“El Estado central debe pagarle a Cali lo que le provocó el estallido social”

¿Qué se pretende al citar una cumbre de alcaldes del Pacífico, el 8 y 9 de agosto?

¿Qué se pretende al citar una cumbre de alcaldes del Pacífico, el 8 y 9 de agosto?

El Pacífico colombiano es por mucho la zona más deprimida, excluida y pobre del país. La mortalidad materna e infantil, el desempleo, la desescolarización y la falta de infraestructura superan con creces el promedio nacional. En ese marco, nos hemos citados los alcaldes desde la frontera de Nariño con Ecuador hasta la frontera con Panamá para encontrarnos en Cali, animarnos e identificar nuestros problemas, y tratar de incorporarnos al gran acuerdo nacional que propone el presidente electo Gustavo Petro, insistiendo en la importancia de tener una agencia para el desarrollo del Pacífico que nos posibilite reducir brechas y tener presencia del Estado en todo el litoral. La cumbre también será una oportunidad para el reconocimiento de las diferencias, de nuestra cultura. Un tercer objetivo es animar a un lazo que nos viene vinculando desde hace 26 años, que el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez.

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¿La idea es construir una agenda para presentarla al nuevo gobierno?

Sí, pero no a manera de lista de mercado donde le solicitemos al presidente desde nuestra precariedades. Es más pensando en un Estado unitario y complementario, y para que sepa que los próximos 18 meses, el 40 % de su gobierno, va a gestionarlos con alcaldes y gobernadores que hoy estamos en el ejercicio del poder, quienes podemos ser gestores de las propuestas que tiene de progreso y bienestar. Queremos ser alfiles y soldados en el marco del acuerdo nacional que Gustavo Petro le ha propuesto al país.

¿Qué significado tiene para el Pacífico la presencia de Francia Márquez como vicepresidenta?

Su presencia reivindica a nuestros pueblos. Reivindica la historia de los pueblos afrodescendientes, de las mujeres colombianas y del Pacífico profundo. De ahí que la votación superara el 95 % a favor de la fórmula Gustavo Petro-Francia Márquez en los guarismos electorales del litoral.

¿En qué va la implementación de Cali como distrito especial?

Ha estado difícil. Pareciera una excusa, pero los gobernantes que asumimos el período en 2020 hemos estados atravesados por episodios de ocurrencia de una vez cada cien años. Nos ha tocado una pandemia y un estallido social, y ambas circunstancias han atrasado y dificultado la gestión; ha sido un mandato atípico. Es muy importante que exista la documentación de esto, para que en los procesos históricos se sepa lo que nos ha tocado gestionar. Por ejemplo, el país ha tenido más de 160.000 muertos por covid; una cifra escandalosa. Ello trae una anomia social, un disturbio generalizado de conductas y relaciones entre las personas y el Estado. A la sociedad colombiana le ha sido difícil encontrar la manera de hacer el duelo y la manera de poder superar tal significado doloroso como la pandemia. Muchos familiares no pudieron despedir a sus difuntos; allí hay una circunstancia de orden sociológico y psicológico. Sin embargo y a pesar de todo eso, pienso que el mayor logro de nuestro gobierno fue evitar una guerra que pudo haber nacido en Cali en el marco del estallido social y ante ello insistimos en orientarnos como distrito especial.

¿Pero eso qué significa?

Significa que ya tenemos listo un acuerdo para que la ciudad se divida en localidades, para que superemos la división por comunas y, a partir de 2024, tengamos alcaldes locales como autoridad, mucho más cerca a la ocurrencia de problemas que hoy son de difícil solución: espacio público, rehabilitación vial, temas de orden ambiental, pero, ante todo, construcción de cultura ciudadana, responsabilidades compartidas, deberes y derechos, y tributación, entre otros. El proyecto también refuerza nuestra autoridad sanitaria, ambiental y de turismo, dado que somos un distrito especial deportivo, cultural, turístico y de servicios. Nosotros tenemos hoy 22 comunas y vamos a pasar a tener seis localidades urbanas y una rural, cada una de estas con su alcalde local y una junta administradora, con capacidad de ejecutar gasto. Eso va a repensar el territorio y posibilitar que Cali recupere los caminos del ordenamiento urbanístico, disciplina social y cultura ciudadana.

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¿Por qué Cali fue el epicentro del estallido social de 2021?

