“El internet es una herramienta para el goce de derechos fundamentales”: Rodrigo Rojas

Después de más de un año de que se ordenara el confinamiento total y se recomendara el teletrabajo y la educación virtual, el Congreso aprobó, en último debate, el proyecto que declara el internet como un servicio público, esencial y universal. Aunque esto no quiere decir que una vez se sancione el proyecto el país se diga 100% conectado, sí se traza un camino y unas condiciones para que, de forma paulatina, se instale nueva infraestructura para mejor la conexión y cobertura de las zonas más apartadas. El Espectador habló con el representante Rodrigo Rojas (Partido Liberal), quien lideró la iniciativa, sobre los detalles de la iniciativa que queda pendiente de ser conciliada.

¿Por qué habla del internet como un servicio público, esencial y universal?

Esta iniciativa nace precisamente en todo el contexto de pandemia, de cómo se ha convertido el internet en una herramienta determinante para el goce efectivo de derechos fundamentales, como la salud, educación, trabajo y acceso a la información.

¿Qué significa ese carácter de “público, esencial y universal”?

El carácter de universalidad y esencialidad lo que convoca es al Estado para que articule todos los esfuerzos políticos y financieros con los actores privados y públicos con el fin de ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio. Esto a través de acciones como la tarifa accesible y competitivas para el uso del servicio, calidad y eficiencia en la prestación del servicio del internet sin importar la ubicación geográfica y la condición socioeconómica de los usuarios, porque la brecha también está en todo lo que refiere a la situación socioeconómica de los usuarios. Y en ese sentido queremos avanzar en ese punto de que podamos llegarle a todos los colombianos.

Por supuesto esto será progresivo, no será con la sanción del proyecto, pero será un paso adicional al que en el Congreso ya dimos con la Ley de Modernización del sector TIC donde precisamente se convocaban a los operadores más grandes del país a avanzar en infraestructura en muchos de los sectores donde no existe la infraestructura necesaria para que los colombianos puedan acceder a ese servicio.

¿Cómo está Colombia con relación al acceso a internet?

Preocupa enormemente que cerca del 40% de la población colombiana aún no se encuentra conectada a internet, pero preocupa aún más cómo existe una brecha entre las zonas urbanas y rurales. Por ejemplo, en Bogotá el 78% de los hogares con niños tienen internet, mientras que en departamentos como el Vaupés esta cifra llega apenas al 2.9%. Todo esto nos llevó a pensar que hay un gran reto en términos de cierre de brechas digitales, pero que uno que los factores que realmente debemos impactar tiene que ver a la cobertura en el servicio e infraestructura de telecomunicaciones.

¿Cómo garantizar la cobertura en zonas como Vaupés?

En Colombia hay 335 prestadores de servicio de internet, grandes, medianos y pequeños. 316 son pequeños y estos son los que cubren cerca de 1.032 municipios, cubren cerca del 92% de todo el territorio nacional y son los que están llegando a estas zonas de mayor difícil acceso, más alejadas del país, donde hoy los grandes operadores no tienen cobertura. Por eso nosotros creamos un esquema de incentivos y de beneficios para los pequeños prestadores de servicio de internet.

¿Qué clases de beneficios?

Por ejemplo, una exención por cinco año del pago de la contraprestación periódica que deben de hacer al Fondo Único de Tecnologías de la Información, y también una exención en la contribución anual que deben hacer a la CRC, todo esto en un período de cinco años y que solo aplica a los servidores de servicios que solo tienen 30.000 usuarios, que son estos 316 de los 335 que comentaba. Además unas líneas de crédito especiales con el fin de que puedan invertir en nueva infraestructura de telecomunicaciones, reducción en el tiempo de licencia de infraestructura, pues hoy el plazo para una licencia está en tres meses, y lo reducimos a uno solo. Todo esto con miras a que la contraprestación sea despliegue de infraestructura y mayor cobertura.

¿Ese punto está pensado para que los grandes prestadores no monopolicen la cobertura y el servicio del internet?

