El juego político que desnudó la reforma tributaria

El método es práctico y efectivo, y bien podría interpretarse como un simulacro para tantear a la opinión pública en tiempos de crisis. Antes de someterla a discusión formal en el Congreso, y sin que aún haya un texto definitivo, el gobierno de Iván Duque ha venido revelando -eso sí, a cuentagotas- detalles y pormenores de otra reforma tributaria. De vocero no figura el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ni mucho menos el propio mandatario. El elegido ha sido el viceministro Juan Alberto Londoño, que bien viene a encarnar el rol de funcionario “fusible”.

Aunque la sola expresión “reforma tributaria” genera rechazo y descontento -de allí que el Ejecutivo apueste por llamarla pomposamente proyecto de “transformación social solidaria”-, uno de los puntos que mayor resistencia desató en la ciudadanía fue el de gravar con IVA productos de la canasta familiar como el café, el azúcar o la sal. Londoño fue el que puso la cara y salió a defender la propuesta. Días después, cuando el viceministro seguía insistiendo y con la polémica servida y subiendo de tono, Duque salió a calmar las aguas: “Esos productos se van a mantener como están hoy”, explicó el jefe de Estado, disipando el descontento y acaparando el alivio.

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Teóricamente, se trata de una estrategia de comunicación e incidencia política que se ha replicado en Colombia y América Latina, según explica Jéssica Torres, doctora en comunicación y máster en comunicación institucional y política. “No está mal sondear una política pública, es decisivo para un gobierno a la hora de analizar cómo los ciudadanos perciben su gestión y califican su imagen. Pero lo que no se puede es desinformar. Aquí no hay un documento oficial, solo rumores, y el hecho de que el presidente salga a desmentir a su propio viceministro repercute en su imagen como líder político”.

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Hace un año, cuando el país comenzaba a dimensionar los embates del coronavirus, la estrategia pareció ser la misma. En ese entonces fue el propio Carrasquilla el que, en entrevista con este diario y medio del confinamiento estricto, abrió la puerta -como ahora- a una reforma tributaria. La crítica no se hizo esperar y arreció con el pasar de los días. Por ello intervino Duque: “No es momento para adentrarse” en iniciativas de ese calibre, sostuvo, asegurando que se trataba de un proyecto “no solo inconveniente, sino inviable” en medio de la emergencia sanitaria.

Lea también: Duque desautoriza a Minhacienda y se opone, por ahora, a reforma tributaria

No hay que ir más lejos para encontrar otras muestras de la estrategia. En marzo pasado, congresistas de la bancada de gobierno desataron una polvareda al concretar un anhelo de la Federación de Municipios: formalizaron un proyecto para que -con la excusa de ahorrarse $4 billones- se unificaran las elecciones de alcaldes y gobernadores con las de presidente y Congreso, lo que en plata blanca significaba también extender el período de Duque.

La inconformidad subía a medida que se conocían denuncias que indicaban que el propio Gobierno estaba llamando a congresistas para sondear la posibilidad. Si bien el ministro del Interior, Daniel Palacios, contestó que el tema “no estaba en la agenda”, otra vez Duque tuvo que salir a explicar y decir que “será presidente hasta el 7 de agosto de 2022”.

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El jefe de Estado también ha tenido que desautorizar a su propio partido, el Centro Democrático, ante propuestas que no han caído bien en la opinión pública y que lo han obligado a sentar posición. En agosto, cuando el uribismo reclamaba una constituyente en medio de la detención domiciliaria que enfrentaba el expresidente Álvaro Uribe, Duque se mostró partidario de una reforma a la justicia, pero descartó una constituyente, señalando que sería un “proceso largo”.

En febrero de 2020 tomó distancia también de un proyecto de su copartidario, el representante Ricardo Ferro, que proponía darle vía libre al voto militar. “Nuestra fuerza pública es un factor de unidad y no puede ser politizada”, tuvo que responder el mandatario.

Para la politóloga Angélica Martínez, especialista en marketing político y estrategias de campaña, lo que evidencia este tipo de maniobras es el juego que se decanta desde ya con miras a las elecciones presidenciales de 2022 y cómo se están midiendo las fuerzas políticas. “No parece que se vaya a radicar esa reforma y, si lo hacen, se les cae en primer debate por la unión de partidos que están en contra. El Gobierno está en ese juego de engañar, para mostrar a Duque como salvador, pero también al partido de gobierno, que ofrece soluciones. Todo parece una cortina de humo para mantenerse en el poder y estar en las presidenciales”, explica.

En ello coincide la docente de comunicación y opinión pública María Alejandra Arboleda, quien también es consultora en mercadeo y publicidad política. Desde su perspectiva, lo que salta a la vista es un intento gubernamental por posicionar el miedo -en este caso a que se graven productos de la canasta familiar- como un condicionante para mover a la opinión pública. “Buscan titulares, quieren poner un debate y luego analizan cómo lo interpreta la gente. Dependiendo de si cae bien asumen posiciones, pero eso afecta el liderazgo del Gobierno”.

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El lío de convencer

El descontento que desencadenó la reforma tributaria sirvió para que en redes sociales le enrostraran a Duque una de sus tantas vallas de campaña: “Menos impuestos. Más salario mínimo”, rezaba aquella publicidad que hoy le cuestionan al jefe de Estado. Angélica Martínez cree que el Ejecutivo se equivoca a la hora de persuadir y convencer a la gente frente a la necesidad de la reforma. “La pandemia le dio agenda al Gobierno, porque era uno desdibujado y sin horizonte claro. Se han enfocado en hablar de dónde podrían sacar plata, en lugar de informar para qué se va a usar”.

De acuerdo con la analista, hechos como la reunión que sostuvieron Tomás y Jerónimo Uribe Moreno con el presidente Duque dan cuenta también de los errores a la hora de comunicar. Ese encuentro, advierte a su turno la profesora Arboleda, da cuenta de la “desconexión de un gobierno de derroche con las necesidades de los ciudadanos, tanto que prefiere discutir su agenda con los hijos del expresidente Uribe antes que con el país”.

Según Arboleda, todo esto evidencia que para comunicar la reforma no se ideó una estrategia para hacer pedagogía, más tratándose de un tema tan delicado como tocar el bolsillo de la gente. “Todo lo que se ve en acciones comunicativas va en contra de lo que es sacar adelante una reforma. La gente del común se quedó con lo del IVA al café y el Gobierno no pudo elegir peor símbolo, por todo lo que este representa. Es la bebida que desayunan la mayoría de los colombianos. El mensaje fue perverso”.

Por ello recalca que los vacíos comunicativos que está dejando el Gobierno están siendo llenados por la oposición o la misma desinformación, pues los ciudadanos no saben lo que se va a debatir. “Se necesitan mensajes coherentes, canales de comunicación y portavoces que conozcan la estrategia. Luego se buscan aliados en el Congreso, en los gremios y en los medios, pero es que si ni siquiera se conoce el documento final. Los mensajes son contradictorios. El viceministro dice una cosa y el presidente otra. Uno dice, ¿no hablaron? ¿no lo discutieron antes? El mensaje debería ser de austeridad, pero la gente se queda con la sensación de que es una reforma para más burocracia. Basta ver el programa diario del presidente, que es un derroche que crece y crece”.

Para la analista Jéssica Torres, la tarea inmediata del Ejecutivo, si es que en verdad quiere sacar adelante su maltrecha reforma, es unificar discursos y comenzar a hacer una gran pedagogía y didáctica que convenza a la gente de la necesidad de recoger recursos en medio de la crisis. “El mensaje se debe desplegar con un lenguaje simplificado y entendible para un público no experto. También deberían apostar por un ejercicio de pedagogía en los medios a través de ejemplos prácticos, para crear cercanía entre el ciudadano y el Estado”, precisa.

El camino para la iniciativa, aunque desde ya pinta mal, apenas arranca e, insisten las expertas, lo más conveniente es que el Gobierno destape sus cartas y socialice el documento de manera transparente. La pedagogía, claridad y, especialmente, los mensajes de verdadera austeridad serán claves en la discusión.

jgonzalez@elespectador.com

Twitter: @Currinche

El método es práctico y efectivo, y bien podría interpretarse como un simulacro para tantear a la opinión pública en tiempos de crisis. Antes de someterla a discusión formal en el Congreso, y sin que aún haya un texto definitivo, el gobierno de Iván Duque ha venido revelando -eso sí, a cuentagotas- detalles y pormenores de otra reforma tributaria. De vocero no figura el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ni mucho menos el propio mandatario. El elegido ha sido el viceministro Juan Alberto Londoño, que bien viene a encarnar el rol de funcionario “fusible”.

Aunque la sola expresión “reforma tributaria” genera rechazo y descontento -de allí que el Ejecutivo apueste por llamarla pomposamente proyecto de “transformación social solidaria”-, uno de los puntos que mayor resistencia desató en la ciudadanía fue el de gravar con IVA productos de la canasta familiar como el café, el azúcar o la sal. Londoño fue el que puso la cara y salió a defender la propuesta. Días después, cuando el viceministro seguía insistiendo y con la polémica servida y subiendo de tono, Duque salió a calmar las aguas: “Esos productos se van a mantener como están hoy”, explicó el jefe de Estado, disipando el descontento y acaparando el alivio.

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Teóricamente, se trata de una estrategia de comunicación e incidencia política que se ha replicado en Colombia y América Latina, según explica Jéssica Torres, doctora en comunicación y máster en comunicación institucional y política. “No está mal sondear una política pública, es decisivo para un gobierno a la hora de analizar cómo los ciudadanos perciben su gestión y califican su imagen. Pero lo que no se puede es desinformar. Aquí no hay un documento oficial, solo rumores, y el hecho de que el presidente salga a desmentir a su propio viceministro repercute en su imagen como líder político”.

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Hace un año, cuando el país comenzaba a dimensionar los embates del coronavirus, la estrategia pareció ser la misma. En ese entonces fue el propio Carrasquilla el que, en entrevista con este diario y medio del confinamiento estricto, abrió la puerta -como ahora- a una reforma tributaria. La crítica no se hizo esperar y arreció con el pasar de los días. Por ello intervino Duque: “No es momento para adentrarse” en iniciativas de ese calibre, sostuvo, asegurando que se trataba de un proyecto “no solo inconveniente, sino inviable” en medio de la emergencia sanitaria.

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No hay que ir más lejos para encontrar otras muestras de la estrategia. En marzo pasado, congresistas de la bancada de gobierno desataron una polvareda al concretar un anhelo de la Federación de Municipios: formalizaron un proyecto para que -con la excusa de ahorrarse $4 billones- se unificaran las elecciones de alcaldes y gobernadores con las de presidente y Congreso, lo que en plata blanca significaba también extender el período de Duque.

La inconformidad subía a medida que se conocían denuncias que indicaban que el propio Gobierno estaba llamando a congresistas para sondear la posibilidad. Si bien el ministro del Interior, Daniel Palacios, contestó que el tema “no estaba en la agenda”, otra vez Duque tuvo que salir a explicar y decir que “será presidente hasta el 7 de agosto de 2022”.

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El jefe de Estado también ha tenido que desautorizar a su propio partido, el Centro Democrático, ante propuestas que no han caído bien en la opinión pública y que lo han obligado a sentar posición. En agosto, cuando el uribismo reclamaba una constituyente en medio de la detención domiciliaria que enfrentaba el expresidente Álvaro Uribe, Duque se mostró partidario de una reforma a la justicia, pero descartó una constituyente, señalando que sería un “proceso largo”.

En febrero de 2020 tomó distancia también de un proyecto de su copartidario, el representante Ricardo Ferro, que proponía darle vía libre al voto militar. “Nuestra fuerza pública es un factor de unidad y no puede ser politizada”, tuvo que responder el mandatario.

