El giro a la izquierda en el Congreso de la República
Así se organiza el nuevo Congreso frente al gobierno entrante de Gustavo Petro. Cómo quedaron formadas las comisiones claves y cuál sería la suerte de las principales reformas. Análisis de Razón Pública.
Camilo González* / RAZÓN PÚBLICA
El pasado 20 de julio, tras la posesión del nuevo Congreso de la República, comenzó una transición desde la centro-derecha hacia la centro-izquierda. Las elecciones de 2022 fueron inéditas en la historia de Colombia: se eligió al primer gobierno de izquierda y, sin embargo, se desvaneció muy pronto la posibilidad de una tirante relación con el Legislativo, dominado por bancadas de centroderecha.
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En un principio se creía que la base legislativa segura del próximo presidente, Gustavo Petro, se encontraba entre 54 senadores y 77 representantes, insuficientes para aprobar sus ambiciosas reformas, si se tiene en cuenta que el umbral de mayorías está en 72 para Senado y 124 para Cámara. Sin embargo, la preocupación por la gobernabilidad parece que se esfumó con la adhesión de varias organizaciones minoritarias y la del Partido de la U. La coalición del próximo mandatario se amplió a 78 senadores y 120 representantes.
Junto a la U, liberales, la Centro Esperanza, Verdes, Comunes, algunas curules de paz y bancadas minoritarias, se aumenta el margen de Petro para impulsar su agenda, por lo menos sin contratiempos, durante su primer año de gobierno.
Cabe esperar la decisión del Partido Conservador y Cambio Radical sobre si mantienen su independencia o se suman a la coalición oficialista. Por ahora, los 18 representantes de Cambio Radical y 27 del Partido Conservador serán pivotes en el destino de los proyectos en Cámara, donde Petro necesitará al menos cuatro votos más para lograr la mayoría cualificada para sus principales iniciativas. Sin embargo, conociendo el carácter voluble de estas colectividades y las señales lanzadas por los azules, no le será difícil a Petro hacerse de su apoyo.
Balance legislativo del gobierno Duque
Durante el gobierno de Iván Duque, la agenda legislativa se caracterizó por un contenido coyuntural relacionado con el manejo de la pandemia, especialmente en la etapa de vacunación, y los cumplimientos de sus promesas de campaña.
Entre estos se encuentran, por ejemplo, la cadena perpetua para abusadores y violadores de niños (luego declarada inexequible por la Corte Constitucional), el Estatuto Temporal de Migración, acciones para reducir la huella de carbono; el Código de Policía y una reforma tributaria que trajo consigo los días sin IVA para impulsar la economía tras los estragos del Covid-19.
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Los grandes temas ausentes fueron la paz y la seguridad. Se hizo evidente la indiferencia del Gobierno saliente por poner en marcha el Acuerdo de Paz; aumentó el número de líderes sociales asesinados y hubo una preocupante ausencia estatal en departamentos como Cauca, Norte de Santander, Córdoba y Antioquia, donde se encuentran las disidencias de la Farc y el Eln. Además, bandas criminales demostraron su control territorial, aunque el Clan del Golfo sufrió la captura y extradición de su líder, alias ‘Otoniel’.
Sumado a lo anterior, la administración Duque tuvo que abandonar su ‘purismo político’ a la hora de gobernar, ante los estallidos sociales de 2019 y 2021, en favor de las coaliciones cuyas bancadas institucionalizadas tuvieron un puesto en el gabinete.
La agenda del Pacto Histórico
La estrategia inicial del presidente electo fue de pragmatismo: responder a las demandas sociales mediante políticos profesionales del establecimiento. Aunque el 61% del Congreso se renovó con perfiles ligados al activismo y las redes sociales, los políticos profesionales siguen siendo los maestros en el manejo de la agenda legislativa. Así lo hizo evidente la elección de Roy Barreras como cabeza del Congreso. Su tarea será conducir a un conjunto de nuevos e inexpertos parlamentarios en la aprobación de la ambiciosa agenda del presidente electo.
En efecto, la agenda del nuevo gobierno pretenderá brindar soluciones a problemas que se habían silenciado por el conflicto armado, pero que con las protestas de los años previos surgieron con fuerza: la desigualdad social, la corrupción, la pobreza en todas sus dimensiones y la crisis climática.
