemas estructurales en el departamento, con varios llamados de atención de la Corte Constitucional y, más allá de observaciones, una realidad evidente y esa es la vulnerabilidad de niños y niñas en esta región del país. Mientras el presidente estaba en viaje oficial en Paris en la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial, se supo que todo el alto Gobierno despacharía desde La Guajira esta semana. El mismo mandatario dijo que el objetivo es cumplir la sentencia de la Corte Constitucional que pidió proteger los derechos al agua, salud y alimentación de las comunidades indígenas de ese departamento. “Seremos audaces para lograr que La Guajira entre en una dinámica diferente, siempre con la participación de su sociedad, mayoritariamente indígena”, advirtió Petro. Habló de lanzar una estrategia de gobernabilidad desde los territorios, comenzando por esta zona del país, llamada “Gobierno con el pueblo”.

Incluso desde Francia, el presidente confirmó que se evaluaban medidas especiales (lo que dio pie a hablar de una emergencia social y económica), para atender la crisis del agua que crea el fenómeno de El Niño, que se ve agravado por la situación climática, contaron los colegas de Política. “La agudización de la crisis climática que eleva la temperatura en promedio 1.5 grados”, esto “puede hacer perdurar en el tiempo el fenómeno de El Niño”, creando “una emergencia obvia que es la escasez de agua, la sed. Vamos a tratar de enfrentarlo con unas medidas específicas”. Esto, ¿qué implica? “La declaración de emergencia le permitiría al mandatario expedir decretos presidenciales con fuerza de ley sin tener que pasar por el Congreso de la República”.

El presidente puede declarar estado de emergencia por períodos de hasta 30 días, que sumados no pueden exceder los 90 días en el año.

Ya estaba claro que las prioridades del Gobierno en La Guajira están enfocadas en los niños y las niñas, pero los temas a tratar en la agenda se enmarcaron en asuntos generales como salud, economía y cambio climático. En otras palabras: desnutrición y energía eólica.

¿Cuál es la agenda del Ejecutivo esta semana?

Lunes, 26 de junio

• Consejo de Seguridad y un Consejo de Ministros.

Martes, 27 de junio

• En Nazareth, corregimiento de Uribia, Diálogo Social de Autoridades (palabreros wayuó), con la firma del decreto de la Comisión de la Verdad/Comisión Científica que investiga la muerte de niños por desnutrición. Anuncios de obras en el hospital.
• Un espacio de diálogo con organizaciones sociales sobre los proyectos eólicos en la zona.

Miércoles, 28 de junio

• Entrega, en Riohacha, de títulos de propiedad a familias y dos Unidades Comunitarias de Atención (UCA) para los niños y niñas wayúu menores de 5 años de edad.
• Por la tarde se firmará, también en la capital del departamento, el Pacto por la Transición entre Autoridades Wayuu, Comunidades, Empresas de Energía, Gobierno Nacional y Gobierno Local.

Jueves, 29 de junio

• Agenda de Atención de los Ministros a la Comunidad, en Riohacha.
• Por la tarde será el Encuentro por la Reconciliación y la Vida, una manifestación que recorrerá las principales calles de Riohacha y terminará con una intervención del presidente Petro.

Viernes, 30 de junio

• En Albania, el Ministerio de Ambiente anunciará medidas de emergencia frente al uso del agua.
• En la tarde tendrá lugar un diálogo con comunidades en Manaure, sobre la problemática de los niños. Se entregarán 3.000 computadores y un laboratorio de innovación.

Sábado, 1° de julio

• Se inaugurará en Maicao el ala de pediatría para riesgo nutricional y se entregará al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) un lote para construir un hogar de paso y atención de recuperación nutricional. Se anunciará la entrega del lote para la construcción del Centro de Acogida de Madres Gestantes.
• El cierre de la jornada en este municipio del departamento, donde se van a suscribir convenios para la construcción de los Caminos Comunitarios para la Paz Total, por parte del Instituto Nacional de Vías (Invías); se lanzará el programa Sonidos para la Construcción de Paz, del Ministerio de Cultura, y se firmarán las actas de compromiso para la compra de condensadores, en cabeza del Ministerio de Vivienda y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Y aunque en La Guajira, tierra de muchas inversiones pero pocos resultados (recibe dineros de las regalías por la explotación de minerales como el carbón, un caso puntual es El Cerrejón, catalogada como la mina de carbón a cielo abierto más grande de América Latina), como ya hemos visto innumerables investigaciones por corrupción y hasta exfuncionarios condenados, también es preciso recordar que las comunidades indígenas tienen su propia cosmovisión, sus propias costumbres y formas de gobernar, así que no será tarea fácil llegar a buen puerto con todos los anuncios si antes no se logra pactar acuerdos con los líderes y lideresas que representan a todos estos pueblos indígenas:

Política

¿Qué es la declaración de emergencia social y económica que alista Petro?

