El lío por la restitución de tierras en Urabá

Las comunidades de las cuencas de los ríos de Jiguamiandó y Curvaradó, en el Urabá chocoano, tienen una larga historia de olvido y violencia. Colombia supo de su existencia cuando en febrero de 1997, el condenado general del Ejército Rito Alejo del Río adelantó la llamada operación Génesis. Fuerza Pública y paramilitares tomaron el control de la zona a fuerza balas. ¿El saldo? 106 asesinatos y más de una década de miedo y control paramilitar.

Luego vinieron los ganaderos y detrás de ellos los bananeros. El despojo de tierras fue feroz y los ríos de sangre dividieron a las comunidades. El miedo y el poder. Posteriormente empezaron los intentos del Estado por restituir los derechos de las comunidades, por revertir los despojos y recuperar la confianza de los pobladores –si alguna vez la tuvieron-. Pero el tema no ha avanzado suficiente. En marzo de 2011, el entonces ministro del Interior, Germán Vargas Lleras; el gerente del Incoder, Juan Manuel Ospina –hoy renunciado- y el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, asistieron a la zona y prometieron una titulación colectiva que aún no se ha hecho efectiva.

La semana pasada se conocieron nuevas noticias del “Jigua y el Curva”, como de cariño le llaman a su región los pobladores de estas cuencas selváticas, quebradas por un sinúmero de corrientes que caen al gran río Atrato. Las noticias las trajo el padre Alberto Franco, miembro de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y una de las personas que mejor conoce la zona, la violencia y las relaciones de estas tierras cimarronas. El “padre Franco”, como se le conoce, denunció que los principales enemigos de la restitución en el Urabá chocoano era el uribismo y habló con nombres propios: José Obdulio Gaviria; su hermano Luis Mario Gaviria, quien por años ha sido funcionario de Acción Social, el exministro Fernando Londoño y algunos bananeros y ganaderos que sin explicación tienen la tierra de esta zona.

“Por todo lo que hemos vivido en diferentes regiones del país y sobre todo en el Bajo Atrato, el problema para la restitución de tierras ha estado fuertemente influido por el entorno de Álvaro Uribe Vélez (…) Fernando Londoño ha estado metido en este tema. José Obdulio Gaviria ha estado metido en este tema desprestigiando las comunidades, generando temor. Esto explica también por qué María Fernanda Cabal, que era gerente de Fiduagraria, le tocó renunciar cuando se pone en evidencia cómo el Estado colombiano aportó 6.000 millones a los empresarios de palma”, denunció el religioso.

Y aunque muchos pensaron que sus denuncias no tendrían eco y unos días después de aparecer en los medios de comunicación la cosa pasaría al olvido, un grupo de congresistas norteamericanos escuchó su llamado y envió una carta expresando su preocupación.

La misiva, enviada al presidente Juan Manuel Santos y con copia a la Embajada de Estados Unidos en Colombia, a la Fiscalía General de la Nación, a los ministerios del Interior y de Justicia, a la Unidad Nacional de Protección y a la Vicepresidencia de la República, está firmada por los parlamentarios Henry ‘Hank’ Johnson, James McGovern, George Millar, Sam Farr, Rosa DeLauro, Barbara Lee y Janice Schakowsky.

En ella, los congresistas norteamericanos dicen: “Le escribimos para expresarle nuestra gran preocupación por la situación de seguridad de las comunidades de Curvaradó y Jiguamandó y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que acompaña a las comunidades”.

Los parlamentarios señalan su preocupación por los amenazas contra 45 líderes de restitución, miembros de zonas humanitarias y de las zonas de biodiversidad. De igual forma hacen un informe pormenorizado de los graves hechos de violencia que han sufrido estos desde el 11 de octubre del 2012 hasta el 22 de enero del presente año, registrando 12 hechos: amenazas, atentados y asesinatos. “Los siguientes hechos se nos han reportado desde diferentes fuentes, por lo que parece haber un patrón, y por los cuales le instamos respetuosamente la intervención de los ministros apropiados al más alto nivel”, se lee en la carta.

En respuesta a la preocupación de los congresistas americanos, el ministro del Interior Fernando Carrillo expresó que “las complejidades que presenta el proceso de restitución de tierras en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, han merecido que este sea el proyecto piloto en esta materia. Es un momento particularmente complejo, en la medida en que es decisión del Gobierno proceder a la entrega del título colectivo, desalojar a los repobladores y ocupantes de mala fe de dichos territorios, así como a sanearlo. Ello, sin duda, pone, y ha puesto, en riesgo a los líderes que han propiciado la restitución”.

Carrillo se mostró también preocupado por la situación y dijo estar dispuestas a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los líderes amenazados. “He dado precisas instrucciones a la Unidad Nacional de Protección para que adopte todas aquellas que sean necesarias en procura de tal fin”, señaló el mininterior.
Al mismo tiempo, sostuvo que el Gobierno mantiene contacto permanente con la comunidad para atender “de manera inmediata las situaciones que se presenten. De hecho, conocemos aquellas mencionadas en la comunicación suscrita por siete senadores del Congreso de los Estados Unidos de América y así las hemos manejado. Además, conocemos la situación de los señores Ligia Chaverra y Enrique Petro, a quienes en la actualidad se prestan medidas especiales de seguridad”.

Finalmente, Carrillo señaló que “después de tantos años de violencia y de trabajo conjunto con las comunidades, se les ha dado autonomía para que éstas definan, desde su conocimiento, quienes son los propietarios del territorio colectivo, para así hacer entrega de los títulos de propiedad.”

