El gobierno hace precisiones sobre el caso de Laura Sarabia y su exniñera

“Hoy fue un día lleno de mentiras”, trinó Gustavo Petro este sábado 27 de mayo. El presidente de la República compartió un comunicado en el que se hace referencia a la polémica que se ha desatado alrededor de un robo del que fue víctima Laura Sarabia, jefa del gabinete de la Presidencia, y de las declaraciones que ha dado Marelbys Meza, exniñera del hijo de Sarabia, y sospechosa en el caso. En entrevista con la Revista Semana, Meza aseguró que fue sometida a una prueba de polígrafo en un sótano cerca de la Casa de Nariño, un lugar al que, de acuerdo con ella, no entró por la puerta oficial y en el que nunca le solicitaron su cédula de identidad ni su firma de consentimiento.

“Las pruebas de polígrafo se hacen desde hace años por la seguridad de la presidencia”, dijo Petro este domingo. En el comunicado compartido se lee: “Rechazamos versiones sobre supuestos abusos de poder, mal uso de recursos públicos y maltrato a personas indefensas. Los procedimientos se efectuaron en las dependencias de la Jefatura para la Protección Presidencial, visibles, debidamente identificadas y dispuestas en esa misma ubicación desde hace muchos años. Los procedimientos de confiabilidad adelantados a todas las personas del círculo de la jefa de despacho presidencial cuentan con todas las autorizaciones que exige la ley y constan en audio y video en custodia de la Jefatura de Protección Presidencial, y se encuentran a disposición de todas las autoridades competentes”.

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Laura Sarabia hizo una serie de precisiones respecto al caso. El sábado, algunos portales de noticias informaron que la suma de dinero extraviada llegaba a los 150 millones de pesos. La misma cifra a la que se refirió Meza: “La policía me dijo que eran 150 millones de pesos”. La jefa de gabinete aseguró que el hurto fue por una suma no superior a los siete mil dólares (una suma cercana a los 30 millones de pesos), “correspondientes a pagos de gastos de viajes oficiales realizados durante agosto de 2022 y enero de 2023 y que nos son entregados en esa moneda extranjera”.

La funcionaria también afirmó que no es verdad que se hubieran robado un maletín lleno de dinero. “Es importante destacar que la trazabilidad de los recursos y la política de viáticos no reembolsables están bajo la responsabilidad del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”, añadió.

En sintonía con el documento de ampliación de denuncia que le entregó Laura Sarabia a la Fiscalía, en el comunicado compartido por Presidencia se dice que “de acuerdo con la arquitectura legal que rige la seguridad de altos funcionarios del Estado colombiano, establecida en el Decreto 2647 de 2022, se presentan incidentes que vulneren su seguridad y el de su entorno, de inmediato se activan todas las acciones previstas en el Decreto 1066 de 2015. Lo anterior, a fin de establecer porosidades o situaciones de riesgo, no solo individuales, sino de seguridad nacional, como quiera el círculo que rodea a los altos funcionarios, pueden comprometer el acceso a información clasificada”.

Aunque el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, dijo que no iba a hacer referencia al comunicado de la Casa de Nariño, afirmó que le parecía “muy grave” la denuncia presentada el sábado. “Ayer [25 de mayo], la Fiscalía General de la Nación recibió una declaración de la persona (denunciante), esa declaración fue acompañada de una solicitud de protección por parte de ella”, explicó. “La Fiscalía está protegiendo a esa persona en este momento, iniciamos todos los actos de investigación en el caso”.

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“Hoy fue un día lleno de mentiras”, trinó Gustavo Petro este sábado 27 de mayo. El presidente de la República compartió un comunicado en el que se hace referencia a la polémica que se ha desatado alrededor de un robo del que fue víctima Laura Sarabia, jefa del gabinete de la Presidencia, y de las declaraciones que ha dado Marelbys Meza, exniñera del hijo de Sarabia, y sospechosa en el caso. En entrevista con la Revista Semana, Meza aseguró que fue sometida a una prueba de polígrafo en un sótano cerca de la Casa de Nariño, un lugar al que, de acuerdo con ella, no entró por la puerta oficial y en el que nunca le solicitaron su cédula de identidad ni su firma de consentimiento.

“Las pruebas de polígrafo se hacen desde hace años por la seguridad de la presidencia”, dijo Petro este domingo. En el comunicado compartido se lee: “Rechazamos versiones sobre supuestos abusos de poder, mal uso de recursos públicos y maltrato a personas indefensas. Los procedimientos se efectuaron en las dependencias de la Jefatura para la Protección Presidencial, visibles, debidamente identificadas y dispuestas en esa misma ubicación desde hace muchos años. Los procedimientos de confiabilidad adelantados a todas las personas del círculo de la jefa de despacho presidencial cuentan con todas las autorizaciones que exige la ley y constan en audio y video en custodia de la Jefatura de Protección Presidencial, y se encuentran a disposición de todas las autoridades competentes”.

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Laura Sarabia hizo una serie de precisiones respecto al caso. El sábado, algunos portales de noticias informaron que la suma de dinero extraviada llegaba a los 150 millones de pesos. La misma cifra a la que se refirió Meza: “La policía me dijo que eran 150 millones de pesos”. La jefa de gabinete aseguró que el hurto fue por una suma no superior a los siete mil dólares (una suma cercana a los 30 millones de pesos), “correspondientes a pagos de gastos de viajes oficiales realizados durante agosto de 2022 y enero de 2023 y que nos son entregados en esa moneda extranjera”.

La funcionaria también afirmó que no es verdad que se hubieran robado un maletín lleno de dinero. “Es importante destacar que la trazabilidad de los recursos y la política de viáticos no reembolsables están bajo la responsabilidad del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República”, añadió.

En sintonía con el documento de ampliación de denuncia que le entregó Laura Sarabia a la Fiscalía, en el comunicado compartido por Presidencia se dice que “de acuerdo con la arquitectura legal que rige la seguridad de altos funcionarios del Estado colombiano, establecida en el Decreto 2647 de 2022, se presentan incidentes que vulneren su seguridad y el de su entorno, de inmediato se activan todas las acciones previstas en el Decreto 1066 de 2015. Lo anterior, a fin de establecer porosidades o situaciones de riesgo, no solo individuales, sino de seguridad nacional, como quiera el círculo que rodea a los altos funcionarios, pueden comprometer el acceso a información clasificada”.

Aunque el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, dijo que no iba a hacer referencia al comunicado de la Casa de Nariño, afirmó que le parecía “muy grave” la denuncia presentada el sábado. “Ayer [25 de mayo], la Fiscalía General de la Nación recibió una declaración de la persona (denunciante), esa declaración fue acompañada de una solicitud de protección por parte de ella”, explicó. “La Fiscalía está protegiendo a esa persona en este momento, iniciamos todos los actos de investigación en el caso”.

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