Para la politóloga Angélica Martínez, especialista en marketing político y estrategias de campaña, lo que evidencia este tipo de maniobras es el juego que se decanta desde ya con miras a las elecciones presidenciales de 2022 y cómo se están midiendo las fuerzas políticas. “No parece que se vaya a radicar esa reforma y, si lo hacen, se les cae en primer debate por la unión de partidos que están en contra. El Gobierno está en ese juego de engañar, para mostrar a Duque como salvador, pero también al partido de gobierno, que ofrece soluciones. Todo parece una cortina de humo para mantenerse en el poder y estar en las presidenciales”, explica.

En ello coincide la docente de comunicación y opinión pública María Alejandra Arboleda, quien también es consultora en mercadeo y publicidad política. Desde su perspectiva, lo que salta a la vista es un intento gubernamental por posicionar el miedo -en este caso a que se graven productos de la canasta familiar- como un condicionante para mover a la opinión pública. “Buscan titulares, quieren poner un debate y luego analizan cómo lo interpreta la gente. Dependiendo de si cae bien asumen posiciones, pero eso afecta el liderazgo del Gobierno”.

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El lío de convencer

El descontento que desencadenó la reforma tributaria sirvió para que en redes sociales le enrostraran a Duque una de sus tantas vallas de campaña: “Menos impuestos. Más salario mínimo”, rezaba aquella publicidad que hoy le cuestionan al jefe de Estado. Angélica Martínez cree que el Ejecutivo se equivoca a la hora de persuadir y convencer a la gente frente a la necesidad de la reforma. “La pandemia le dio agenda al Gobierno, porque era uno desdibujado y sin horizonte claro. Se han enfocado en hablar de dónde podrían sacar plata, en lugar de informar para qué se va a usar”.

De acuerdo con la analista, hechos como la reunión que sostuvieron Tomás y Jerónimo Uribe Moreno con el presidente Duque dan cuenta también de los errores a la hora de comunicar. Ese encuentro, advierte a su turno la profesora Arboleda, da cuenta de la “desconexión de un gobierno de derroche con las necesidades de los ciudadanos, tanto que prefiere discutir su agenda con los hijos del expresidente Uribe antes que con el país”.

Según Arboleda, todo esto evidencia que para comunicar la reforma no se ideó una estrategia para hacer pedagogía, más tratándose de un tema tan delicado como tocar el bolsillo de la gente. “Todo lo que se ve en acciones comunicativas va en contra de lo que es sacar adelante una reforma. La gente del común se quedó con lo del IVA al café y el Gobierno no pudo elegir peor símbolo, por todo lo que este representa. Es la bebida que desayunan la mayoría de los colombianos. El mensaje fue perverso”.

Por ello recalca que los vacíos comunicativos que está dejando el Gobierno están siendo llenados por la oposición o la misma desinformación, pues los ciudadanos no saben lo que se va a debatir. “Se necesitan mensajes coherentes, canales de comunicación y portavoces que conozcan la estrategia. Luego se buscan aliados en el Congreso, en los gremios y en los medios, pero es que si ni siquiera se conoce el documento final. Los mensajes son contradictorios. El viceministro dice una cosa y el presidente otra. Uno dice, ¿no hablaron? ¿no lo discutieron antes? El mensaje debería ser de austeridad, pero la gente se queda con la sensación de que es una reforma para más burocracia. Basta ver el programa diario del presidente, que es un derroche que crece y crece”.

Para la analista Jéssica Torres, la tarea inmediata del Ejecutivo, si es que en verdad quiere sacar adelante su maltrecha reforma, es unificar discursos y comenzar a hacer una gran pedagogía y didáctica que convenza a la gente de la necesidad de recoger recursos en medio de la crisis. “El mensaje se debe desplegar con un lenguaje simplificado y entendible para un público no experto. También deberían apostar por un ejercicio de pedagogía en los medios a través de ejemplos prácticos, para crear cercanía entre el ciudadano y el Estado”, precisa.

El camino para la iniciativa, aunque desde ya pinta mal, apenas arranca e, insisten las expertas, lo más conveniente es que el Gobierno destape sus cartas y socialice el documento de manera transparente. La pedagogía, claridad y, especialmente, los mensajes de verdadera austeridad serán claves en la discusión.

jgonzalez@elespectador.com

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