El lío de los títulos universitarios en la política colombiana

Este fin de semana, la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín tomó dos importantes decisiones en el caso del presunto grado irregular del senador Julián Bedoya. Inicialmente, declaró que su reingreso para terminar sus estudios de derecho no había sido acorde con los requisitos del claustro, por lo que todas las actuaciones, incluyendo el grado, carecían de validez. Por otro lado, encontró que los docentes que habían hecho los exámenes preparatorios y suficiencias al congresista habrían incurrido en varias faltas graves, por lo que se ordenó que todos ellos, que fueron retirados de sus labores tras estallar el escándalo, fueran sancionados con una amonestación con copia a su hoja de vida.

Estas determinaciones, aunque aún no están en firme y no implican que se le retire de inmediato el título, son un avance importante en este caso que ha sembrado varias dudas sobre el título de abogado de Bedoya. Y es que desde hace casi dos años la gesta del senador liberal, de sacar adelante la carrera de derecho en apenas cuatro meses, llamó la atención de las autoridades. Fiscalía, Corte Suprema, Procuraduría y hasta el Ministerio de Educación pusieron su lupa para determinar si hubo irregularidades, debido a que el congresista antioqueño aprobó 16 exámenes, entre suficiencias y preparatorios, en tan solo cuatro jornadas e incumpliendo los reglamentos de la propia universidad.

Puede ver: ¿Persecución en la Universidad de Medellín por el caso Julián Bedoya?

Todavía falta un largo trecho para determinar si el caso implicará que se le retire el título y si habrá otras sanciones. No obstante, es uno de los ejemplos más representativos de la seguidilla de hechos en los que políticos y funcionarios han tenido que dar explicaciones sobre los títulos que figuran en sus hojas de vida. Según Catherine Juvinao, cabeza de la veeduría Trabajen Vagos y una de las primeras denunciantes de Bedoya, aunque este caso es uno de los más graves, hay congresistas con problemas similares y varias incongruencias en sus currículos. Aunque no se atrevió a dar nombres, reveló que hay un legislador que incluso podría tener más similitudes de las esperadas con Julián Bedoya.

Pero las alertas sobre posibles irregularidades o inconsistencias en cuanto a los títulos no solo apuntan al Congreso. El recién posesionado gerente de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), Miguel Alejandro Calderón, fue cuestionado debido a la hoja de vida publicitada por la propia entidad. En esta aparece que tiene una especialización en administración de empresas y economía de la Universidad de California, pero Calderón no cuenta con ningún registro de este centro educativo. EPM tuvo que salir a aclarar que se trataba de un intercambio de un año y que este no había incluido entre sus títulos los estudios realizados en ese centro educativo estadounidense.

El Gobierno Nacional también ha sido blanco de críticas por cuenta del tema de los títulos. Uno de los últimos casos fue el del actual ministro del Interior, Daniel Palacios. En su hoja de vida publicada tanto en la página del Ministerio del Interior como en el sistema de publicación de hojas de vida, figura una maestría en análisis de problemas políticos y económicos internacionales de la Universidad de Harvard, con un énfasis en seguridad nacional. Sin embargo, según el título del ministro, revelado por Noticias Uno, este posgrado provendría realmente de la escuela de extensión de Harvard, enfocada en educación virtual, y no tendría oficialmente el énfasis publicitado desde el Ejecutivo.

También: “Es un acto de persecución”: senador Julián Bedoya tras anulación de su título

Otro señalado en ese historial de posibles inconsistencias entre lo que dicen sus hojas vida y sus estudios es el hoy presidente Iván Duque. Durante su campaña, algunos de los perfiles de su candidatura mencionaban “varias especializaciones, entre ellas una en negociación de la Universidad de Harvard”. Sin embargo, varios ciudadanos enviaron requerimientos al centro educativo estadounidense para ampliar la información y la respuesta fue que el ahora primer mandatario no tenía especializaciones ahí, sino que había participado en dos cursos que no superaban una semana. Tras conocerse esta información, se dejó de publicitar la información.