Más allá de que no monopolicen los grandes, es motivar e incentivar a los pequeños, que son los que están haciendo un esfuerzo mayor de llegar a esas zonas donde los grandes no están llegando.

Estas pequeñas empresas, ¿van a quedar por siempre con la titularidad de esta infraestructura?

Como tal, lo que busca el proyecto es que en esa contraprestación de los beneficios que se les está brindando aumente la cobertura, si tienen que hacer despliegue de la infraestructura la tienen que hacer, pero eso es infraestructura de ellos. Las exenciones son unos alivios, no tributarios, pero sí un pago de una contribución, que es para motivar que ellos puedan avanzar en mayor despliegue de cobertura. Que cómo lo hagan, ellos tienen que analizarlos cómo hacerlo. Igualmente, ellos tienen que reportar cómo se ha venido incrementando la cobertura del servicio en las zonas que amplíen infraestructura.

¿El tiempo de los beneficios son prorrogables?

La ley solo habla de solo cinco años en lo que refiere a las exenciones, la creación de las líneas de crédito especiales sí van a quedar permanentemente. La reducción en las licencias de despliegue de infraestructura por supuesto van a quedar permanente porque creo que es una necesidad hasta que logremos el objetivo del 100% de cobertura en el país.

¿Cuánto le costaría al Estado el proyecto?

En general, lo que nosotros exigimos al Gobierno Nacional es que acelere los procesos, convoque a todos los actores involucrados para avanzar en el despliegue de infraestructura, la ley de modernización avanzó en ese sentido, lo que refirió al otorgamiento del espectro, también trajo consigo una serie de compromisos en obligaciones de hacer, que significaba llegar on infraestructura de nueva tecnología a los municipios y territorios donde hoy no hay conexión o infraestructura necesaria para prestar el servicio efectivamente.

¿Cómo se adoptó el decreto 555 de 2020 con el que el Gobierno, en el marco de la pandemia, decretó un mínimo de internet?

Nosotros enfrentamos este escenario sin que nadie estuviera preparado para ello, pero esto también nos dejó enseñanza, es que en estos estados de emergencia como los que hemos vividos, pues consideramos que no podemos seguir o pasar por ese momento crítico, donde muchas personas tenían que acceder a portales de información del mismo Estado y no podían hacerlo porque no contaban con internet, entonces en ese escenario, para estos escenarios de pandemia, estado de excepción o emergencia sanitaria, creamos un paquete mínimo de garantía, donde los usuarios de celulares pospago y prepago, pudieran acceder a un mínimo de navegabilidad. En ese sentido, seis meses luego de la vigencia, y para estado de emergencia sanitaria y excepción, para los usuarios pospago, con planes menores a las 5 UVT van a tener una navegación gratuita en 30 urls y 200 mensajes de texto gratuito. Para los usuarios prepago, tendrán acceso a 200 mensajes de texto gratis y la recepción de ellos, sin ningún tipo de restricción. Tanto ara los dos va a ver un paquete de navegación gratuita en el portal de educación y subdominios que determine el Ministerio de Educación y las TIC.

El Gobierno ya dijo que retira la reforma tributaria, pero en el texto que radicó se planteaba cobrar impuesto al internet a hogares de estrato tres y productos tecnológicos. ¿Cómo puede afectar al objetivo del proyecto, si estos puntos logran quedar en algún momento?

Nos hemos opuesto desde que conocimos el texto, esta medida va en contravía del propósito que ha planteado el mismo Gobierno de aumentar la cobertura, de garantizar el acceso efectivo de este servicio, por supuesto nos opondremos radicalmente a que quede gravado el servicio de conexión para estrato 3, como fue planteado en el texto radicado de la reforma tributaria. También consideramos que no se debe de aumentar la base del IVA a los equipos tecnológicos de cierta gama, porque esto va a impedir que hagamos ese tránsito de la tecnología 2G a las 3G y 4G. Nosotros hemos sido críticos de estas medidas incluidas en el texto, el mismo PL ha dado la posición que no respaldará la reforma tributaria y de llegarse a radicar con este tipo de medidas, por supuesto que nos opondremos, porque va en contravía del propósito del Gobierno y el Estado de aumentar la cobertura y mejorar el acceso de los colombianos a este servicio.