Las comunidades de las cuencas de los ríos de Jiguamiandó y Curvaradó, en el Urabá chocoano, tienen una larga historia de olvido y violencia. Colombia supo de su existencia cuando en febrero de 1997, el condenado general del Ejército Rito Alejo del Río adelantó la llamada operación Génesis. Fuerza Pública y paramilitares tomaron el control de la zona a fuerza balas. ¿El saldo? 106 asesinatos y más de una década de miedo y control paramilitar.

Luego vinieron los ganaderos y detrás de ellos los bananeros. El despojo de tierras fue feroz y los ríos de sangre dividieron a las comunidades. El miedo y el poder. Posteriormente empezaron los intentos del Estado por restituir los derechos de las comunidades, por revertir los despojos y recuperar la confianza de los pobladores –si alguna vez la tuvieron-. Pero el tema no ha avanzado suficiente. En marzo de 2011, el entonces ministro del Interior, Germán Vargas Lleras; el gerente del Incoder, Juan Manuel Ospina –hoy renunciado- y el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, asistieron a la zona y prometieron una titulación colectiva que aún no se ha hecho efectiva.

La semana pasada se conocieron nuevas noticias del “Jigua y el Curva”, como de cariño le llaman a su región los pobladores de estas cuencas selváticas, quebradas por un sinúmero de corrientes que caen al gran río Atrato. Las noticias las trajo el padre Alberto Franco, miembro de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y una de las personas que mejor conoce la zona, la violencia y las relaciones de estas tierras cimarronas. El “padre Franco”, como se le conoce, denunció que los principales enemigos de la restitución en el Urabá chocoano era el uribismo y habló con nombres propios: José Obdulio Gaviria; su hermano Luis Mario Gaviria, quien por años ha sido funcionario de Acción Social, el exministro Fernando Londoño y algunos bananeros y ganaderos que sin explicación tienen la tierra de esta zona.

“Por todo lo que hemos vivido en diferentes regiones del país y sobre todo en el Bajo Atrato, el problema para la restitución de tierras ha estado fuertemente influido por el entorno de Álvaro Uribe Vélez (…) Fernando Londoño ha estado metido en este tema. José Obdulio Gaviria ha estado metido en este tema desprestigiando las comunidades, generando temor. Esto explica también por qué María Fernanda Cabal, que era gerente de Fiduagraria, le tocó renunciar cuando se pone en evidencia cómo el Estado colombiano aportó 6.000 millones a los empresarios de palma”, denunció el religioso.

Y aunque muchos pensaron que sus denuncias no tendrían eco y unos días después de aparecer en los medios de comunicación la cosa pasaría al olvido, un grupo de congresistas norteamericanos escuchó su llamado y envió una carta expresando su preocupación.

La misiva, enviada al presidente Juan Manuel Santos y con copia a la Embajada de Estados Unidos en Colombia, a la Fiscalía General de la Nación, a los ministerios del Interior y de Justicia, a la Unidad Nacional de Protección y a la Vicepresidencia de la República, está firmada por los parlamentarios Henry ‘Hank’ Johnson, James McGovern, George Millar, Sam Farr, Rosa DeLauro, Barbara Lee y Janice Schakowsky.

En ella, los congresistas norteamericanos dicen: “Le escribimos para expresarle nuestra gran preocupación por la situación de seguridad de las comunidades de Curvaradó y Jiguamandó y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que acompaña a las comunidades”.

Los parlamentarios señalan su preocupación por los amenazas contra 45 líderes de restitución, miembros de zonas humanitarias y de las zonas de biodiversidad. De igual forma hacen un informe pormenorizado de los graves hechos de violencia que han sufrido estos desde el 11 de octubre del 2012 hasta el 22 de enero del presente año, registrando 12 hechos: amenazas, atentados y asesinatos. “Los siguientes hechos se nos han reportado desde diferentes fuentes, por lo que parece haber un patrón, y por los cuales le instamos respetuosamente la intervención de los ministros apropiados al más alto nivel”, se lee en la carta.

En respuesta a la preocupación de los congresistas americanos, el ministro del Interior Fernando Carrillo expresó que “las complejidades que presenta el proceso de restitución de tierras en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, han merecido que este sea el proyecto piloto en esta materia. Es un momento particularmente complejo, en la medida en que es decisión del Gobierno proceder a la entrega del título colectivo, desalojar a los repobladores y ocupantes de mala fe de dichos territorios, así como a sanearlo. Ello, sin duda, pone, y ha puesto, en riesgo a los líderes que han propiciado la restitución”.

Carrillo se mostró también preocupado por la situación y dijo estar dispuestas a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los líderes amenazados. “He dado precisas instrucciones a la Unidad Nacional de Protección para que adopte todas aquellas que sean necesarias en procura de tal fin”, señaló el mininterior.
Al mismo tiempo, sostuvo que el Gobierno mantiene contacto permanente con la comunidad para atender “de manera inmediata las situaciones que se presenten. De hecho, conocemos aquellas mencionadas en la comunicación suscrita por siete senadores del Congreso de los Estados Unidos de América y así las hemos manejado. Además, conocemos la situación de los señores Ligia Chaverra y Enrique Petro, a quienes en la actualidad se prestan medidas especiales de seguridad”.

Finalmente, Carrillo señaló que “después de tantos años de violencia y de trabajo conjunto con las comunidades, se les ha dado autonomía para que éstas definan, desde su conocimiento, quienes son los propietarios del territorio colectivo, para así hacer entrega de los títulos de propiedad.”