El 7 de agosto el ciclo se concretará comenzando un inédito giro a la izquierda, fundado en una interesante combinación: un gobierno de izquierda surgido de la exitosa movilización de movimientos sociales con socios experimentados del establecimiento político.
En ese sentido, frente a la agenda de Duque, apenas habrá continuidad en abordar el problema climático. Esa es la única similitud. En adelante, la agenda tendrá un giro de 180 grados: ratificación del Acuerdo de Escazú, reforma tributaria, reforma rural integral, reforma pensional, reforma política y la modificación de los Tratados de Libre Comercio, entre otras propuestas domésticas e internacionales que aspiran a romper el inmovilismo de un país siempre gobernado bajo la idea de la ortodoxia en todos sus aspectos.
Navegando en el Congreso
El sistema político colombiano puede entenderse como un ‘presidencialismo de coalición’: aunque Petro tenga un amplio poder de agenda, su poder de decisión está limitado por la alta dependencia de los miembros de su coalición de gobierno.
Esto le resta poder al presidente. Por eso, lo que suceda en el Congreso tendrá mucha importancia, ya que el Gobierno entrante deberá adoptar una estrategia para introducir sus iniciativas en alguna de las cámaras, midiendo su influencia para dirigir la agenda y la composición de las comisiones. El resultado de esto indicará si su primer año será un éxito o un fracaso en términos legislativos.
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Petro, sus ministros designados y miembros de su bancada coinciden en que el primer año de gobierno deberá, por lo menos, contar con la aprobación de la reforma tributaria y tantear los ánimos para reformar la política, así como de comenzar con las primeras pinceladas de la reforma energética.
Comenzaron a verse las movidas
En esa línea ya se empieza a ver el primer contrabalanceo al gobierno de turno: frente a los acuerdos previos que daban al Pacto Histórico un control absoluto de las discusiones en las comisiones económicas, los liberales presionaron al partido de Petro para ceder la Comisión IV (Presupuesto) como condición para apoyar la elección de David Racero a la presidencia de la Cámara de Representantes.
Así, el Pacto Histórico tendrá apenas la presidencia de la Comisión III (Hacienda y Crédito Público). De aquí el riesgo de que el proyecto de reforma tributaria se vea recortado por enmiendas o proposiciones que afectarían la meta de recaudo que Petro necesita para sus programas de gasto social.
Esto demuestra que los liberales son un socio con mucho poder, que ya logró desplazar al Pacto en la comisión que discutirá el Plan Nacional de Desarrollo y todas instrucciones para el reparto burocrático del Estado. Sin embargo, el cambio del Congreso también llegó a estas dos comisiones: ambas tienen una renovación moderadamente alta (entre 46 % y 50 %), y esto sugiere que la reforma tributaria será más progresista de lo que sería bajo otras condiciones.
Por otro lado, las reformas política y energética podrían no ocurrir o tardar más de lo esperado. Ambas iniciativas enfrentan resistencias. La Comisión I (Constitucional) se halla en manos del Partido Liberal, quien no sería un socio fiable a la hora de reforma el sistema electoral. Habría un riesgo latente de fuego amigo dentro de la coalición de gobierno, entre Petro y sus socios liberales.
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Por último, la Comisión V (Medio Ambiente) mantiene un bajo índice de renovación, particularmente con legisladores que mantienen opiniones favorables al ‘fracking’. De entrada, la transición energética se aplazaría; tanto por la renuencia de los parlamentarios de esta comisión, como porque, aunque el mundo es consciente de la necesidad de descarbonizarse, la guerra en Ucrania y la crisis de suministros llevó a la humanidad a seguir anclada a los combustibles fósiles.
El cambio que se acerca
Lo cierto es que la transición ya está en marcha con la llegada de un nuevo Congreso. El 7 de agosto el ciclo se concretará comenzando un inédito giro a la izquierda, fundado en una interesante combinación: un gobierno de izquierda surgido de la exitosa movilización de movimientos sociales con socios experimentados del establecimiento político.
El primero estará llamado a gobernar bajo la idea de lograr consensos, siguiendo las instituciones y dando la seguridad de que la democracia persiste; el segundo deberá contribuir con su experiencia a traducir las demandas de los ciudadanos en decisiones políticas que cambien la percepción de disfuncionalidad del sistema.