¿En cuánto tiempo está proyectado que el 100% del país tenga acceso a internet?

Esperamos que este proyecto dé un impulso adicional, esperamos el trámite que resta que es la conciliación y la sanción por parte del presidente y sea un impulso adicional para lograr una mayor cobertura, de acuerdo con las proyecciones del Gobierno, en los próximos 4 años se lograría una cobertura del 80%. Esperamos que esto avance mucho más rápido y podamos en el corto o mediano plazo, lograr esa cobertura deseada del 100% de internet en el país.

¿Cuál es el papel de empresas grandes como Claro, Tigo, Movistar, ETB, entre otras?

El objetivo fundamental del proyecto es generar un compromiso, no solo parte del Gobierno, sino que se articule con estos operadores, con todos, principalmente con estos más grandes para que haya un avance significativo en términos de cobertura, pero también de mayor inversión e infraestructura de telecomunicaciones precisamente en las zonas donde hoy no tienen acceso a internet.

¿Este proyecto cómo deja a Colombia, con relación a otros países, con el tema del acceso al internet y de una población conectada?

Tengo entendido de que Chile y Argentina han avanzado en este mismo sentido, Colombia se sumaría a este tipo de países. De acuerdo con publicaciones en medios de otros países, están pidiendo a sus gobiernos que también se avance en esa declaratoria del internet como un servicio público, esencial y universal en sus países, creo que es un gran avance, además con la ley de modernización del sector TIC con los avances que se han dado en los últimos gobiernos en términos de conectividad, creo que el país viene avanzando en ese camino y esperamos que esto sea un impulso adicional para que logremos una cobertura plena en el corto y mediano plazo.

Después de más de un año de que se ordenara el confinamiento total y se recomendara el teletrabajo y la educación virtual, el Congreso aprobó, en último debate, el proyecto que declara el internet como un servicio público, esencial y universal. Aunque esto no quiere decir que una vez se sancione el proyecto el país se diga 100% conectado, sí se traza un camino y unas condiciones para que, de forma paulatina, se instale nueva infraestructura para mejor la conexión y cobertura de las zonas más apartadas. El Espectador habló con el representante Rodrigo Rojas (Partido Liberal), quien lideró la iniciativa, sobre los detalles de la iniciativa que queda pendiente de ser conciliada.

¿Por qué habla del internet como un servicio público, esencial y universal?

Esta iniciativa nace precisamente en todo el contexto de pandemia, de cómo se ha convertido el internet en una herramienta determinante para el goce efectivo de derechos fundamentales, como la salud, educación, trabajo y acceso a la información.

¿Qué significa ese carácter de “público, esencial y universal”?

El carácter de universalidad y esencialidad lo que convoca es al Estado para que articule todos los esfuerzos políticos y financieros con los actores privados y públicos con el fin de ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio. Esto a través de acciones como la tarifa accesible y competitivas para el uso del servicio, calidad y eficiencia en la prestación del servicio del internet sin importar la ubicación geográfica y la condición socioeconómica de los usuarios, porque la brecha también está en todo lo que refiere a la situación socioeconómica de los usuarios. Y en ese sentido queremos avanzar en ese punto de que podamos llegarle a todos los colombianos.

Por supuesto esto será progresivo, no será con la sanción del proyecto, pero será un paso adicional al que en el Congreso ya dimos con la Ley de Modernización del sector TIC donde precisamente se convocaban a los operadores más grandes del país a avanzar en infraestructura en muchos de los sectores donde no existe la infraestructura necesaria para que los colombianos puedan acceder a ese servicio.

