“El Gobierno rechaza argumentos”: tres mujeres que frenaron debate de reforma a la salud
Las congresistas Miranda, Juvinao y Pedraza alertaron, desde la independencia, una supuesta falta de garantías durante la discusión en la Cámara. Reprocharon la estrategia del Gobierno para aprobar sus proyectos y denunciaron intentos de desacreditarlas con etiquetas como “uribistas” o “amigas de las EPS”.
Katherine Miranda, Catherine Juvinao (Alianza Verde) y Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso) son tres de las congresistas que tienen en pausa la reforma a la salud. Se han involucrado en una acalorada discusión con el Gobierno y con los coordinadores ponentes del proyecto y, recientemente, denunciaron un “mico” que pretendía eliminar los requisitos para el nombramiento de los directores de hospitales públicos -propuesta que contaba con el respaldo de los ponentes y las firmas de varios liberales-. Además, han reprochado el menudeo político utilizado por ministros, así como las decisiones de la mesa directiva para la aprobación del texto.
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Katherine Miranda, Catherine Juvinao (Alianza Verde) y Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso) son tres de las congresistas que tienen en pausa la reforma a la salud. Se han involucrado en una acalorada discusión con el Gobierno y con los coordinadores ponentes del proyecto y, recientemente, denunciaron un “mico” que pretendía eliminar los requisitos para el nombramiento de los directores de hospitales públicos -propuesta que contaba con el respaldo de los ponentes y las firmas de varios liberales-. Además, han reprochado el menudeo político utilizado por ministros, así como las decisiones de la mesa directiva para la aprobación del texto.
En la plenaria de la Cámara del 15 de noviembre, donde se llevó a cabo el segundo debate de la reforma a la salud, las tres congresistas protagonizaron una protesta a las puertas del Salón Elíptico. Según dijeron, debido a la falta de garantías para continuar el debate, pues el presidente de la corporación, el liberal Andrés Calle, decidió votar en bloque más de diez artículos, “sin brindar el espacio para expresar nuestros argumentos. Esto es simplemente otra manifestación de la antidemocracia con la que se ha tramitado esta reforma. El Gobierno ignora a quienes tenemos propuestas de fondo”, afirmó Pedraza.
El momento quedó registrado en un video ampliamente difundido en redes sociales, que se llevó numerosas críticas. Algunos usuarios afines al Gobierno etiquetaron a las representantes como “uribistas” y “amigas de las EPS”, pues a su protesta se unieron voces de los partidos Cambio Radical y Centro Democrático. Sin embargo, las tres sostuvieron en diálogo con El Espectador que no están alineadas con la oposición, sino que están buscando vías para llegar a acuerdos.
“El video es desafortunado, pero no podíamos quedarnos en el recinto, haciéndoles quórum cuando no había garantías reales para dar la discusión. Ha sido muy difícil la comunicación con el Gobierno, porque no aceptan argumentos, sumado a la andanada de ataques y falacias que han hecho contra nosotras,”, señaló Miranda. Además, agregaron que la salida del recinto fue promovida por ellas: “Teníamos un acuerdo con el presidente Calle para que los artículos más duros, la médula espinal de la reforma, se debatieran rigurosamente. Pero ese acuerdo se incumplió, no fue ético y no respetó la palabra que nos había dado”. Por lo menos 30 representantes se retiraron del recinto y algunos pidieron garantías con arengas.
(Lea: “Pacto Histórico inicia llamado a las calles para defender la reforma a la salud”)
Los argumentos
Cathy Juvinao negó tener alguna relación con las EPS y reiteró que, si fuera por afinidad política, ellas son más cercanas al proyecto de Petro, tanto así que le dieron su voto en la segunda vuelta presidencial y hasta se sumaron a su campaña. No obstante, aseguraron que eso no les impide criticar. “Por mí, que desaparezcan las EPS, realmente no me importa. El problema está en que la reforma se ha convertido en un capricho del Gobierno, aun cuando no nos garantiza que el sistema vaya a funcionar mejor al que ya tenemos”, dijo, y agregó que el verdadero problema del sistema está en su desfinanciación: “hay que hacer un acuerdo social para buscarle más plata a la salud”.
Las inquietudes de las representantes son varias, es más, argumentaron que el texto es bastante complejo y que el Gobierno lo ha querido simplificar. Sin embargo, sus dudas centrales tienen que ver con que la reforma no reconocería “el trabajo que han venido adelantando las EPS” y con la posible fragmentación de la prestación de los servicios de salud, pues hoy todos los programas son gestionados por las EPS, pero, con su anulación, quedarían en manos de diversos actores del sistema, entre esos, de los Centros de Atención Primaria (CAPS). Sobre eso, uno de los ponentes, Alfredo Mondragón (Pacto Histórico) negó que así fuese y dijo que, por el contrario, es con el sistema actual que los usuarios “andan dispersos por todos lados”.
