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Si algo queda claro tras el cierre de inscripciones de las listas de los partidos al Congreso 2018 es que a la mayoría de la clase política colombiana —sobre todo esa que llaman “tradicional”— poco le importa la tan cacareada renovación y mucho menos los orígenes, apoyos e incluso investigaciones que algunos de esos candidatos tengan en su contra. Lo que importa son los votos. Y eso queda evidenciado en el informe electoral de la Fundación Paz y Reconciliación, en el que se muestra cómo varios de esos aspirantes al Senado y a la Cámara de Representantes tienen nexos familiares o son herederos de dirigentes que no sólo han sido cuestionados sino hasta condenados por delitos relacionados con la parapolítica, los sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht o por el llamado cartel de la toga.
Partido de la U
El informe de Paz y Reconciliación selecciona 20 casos en esta colectividad. Entre los más destacados —no por sus virtudes— está el del doble heredero de la parapolítica Andrés Felipe García Zuccardi, familiar de Álvaro el Gordo García, condenado por la masacre de Macayepo, y de la exsenadora Piedad Zuccardi, también investigada por parapolítica. Igualmente aparecen como herederos de la parapolítica Juan Felipe Lemos Uribe, sobrino del exsenador Mario Uribe; José Alfredo Gnecco Zuleta, cuya familia está asociada al paramilitarismo y el narcotráfico en Valledupar, y la senadora Sandra Villadiego, esposa de Miguel Ángel Rangel, condenado por su relación con el bloque Central Bolívar de las Auc.Lea: Arranca el pulso por el Senado
En las listas de la U también se reciclaron los herederos de Bernardo Noño Elías y Musa Besaile, exsenadores que se encuentran detenidos por sus presuntos vínculos con la multinacional Odebrecht y el cartel de la toga. En cuerpo ajeno, los parlamentarios costeños postularon a familiares y conocidos alfiles de sus estructuras políticas: Jhon Moisés Besaile Yayad, hermano de Musa, y Julio Elías Vidal, hermano del Ñoño y quien busca un escaño en la Cámara de Representantes.
Otro de los cuestionados en la región Caribe es Eduardo José Tous de la Ossa, conocido por su cercanía al Ñoño, quien fue director regional del ICBF, cargo en relación con el cual se le han abierto diversas investigaciones por actos de corrupción. Y por el caso Odebrecht también salieron salpicados dos conocidos políticos de la U: el senador Armando Benedetti y el exrepresentante Óscar Tulio Lizcano, padre del senador Mauricio Lizcano. A los tres se los investiga por presunto incremento patrimonial injustificado.
Y para cerrar con broche de oro, la U inscribió en sus listas a Erasmo Zuleta Bechara, hijo de Mara Bechara, exrectora de la Universidad del Sinú y exconcejal de Montería, investigada por el desfalco de recursos públicos en la institución educativa, y a Manuel Guillermo Mora Jaramillo, político nortesantandereano que figura en investigaciones por nexos con grupos armados ilegales, homicidio y hasta por los tentáculos corruptos de Odebrecht.
Cambio Radical
Según explicó ayer Cambio Radical en un comunicado, el proceso de selección de sus candidatos fue “cuidadoso, responsable y minucioso”. Y en cuanto a sus cuestionados enfatizó, nombre por nombre y con argumentos jurídicos, que no se les podía negar el aval, aplicando la premisa de que no existen delitos de sangre. Un ítem que le cabe a Richard Aguilar, una de sus cartas al Senado, quien es hijo del exgobernador de Santander Hugo Aguilar, condenado por la Corte Suprema de Justicia por sus relaciones con el bloque Central Bolívar.En el informe de Paz y Reconciliación aparece también mencionado Antonio Guerra de la Espriella, quien busca ser reelegido en el Senado y fue investigado por parapolítica. Actualmente tiene un proceso preliminar por supuestamente haber recibido dineros de Odebrecht para gestionar la consecución de recursos que financiarían las obras del tramo Ocaña-Gamarra y a su campaña habrían ingresado dineros de Odebrecht.