En la oposición hay un caso parecido. En algunas entrevistas y publicaciones, Gustavo Petro figuraba con doctorado y especializaciones. Sin embargo, investigaciones de este diario en 2016 dieron cuenta de que varios de esos títulos no existían, puesto que el líder de Colombia Humana había comenzado estudios, pero no los había concluido. Aunque el senador no incluyó esa información en hojas de vida oficiales, varios de esos títulos figuraron en perfiles de campaña y en libros en los que participó como autor. Por cierto, como los casos mencionados anteriormente, también están el exalcalde Enrique Peñalosa o el actual alcalde de Pereira, Carlos Alberto Maya.

Para Nadia Pérez, investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la UNAB, tanto en el caso Bedoya como otros mencionados, se parte de un problema del imaginario popular en el que se tiene a políticos y los funcionarios: “Se espera que un político sea profesional porque tiene títulos. A más preparado, será mejor”, señaló, recalcando que esto es un error, pues lo que se debería esperar es que represente correctamente al que los eligió, y esto no se logra con títulos.

Lea también: Anularon el título de abogado del senador Julián Bedoya en primera instancia

Yann Basset, director del grupo de estudios de la democracia de la Universidad el Rosario, también apuntó a que es un problema cultural, “por la importancia que se les da a los diplomas, cuando ni siquiera son necesarios en la política”. En su concepto, “hay una actitud un poco ligera en Colombia en el medio político” frente a los títulos, pues no se verifican y no hay mayores consecuencias frente a las irregularidades en este tema. En esto concordó Pérez, quien aseguró que en medio del hartazgo político general y la idea de que todos son corruptos, estos hechos se clasifican como un “mal menor” que se minimiza y hasta perdona.

Para Camilo Enciso, cabeza del Instituto Anticorrupción, aunque es cierto que en muchos casos las sanciones son ineficaces, es importante enfocarse en estos temas, pues “la exageración o falsificación de títulos representa, en los cargos de elección popular, una defraudación de la confianza del elector, afectando también la calidad del servicio público, pues los cargos son ejercidos por personas que no cuentan con las calidades necesarias”.

Este fin de semana, la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín tomó dos importantes decisiones en el caso del presunto grado irregular del senador Julián Bedoya. Inicialmente, declaró que su reingreso para terminar sus estudios de derecho no había sido acorde con los requisitos del claustro, por lo que todas las actuaciones, incluyendo el grado, carecían de validez. Por otro lado, encontró que los docentes que habían hecho los exámenes preparatorios y suficiencias al congresista habrían incurrido en varias faltas graves, por lo que se ordenó que todos ellos, que fueron retirados de sus labores tras estallar el escándalo, fueran sancionados con una amonestación con copia a su hoja de vida.

Estas determinaciones, aunque aún no están en firme y no implican que se le retire de inmediato el título, son un avance importante en este caso que ha sembrado varias dudas sobre el título de abogado de Bedoya. Y es que desde hace casi dos años la gesta del senador liberal, de sacar adelante la carrera de derecho en apenas cuatro meses, llamó la atención de las autoridades. Fiscalía, Corte Suprema, Procuraduría y hasta el Ministerio de Educación pusieron su lupa para determinar si hubo irregularidades, debido a que el congresista antioqueño aprobó 16 exámenes, entre suficiencias y preparatorios, en tan solo cuatro jornadas e incumpliendo los reglamentos de la propia universidad.

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Todavía falta un largo trecho para determinar si el caso implicará que se le retire el título y si habrá otras sanciones. No obstante, es uno de los ejemplos más representativos de la seguidilla de hechos en los que políticos y funcionarios han tenido que dar explicaciones sobre los títulos que figuran en sus hojas de vida. Según Catherine Juvinao, cabeza de la veeduría Trabajen Vagos y una de las primeras denunciantes de Bedoya, aunque este caso es uno de los más graves, hay congresistas con problemas similares y varias incongruencias en sus currículos. Aunque no se atrevió a dar nombres, reveló que hay un legislador que incluso podría tener más similitudes de las esperadas con Julián Bedoya.

