¿El fin del imperio Maya?

La renuncia, esta semana, del ex senador liberal Darío Martínez a su postulación por parte del Consejo de Estado para la terna de la cual el Senado deberá escoger el nuevo Procurador General de la Nación y las demoras estratégicas de la Casa de Nariño y la Corte Suprema de Justicia para nombrar sus candidatos, han convertido la elección del jefe del Ministerio Público en un pulso de poderes en el que cada quien estudia nombres, analiza fortalezas y debilidades y hace cálculos teniendo como perspectivas las mayorías en el Congreso.

El martes pasado, en horas de la noche, el presidente Álvaro Uribe llamó desde Nueva York, donde se encontraba participando en la Asamblea General de las Naciones Unidas, al ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, y le pidió que organizara una reunión con los jefes de las bancadas de la coalición de Gobierno para analizar los candidatos que había sobre la mesa y realizar una votación para escoger quién sería el ternado. “Miren a ver quién saca mayorías y lo postulamos”, le dijo.

La reunión se llevó a cabo la mañana siguiente y en ella seis de los voceros del uribismo votaron por Emilio Otero, actual secretario del Senado; tres por Rubén Darío Henao, ex magistrado del Consejo Superior de la Judicatura; dos por Rodrigo Escobar Gil, actual magistrado de la Corte Constitucional, y dos por Eduardo Montealegre, ex magistrado de esa misma Corte. El Primer Mandatario fue enterado de los resultados y, aunque en un principio indagó por la trayectoria de Otero, se mostró preocupado por su inexperiencia en el campo jurídico y porque la votación no fue “arrasadora”.

Entonces, le dijo a Valencia Cossio que habría que seguir pensando en tener un candidato más fuerte y además sugirió hacer una “esperita” a ver con qué salía la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, según conoció El Espectador, en un momento de la conversación, el Presidente fue contundente y dijo que si ninguno de los candidatos que tenían “cuajaba”, el nombre a proponer sería el del actual procurador general, Edgardo Maya Villazón. “Vaya consultándolo”, le sugirió a su ministro.

Ese mismo miércoles, mientras Uribe impartía directrices, en la Corte Suprema de Justicia su presidente Francisco Javier Ricaurte hacía un llamado también para definir cuanto antes el candidato de la corporación. Pero tenía una preocupación adicional: el que cinco magistrados de ese alto tribunal se mostraban partidarios de candidatizar a Maya Villazón, a pesar de no haberse inscrito en los plazos reglamentarios. Con la idea de que había que “jugar limpio”, la Corte se reunió el jueves y votó. ¿El resultado? Un cabeza a cabeza entre el ex comisionado de paz de Pastrana, Camilo Gómez, quien obtuvo 11 votos, y Carlos Marín, quien sacó 10.

Al no haber mayoría absoluta, la Corte decidió citar para el lunes 6 de octubre a una nueva reunión, mientras los cinco simpatizantes del actual Procurador esgrimieron la tesis de que ante la falta de consenso había que buscar una tercería, incluso por fuera de los inscritos. Pero en este tire y afloje existe un hecho adicional y hasta ahora desconocido por la opinión pública: el que a lo largo de la semana Maya Villazón se comunicó al menos en cinco oportunidades con Ricaurte, y sus charlas, a pesar de haber sido evasivo en torno a su posible interés por una segunda reelección, reconoció que estaba a la espera del desarrollo del “juego político”.

Elección politizada

Así las cosas, la elección del nuevo Procurador —o quizás el mismo—, se ha convertido en un pulso político y en un juego de estrategia como nunca antes se había visto. Eso, para alguien que ocupó ese cargo, Jaime Bernal Cuéllar, resulta perjudicial, más aún en el momento en el que comienzan a caminar en el Congreso de la República dos reformas fundamentales: a la política y a la justicia. “Frente a un órgano de control como es la Procuraduría, se está ejerciendo una influencia política y la escogencia de la terna se está haciendo con criterios de bancadas”, señaló.

En este contexto cobra vigencia un rumor que se escuchó esta semana en los pasillos del Capitolio Nacional: el que dos de los partidos más importantes de la coalición de Gobierno, el de la U y Cambio Radical, le habrían planteado al presidente Uribe que si escogía un candidato de filiación conservadora no votarían por él, pues consideraban que ya se le había dado mucho a los azules: Ministerio del Interior y Justicia (Fabio Valencia Cossio), Defensoría del Pueblo (Vólmar Pérez) y presidencia del Congreso (Hernán Andrade), entre otros cargos.

El ex ministro de Justicia y hoy senador del Polo Democrático Parmenio Cuéllar cree que la coalición de Gobierno no está pensando en darle a Colombia un buen Procurador, sino en poner “una ficha” que le permita manejar la burocracia y todos los intereses que hay en torno al cargo. “Cuando se buscan candidatos de bolsillo es difícil escoger uno, porque todos quieren tener esa posición. Por eso, lo que se debe esperar es que el candidato que escoja el Gobierno no será de opinión, sino una persona subalterna”, agregó.

Por su parte, el ex viceministro de Justicia Rafael Nieto destacó que ante el poder de la Procuraduría, Gobierno y Cortes se ven obligados a buscar nombres con verdaderas posibilidades de ganar. “No se puede desconocer que el Ministerio Público maneja una burocracia muy grande, lo que la hace una entidad muy apetecida para los políticos. Encima de eso, tiene el control disciplinario de los funcionarios del Estado, un enorme poder evaluador y una nómina de más de 3.400 empleados. Es mucho lo que está en juego”, manifestó.

A la puja actual entre Gobierno y Corte Suprema se le agrega el ambiente enrarecido que dejó la renuncia a la nominación de Darío Martínez. “Eso es un factor de perturbación en el proceso y el país tiene derecho a saber las razones de su renuncia”, dijo Jaime Horta, presidente del Colegio de Abogados de la Universidad Nacional, mientras que para el senador Parmenio Cuéllar fue algo “extraño”, más aún cuando Martínez tenía casi que asegurado el cargo y tenía en “jaque” al Gobierno. “Darío resolvió romper el billete de lotería que ya se había ganado”, concluyó.

El juego seguirá esta semana, aunque para algunos analistas y congresistas de la misma coalición, pareciera que todo se está resumiendo a una sola situación: una carrera contrarreloj entre la Casa de Nariño y la Corte Suprema de Justicia por postular a un mismo nombre: el del actual procurador general Edgardo Maya.

Procurador por concurso público de méritos

En el artículo 24 de la nueva reforma a la justicia, presentada esta semana por el Gobierno al Congreso, se plantea la modificación del sistema de escogencia del Procurador General, el cual, de acuerdo con la Constitución de 1991, es elegido hoy por el Senado, para un período de cuatro años, de una terna integrada por candidatos del Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

La reforma propone que el jefe del Ministerio Público sea elegido por el Congreso en pleno (Senado y Cámara de Representantes), para un período similar de cuatro años. Sin embargo, el Presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado perderían la potestad de nominar y sería el Congreso el encargado de convocar a un concurso público de méritos para la selección de una terna, la cual sería sometida a ese Congreso en pleno, que elegiría después de oír en audiencia pública a los candidatos. El voto sería público y nominal.