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El último año
Este 20 de julio comenzó el último periodo legislativo del Congreso, en medio de un ambiente enrarecido por el paro nacional y el contexto preelectoral.
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Durante el último año del gobierno Duque, la actividad legislativa será claramente más reducida. En general, los congresistas concentrarán sus esfuerzos en las campañas de reelección o en las de sus alfiles.
Para un gobierno que ha estado en constante aprietos para tramitar su agenda, este contexto hará todavía más difícil su aspiración de aprobar proyectos cruciales, como la reforma tributaria.
Muchas leyes pero poca presencia
Según el expresidente del Senado, Arturo Char, en el pasado período legislativo se aprobaron más de cien leyes. Algunas de estas iniciativas fueron ampliamente comentadas por los medios de comunicación, como la ley que reglamentó la cadena perpetua para violadores y abusadores de niños, la “ley de comida chatarra”, o la de transición energética.
Al instalar la nueva legislatura, tanto el presidente como los congresistas resaltaron estos éxitos como un modo de minimizar la grave crisis política que vivió el país entre abril y junio.
Pero un gran número de leyes aprobadas no necesariamente significa eficiencia, pues este indicador más bien responde a la idiosincrasia del sistema político que al buen o mal funcionamiento de sus instituciones. En las democracias presidencialistas tienden a aprobarse muchos más proyectos que en las parlamentarias. E incluso entre los sistemas parlamentarios, los países del norte de Europa suelen aprobar menos leyes que los del Mediterráneo.
Vale la pena resaltar que el Congreso no se limita a producir las leyes. Idealmente, allí están representados los distintos sectores de la sociedad y sus múltiples intereses, de modo que el Congreso debería ser un canalizador de las discusiones nacionales y un lugar fértil para buscar soluciones a las crisis.
Desde este punto de vista, el Congreso fue uno de los grandes ausentes a la hora de ofrecer respuestas a los reclamos del paro nacional. En buena medida, esta ausencia es reflejo y al mismo tiempo es causa del bajísimo nivel de aprobación de los partidos políticos y su incapacidad de tramitar los conflictos sociales. Durante el paro, el Congreso quedó reducido a un “espectador de lujo” en la disputa entre el gobierno y los manifestantes.
Además, aunque se aprobaron algunos proyectos impulsados por el gobierno, se hundió una de sus grandes apuestas: la reforma tributaria que había presentado el ministro Carrasquilla. La cantidad de proyectos aprobados no compensa este fracaso. Por la presión de la opinión pública, hasta los líderes de los partidos de la coalición de gobierno rechazaron la reforma. Y la presentación del proyecto desencadenó uno de los episodios más notables de protesta social en Colombia.
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¿Qué viene?
La agenda legislativa que impulsará el gobierno este último año se concentra en dos temas: La nueva reforma tributaria o “Proyecto de Ley de Inversión Social”, y las iniciativas de cambio en la Policía Nacional.
En ambos casos se trata de responder a coyunturas críticas. De hecho, ambos proyectos son consecuencias de presiones exógenas: en circunstancias normales, el gobierno no presentaría estos proyectos en el último año, y menos con un presidente tan débil como Duque.
Como argumentamos al analizar el anterior proyecto de reforma tributaria, este tipo de iniciativas son especialmente difíciles de aprobar y necesitan de una gran habilidad política por parte del gobierno. Ellas además implican una buena interlocución con su base de apoyo en el Congreso y una notable cuota de poder político. Nada de lo anterior lo tiene Duque.
El actual ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, ha mostrado mayor capacidad para lograr consensos que su antecesor. Pero esto no significa que su reforma tributaria no puede sufrir alteraciones importantes. Si el gobierno logra aprobar “algo” del proyecto original debe darse por bien servido.
Por otro lado, la reforma a la Policía Nacional ha sido un reclamo ciudadano desde las manifestaciones de noviembre de 2019 y septiembre de 2020. Incluso la Corte Suprema de Justicia le ha exigido al gobierno reformar sus procedimientos para garantizar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Desde luego, la reforma del gobierno está en línea con las preferencias programáticas del Centro Democrático: se trata de reformar el Estatuto Disciplinario de la Policía Nacional y la carrera de Policía con el fin de “profesionalizar” esta institución. Como lo explica Esteban Salazar en esta misma edición de la revista, no se trata de una reforma de fondo para evitar el abuso policial.
El gobierno tiene poco espacio para aprobar estas iniciativas, pero es posible que los proyectos sobre la Policía logren avanzar si tienen el apoyo suficiente.
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Una oposición dividida
Si por un lado tenemos a un presidente débil que intentará concluir su mandato sin mucho escándalo, por el otro hay una oposición desunida y enfrentada.
Las dos “grandes” fuerzas de la oposición, la Alianza Verde y la Colombia Humana, están buscando posicionarse como la alternativa electoral de centro izquierda e izquierda en las próximas elecciones presidenciales y legislativas. Esto las ha enfrentado y ha resaltado las diferencias hasta en lo más nimio.
La elección de la segunda vicepresidencia del Senado –que debería ser un simple trámite– mostró las divisiones entre los dos partidos. La coalición del gobierno se negó a elegir a Gustavo Bolívar para ese cargo, y los congresistas fueron incapaces de coordinarse para buscar una salida conjunta o fueron reacios a hacerlo. Evidentemente, eso debilita a ambos partidos y limita sus posibilidades de ser un contrapeso real del gobierno.
En síntesis, el futuro no parece ser alentador. La coyuntura política, el calendario electoral, la debilidad de este gobierno y la fragmentación de la oposición son indicios de que todo puede empeorar.
* Ph.D. en Ciencia Política de la Universidad de Notre Dame, director del Programa de Ciencia Política de la Universidad Icesi de Cali.
** Doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Bolonia (Italia), jefe del Departamento de Estudios Políticos y profesor asociado del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad Icesi de Cali.