* Profesor e investigador en la Universidad Sergio Arboleda, editor del medio digital Visión Global, magíster en Ciencia Política de la Universidad de Salamanca y profesional en Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda.
El pasado 20 de julio, tras la posesión del nuevo Congreso de la República, comenzó una transición desde la centro-derecha hacia la centro-izquierda. Las elecciones de 2022 fueron inéditas en la historia de Colombia: se eligió al primer gobierno de izquierda y, sin embargo, se desvaneció muy pronto la posibilidad de una tirante relación con el Legislativo, dominado por bancadas de centroderecha.
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En un principio se creía que la base legislativa segura del próximo presidente, Gustavo Petro, se encontraba entre 54 senadores y 77 representantes, insuficientes para aprobar sus ambiciosas reformas, si se tiene en cuenta que el umbral de mayorías está en 72 para Senado y 124 para Cámara. Sin embargo, la preocupación por la gobernabilidad parece que se esfumó con la adhesión de varias organizaciones minoritarias y la del Partido de la U. La coalición del próximo mandatario se amplió a 78 senadores y 120 representantes.
Junto a la U, liberales, la Centro Esperanza, Verdes, Comunes, algunas curules de paz y bancadas minoritarias, se aumenta el margen de Petro para impulsar su agenda, por lo menos sin contratiempos, durante su primer año de gobierno.
Cabe esperar la decisión del Partido Conservador y Cambio Radical sobre si mantienen su independencia o se suman a la coalición oficialista. Por ahora, los 18 representantes de Cambio Radical y 27 del Partido Conservador serán pivotes en el destino de los proyectos en Cámara, donde Petro necesitará al menos cuatro votos más para lograr la mayoría cualificada para sus principales iniciativas. Sin embargo, conociendo el carácter voluble de estas colectividades y las señales lanzadas por los azules, no le será difícil a Petro hacerse de su apoyo.
Balance legislativo del gobierno Duque
Durante el gobierno de Iván Duque, la agenda legislativa se caracterizó por un contenido coyuntural relacionado con el manejo de la pandemia, especialmente en la etapa de vacunación, y los cumplimientos de sus promesas de campaña.
Entre estos se encuentran, por ejemplo, la cadena perpetua para abusadores y violadores de niños (luego declarada inexequible por la Corte Constitucional), el Estatuto Temporal de Migración, acciones para reducir la huella de carbono; el Código de Policía y una reforma tributaria que trajo consigo los días sin IVA para impulsar la economía tras los estragos del Covid-19.
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Los grandes temas ausentes fueron la paz y la seguridad. Se hizo evidente la indiferencia del Gobierno saliente por poner en marcha el Acuerdo de Paz; aumentó el número de líderes sociales asesinados y hubo una preocupante ausencia estatal en departamentos como Cauca, Norte de Santander, Córdoba y Antioquia, donde se encuentran las disidencias de la Farc y el Eln. Además, bandas criminales demostraron su control territorial, aunque el Clan del Golfo sufrió la captura y extradición de su líder, alias ‘Otoniel’.
Sumado a lo anterior, la administración Duque tuvo que abandonar su ‘purismo político’ a la hora de gobernar, ante los estallidos sociales de 2019 y 2021, en favor de las coaliciones cuyas bancadas institucionalizadas tuvieron un puesto en el gabinete.
La agenda del Pacto Histórico
La estrategia inicial del presidente electo fue de pragmatismo: responder a las demandas sociales mediante políticos profesionales del establecimiento. Aunque el 61% del Congreso se renovó con perfiles ligados al activismo y las redes sociales, los políticos profesionales siguen siendo los maestros en el manejo de la agenda legislativa. Así lo hizo evidente la elección de Roy Barreras como cabeza del Congreso. Su tarea será conducir a un conjunto de nuevos e inexpertos parlamentarios en la aprobación de la ambiciosa agenda del presidente electo.
En efecto, la agenda del nuevo gobierno pretenderá brindar soluciones a problemas que se habían silenciado por el conflicto armado, pero que con las protestas de los años previos surgieron con fuerza: la desigualdad social, la corrupción, la pobreza en todas sus dimensiones y la crisis climática.
El 7 de agosto el ciclo se concretará comenzando un inédito giro a la izquierda, fundado en una interesante combinación: un gobierno de izquierda surgido de la exitosa movilización de movimientos sociales con socios experimentados del establecimiento político.