¿Cómo está Colombia con relación al acceso a internet?

Preocupa enormemente que cerca del 40% de la población colombiana aún no se encuentra conectada a internet, pero preocupa aún más cómo existe una brecha entre las zonas urbanas y rurales. Por ejemplo, en Bogotá el 78% de los hogares con niños tienen internet, mientras que en departamentos como el Vaupés esta cifra llega apenas al 2.9%. Todo esto nos llevó a pensar que hay un gran reto en términos de cierre de brechas digitales, pero que uno que los factores que realmente debemos impactar tiene que ver a la cobertura en el servicio e infraestructura de telecomunicaciones.

¿Cómo garantizar la cobertura en zonas como Vaupés?

En Colombia hay 335 prestadores de servicio de internet, grandes, medianos y pequeños. 316 son pequeños y estos son los que cubren cerca de 1.032 municipios, cubren cerca del 92% de todo el territorio nacional y son los que están llegando a estas zonas de mayor difícil acceso, más alejadas del país, donde hoy los grandes operadores no tienen cobertura. Por eso nosotros creamos un esquema de incentivos y de beneficios para los pequeños prestadores de servicio de internet.

¿Qué clases de beneficios?

Por ejemplo, una exención por cinco año del pago de la contraprestación periódica que deben de hacer al Fondo Único de Tecnologías de la Información, y también una exención en la contribución anual que deben hacer a la CRC, todo esto en un período de cinco años y que solo aplica a los servidores de servicios que solo tienen 30.000 usuarios, que son estos 316 de los 335 que comentaba. Además unas líneas de crédito especiales con el fin de que puedan invertir en nueva infraestructura de telecomunicaciones, reducción en el tiempo de licencia de infraestructura, pues hoy el plazo para una licencia está en tres meses, y lo reducimos a uno solo. Todo esto con miras a que la contraprestación sea despliegue de infraestructura y mayor cobertura.

¿Ese punto está pensado para que los grandes prestadores no monopolicen la cobertura y el servicio del internet?

Más allá de que no monopolicen los grandes, es motivar e incentivar a los pequeños, que son los que están haciendo un esfuerzo mayor de llegar a esas zonas donde los grandes no están llegando.

Estas pequeñas empresas, ¿van a quedar por siempre con la titularidad de esta infraestructura?

Como tal, lo que busca el proyecto es que en esa contraprestación de los beneficios que se les está brindando aumente la cobertura, si tienen que hacer despliegue de la infraestructura la tienen que hacer, pero eso es infraestructura de ellos. Las exenciones son unos alivios, no tributarios, pero sí un pago de una contribución, que es para motivar que ellos puedan avanzar en mayor despliegue de cobertura. Que cómo lo hagan, ellos tienen que analizarlos cómo hacerlo. Igualmente, ellos tienen que reportar cómo se ha venido incrementando la cobertura del servicio en las zonas que amplíen infraestructura.

¿El tiempo de los beneficios son prorrogables?

La ley solo habla de solo cinco años en lo que refiere a las exenciones, la creación de las líneas de crédito especiales sí van a quedar permanentemente. La reducción en las licencias de despliegue de infraestructura por supuesto van a quedar permanente porque creo que es una necesidad hasta que logremos el objetivo del 100% de cobertura en el país.

¿Cuánto le costaría al Estado el proyecto?

En general, lo que nosotros exigimos al Gobierno Nacional es que acelere los procesos, convoque a todos los actores involucrados para avanzar en el despliegue de infraestructura, la ley de modernización avanzó en ese sentido, lo que refirió al otorgamiento del espectro, también trajo consigo una serie de compromisos en obligaciones de hacer, que significaba llegar on infraestructura de nueva tecnología a los municipios y territorios donde hoy no hay conexión o infraestructura necesaria para prestar el servicio efectivamente.

¿Cómo se adoptó el decreto 555 de 2020 con el que el Gobierno, en el marco de la pandemia, decretó un mínimo de internet?

