“El gobierno va mucho más allá de lo que preveía el acuerdo”: Marta Lucía Ramírez

Tras la presentación del informe sobre el avance en la implementación ante el Consejo de las Naciones Unidas, por parte de Carlos Ruiz Massieu (jefe de la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia), la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, defendió el trabajo que ha hecho el gobierno de Iván Duque en la ejecución de los acuerdos.

Como ha hecho el primer mandatario, Ramírez se mantuvo en la tesis de que esta administración es la que más ha hecho para la implementación. “La implementación ha sido prácticamente en estos últimos tres años. Una paz con legalidad que no es excluyente, sino que es lo que hacía falta”, agregó la vicepresidenta en este punto en el que giró la mayoría de su intervención.

Marta Lucía Ramírez celebró los avances que quedaron evidenciados en el informe de Ruiz Massieu, y destacó que se den justo cuando se cumplen los primeros cinco años del acuerdo, cuando es normal que los procesos de paz para esta fecha ya estén zozobrando o hayan fracasado del todo.

La vicepresidenta ha dicho que se ha implementado “espacios y alternativas a las economías ilícitas”. Asimismo, destacó la supuesta aplicación de un “enfoque de género sin precedentes”. Para esta, se está en la ruta para que “Colombia supere los vacíos que durante muchas décadas sufrió el país.”

Ramírez destacó que la implementación debe hacerse en 15 años, lo que implica que a esta administración le corresponde una tercera parte de este proceso, un 26%. Por lo que, según la vicepresidenta y canciller no hay tiempo para “retrasarse en lo que tenemos que cumplir nuestro gobierno”. A esto agregó que en el último año ha sido el periodo en el que más avances se han llevado a cabo.

Ramírez se pronunció frente a las intervenciones de la activista feminista y antirracista Bibiana Peñaranda y a la lideresa social e indígena Daniela Soto, que fueron bastante críticas frente al trabajo del gobierno en la implementación. En un primer momento expresó que debía “trabajar de la mano con ustedes, porque es la voz de las mujeres la que tenga que sacar adelante al país”.

Luego, señaló que coincidía con ambas en la importancia que le dieron al enfoque de género: “allí la mesa ha mostrado un progreso muy evidente”. En este punto agregó que reconocía que en los acuerdos de la Habana “hizo falta enfoque étnico y que también se debe incluir”. Sin embargo, hizo la salvedad de que en un primer momento pensó que no era necesario porque esos reclamos debían quedar consignados en la agenda de las mujeres.

Después de este paréntesis, Ramírez siguió en su defensa de la labor de la administración. “Tenemos un gran compromiso con lo que se ha planteado”, dijo Ramírez, que agregó que es un desafío muy grande el acuerdo, pues fueron más de 13.900 excombatientes los que dejaron las armas y ahora estos, y sus familias, pasaban a depender de la acción del Estado.

En esta misma línea, destacó que en los municipios PDET, uno de los ejes del acuerdo, viven más de 7 millones de habitantes, lo que implica atender a una población mayor que varios de los países que tienen asiento actualmente en el Consejo de Seguridad. De esta forma se excusó frente algunos de los señalamientos de incumplimientos.

“Lo que ha hecho el gobierno en esta ruta va mucho más allá de lo que tenía previsto el acuerdo”, dijo la vicepresidenta, que destacó que el acuerdo tenía proyectado que las ayudas económicas a los reincorporados se acabaran en 2012, “pero los prolongamos hasta que fuera necesario”.

Como parte de este argumento también señaló que se tenía pensado que los espacios territoriales, donde llegaron a vivir los excombatientes, fueran “espacios temporales”, pero las nuevas directivas los han considerado como permanentes. “Se han venido pagando los recursos de arrendamiento y suministro”, añadió la también canciller.

En este mismo punto señaló que en un principio no se tenía pensando que se le entregarían tierras a los exguerrilleros, pero con la ejecución de los proyectos productivos se han dado cuenta de que varios la necesitan, por lo que se han arrendado o comprado para que los negocios “sean perdurables en el tiempo”.

Sobre los proyectos también destacó que hay 7.1000 excombatientes que tienen sustento fijo con los estos. Por otro lado, se manifestó sobre el rechazo de los exguerrilleros al modelo de vivienda que les ofrecieron. A esto solo se limitó a decir que será un problema que pronto solucionarán.

Tras enunciar los que serían los varios avances del gobierno en la implementación, la vicepresidenta destacó que estas ayudas se les han entregado a los excombatientes “sin importar si están o no en Comunes”, solo tienen que cumplir con las obligaciones adquiridas en el acuerdo.