Otros cuestionados en la lista de Cambio Radical son Daira de Jesús Galvis, candidata al Senado, quien fue abogada de Enilce López, la Gata, condenada por lavado de activos, homicidio y nexos con las Auc, y actualmente es objeto de dos investigaciones preliminares en la Corte Suprema de Justicia, una por nexos con grupos paramilitares. También aparecen, entre otros, los candidatos a la Cámara José Facundo Castillo Cisneros, por Arauca, con 32 investigaciones, 18 de ellas activas, por delitos como enriquecimiento ilícito, homicidio culposo, peculado por apropiación, prevaricato por omisión y por acción, y delitos contra la administración pública; Julio Ramos, por Casanare, heredero político de Nelson Mariño, exgobernador destituido e inhabilitado por irregularidades en la celebración de contratos relacionados con regalías, y Hernando Padaui, por Bolívar, considerado cercano al exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno y objeto de una indagación en la Corte Suprema de Justicia por fraude electoral.
Partido Conservador
En el lado de los azules también son varios los aspirantes, tanto a Cámara como a Senado, que se unen a la larga lista de cuestionados. Algunos que buscan la reelección, de hecho, ya han llegado al Congreso luego de beneficiarse de las estructuras políticas que fueron levantadas por personajes que estuvieron relacionados con paramilitarismo y otros escándalos. El informe menciona a Lina María Barrera Rueda, actual primera vicepresidenta de la Cámara, quien, según el documento, es la heredera de la estructura política de Iván Díaz Mateus, condenado a 72 meses de prisión en 2009 por el escándalo de la yidispolítica. Sobre su hermano, Juan Carlos Barrera, también pesa una condena de 17 años de cárcel por “desempeñarse como tesorero del frente Comuneros del bloque Central Bolívar de las Auc”.A la Cámara también aspirará Ciro Rodríguez, por Norte de Santander, investigado por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito dentro del caso Odebrecht. Asimismo se menciona a Alfredo Ape Cuello, quien, además de ser el heredero de la estructura política del clan Gnecco en el Cesar, también tiene relación con Odebrecht. Por otra parte está María Cristina Soto, quien cuenta con el apoyo de Kiko Gómez, exgobernador de La Guajira condenado por homicidio.
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Por las aspiraciones del Senado, el informe señala a Nadya Georgette Blel, actual senadora e hija del parapolítico Vicente Blel Saad, condenado en 2010 por hacer acuerdos políticos con las Auc. También se cuestiona a la senadora Nora García Burgos por una investigación que se adelanta en su contra por sus presuntos vínculos con alias Julián Bolívar y Ernesto Báez, comandantes del bloque Central Bolívar de las Auc.
Otras herederas de estructuras políticas de personas vinculadas con el paramilitarismo son Yamina Pestana, por su hermano Pedro Pestana, condenado en 2009 por nexos con este tipo de grupos, y Olga Suárez Mira, investigada por la Corte Suprema de Justicia por presuntos vínculos con paramilitares. Su hermano, el exsenador Óscar Suárez Mira, fue condenado a nueve años de prisión por su relación con estas estructuras armadas ilegales. Por último está el senador Juan Diego Gómez, salpicado en el caso de Odebrecht por evidencias que señalan que se reunió con Eleuberto Martorelli, expresidente de la compañía en Colombia.
Partido Liberal
El Partido Liberal intentó apostarle a una supuesta renovación en sus listas a Senado y Cámara de Representantes, la cual no sólo terminó siendo un reciclaje de apellidos políticos regionales, sino que además recogió un importante historial cuestionable entre varios de sus aspirantes. Empezando por el representante a la Cámara Mauricio Gómez Amín, cabeza de lista al Senado. El informe de Paz y Reconciliación señala que es sobrino del excandidato a la Gobernación del Atlántico Jaime Amín Hernández, vinculado a investigaciones por tráfico de influencias en notarías. Gómez Amín es además hijo de Jaime Hernández Pérez, sobre quien pesan condenas por irregularidades en la adjudicación, celebración y ejecución de contratos en Telecartagena.Otro cuestionado en la lista de los rojos es Lidio García, quien tiene una investigación por nexos con el frente José Pablo Díaz de las Auc. Las dudas también giran en torno al actual representante a la Cámara Fabio Amín. Se le adjudica su cercanía al Clan Liberal de Córdoba, en cabeza de la senadora Arleth Casado de López y su esposo Juan Manuel López Cabrales, condenado por parapolítica por firmar el Pacto de Ralito.
Álvaro Henry Monedero, candidato a la Cámara, tiene cuestionamientos por el apoyo que le daría la estructura política del exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía, procesado por actos de corrupción y vinculado al cartel de la toga. Édinson Delgado, quien busca la reelección en el Senado, también tiene duros cuestionamientos por ser aliado del exalcalde de Buenaventura, Bartolo Valencia, capturado el año pasado por los delitos de peculado, concierto para delinquir y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.
A Rafael Alberto Escrucería Lorza, candidato a la Cámara y heredero político de su padre, Samuel Alberto Escrucería Manzi, se lo cuestiona justamente por ser familiar del primer congresista en la historia que perdió su investidura por peculado y celebración indebida de contratos, y por ser nieto de Samuel Alberto Escrucería, quien murió pagando una pena en Estados Unidos por narcotráfico. Fawzi Muvdi Anillo es candidato a la Cámara e hijo del excongresista liberal Pedro Muvdi Arangüena, condenado a 13 años por nexos con grupos paramilitares. A Jaime Serrano, otro aspirante al Congreso, se lo investiga por nexos con paramilitarismo, fraude procesal y falsedad en documento público. Y otros cuestionados sobre quienes pesan investigaciones serias son Nilton Córdoba y Argenis Velásquez, ambos mencionados por el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno en el denominado cartel de la toga.
Opción Ciudadana
Siempre ha sido un partido de polémicas y esta vez no se queda atrás, pues son varios los cuestionados por tener asuntos pendientes con las autoridades. Es el caso de la actual senadora Doris Vega, esposa de Luis Alberto Gil, condenado por la Corte Suprema de Justicia por sus nexos con grupos paramilitares. Julio Miguel Guerra Sotto tiene su nombre en tela de juicio, según Paz y Reconciliación, por ser hijo del exgobernador de Sucre Julio César Guerra Tulena, suspendido ocho meses de su cargo por la entrega irregular del negocio del chance a la empresa de Enilce López.Otro aspirante por Opción Ciudadana, William Rodríguez Cabal, tiene cuestionamientos por el apoyo que recibió —según se evidenció en un video de conocimiento público— por parte de Juan Carlos Martínez Sinisterra, exsenador condenado por nexos con grupos paramilitares y por intento de fraude electoral. A su vez, Ana Ximena Polanco es candidata a la Cámara, pero tiene sobre su aspiración el peso de haber sido la tesorera del Valle del Cauca en la gobernación de Juan Carlos Abadía.
Otro candidato fuertemente cuestionado es Fernando Gómez Bacci, hijo del exgobernador de La Guajira Kiko Gómez, condenado por homicidio. También está Franklin Lozano, hijo de Franklin Lozano Andrade, exdiputado condenado por nexos con grupos paramilitares. Y, finalmente, el actual senador Antonio Correa, de quien se dice es heredero de la estructura criminal de la Gata. Tiene investigaciones preliminares por parapolítica. “No soy heredero de ninguna estructura política. Hago un trabajo diario desde hace muchos años, en las regiones. Soy uno de los congresistas más disciplinados, con mayores debates de control político como citante y proyectos de ley como ponente o autor”, respondió Correa a los cuestionamientos.
Centro Democrático
Por el Centro Democrático, el informe cuestiona a Sergio Araújo, aspirante al Senado, pues su familia ha sido señalada de tener vínculos con los paramilitares del Cesar. Su hermano Álvaro Araújo fue condenado en 2010 por concierto para delinquir y constreñimiento al elector, mientras que su padre, Álvaro Araújo Noguera, fue investigado por su presunta relación con Rodrigo Tovar, alias Jorge 40. Entre los aspirantes a la Cámara por el uribismo, Luis Emilio el Pato Tovar es cuestionado por ser el heredero político del exgobernador de Arauca Julio Acosta, condenado por concierto para delinquir y quien, según Paz y Reconciliación, financió su campaña a la Gobernación con $500 millones provenientes del bloque Vencedores de Arauca de las Auc.