Nosotros enfrentamos este escenario sin que nadie estuviera preparado para ello, pero esto también nos dejó enseñanza, es que en estos estados de emergencia como los que hemos vividos, pues consideramos que no podemos seguir o pasar por ese momento crítico, donde muchas personas tenían que acceder a portales de información del mismo Estado y no podían hacerlo porque no contaban con internet, entonces en ese escenario, para estos escenarios de pandemia, estado de excepción o emergencia sanitaria, creamos un paquete mínimo de garantía, donde los usuarios de celulares pospago y prepago, pudieran acceder a un mínimo de navegabilidad. En ese sentido, seis meses luego de la vigencia, y para estado de emergencia sanitaria y excepción, para los usuarios pospago, con planes menores a las 5 UVT van a tener una navegación gratuita en 30 urls y 200 mensajes de texto gratuito. Para los usuarios prepago, tendrán acceso a 200 mensajes de texto gratis y la recepción de ellos, sin ningún tipo de restricción. Tanto ara los dos va a ver un paquete de navegación gratuita en el portal de educación y subdominios que determine el Ministerio de Educación y las TIC.

El Gobierno ya dijo que retira la reforma tributaria, pero en el texto que radicó se planteaba cobrar impuesto al internet a hogares de estrato tres y productos tecnológicos. ¿Cómo puede afectar al objetivo del proyecto, si estos puntos logran quedar en algún momento?

Nos hemos opuesto desde que conocimos el texto, esta medida va en contravía del propósito que ha planteado el mismo Gobierno de aumentar la cobertura, de garantizar el acceso efectivo de este servicio, por supuesto nos opondremos radicalmente a que quede gravado el servicio de conexión para estrato 3, como fue planteado en el texto radicado de la reforma tributaria. También consideramos que no se debe de aumentar la base del IVA a los equipos tecnológicos de cierta gama, porque esto va a impedir que hagamos ese tránsito de la tecnología 2G a las 3G y 4G. Nosotros hemos sido críticos de estas medidas incluidas en el texto, el mismo PL ha dado la posición que no respaldará la reforma tributaria y de llegarse a radicar con este tipo de medidas, por supuesto que nos opondremos, porque va en contravía del propósito del Gobierno y el Estado de aumentar la cobertura y mejorar el acceso de los colombianos a este servicio.

¿En cuánto tiempo está proyectado que el 100% del país tenga acceso a internet?

Esperamos que este proyecto dé un impulso adicional, esperamos el trámite que resta que es la conciliación y la sanción por parte del presidente y sea un impulso adicional para lograr una mayor cobertura, de acuerdo con las proyecciones del Gobierno, en los próximos 4 años se lograría una cobertura del 80%. Esperamos que esto avance mucho más rápido y podamos en el corto o mediano plazo, lograr esa cobertura deseada del 100% de internet en el país.

¿Cuál es el papel de empresas grandes como Claro, Tigo, Movistar, ETB, entre otras?

El objetivo fundamental del proyecto es generar un compromiso, no solo parte del Gobierno, sino que se articule con estos operadores, con todos, principalmente con estos más grandes para que haya un avance significativo en términos de cobertura, pero también de mayor inversión e infraestructura de telecomunicaciones precisamente en las zonas donde hoy no tienen acceso a internet.

¿Este proyecto cómo deja a Colombia, con relación a otros países, con el tema del acceso al internet y de una población conectada?

Tengo entendido de que Chile y Argentina han avanzado en este mismo sentido, Colombia se sumaría a este tipo de países. De acuerdo con publicaciones en medios de otros países, están pidiendo a sus gobiernos que también se avance en esa declaratoria del internet como un servicio público, esencial y universal en sus países, creo que es un gran avance, además con la ley de modernización del sector TIC con los avances que se han dado en los últimos gobiernos en términos de conectividad, creo que el país viene avanzando en ese camino y esperamos que esto sea un impulso adicional para que logremos una cobertura plena en el corto y mediano plazo.