Pero las alertas sobre posibles irregularidades o inconsistencias en cuanto a los títulos no solo apuntan al Congreso. El recién posesionado gerente de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), Miguel Alejandro Calderón, fue cuestionado debido a la hoja de vida publicitada por la propia entidad. En esta aparece que tiene una especialización en administración de empresas y economía de la Universidad de California, pero Calderón no cuenta con ningún registro de este centro educativo. EPM tuvo que salir a aclarar que se trataba de un intercambio de un año y que este no había incluido entre sus títulos los estudios realizados en ese centro educativo estadounidense.

El Gobierno Nacional también ha sido blanco de críticas por cuenta del tema de los títulos. Uno de los últimos casos fue el del actual ministro del Interior, Daniel Palacios. En su hoja de vida publicada tanto en la página del Ministerio del Interior como en el sistema de publicación de hojas de vida, figura una maestría en análisis de problemas políticos y económicos internacionales de la Universidad de Harvard, con un énfasis en seguridad nacional. Sin embargo, según el título del ministro, revelado por Noticias Uno, este posgrado provendría realmente de la escuela de extensión de Harvard, enfocada en educación virtual, y no tendría oficialmente el énfasis publicitado desde el Ejecutivo.

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Otro señalado en ese historial de posibles inconsistencias entre lo que dicen sus hojas vida y sus estudios es el hoy presidente Iván Duque. Durante su campaña, algunos de los perfiles de su candidatura mencionaban “varias especializaciones, entre ellas una en negociación de la Universidad de Harvard”. Sin embargo, varios ciudadanos enviaron requerimientos al centro educativo estadounidense para ampliar la información y la respuesta fue que el ahora primer mandatario no tenía especializaciones ahí, sino que había participado en dos cursos que no superaban una semana. Tras conocerse esta información, se dejó de publicitar la información.

En la oposición hay un caso parecido. En algunas entrevistas y publicaciones, Gustavo Petro figuraba con doctorado y especializaciones. Sin embargo, investigaciones de este diario en 2016 dieron cuenta de que varios de esos títulos no existían, puesto que el líder de Colombia Humana había comenzado estudios, pero no los había concluido. Aunque el senador no incluyó esa información en hojas de vida oficiales, varios de esos títulos figuraron en perfiles de campaña y en libros en los que participó como autor. Por cierto, como los casos mencionados anteriormente, también están el exalcalde Enrique Peñalosa o el actual alcalde de Pereira, Carlos Alberto Maya.

Para Nadia Pérez, investigadora del Instituto de Estudios Políticos de la UNAB, tanto en el caso Bedoya como otros mencionados, se parte de un problema del imaginario popular en el que se tiene a políticos y los funcionarios: “Se espera que un político sea profesional porque tiene títulos. A más preparado, será mejor”, señaló, recalcando que esto es un error, pues lo que se debería esperar es que represente correctamente al que los eligió, y esto no se logra con títulos.

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Yann Basset, director del grupo de estudios de la democracia de la Universidad el Rosario, también apuntó a que es un problema cultural, “por la importancia que se les da a los diplomas, cuando ni siquiera son necesarios en la política”. En su concepto, “hay una actitud un poco ligera en Colombia en el medio político” frente a los títulos, pues no se verifican y no hay mayores consecuencias frente a las irregularidades en este tema. En esto concordó Pérez, quien aseguró que en medio del hartazgo político general y la idea de que todos son corruptos, estos hechos se clasifican como un “mal menor” que se minimiza y hasta perdona.

Para Camilo Enciso, cabeza del Instituto Anticorrupción, aunque es cierto que en muchos casos las sanciones son ineficaces, es importante enfocarse en estos temas, pues “la exageración o falsificación de títulos representa, en los cargos de elección popular, una defraudación de la confianza del elector, afectando también la calidad del servicio público, pues los cargos son ejercidos por personas que no cuentan con las calidades necesarias”.