Economía

Las cifras detrás del panorama económico en La Guajira

Política

La gobernadora de La Guajira hablará con Petro sobre la migración en el departamento

Blog El Río

El complejo panorama del agua en La Guajira

Nos contaba la redacción de Ambiente que “en este departamento, la mitad de sus pobladores no cuenta con acceso a una fuente de agua mejorada. Además, sus municipios son de los más afectados por desabastecimiento de agua en temporada seca, como la que se aproxima por la llegada del fenómeno de El Niño”. No son pocos los retos que se vienen. Esto se trata de una falta de acción por parte del Estado que, si apelamos a la historia, es repetitivo. Que, como en el resto del país, es una inacción atravesada por casos de corrupción. Por eso este análisis de la redacción Política es acertado y pone sobre la mesa el reto: “El presidente y sus ministros tienen la tarea de poner en sintonía a las entidades responsables de atender las violaciones a los derechos fundamentales de acceso a la alimentación, la salud y el agua, denunciadas por la Corte Constitucional en 2017″. Parece fácil, pero poner en sintonía a las entidades del orden nacional con las territoriales y llegar con ellas al nivel local es una tarea titánica.

Entonces se ha venido conociendo información poco a poco. Con anuncios y denuncias. El ministerio de Trabajo ya firmó un pacto para luchar contra el trabajo infantil, que busca restablecer los derechos de 308 niños, niñas y adolescentes que se encuentran en esa situación. La Contraloría ya informó que 122.000 estudiantes están en riesgo de no recibir alimentos del PAE. Según el ente de control, además, 4.349 beneficiarios pertenecientes a comunidades indígenas no han recibido alimentos en lo que va corrido del 2023. Tras el Consejo de Seguridad del lunes, el Ejecutivo reportó reducción de criminalidad en ese departamento. Paradójicamente la Defensoría del Pueblo, casi que a la par, denunciaba que las comunidades de Riohacha y Dibulla se encuentran en riesgo por enfrentamientos entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo. Además, como esta es la primera de varias, se supo también que la jornada del llamado “Gobierno con el pueblo” se desarrollará en el departamento de Arauca.

Francia Márquez se posesionará este jueves 29 como ministra de la Igualdad y Equidad. Aurora Vergara, ministra de Educación, anunció la construcción de la Universidad Indígena Wayúu. El ministerio de Agricultura firmó un acuerdo para “coordinar acciones en favor del derecho a la alimentación de 150 comunidades en nueve municipios (Albania, Barrancas, Dibulla, Fonseca, Hatonuevo, Manaure, Riohacha, Uribia y Maicao)”. Le llamaron Alianza Interinstitucional por el Hambre Cero en La Guajira, pues están involucradas la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), la Empresa Colombiana de Productos Veterinarios (Vecol) y Agrosavia.

Por el lado de Transporte también hay varios anuncios: A finales de julio, a través del Invías, se abrirá una convocatoria para que las 400 Juntas de Acción Comunal y los resguardos indígenas de La Guajira, que no lograron postularse en abril para el programa Caminos Comunitarios para La Paz Total en vías terciarias, se puedan presentar. Aparte se invertirán $30.000 millones desde agosto en los corredores viales que conectan los municipios de Pucheo, Nazaret, Puerto Estrella, Guachuguari, Uribia, la cabecera de la Oriuna, Puerto López y Guachuguari, que suman 311 kilómetros. Vendrá la construcción de un nuevo aeropuerto enfocado en turismos sostenible. Y por el lado del ministerio de Trabajo se capacitará y certificará a 300 mujeres que estudiarán duración de seis meses con la finalidad de reducir las tasas de desempleo, pues Riohacha es la tercera ciudad del país con la tasa más alta.

Este miércoles también fue noticia que el pueblo kogui recibió 490 hectáreas y los reincorporados 188. La Agencia Nacional de Tierras amplió el territorio del resguardo Kogui Malayo Arhuaco en el que habitan 18.183 indígenas en Dibulla, La Guajira. “La entrega se hizo en atención a un fallo de restitución de derechos territoriales emitido en septiembre de 2022 por el Tribunal de Cartagena. Además, busca impulsar la reforma agraria con titulación de tierras y aprobación de resguardos y consejos comunitarios para el desarrollo de proyectos productivos para que el departamento aporte a la seguridad alimentaria del Caribe”, contaron los colegas de Economía.

El reto, ahora, está en lograr que todos los anuncios y su ejecución resulten impactando a las personas que han sentido el olvido estatal en carne propia. Lograr que todos los funcionarios públicos encargados cumplan con su tarea, que no se desvíen los recursos, que se atienda el llamado de la Corte Constitucional y dejemos de registrar muertes de niños y niñas por falta de alimentación, de acceso al agua, a salud. Que Colombia logre combatir la desigualdad, la pobreza y, en medio de la tierra a la que cada persona pertenece por sus costumbres, sus vivencias y su entorno familiar, tenga esa posibilidad de vivir con calidad, con todos sus derechos protegidos y cumplidos. Es, al final, lo mínimo a lo que todos y todas aspiramos.