En ese sentido, frente a la agenda de Duque, apenas habrá continuidad en abordar el problema climático. Esa es la única similitud. En adelante, la agenda tendrá un giro de 180 grados: ratificación del Acuerdo de Escazú, reforma tributaria, reforma rural integral, reforma pensional, reforma política y la modificación de los Tratados de Libre Comercio, entre otras propuestas domésticas e internacionales que aspiran a romper el inmovilismo de un país siempre gobernado bajo la idea de la ortodoxia en todos sus aspectos.
Navegando en el Congreso
El sistema político colombiano puede entenderse como un ‘presidencialismo de coalición’: aunque Petro tenga un amplio poder de agenda, su poder de decisión está limitado por la alta dependencia de los miembros de su coalición de gobierno.
Esto le resta poder al presidente. Por eso, lo que suceda en el Congreso tendrá mucha importancia, ya que el Gobierno entrante deberá adoptar una estrategia para introducir sus iniciativas en alguna de las cámaras, midiendo su influencia para dirigir la agenda y la composición de las comisiones. El resultado de esto indicará si su primer año será un éxito o un fracaso en términos legislativos.
Le puede interesar: Aprobado Acuerdo de Escazú: pasa al tercer de cuatro debates
Petro, sus ministros designados y miembros de su bancada coinciden en que el primer año de gobierno deberá, por lo menos, contar con la aprobación de la reforma tributaria y tantear los ánimos para reformar la política, así como de comenzar con las primeras pinceladas de la reforma energética.
Comenzaron a verse las movidas
En esa línea ya se empieza a ver el primer contrabalanceo al gobierno de turno: frente a los acuerdos previos que daban al Pacto Histórico un control absoluto de las discusiones en las comisiones económicas, los liberales presionaron al partido de Petro para ceder la Comisión IV (Presupuesto) como condición para apoyar la elección de David Racero a la presidencia de la Cámara de Representantes.
Así, el Pacto Histórico tendrá apenas la presidencia de la Comisión III (Hacienda y Crédito Público). De aquí el riesgo de que el proyecto de reforma tributaria se vea recortado por enmiendas o proposiciones que afectarían la meta de recaudo que Petro necesita para sus programas de gasto social.
Esto demuestra que los liberales son un socio con mucho poder, que ya logró desplazar al Pacto en la comisión que discutirá el Plan Nacional de Desarrollo y todas instrucciones para el reparto burocrático del Estado. Sin embargo, el cambio del Congreso también llegó a estas dos comisiones: ambas tienen una renovación moderadamente alta (entre 46 % y 50 %), y esto sugiere que la reforma tributaria será más progresista de lo que sería bajo otras condiciones.
Por otro lado, las reformas política y energética podrían no ocurrir o tardar más de lo esperado. Ambas iniciativas enfrentan resistencias. La Comisión I (Constitucional) se halla en manos del Partido Liberal, quien no sería un socio fiable a la hora de reforma el sistema electoral. Habría un riesgo latente de fuego amigo dentro de la coalición de gobierno, entre Petro y sus socios liberales.
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Por último, la Comisión V (Medio Ambiente) mantiene un bajo índice de renovación, particularmente con legisladores que mantienen opiniones favorables al ‘fracking’. De entrada, la transición energética se aplazaría; tanto por la renuencia de los parlamentarios de esta comisión, como porque, aunque el mundo es consciente de la necesidad de descarbonizarse, la guerra en Ucrania y la crisis de suministros llevó a la humanidad a seguir anclada a los combustibles fósiles.
El cambio que se acerca
Lo cierto es que la transición ya está en marcha con la llegada de un nuevo Congreso. El 7 de agosto el ciclo se concretará comenzando un inédito giro a la izquierda, fundado en una interesante combinación: un gobierno de izquierda surgido de la exitosa movilización de movimientos sociales con socios experimentados del establecimiento político.
El primero estará llamado a gobernar bajo la idea de lograr consensos, siguiendo las instituciones y dando la seguridad de que la democracia persiste; el segundo deberá contribuir con su experiencia a traducir las demandas de los ciudadanos en decisiones políticas que cambien la percepción de disfuncionalidad del sistema.
* Profesor e investigador en la Universidad Sergio Arboleda, editor del medio digital Visión Global, magíster en Ciencia Política de la Universidad de Salamanca y profesional en Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda.