“El humo de la guerra no nos dejó ver la corrupción”: Fernando Carrillo

¿Cuál es su impresión del actual proceso electoral, con tanta polarización?

Se dice que todas las elecciones son cruciales, pero esta lo es más por el momento histórico que vive el país, que va a votar totalmente fracturado después del plebiscito del 2 de octubre de 2016. La pregunta es si se va a superar o no esa polarización. Y los pronósticos no son los más optimistas. Lo que está de por medio ni siquiera son los acuerdos de paz sino la consolidación de ésta, que es un bien público y supremo. Tenemos que ser capaces de superar la polarización para no seguir en el pantano de la radicalización de la sociedad. El humo de la guerra no nos dejó ver la corrupción y nos aplazó las grandes discusiones sobre temas como la justicia, la salud o las pensiones. Hemos sido incapaces de llegar a consensos por encima de los partidos y de las coyunturas electorales, que nos hubieran permitido tener pactos de Estado sobre esas prioridades.

¿No le llama la atención que ahora, más que la violencia, los riesgos electorales sean el fraude y la corrupción?

Antes, la gran amenaza era la violencia contra la libertad en el ejercicio del sufragio, aunque realmente nunca hubo grandes hechos que hubieran coartado ese derecho como un fenómeno preponderante. En este proceso electoral va a ser la primera vez que las Farc no van a ser un agente perturbador y esperamos que el Eln tampoco lo sea. De ahí la importancia del voto limpio, que va contra el fraude y ese círculo vicioso entre la contratación pública y las campañas, y lo que es esencialmente el financiamiento de la política que, todos sabemos, se hace con la corrupción.

¿Qué está haciendo la Procuraduría frente a eso?

Hemos rotado a los 84 procuradores regionales y provinciales para que salgan de jurisdicciones y tengan independencia a la hora de ejercer la función preventiva y disciplinaria en el manejo de las elecciones. Los 4.000 funcionarios de la Procuraduría van a ser procuradores electorales, antes, durante y después de las elecciones. Con el Consejo Nacional Electoral (CNE) estamos comenzando a revisar los libros de las campañas; ya llevamos cuatro ciudades. Creamos una Comisión de Seguimiento Electoral con la Registraduría. Vamos a tener una línea telefónica especial para recibir denuncias, reclamos e inquietudes de la ciudadanía, y estamos con la Fiscalía, el Consejo de Estado y el CNE en un proceso de pedagogía sobre los 16 nuevos delitos electorales que se definieron el año pasado, entre los cuales están, y vale la pena subrayarlo, el financiamiento ilegal de campañas, la violación de los topes y la omisión de aportes en la cuentas, entre otros, lo que ya marca un escenario totalmente distinto que va a requerir el apoyo de la ciudadanía.

Sin embargo, la gente siente que si alguien es sancionado o condenado, manda a su hermano u otro familiar y listo, siguen elegidos…

Tenemos que combatir esas prácticas informales en los comportamientos políticos de los ciudadanos. La ley define unas inhabilidades e incompatibilidades, pero hay muchos escenarios que hacen parte de la sanción social, en los que nosotros, en ejercicio de la función preventiva, e incluso los mismos medios de comunicación, deberíamos intervenir, por ejemplo, no sólo haciendo el mapa de la corrupción, sino también el mosaico de ésta, para contar quiénes han sido los protagonistas de los grandes escándalos y qué vinculación, así sea familiar, tienen con los candidatos. En Colombia no existen los delitos de sangre, pero lo que sí puede haber es una sanción social a quienes están haciendo política en cuerpo ajeno.

¿Pero sí serviría eso de algo? Porque cada cuatro años se sigue viendo lo mismo…

Sirve si se cambia el comportamiento de la gente. Este país está acostumbrado a que en esas zonas grises caben todos los comportamientos electorales y que comprar votos es normal. Hay que cambiar ese chip, aunque es bastante difícil. Y esa no es sólo una tarea de los organismos de control, tiene que ser de la justicia, la sociedad civil, las veedurías ciudadanas y, por supuesto, los medios de comunicación. Es la campaña de voto limpio, en la que la gente vote por quienes están exentos de dudas, no sólo desde el punto de vista legal sino desde el punto de vista ético. Porque hay conductas contrarias a la ética que no son ilegales. Es la campaña que estamos iniciando con el Consejo Gremial, con los sindicatos y las universidades y de la que tiene que apropiarse la ciudadanía para votar bien. En últimas, se trata de que la gente vote bien, a conciencia.

¿No se requiere también que los partidos y sus jefes asuman de verdad responsabilidades?

Ese es precisamente un nuevo delito electoral. Hoy en día, los partidos son responsables de la inscripción de candidatos que están inhabilitados. Nosotros le entregamos ya a la Fiscalía un listado con 19 candidatos inhabilitados y se están iniciando las investigaciones penales. Uno puede decir que las cosas están cambiando, que los organismos de control tienen la lupa sobre el proceso electoral, pero, en últimas, esos comportamientos electorales no se dan solamente por el cambio de normas, sino por el cambio de comportamientos y de cultura política. Que la gente se concientice de que este es un momento crucial en la historia del país y que si algo lo va a perjudicar de aquí en adelante es votar mal. Tenemos que llegar a decir que en Colombia se puede hacer política con las manos limpias. Este es un país acostumbrado a despotricar de la política porque siempre se hunde en el barro de comportamientos electorales fraudulentos. Vamos a ver si por primera vez podemos decir que estamos saliendo de ese barro de la corrupción en lo electoral, y que puede primar el juego limpio.

Le insisto, el problema es que nunca pasa nada…

No crea, están comenzando a pasar cosas. Por ejemplo, hoy hay 20 congresistas investigados disciplinariamente por diferentes causas. Otros también están procesados por la Fiscalía. Está lo de los 19 inhabilitados. Eso marca un horizonte distinto. La gente tiene que saber que hay nuevos delitos electorales que los pueden llevar a la cárcel. Y está la responsabilidad del sector privado de asumir el deber de contar cuáles fueron los aportes que hicieron a las campañas. Eso tampoco existía. Hay una batería de instrumentos y un menú de control electoral que busca que la gente vote bien. Ojalá tengamos éxito. Tenemos que estar dispuestos a modificar la política.

¿No cree que se requiere también una profunda reforma electoral?

Sin duda. Sectorialmente hemos tratado de limitar una cantidad de prácticas de la política vieja y clientelista, y de la contratación pública como fuente de financiamiento, pero hay normas que habrá que modificar más adelante.

Vamos poco a poco, pero, sin duda alguna, una reforma electoral debe hacer parte del menú.Ha hablado de medidas frente a la publicidad desbordada...

Hay que controlar desde las conductas ilegales mínimas o contravenciones pequeñas, hasta los grandes delitos electorales. Se volvió costumbre violar las normas de publicidad y causar contaminación visual y ambiental en materia de vallas y avisos. Por eso, con la Policía sacamos una directiva para desmontar toda publicidad política que haya en los postes de alumbrado público. Es que la gente pone los avisos sin autorización o alega que esta existe, pero es ilegal. Ese sistema de regulación de la publicidad exterior es una responsabilidad de los alcaldes y prueba si están participando en política o no, y si están abusando de su competencia. Estamos en un recorrido por todo el país, verificando esas normas, y esperamos que la ciudadanía se anime a denunciar.

¿Hubo feria de contratos previa a la vigencia de la Ley de Garantías?

Estamos examinando eso detenidamente, porque tenemos denuncias de contratos que se otorgaron a última hora sin cumplimiento de requisitos legales. También tenemos la lupa sobre el cumplimiento de la misma ley, porque hay quienes se sienten inmunes y se creen intocables.

¿Cuál es su impresión del actual proceso electoral, con tanta polarización?

Se dice que todas las elecciones son cruciales, pero esta lo es más por el momento histórico que vive el país, que va a votar totalmente fracturado después del plebiscito del 2 de octubre de 2016. La pregunta es si se va a superar o no esa polarización. Y los pronósticos no son los más optimistas. Lo que está de por medio ni siquiera son los acuerdos de paz sino la consolidación de ésta, que es un bien público y supremo. Tenemos que ser capaces de superar la polarización para no seguir en el pantano de la radicalización de la sociedad. El humo de la guerra no nos dejó ver la corrupción y nos aplazó las grandes discusiones sobre temas como la justicia, la salud o las pensiones. Hemos sido incapaces de llegar a consensos por encima de los partidos y de las coyunturas electorales, que nos hubieran permitido tener pactos de Estado sobre esas prioridades.

¿No le llama la atención que ahora, más que la violencia, los riesgos electorales sean el fraude y la corrupción?

Antes, la gran amenaza era la violencia contra la libertad en el ejercicio del sufragio, aunque realmente nunca hubo grandes hechos que hubieran coartado ese derecho como un fenómeno preponderante. En este proceso electoral va a ser la primera vez que las Farc no van a ser un agente perturbador y esperamos que el Eln tampoco lo sea. De ahí la importancia del voto limpio, que va contra el fraude y ese círculo vicioso entre la contratación pública y las campañas, y lo que es esencialmente el financiamiento de la política que, todos sabemos, se hace con la corrupción.

¿Qué está haciendo la Procuraduría frente a eso?

Hemos rotado a los 84 procuradores regionales y provinciales para que salgan de jurisdicciones y tengan independencia a la hora de ejercer la función preventiva y disciplinaria en el manejo de las elecciones. Los 4.000 funcionarios de la Procuraduría van a ser procuradores electorales, antes, durante y después de las elecciones. Con el Consejo Nacional Electoral (CNE) estamos comenzando a revisar los libros de las campañas; ya llevamos cuatro ciudades. Creamos una Comisión de Seguimiento Electoral con la Registraduría. Vamos a tener una línea telefónica especial para recibir denuncias, reclamos e inquietudes de la ciudadanía, y estamos con la Fiscalía, el Consejo de Estado y el CNE en un proceso de pedagogía sobre los 16 nuevos delitos electorales que se definieron el año pasado, entre los cuales están, y vale la pena subrayarlo, el financiamiento ilegal de campañas, la violación de los topes y la omisión de aportes en la cuentas, entre otros, lo que ya marca un escenario totalmente distinto que va a requerir el apoyo de la ciudadanía.

Sin embargo, la gente siente que si alguien es sancionado o condenado, manda a su hermano u otro familiar y listo, siguen elegidos…

Tenemos que combatir esas prácticas informales en los comportamientos políticos de los ciudadanos. La ley define unas inhabilidades e incompatibilidades, pero hay muchos escenarios que hacen parte de la sanción social, en los que nosotros, en ejercicio de la función preventiva, e incluso los mismos medios de comunicación, deberíamos intervenir, por ejemplo, no sólo haciendo el mapa de la corrupción, sino también el mosaico de ésta, para contar quiénes han sido los protagonistas de los grandes escándalos y qué vinculación, así sea familiar, tienen con los candidatos. En Colombia no existen los delitos de sangre, pero lo que sí puede haber es una sanción social a quienes están haciendo política en cuerpo ajeno.

¿Pero sí serviría eso de algo? Porque cada cuatro años se sigue viendo lo mismo…

Sirve si se cambia el comportamiento de la gente. Este país está acostumbrado a que en esas zonas grises caben todos los comportamientos electorales y que comprar votos es normal. Hay que cambiar ese chip, aunque es bastante difícil. Y esa no es sólo una tarea de los organismos de control, tiene que ser de la justicia, la sociedad civil, las veedurías ciudadanas y, por supuesto, los medios de comunicación. Es la campaña de voto limpio, en la que la gente vote por quienes están exentos de dudas, no sólo desde el punto de vista legal sino desde el punto de vista ético. Porque hay conductas contrarias a la ética que no son ilegales. Es la campaña que estamos iniciando con el Consejo Gremial, con los sindicatos y las universidades y de la que tiene que apropiarse la ciudadanía para votar bien. En últimas, se trata de que la gente vote bien, a conciencia.

¿No se requiere también que los partidos y sus jefes asuman de verdad responsabilidades?

Ese es precisamente un nuevo delito electoral. Hoy en día, los partidos son responsables de la inscripción de candidatos que están inhabilitados. Nosotros le entregamos ya a la Fiscalía un listado con 19 candidatos inhabilitados y se están iniciando las investigaciones penales. Uno puede decir que las cosas están cambiando, que los organismos de control tienen la lupa sobre el proceso electoral, pero, en últimas, esos comportamientos electorales no se dan solamente por el cambio de normas, sino por el cambio de comportamientos y de cultura política. Que la gente se concientice de que este es un momento crucial en la historia del país y que si algo lo va a perjudicar de aquí en adelante es votar mal. Tenemos que llegar a decir que en Colombia se puede hacer política con las manos limpias. Este es un país acostumbrado a despotricar de la política porque siempre se hunde en el barro de comportamientos electorales fraudulentos. Vamos a ver si por primera vez podemos decir que estamos saliendo de ese barro de la corrupción en lo electoral, y que puede primar el juego limpio.

Le insisto, el problema es que nunca pasa nada…

No crea, están comenzando a pasar cosas. Por ejemplo, hoy hay 20 congresistas investigados disciplinariamente por diferentes causas. Otros también están procesados por la Fiscalía. Está lo de los 19 inhabilitados. Eso marca un horizonte distinto. La gente tiene que saber que hay nuevos delitos electorales que los pueden llevar a la cárcel. Y está la responsabilidad del sector privado de asumir el deber de contar cuáles fueron los aportes que hicieron a las campañas. Eso tampoco existía. Hay una batería de instrumentos y un menú de control electoral que busca que la gente vote bien. Ojalá tengamos éxito. Tenemos que estar dispuestos a modificar la política.

¿No cree que se requiere también una profunda reforma electoral?

Sin duda. Sectorialmente hemos tratado de limitar una cantidad de prácticas de la política vieja y clientelista, y de la contratación pública como fuente de financiamiento, pero hay normas que habrá que modificar más adelante.

Vamos poco a poco, pero, sin duda alguna, una reforma electoral debe hacer parte del menú.Ha hablado de medidas frente a la publicidad desbordada...

Hay que controlar desde las conductas ilegales mínimas o contravenciones pequeñas, hasta los grandes delitos electorales. Se volvió costumbre violar las normas de publicidad y causar contaminación visual y ambiental en materia de vallas y avisos. Por eso, con la Policía sacamos una directiva para desmontar toda publicidad política que haya en los postes de alumbrado público. Es que la gente pone los avisos sin autorización o alega que esta existe, pero es ilegal. Ese sistema de regulación de la publicidad exterior es una responsabilidad de los alcaldes y prueba si están participando en política o no, y si están abusando de su competencia. Estamos en un recorrido por todo el país, verificando esas normas, y esperamos que la ciudadanía se anime a denunciar.

¿Hubo feria de contratos previa a la vigencia de la Ley de Garantías?

Estamos examinando eso detenidamente, porque tenemos denuncias de contratos que se otorgaron a última hora sin cumplimiento de requisitos legales. También tenemos la lupa sobre el cumplimiento de la misma ley, porque hay quienes se sienten inmunes y se creen intocables.