Por otro lado, para Juvinao, Miranda y Pedraza es “indignante” que en el bloque de artículos que se iban a someter a votación se incluyeran puntos delicados como el artículo 58, que le atribuiría funciones nuevas a la ADRES, lo que consideran inconveniente, pues la administradora se podría saturar. Y también el artículo 53, que no se ha votado y al que se oponen, ya que le entregaría a las Gestoras de Salud y Vida –como pasarían a llamarse las EPS– entre el 5% y el 8% del gasto total en salud o Unidad de Pago por Capitación (UPC), pese a que sus funciones se verían reducidas. “Esto es entre tres y cinco billones de pesos (…) En la subcomisión lo discutimos y el representante Mondragón lo defendió y dijo que había sido un acuerdo entre el Partido Conservador y La U”, aseguró Pedraza.
A eso, Juvinao agregó que ese punto está hecho para beneficiar a las EPS, por lo que no se le hace raro que fuese producto de una reunión a puerta cerrada con los tradicionales. En contraposición, Mondragón le dijo a este diario que esos recursos serían entregados como un incentivo, si y solo si, por la óptima prestación del servicio, al tiempo que confirmó que sí fue producto de los diálogos con los partidos tradicionales, pero que eso no tiene nada de malo. “Claro, aquí estamos acordando con todos los sectores cómo reparamos los daños estructurales. Y, si le vamos a entregar 24 funciones a las Gestoras, hay que darles incentivos, pues se les va a quitar el resto de los recursos”.
No obstante, a esos puntos concretos no se limitan las dudas de las representantes, quienes reiteraron que es necesario conocer “cuánto va a costar y de dónde va a salir la plata para la reforma”. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ya aseguró que tiene en sus manos el aval fiscal, pero que no está obligado a entregarlo en este momento. “Acaso no es responsable con el país que, si el ministro ya tiene el concepto, lo entregue a la Cámara (…) Hoy no tenemos ni idea cuáles son los costos de la reforma y las fuentes de financiamiento. Tampoco sabemos cómo va a ser la relación con las farmacéuticas y quién va a ser el doliente de la entrega de los medicamentos de enfermedades crónicas. No vamos a ser irresponsables con el país”, expresó Miranda.
De aprobarse la reforma como está, según Juvinao, el Congreso le estaría “prometiendo a los médicos que los vamos a formalizar. Bueno, ¿esa plata dónde está? Todo son ilusiones sin saber cómo. Probablemente, votando todo esto, el sistema se va a totear por la nueva estructura financiera (...) algo que han aprendido las EPS, a pesar de todos sus problemas, es a negociar paquetes de salud y ganar eficiencia”.
Por eso, dijeron que no están cuestionando la reforma por “hacer simple oposición”, pues su intención es que “tenga éxito y que solucione los problemas”. Para ello, aseguraron que, junto a los coordinadores ponentes, ellas han sido las que más han estudiado el texto y que se han reunido con universidades y técnicos. Juvinao habló de encuentros extensos con expertos de la Universidad Javeriana, de la Universidad de los Andes, con Andrés Vecino, investigador del instituto de la Universidad Johns Hopkins y con Ramón Abel Castaño, experto en salud, entre otros.
Con base en ello, las tres congresistas afirmaron haber sido objeto de múltiples ataques e incluso sugirieron la existencia de violencia política. “Hay que desmantelar la narrativa de que todo aquel que levante una voz crítica es uribista. Esa es una estrategia para sacarle el cuerpo a los debates que nosotras hemos propuesto”, señaló Pedraza, quien añadió que al Gobierno no le importan los sectores alternativos y de centro: “Petro está dispuesto a reunirse antes con Álvaro Uribe que con nosotras”.
A eso se sumó Katherine Miranda, quien señaló que pese a que el Partido Verde hace parte de la coalición de Gobierno, eso no quiere decir que tengan que votar sí a todo. “Históricamente, los partidos en el Congreso han servido para hacer mayorías y votar sin cuestionar nada, pero, en un gobierno del cambio, ser partido de gobierno no es para pupitrear (…) Yo no puedo aceptar que en esta administración se pretenda perpetuar las mismas prácticas que criticamos en el pasado”, concluyó.
Es más, el expresidente Álvaro Uribe ya confirmó que se reunirá con el presidente Gustavo Petro el próximo miércoles, en la Casa de Nariño, para hablar sobre la reforma a la salud. El encuentro se llevará a cabo luego de un cruce de trinos entre ambos, que inició cuando el mandatario le pidió al Centro Democrático tomarse un tinto para conversar sobre los posibles problemas del proyecto.
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