Hay una historia de una ciudad rebelde, que pone los puntos sobre las íes de manera clara e indómita. Una ciudad que le dice al presidente Iván Duque que su lectura centralista y arrogante de querer imponer una reforma tributaria, cuando ya estaban menguados los recursos producto de la pandemia, no era una buena ruta. Cali pasó de tener ingresos de $1,2 millones en promedio por núcleo familiar a $520.000, y tramitar una reforma cuando la comunidad está atravesando por hambre no era lo acertado. El Gobierno central debiera pagarle a Cali todo lo que el estallido social nos trajo: el daño del patrimonio público y privado. Los bancos, los establecimientos comerciales, las estaciones de servicio, la estructura del MIO, la estructura de la hacienda pública, el mobiliario urbano, lo hemos tenido que recuperar con recursos propios y cero aporte del Gobierno Nacional, gran motivador de la protesta, pues no investigó cómo instalar una reforma tributaria en tiempos difíciles. Sea esta una oportunidad de pensar que tal vez se debiese adelantar una demanda al Estado para que le pague a Cali lo que nos provocó ese estallido social por decisiones inconsultas pero alertadas, porque de manera escrita y verbal le dijimos al gobierno Duque de lo improcedente de su reforma.

¿Esa demanda al Estado ya está en camino? ¿Va en qué sentido?

Sí, es una reparación a la ciudad de Cali por todo lo que ocurrió en términos del estallido social por no haber previsto, escuchado ni analizado lo que una arrogante reforma tributaria podría traer como consecuencia en el marco de una pandemia. No puede ser que decisiones de Estado, tomadas de esa manera y con ese grado de arbitrariedad, nos traigan cuantiosos daños a nuestro territorio, materiales y de inactividad, y ahora nadie responda por los mismos. Nosotros tuvimos que rediseñar nuestro plan de trabajo y nuestras prioridades de inversión porque el paro nos llevó a tener que reconstruir la red semafórica, las estaciones del MIO y parte del mobiliario urbano. Y eso sin hablar de lo que ha significado la reducción de capacidad tributaria, de ingresos, producto de ese evento vivido.

¿La demanda sería contra quién, el presidente Duque o el ministro de Hacienda, por ejemplo?

Contra el Ministerio de Hacienda, para que pueda responderles a los caleños por la decisión unilateral tomada, que provocó lo que hemos vivido.

¿Cuándo se instauraría?

Estamos con los abogados revisando todos los requisitos. Es que no puede ser que en un Estado unitario y de responsabilidades compartidas, el centralismo bogotano tome decisiones sin auscultar lo que pasa en la región y nos deje solamente las consecuencias.

Hay quienes dicen que usted perdió el manejo de la ciudad en los días del estallido social...

Perdimos el control del territorio, la institucionalidad integralmente. Pero no solo nosotros, también la Policía, el Ejército, la justicia, la Fiscalía, la nación. Había un momento de irascibilidad o lo que podría llamarse de sublevación. Y ese momento tenía dos rutas: una propuesta por sectores arcaicos contrarios a la vida, que consideraban que se resolvía en términos de represión, y otra, en la cual yo milito, que cree que los asuntos de ese orden se resuelven desde el diálogo, la inversión social y la responsabilidad y acción política. Esa ruta es la que ha posibilitado la reconciliación de los caleños.

Pero usted era en ese momento la máxima autoridad, tenía que haber actuado y no lo hizo…

Ah sí, pero quienes quisieron ver a un alcalde apuntando con fusilería a las barricadas saben que ese alcalde no es Jorge Iván Ospina y que jamás estaría participando ni orientando a que la solución de un estallido social de esa magnitud fuese a punta de dispararles a los jóvenes, como pasó en las Bananeras en 1928.

¿Qué les responde a quienes dicen que usted cedió ante los violentos?

Yo entendí un momento de irascibilidad frente a una pandemia y una reforma tributaria inconsulta. El punto es que las cosas hay que evaluarlas en el contexto de su ocurrencia, en el marco de lo que se ha vivido. Podré tener la popularidad del 38 %, pero las vidas salvadas y evitar que Cali fuese el punto de partida de una gran conflagración nacional es lo que me llevo como tesoro y aprendizaje de esta alcaldía.

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¿La demanda se instaura ante la Corte Suprema?