Luego, se centró en el tema de las elecciones de 2022. Comentó en este punto que sin importar el que salga ganador de la justa, lo importante es que “continúe por la vía que se ha seguido”, porque la implementación solo se podrá dar “si construimos sobre lo avanzado”. Asimismo destacó la firma del decreto que reglamenta las 16 curules para las víctimas y, al igual que ha dicho el presidente en varias ocasiones, resaltó que solo serán para las víctimas.

Hacia el final de la intervención se pronunció sobre la seguridad de los firmantes del acuerdo, uno de los puntos que Carlos Ruiz Massieu alertó en su informe. En esta línea celebró que en 2020 hubo una reducción en 8% de asesinatos de excombatientes, “pero no justificable la muerte de ni uno solo”.

En la misma ruta celebró que hay avances por parte de la fiscalía en 182 investigaciones de las más de 300 pesquisas por violencia en contra de los excombatientes. Allí se aventuró a decir que buena parte de los casos de violencia serían retaliación de los disidentes en contra de sus excompañeros de armas, sobre todo ante la supuesta negativa a no participar de cultivos ilícitos.

Esto sirvió de introducción para que Marta Lucia Ramírez dijera que el narcotráfico es uno de los grandes frenos a la implementación. “Se equivocan los que tratan de desviar las violencias a un supuesto incumplimiento de nuestro gobierno”, expresó, para luego agregar que esperaba que los exmiembros de las Farc “avancen muchos más sobre este flagelo y la identificación de las rutas, los carteles y los sitios donde lavaban los dineros”.

“Los grupos que permanecen en el narcotráfico dificultan la implementación del acuerdo. Por eso es importante de asumir la corresponsabilidad de este negocio infame de la droga”, añadió, señalando que la responsabilidad por el narcotráfico es de toda la comunidad internacional y no solo de Colombia.

Para finalizar, Ramírez volvió a hacer énfasis en las dificultades en la implementación, pero dijo que los “avances son la muestra de la voluntad política de nuestro gobierno, de los partidos y del pueblo colombiano”. También habló de la mudanza de algunos de los exguerrilleros de los espacios de reinserción, y pidió que vayan a zonas accesible y no a regiones de acceso complicado.

Tras la presentación del informe sobre el avance en la implementación ante el Consejo de las Naciones Unidas, por parte de Carlos Ruiz Massieu (jefe de la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia), la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, defendió el trabajo que ha hecho el gobierno de Iván Duque en la ejecución de los acuerdos.

Como ha hecho el primer mandatario, Ramírez se mantuvo en la tesis de que esta administración es la que más ha hecho para la implementación. “La implementación ha sido prácticamente en estos últimos tres años. Una paz con legalidad que no es excluyente, sino que es lo que hacía falta”, agregó la vicepresidenta en este punto en el que giró la mayoría de su intervención.

Marta Lucía Ramírez celebró los avances que quedaron evidenciados en el informe de Ruiz Massieu, y destacó que se den justo cuando se cumplen los primeros cinco años del acuerdo, cuando es normal que los procesos de paz para esta fecha ya estén zozobrando o hayan fracasado del todo.

La vicepresidenta ha dicho que se ha implementado “espacios y alternativas a las economías ilícitas”. Asimismo, destacó la supuesta aplicación de un “enfoque de género sin precedentes”. Para esta, se está en la ruta para que “Colombia supere los vacíos que durante muchas décadas sufrió el país.”

Ramírez destacó que la implementación debe hacerse en 15 años, lo que implica que a esta administración le corresponde una tercera parte de este proceso, un 26%. Por lo que, según la vicepresidenta y canciller no hay tiempo para “retrasarse en lo que tenemos que cumplir nuestro gobierno”. A esto agregó que en el último año ha sido el periodo en el que más avances se han llevado a cabo.

Ramírez se pronunció frente a las intervenciones de la activista feminista y antirracista Bibiana Peñaranda y a la lideresa social e indígena Daniela Soto, que fueron bastante críticas frente al trabajo del gobierno en la implementación. En un primer momento expresó que debía “trabajar de la mano con ustedes, porque es la voz de las mujeres la que tenga que sacar adelante al país”.

Luego, señaló que coincidía con ambas en la importancia que le dieron al enfoque de género: “allí la mesa ha mostrado un progreso muy evidente”. En este punto agregó que reconocía que en los acuerdos de la Habana “hizo falta enfoque étnico y que también se debe incluir”. Sin embargo, hizo la salvedad de que en un primer momento pensó que no era necesario porque esos reclamos debían quedar consignados en la agenda de las mujeres.

Después de este paréntesis, Ramírez siguió en su defensa de la labor de la administración. “Tenemos un gran compromiso con lo que se ha planteado”, dijo Ramírez, que agregó que es un desafío muy grande el acuerdo, pues fueron más de 13.900 excombatientes los que dejaron las armas y ahora estos, y sus familias, pasaban a depender de la acción del Estado.

En esta misma línea, destacó que en los municipios PDET, uno de los ejes del acuerdo, viven más de 7 millones de habitantes, lo que implica atender a una población mayor que varios de los países que tienen asiento actualmente en el Consejo de Seguridad. De esta forma se excusó frente algunos de los señalamientos de incumplimientos.

“Lo que ha hecho el gobierno en esta ruta va mucho más allá de lo que tenía previsto el acuerdo”, dijo la vicepresidenta, que destacó que el acuerdo tenía proyectado que las ayudas económicas a los reincorporados se acabaran en 2012, “pero los prolongamos hasta que fuera necesario”.

Como parte de este argumento también señaló que se tenía pensado que los espacios territoriales, donde llegaron a vivir los excombatientes, fueran “espacios temporales”, pero las nuevas directivas los han considerado como permanentes. “Se han venido pagando los recursos de arrendamiento y suministro”, añadió la también canciller.

En este mismo punto señaló que en un principio no se tenía pensando que se le entregarían tierras a los exguerrilleros, pero con la ejecución de los proyectos productivos se han dado cuenta de que varios la necesitan, por lo que se han arrendado o comprado para que los negocios “sean perdurables en el tiempo”.

Sobre los proyectos también destacó que hay 7.1000 excombatientes que tienen sustento fijo con los estos. Por otro lado, se manifestó sobre el rechazo de los exguerrilleros al modelo de vivienda que les ofrecieron. A esto solo se limitó a decir que será un problema que pronto solucionarán.

Tras enunciar los que serían los varios avances del gobierno en la implementación, la vicepresidenta destacó que estas ayudas se les han entregado a los excombatientes “sin importar si están o no en Comunes”, solo tienen que cumplir con las obligaciones adquiridas en el acuerdo.

Luego, se centró en el tema de las elecciones de 2022. Comentó en este punto que sin importar el que salga ganador de la justa, lo importante es que “continúe por la vía que se ha seguido”, porque la implementación solo se podrá dar “si construimos sobre lo avanzado”. Asimismo destacó la firma del decreto que reglamenta las 16 curules para las víctimas y, al igual que ha dicho el presidente en varias ocasiones, resaltó que solo serán para las víctimas.

Hacia el final de la intervención se pronunció sobre la seguridad de los firmantes del acuerdo, uno de los puntos que Carlos Ruiz Massieu alertó en su informe. En esta línea celebró que en 2020 hubo una reducción en 8% de asesinatos de excombatientes, “pero no justificable la muerte de ni uno solo”.

En la misma ruta celebró que hay avances por parte de la fiscalía en 182 investigaciones de las más de 300 pesquisas por violencia en contra de los excombatientes. Allí se aventuró a decir que buena parte de los casos de violencia serían retaliación de los disidentes en contra de sus excompañeros de armas, sobre todo ante la supuesta negativa a no participar de cultivos ilícitos.

Esto sirvió de introducción para que Marta Lucia Ramírez dijera que el narcotráfico es uno de los grandes frenos a la implementación. “Se equivocan los que tratan de desviar las violencias a un supuesto incumplimiento de nuestro gobierno”, expresó, para luego agregar que esperaba que los exmiembros de las Farc “avancen muchos más sobre este flagelo y la identificación de las rutas, los carteles y los sitios donde lavaban los dineros”.

“Los grupos que permanecen en el narcotráfico dificultan la implementación del acuerdo. Por eso es importante de asumir la corresponsabilidad de este negocio infame de la droga”, añadió, señalando que la responsabilidad por el narcotráfico es de toda la comunidad internacional y no solo de Colombia.

Para finalizar, Ramírez volvió a hacer énfasis en las dificultades en la implementación, pero dijo que los “avances son la muestra de la voluntad política de nuestro gobierno, de los partidos y del pueblo colombiano”. También habló de la mudanza de algunos de los exguerrilleros de los espacios de reinserción, y pidió que vayan a zonas accesible y no a regiones de acceso complicado.