Ante el Contencioso y se instala con todas las herramientas y pruebas de lo que fue un momento fatal en la historia de nuestra ciudad a partir del 28 de abril de 2021. La Jurisdicción Contenciosa evaluará los daños que ha tenido la ciudad producto de una decisión política tomada del Estado central.

¿No teme que se le vaya a venir el mundo encima?

Es posible que muchos se me vengan encima y lo crean inapropiado. Pero mirémoslo de esta manera: si un motociclista se cae en un hueco y sufre un accidente, demanda al Estado. ¿Por qué si una decisión política tomada y avisada deriva en un estallido social no van a responder ahora? ¿Por qué me ha tocado a mí responder como alcalde si ninguna de las motivaciones del estallido social tuvieron origen aquí? Nadie se movilizó contra el alcalde sino contra la reforma tributaria. Si la gente se hubiese movilizado contra el alcalde, yo ya no sería el alcalde.

Por cierto, ¿cómo están sus relaciones con el gobierno Duque?

En el piso. Lo que hay es una mirada irracional por parte del Estado central frente al alcalde de elección popular. Cali ha sido una de las ciudades con menos inversión por parte del Gobierno Nacional, mientras que otras pueden hablar de grandes megaproyectos para su progreso y el bienestar de la gente. Eso deja mucho que desear de lo que debieran ser las relaciones Estado-ente territorial, más allá de las ideologías y las apreciaciones políticas del gobernante. No importa que el alcalde sea de izquierda y el presidente de la derecha, o viceversa; debemos ser un Estado complementario, donde las inversiones debieran estar por encima de lo que hoy desafortunadamente están.

¿Qué espera del gobierno que llega el 7 de agosto?

Espero complementariedad, trabajo al unísono y participar activamente del gran acuerdo nacional que propone el presidente Petro. Espero que en los próximos 18 meses seamos corresponsables de los desarrollos que el territorio necesita y promocionar la agenda del Gobierno Nacional en el territorio. Ya tenemos listo el lote donde el presidente propone constituir una universidad descentralizada en el distrito de Aguablanca, y tenemos cómo dejarle a la ciudad el parque metropolitano más grande del país, alrededor del río Pance, con 90 hectáreas. Estamos desarrollando el parque de la juventud en el centro, y ya tenemos cómo propiciar que se puede desarrollar el tren de cercanías, que conecta a través de energías no fósiles a Cali con Palmira, Jamundí y Yumbo. Ese proyecto fue sacado del presupuesto nacional y por eso necesitamos un presidente que piense su importancia para sacarlo adelante. Ya tiene estudios de detalles adelantados por la financiera nacional.

¿Qué tan cercano es usted a Gustavo Petro? Porque hasta suspensión pidieron por hacerle supuestamente campaña…

Soy petrista al mil por ciento, doctrinal, no lo soy bajo la esperanza de un espacio de gobierno o contractual, ni siquiera en términos de los beneficios que pueda tener Cali, tan olvidada en los gobiernos uribista y santista. Lo soy porque soy militante de la causa humanista, de querer descarbonizar el planeta, de profundo compromiso con la vida y con el respeto a la dignidad humana, sin etiquetas, y además por el legado histórico del M. Petro debe saber que en Cali cuenta con un gobierno complementario al suyo, comprometido con su ideario y de retaguardia estratégica frente a las batallas que se avecinan, pero puerta de entrada al Pacífico, lugar donde el Estado ha sido un ausente.

¿Se siente perseguido por el uribismo?

El uribismo es una doctrina que tiene muchos matices. Algunas que nos ruborizan a todos por lo escandalosas de sus miradas frente a los asuntos del Estado, uno diría que de una derecha cavernaria. Pero existen otros matices que piensan en la importancia de la promoción de la libre empresa y de nuestro país como polo de desarrollo en América del Sur. En esas tesis uribistas no estoy tan distante y soy respetuoso.

¿Por qué cree que su gestión tiene muy poca aceptación entre los caleños?

Es el momento que toca vivir. No se le puede pedir a un ciudadano un voto de favorabilidad para con el alcalde, cuando ha sufrido la muerte de un familiar por covid o el encierro en su casa como producto del estallido social, o cuando ha sufrido las dificultades del desabastecimiento material de su hogar. Se resume toda esa tensión a lo que institucionalmente representa el alcalde, pero yo sé que quienes conocen y ven los asuntos públicos en perspectiva histórica sabrán que nuestro gobierno será mejor calificado cuando se supere la barrera psicológica de la pandemia y del estallido, que hoy todavía desafortunadamente tenemos.

¿Y la revocatoria en su contra?

Creo que sus impulsores, Catalina Ortiz, Michel Maya, Cristian Garcés y Roberto Ortiz, una vez más están siendo derrotados cuando esa revocatoria no ha prosperado un milímetro. Y no prospera porque aunque la comunidad tenga una baja aceptación de nuestro gobierno, sabe lo comprometidos que hemos estado con la vida y las situaciones complicadas que hemos enfrentado.

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Claro que hay unas realidades que no se pueden ocultar y que tienen que ver con investigaciones disciplinarias en su contra que están en curso, una de ellas, por ejemplo, por lo del alumbrado navideño…

El error del alumbrado navideño no es de orden administrativo, financiero o técnico; es de cálculo, por tratar de colocar un alumbrado móvil que recorriese toda la ciudad cuando la prioridad de la comunidad no estaba en ello, producto de la pandemia. No me preocupa para nada la forma como se desarrolló ese alumbrado, me preocupa más nuestra falta de interpretación, pues no supimos entender los momentos complicados que tenía el pueblo, que en ese momento lo que quería era tener una oportunidad de moverse.

Otra investigación tiene que ver con la asignación de oficinas a privados en la torre de Emcali…

Algo que tampoco tiene que ver con el alcalde y tampoco es cierto. Parte de la mala práctica política del opositor es construir una matriz de desprestigio para tratar, de manera irracional, de que la Procuraduría, la Fiscalía o la Contraloría encuentren un error. Yo no le prestaría oficinas de la Alcaldía a ningún privado, no hay ninguna evidencia de que algún particular oficie desde una oficina nuestra. Todo eso forma parte de esas matrices de desprestigio que pretenden lacerar la integridad del alcalde.

¿Y para usted hace parte de esa estrategia de desprestigio el informe de Mi Cali Contrata Bien, que afirma que en la Alcaldía se firman ochenta contratos a diario?

Hay formas de fustigar la gestión de un alcalde. Los contratos directos para vinculación de prestación de servicios son reglados y habilitados por la ley. No hay otra forma de contratar un talento humano. Lo que la señora María Isabel Alvarado, directora de esa plataforma, hábilmente hace es que suma los contratos de prestación de servicios como contratación directa y, como estos no se desarrollan todo el año sino por trimestres o semestres, da mucho más, pero es el mismo contrato. Allí hay un error de perspectiva al hacer la evaluación. Ahora, no se puede seguir menoscabando la importancia de los convenios entre entidades del Estado. Si yo quiero tramitar una relación con Emcali, es lógico que se adelante a través de un convenio interinstitucional y para ello no debería existir morbo. Es la forma como se hacen los trámites del Estado: si yo, por ejemplo, quiero meter a 7.000 estudiantes a la universidad pública o a educación para el trabajo, y hago un convenio con el Icetex, eso no debe estar bajo una duda, sino que es la manera como el Estado opera para poder proveer integralmente la beca, sin reembolso, con subsidio de alimentación para que nuestros jóvenes estudien.

¿Por qué después del estallido social en Cali se percibe anarquía, inseguridad y desorden de lo que ha sido muy difícil recuperarse? Al menos es lo que siente y ve la gente…

Estoy completamente convencido de ello. Creo que existe una anomia social, que es una relación disfuncional entre el sujeto y la norma, y lo que el estallido social nos dijo fue: refundemos la ciudad. Esa Cali pensada desde unas élites tradicionales, excluyente, llena de brechas, no es la ruta. La ciudad tiene que ser repensada con sus nuevos actores, con lo pulsátil de sus jóvenes, con unas nuevas lecturas. El estallido social nos llenó de huertas comunitarias, de nuevos elementos simbólicos, como el Monumento a la Resistencia, de nuevos idearios. Y parte de lo que está ocurriendo en este momento es una transición a un nuevo modelo. Estamos reconstruyendo desde el fuego una ciudad que interprete mucho mejor las nuevas ciudadanías que la habitan.

¿Cómo asumir esa reconstrucción involucrando a esos sectores que usted llama élites y con los que choca constantemente?

Ellos no pueden tapar el sol un dedo, no pueden ocultar la diversidad de la ciudad, no pueden dejar de entender que Cali tiene diez cabildos indígenas urbanos, ni negar que es un punto de encuentro de la mayor población afro de todo el país. Tienen que tratar de entender que para un muchacho del distrito de Aguablanca es mil veces más importante el Monumento a la Resistencia que el monumento de Sebastián de Belalcázar. Si la élite no se da la oportunidad de entender estas nuevas miradas, cada vez estará más divorciada de lo que piensan las grandes mayorías de Cali.

Claro que, a decir verdad, no ayudan mucho escándalos como el de la Secretaría de Seguridad cuando estaba Carlos Soler…

Eso es una situación desafortunada y creo que Soler vulnera la confianza del alcalde al vincular exmilitares cuestionados a su línea de trabajo. Y lo hace, fundamentalmente, al no consultarlo. Porque a mí no me molesta que exmilitares o exguerrilleros formen parte de nuestro escenario de gestión, pues es con hechos como se construye la reconciliación, no con palabras.

Hay quienes cuestionan que usted les entregó la Alcaldía a dos exgobernadores: Juan Carlos Abadía y Dilian Francisca Toro…

Es absolutamente falso y hay otros que me cuestionan que soy casa-solo y que no construyo con otros sectores. Nosotros sí gobernamos con fuerzas que participaron de nuestra elección, como lo fue el Partido de la U, que lidera la exgobernadora Dilian Francisca Toro. Lo que me parece es que no podemos darnos a la mentira: si uno se hace elegir con el acompañamiento de determinadas fuerzas, bajo parámetros éticos y de responsabilidad se puede gobernar con ese grupo político. Mi secretaria estrella es la de Salud, Miyerlandi Torres, que representa al sector de la exgobernadora.

¿Cómo están sus relaciones con el Concejo?

Tranquilas. Tal vez el Concejo logró entender lo complicado del momento que estamos viviendo. Hemos sacado un endeudamiento que tenemos en ejecución, por $650.000 millones, y ya están firmados los contratos de obra y servicio para ello. Una proporción va para semaforización inteligente, otra para cinco parques para la vida, un parque de ciencia y tecnología en lo que fue antes un hecho deplorable de narcotráfico que es el Club San Fernando, el del corazón de Pance, otro el del Bulevar del Oriente, el Parque de la Juventud, el Parque Pacífico y el de Cristo Rey. Otra proporción de los recursos está siendo ejecutada en rehabilitación vial y hay inversión también en las becas de hombres y mujeres jóvenes que ingresan a la universidad.

¿Cómo está la salud de Emcali? Hay quienes lo acusan de privatizador…

No creo que las empresas de servicios públicos deban ser privatizadas, tienen que ser para el progreso de la ciudad. Emcali es una empresa que por primera vez después de veinte años le genera una pequeña regalía a la ciudad, $117.000 millones el año anterior, y por primera vez comienza a pensarse planificadamente con la Alcaldía. Hay grandes retos y estamos intentando ampliar su línea de servicios. Quisiéramos que asuma la recolección de las basuras y lidere el alumbrado público.

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¿Y la salud del MIO?

Esa sí está muy mal, en cuidados intensivos. Estamos en la idea de un rediseño completo del sistema de transporte masivo de Cali, porque el que hoy tenemos es obsoleto en su arquitectura, limitado y deficiente en los servicios a la comunidad, La idea es implementar un nuevo sistema de transporte donde el MIO sea un actor más, pero tiene que ser necesariamente complementado.

Recientemente usted hablaba de la necesidad de declarar la emergencia carcelaria, tras lo sucedido en la Cárcel de Tuluá, donde un incendio provocó la muerte de más de 50 internos, ¿sigue pensando igual?

Sí, creo que el país tiene una gran deuda en su sistema carcelario. Los niveles de hacinamiento que se viven son inconcebibles y no administrables. Pero, además, hay una cultura de la gestión carcelaria errada. El principal indicador que debiera tener un director de una cárcel es la reincidencia y creo que ellos no tienen ni idea de las altas tasas de ella, producto de que las cárceles no son verdaderos espacios para la rehabilitación integral de un ser humano que ha cometido un acto criminal. Son universidades del delito, se vulneran derechos como el de la intimidad, a la salud, al debido proceso, a la seguridad y la vida. En la medida en que eso esté gravitando, será esquivo el derecho a la seguridad como derecho nacional.